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Retraso en sistema del 4×1000 mantiene cobros que colombianos ya no deberían pagar

Digna Irene Urrea — Wed, 06 May 2026 15:18:32 +0000

El impuesto del 4×1000 volvió al centro de la discusión en Colombia. Esta vez, no por un cambio tributario ni por una nueva reforma, sino por la demora en la puesta en marcha de un sistema que debía permitirles a millones de usuarios mover su dinero entre diferentes cuentas sin pagar este gravamen, siempre que no superen los 18,3 millones de pesos mensuales.

La alerta fue lanzada por Colombia Fintech, que advirtió que han pasado 501 días desde que venció el plazo establecido en la Ley 2277 de 2022 para implementar el mecanismo interoperable que haría posible este beneficio.

La situación, según el gremio, está generando un impacto directo en la experiencia financiera de los colombianos, al mantener costos adicionales en transacciones digitales que, por ley, ya deberían estar exentas.

Una promesa pendiente para los usuarios financieros

La reforma tributaria aprobada en 2022 introdujo ajustes para reducir barreras en el uso del sistema financiero digital. Uno de los cambios más relevantes fue modificar la forma en que se aplica el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como 4×1000.

La norma estableció que las personas podrían mover recursos entre diferentes productos financieros a su nombre sin asumir este cobro, siempre y cuando el total mensual de transacciones no excediera las 350 UVT, equivalentes hoy a cerca de 18,3 millones de pesos.

Hasta ahora, el sistema exige que los usuarios marquen una sola cuenta como exenta. Esto significa que si una persona tiene varias cuentas bancarias o depósitos digitales, transferir dinero entre ellas puede generar el cobro del impuesto, incluso cuando se trata del mismo titular.

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El nuevo modelo debía eliminar esa restricción mediante una plataforma interoperable capaz de identificar, en tiempo real, el monto total movilizado por cada usuario en distintas entidades.

Según Colombia Fintech, la infraestructura técnica ya está prácticamente lista. El gremio asegura que cerca del 98 % del ecosistema financiero y fintech está conectado al sistema que permitiría comenzar a operar.

Por qué la demora afecta los pagos digitales

La implementación sigue frenada por la falta de lineamientos operativos por parte de la DIAN, entidad encargada de definir cómo debe funcionar el mecanismo.

Más allá del retraso administrativo, el impacto se traduce en costos adicionales para usuarios y empresas.

Aunque el 4×1000 parece un porcentaje pequeño, su efecto acumulado puede sentirse cuando el dinero pasa varias veces por el sistema financiero, ya sea en pagos, recaudos, transferencias o movimientos entre plataformas.

Para el sector fintech,¿Cómo pueden las fintech ayudar a que tu dinero no pierda valor en Latinoamérica? esto termina desincentivando el uso de medios digitales y mantiene una ventaja práctica para el efectivo, que no enfrenta este tipo de cargas.

El gremio sostiene que esta situación también limita la competencia entre entidades financieras, ya que dificulta que los usuarios distribuyan libremente sus recursos entre distintos productos sin asumir sobrecostos.

La discusión ocurre en un momento en que Colombia impulsa una mayor digitalización financiera y promueve herramientas para ampliar la bancarización.

Mientras no se active el sistema, millones de personas seguirán pagando un impuesto que, bajo las condiciones previstas por la ley, ya no deberían asumir.

Nuevo decreto en Colombia cambiará cómo usas tu dinero: así funcionan las finanzas abiertas obligatorias

Digna Irene Urrea — Tue, 14 Apr 2026 13:05:44 +0000

La expedición del Decreto 0368 de 2026 marca un cambio en la forma en que circula la información financiera en Colombia. La norma establece la implementación obligatoria de un sistema de finanzas abiertas que permitirá a los usuarios autorizar el uso de sus datos para acceder a nuevos productos y servicios, con el objetivo de ampliar la competencia y facilitar el acceso al crédito.

El modelo parte de una premisa sencilla: los datos financieros pertenecen al usuario. Bajo este esquema, las entidades solo podrán compartir esa información cuando exista un consentimiento previo, expreso e informado. Esto incluye datos sobre productos financieros, historial transaccional y procesos de vinculación como cliente, entre otros .

La medida también introduce un cambio en las reglas del mercado. Según lo establecido, todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deberán participar obligatoriamente como proveedoras o receptoras de datos. Esto implica que bancos, aseguradoras, fiduciarias y otras instituciones deberán habilitar el acceso a la información bajo estándares comunes.

