El  27 de noviembre de 2009 el gobierno español, en ese entonces a la cabeza de Jose Luis Rodríguez Zapatero, presentó un proyecto que busca, entre otras cosas, dejar en manos de una comisión fijada por el gobierno, la posibilidad de cerrar en un plazo de 48 horas un sitio web que tenga archivos digitales protegidos por derechos de autor.

Pero el nacimiento de Sinde no vino solo. Miles de usuarios de Internet alzaron sus voces de protesta en contra del proyecto del gobierno español desde el mismo año en que fue presentado al congreso. En medio del debate sobre el control de la piratería en Internet, en marzo de 2010 llegó al Ministerio de Cultura de España una lista de casi 1.200 sitios web que incluían pequeños buscadores de ‘torrents’.

La iniciativa fue implementada por la Coalición de Creadores e Industrias Culturales y la idea principal era desbordar las pretensiones del gobierno de cerrar los sitios web que estén a favor de las descargas no autorizadas. Dentro del listado, los activistas incluyeron blogs, sitios de partidos políticos, de medios de información, de autores y de creadores.

La denominada ‘Lista de Sinde’ nació para demostrar al gobierno español que el cierre de sitios web que incluyen contenidos que fomentan las descargas no sirve para nada. 

“La gente quiere compartir cultura y conocimiento (…) Tenemos la suerte de que en España la copia privada es legal, a diferencia de otros países, y hay un interés en compartir; los cambios legislativos no van a servir de nada porque el sentimiento que existe por compartir es muy fuerte”, comentó uno de los responsables del movimiento contra Sinde.

La iniciativa ha logrado mantenerse en pie hasta la actualidad pues incluso en el momento en que entró en vigor la ley Sinde, organizada por activistas de Internet, desde el sitio Hacktivistas.net, para ‘desbordar’ las pretensiones del Gobierno de clausurar aquellos sitios que favorezcan las descargas no autorizadas.

La idea, bautizada como ‘La lista de Sinde’, es animar a los autores de páginas web y blogs a incluir ‘widgets’ –pequeñas aplicaciones que se superponen en la pantalla– diseñados para buscar archivos de descarga en la Red. La finalidad es demostrar que el cierre de determinados sitios web por fomentar las descargas “no servirá de nada”.

El músico español  Eme Navarro fue el encargado de hacer la primera denuncia una vez puesta en marcha la ley antidescargas española. Navarro presentó una notificación contra más de 200 sitios web que facilitan un enlace a una canción suya con derechos de autor, para mostrar de forma práctica la ineficacia de la ley. Utilizando los ideales de ‘La lista de Sinde’, el músico pretende demostrar que el cierre de determinados sitios web por fomentar las descargas no funcionará.

Según informaron algunos medios españoles, Navarro compuso una canción con todos los derechos reservados, el grupo Hacktivistas la puso a disposición del público en el sitio web Wertdeenlaces y después invitó a cualquier sitio web a enlazar y usar esa obra protegida sin permiso explícito del autor. El listado que presentó Eme Navarro incluyó los más de 200 sitios que enlazaron la canción sin permiso del autor. 

La iniciativa continúa trabajando en contra de Sinde-Wert, una ley que pese a sufrir innumerables altibajos, entró en vigor el pasado primero de marzo.

Pese a que las numerosas protestas de los usuarios de Internet hicieron que el Tribunal Supremo español aceptara estudiar un recurso en contra de la medida, la Ley Sinde-Wert acaba de entrar en vigor tras más de dos años de trámites y altibajos. A partir de hoy entró a funcionar la comisión encargada de ‘tumbar’ los sitios web que violen los derechos de autor en España.

El músico español  Eme Navarro fue el encargado de hacer la primera denuncia una vez puesta en marcha la ley antidescargas española. Navarro presentó una notificación contra más de 200 sitios web que facilitan un enlace a una canción suya con derechos de autor, para mostrar de forma práctica la ineficacia de la ley. Utilizando los ideales de la iniciativa ‘La lista de Sinde’, el músico pretende demostrar que el cierre de determinados sitios web por fomentar las descargas “no servirá de nada”. 

Sin embargo, los movimientos que han surgido y las miles de críticas y protestas de las que ha sido protagonista la Ley Sinde-Wert no fueron ningún obstáculo para que el gobierno pensara en otra alternativa de regulación en la Red, pues según la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, con la aprobación de la ley España entra “en el estándar internacional en la lucha contra la piratería”. 