Para el usuario, el funcionamiento será progresivo. Una persona podrá autorizar a una entidad —por ejemplo, una fintech o un banco— a consultar su información financiera en otra institución. Esa autorización deberá detallar qué datos se comparten, con qué finalidad y por cuánto tiempo. Además, el sistema exige una doble verificación: primero la autorización y luego una confirmación antes de que los datos sean efectivamente transferidos .

Un sistema con reglas comunes y nuevos actores

El decreto establece que la Superintendencia será la encargada de definir los estándares técnicos, tecnológicos y operativos que permitirán la interoperabilidad del sistema. También deberá publicar, en un plazo máximo de seis meses, un cronograma para implementar estos estándares de forma gradual.

Otro de los elementos centrales es la creación de un directorio de participantes. Esta herramienta permitirá identificar a las entidades que forman parte del sistema y los roles que desempeñan, lo que facilitará la transparencia y el control del ecosistema.

Aunque la participación es obligatoria para las entidades vigiladas, el modelo abre la puerta a terceros no vigilados, como empresas tecnológicas, que podrán integrarse de manera voluntaria. Para hacerlo, deberán cumplir con requisitos definidos por la regulación y acordar su vinculación con proveedores de datos, sin que existan condiciones discriminatorias .

Cómo podrán participar los usuarios y las empresas

Para las personas, el proceso será directo: podrán decidir si autorizan o no el uso de sus datos. También tendrán la posibilidad de revocar esa autorización en cualquier momento, solicitar información sobre el uso de sus datos o negarse a compartirlos sin que esto afecte el acceso a servicios básicos.

En el caso de las empresas, la participación dependerá de su rol. Las entidades vigiladas deberán adaptarse obligatoriamente a los estándares y habilitar el intercambio de información en los plazos definidos. Por su parte, las compañías no vigiladas que deseen acceder a datos deberán cumplir requisitos técnicos, operativos y de seguridad, además de formalizar su vinculación dentro del sistema.

El decreto también establece límites sobre los costos. Las entidades podrán cobrar por el uso de su infraestructura, pero no por los datos en sí, y estos cobros deberán responder a criterios objetivos y verificables .

Con este marco, el Gobierno busca promover la innovación, facilitar la entrada de nuevos competidores y ampliar las opciones para los consumidores. La expectativa es que, con más información disponible y en condiciones equitativas, aumente el acceso a productos financieros y se mejoren las condiciones para quienes hoy tienen mayores barreras para acceder al sistema.

La industria fintech sube la presión: nueva Junta quiere destrabar el acceso al dinero en Colombia

Digna Irene Urrea — Thu, 19 Mar 2026 19:00:10 +0000

La industria fintech en Colombia decidió dejar atrás el diagnóstico y entrar en modo ejecución. Con la elección de su nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2027, Colombia Fintech lanza un mensaje directo: el ecosistema quiere acelerar cambios concretos en regulación, acceso al crédito e inclusión financiera, en un momento clave para la economía del país.

El anuncio no se limita a un relevo institucional. La nueva Junta llega con un objetivo claro: convertir en realidad más de 120 propuestas incluidas en la Hoja de Ruta 2026-2030, un documento que recoge las principales apuestas del sector para modernizar el sistema financiero colombiano. La prioridad ahora es destrabar barreras que, según el gremio, siguen dejando a millones de personas por fuera del acceso a servicios financieros.

El contexto no es menor. En medio de discusiones sobre regulación, transformación digital y nuevos modelos de negocio, la fintech se posiciona como un actor con mayor peso en la conversación pública. La hoja de ruta incluye temas sensibles como cambios normativos, interoperabilidad, acceso a financiamiento y adopción tecnológica, puntos que históricamente han avanzado a un ritmo más lento que la innovación del mercado.

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La nueva Junta está integrada por líderes de algunas de las compañías más influyentes del ecosistema, lo que refuerza la idea de una industria más articulada y con capacidad de incidencia. Más allá de los nombres, el mensaje es que el sector ya no solo propone, sino que busca ejecutar y medir resultados.

Desde el gremio, la postura es directa: el país no necesita más estudios, sino decisiones. En esa línea, el foco estará en impulsar conversaciones que no siempre son cómodas, pero que consideran necesarias para acelerar la inclusión financiera y mejorar la competitividad del sistema.

Lo que viene para el sector fintech en Colombia no apunta a cambios graduales. La apuesta es más ambiciosa: transformar la forma en que se diseñan, regulan y usan los servicios financieros en el país. El reto ahora será pasar del papel a los resultados.