La Ley Sinde, que cambió su nombre a Ley Sinde-Wert por ser impulsada entre la exministra Gónzalez-Sinde y el ministro Wert, es el nombre con el que se conoce popularmente un apartado de la Ley de Economía Sostenible llamado Disposición final segunda con el que se pretende combatir los sitios web infractores de derechos de autor con la ayuda de un órgano gubernamental denominado Comisión de Propiedad Intelectual.

Según ALT1040, un blog muy crítico de esta norma, “en la práctica estamos ante un peligroso nuevo sistema administrativo-judicial, gestionado por una Comisión de Propiedad Intelectual que a su vez está formada por personas dependientes del Ministerio de Cultura, con el que el Estado gana en poder para controlar lo que circula por la red al disminuir la capacidad de análisis y decisión de los jueces en este tipo de caso (hasta ahora en líneas generales la justicia española ha exculpado a las webs de enlaces)”.

Dicha comisión, que depende del Ministerio de Cultura, será la encargada de determinar si los sitios web que han sido objeto de denuncia están infringiendo los derechos de autor. Además, los autores que denuncien estas faltas, tendrán que acudir a este órgano y  pedirle que se inicie un procedimiento, que podrá tener una duración entre 20 días y tres meses. Si sale bien el proceso, se podrán retirar los contenidos señalados, o incluso si la falta es más grave, el servicio del sitio web podría ser interrumpido durante un año.

La Ley Sinde nació en noviembre de 2009, cuando el gobierno del PSOE presentó el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que incluía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual. Y aunque a partir de ese momento los internautas empezaran a demostrar su inconformidad a través de las redes sociales y protestas en las calles, hoy se han encontrado con que la reglamentación de la ley ha entrado en vigor.

La Ley Sinde o Ley de Economía Sostenible, que se empezó a proponer en 2009 y entró en vigor el 6 de marzo de 2011 tras numerosas protestas de los usuarios de Internet, podría no celebrar su primer cumpleaños. La máxima autoridad judicial de España, el Tribunal Supremo, aceptó estudiar un recurso de la Asociación de Internautas de España contra la medida.

La Ley Sinde no fue reglamentada rápidamente y debió seguir un largo proceso después de que entraba en vigor, hasta que en enero pasado el Partido Popular le dio el impulso en el ente legislativo. Por ello, en marzo de 2012 entraría a funcionar la comisión encargada de ‘tumbar’ los sitios web que violaran los derechos de autor, y ya se ha filtrado la lista con los primeros 122 sitios que serían castigados.

Ahora, con la decisión del Tribunal Supremo, esto podría cambiar. En 10 días se decidirá si la Ley Sinde es suspendida provisionalmente mientras se toma una medida de fondo, como pide la Asociación en la demanda. Ese podría ser el primer paso para su caída definitiva.

La impugnación afirma que la nueva regulación hace que la Comisión de Propiedad Intelectual lleve a cabo funciones que solo deberían ejercer los jueces (esta comisión es el organismo que determinaría si un sitio infringe los derechos de autor). Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, le dijo a El País de España que se trataría de una situación “inadmisible en democracia”.

Además, dice la asociación, la ley crea “una notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos” a la “libertad de expresión y la libertad de información”. La demanda, según afirman, “ha recibido la adhesión de miles de internautas”.

Cabe recordar que en un evento llevado a cabo el año pasado en Campus Party Bogotá 2011, la abogada Carolina Botero afirmó que una de las principales razones por las cuales la Ley Lleras (el equivalente colombiano de la Ley Sinde) era inconveniente era, básicamente, esa misma: les daba a los proveedores de Internet funciones que deberían ser exclusivas de los jueces.

¿Qué sigue, entonces, para la Ley Sinde? Una vez aceptada la demanda, el abogado del Estado debe dar una opinión legal antes de 10 días sobre la petición de la Asociación de Internautas de frenar la aplicación de la ley, para que luego el Tribunal Supremo decida qué hacer. Así que, muy pronto, los internautas podrían obtener una nueva victoria, como la que lograron en Estados Unidos al lograr la retirada de la Ley SOPA.

En el marco del CES 2012 se han podido visualizar algunas tecnologías que marcaran el año como los Ultrabooks, la tecnología 3D y la computación en la nube. Sin embargo, en ENTER.CO les queremos presentar algunas tendencias menos obvias que sin duda atraparán el año que para muchos será el fin del mundo.

1. Internet afronta poderosas amenazas.

En medio de la aprobación en España de la ley Sinde, que ha tenido contradictores y ha sido víctima de boicots, la discusión sobre una ley tan polémica como SOPA ha llegado a ocupar el primer lugar en la agenda de las grandes empresas de la Red, quienes han decidido unirse en busca de erradicar la ley que ha sido considerada como una gran amenaza para Internet.

El 2012 podría pasar a la historia como un año de bloqueos de gobiernos dictatoriales y el surgimiento de leyes que buscan cambiar Internet. Y aunque la ONU haya dicho en su momento que era un derecho humano, las industrias de contenidos más poderosas quieren restringirlo.

El 24 de enero de 2012 podría ser aprobada la ley SOPA, pese a las amenazas de ‘huelga’ de los gigantes de la Red, quienes estarían trabajando en una demostración de lo que podría ser el resultado de la aprobación de la ley: Internet dejaría de ser lo que es hoy para convertirse en un modelo similar al que utilizan China, Malasia o Irán.

2. Una nueva era en la historia de los navegadores web: Chrome, el nuevo rey.

Luego de derrotar a Netscape en 1998, Internet Explorer obtuvo el primer lugar en el podio de los navegadores web, puesto en el que se mantuvo a salvo sin ningún tipo de competencia hasta el 2004, año en que Firefox llegó a imponerse con fuerza en esta industria.

En la actualidad, según StatCounter, Internet Explorer sigue siendo el navegador más popular de la red con un 40,63%, seguido por Google Chrome, que tomó el segundo lugar en diciembre pasado con un 25,69%.

Sin embargo, si la tendencia de crecimiento de Chrome y el declive de Internet Explorer se mantienen, entre abril y septiembre de 2012 por primera vez en 14 años la Web cambiaría de navegador líder. 

Uruguay, Chile y Colombia fueron los primeros países de Latinoamérica en tener a Chrome como el navegador web favorito, por lo que hoy Suramérica puede ser catalogado como ‘territorio Chrome’.

3. Hacktivismo madura y une fuerzas en la Red.

En 2010, con el surgimiento o la aparición visible de WikiLeaks y Anonymous, surgió el concepto de hacktivismo que hace referencia a la combinación del activismo con acciones propias de los hackers, pero que no necesariamente resultan ser destructivas.

Movimientos como los que realizó Anonymous en 2011 en contra del proyecto de Ley Lleras o como los que ejecutó WikiLeaks publicando 250.000 cables confidenciales de embajadas de Estados Unidos de todo el mundo, son algunos de los hechos que demuestran que el ‘hacktivismo’ va a ser mayor, mejor organizado y más estratégico.

Así mismo, según un reciente informe de McAfee Labs, en el 2012 quienes lideran las interrupciones digitales unirán fuerzas con los manifestantes físicos y apuntarán a figuras públicas, como políticos, líderes de la industria, jueces y funcionarios del orden público más que nunca antes.

4. Televisión inteligente empieza a ganar mayor popularidad.

Durante el CES 2012 ha quedado en evidencia que la televisión inteligente está ganando mayor popularidad entre los fabricantes y desde luego, entre los usuarios.

Los nuevos televisores de Ubuntú, Lenovo, LG y Panasonic, cuentan con características como las tiendas de aplicaciones, navegación por Internet o incluso controles con reconocimiento de voz y gestos, hecho que sin duda representa los grandes avances que se han obtenido en el campo de la televisión inteligente.

La posibilidad de visitar las redes sociales, acceder a los principales sitios de noticias o revisar su correo electrónico sin tener que despegarse de su programa favorito, son algunas de las herramientas que hacen que un ‘Smart TV’ pueda llegar a ganar cada vez más popularidad entre los usuarios que utilizan constantemente la Red.

5. Siri evoluciona y encuentra fuertes rivales.

Desde el lanzamiento del iPhone 4S, una de las características que más llamaron la atención entre los medios de comunicación y los usuarios fue Siri, el asistente virtual de voz del nuevo teléfono de Apple que cuenta con capacidades de inteligencia artificial y que en ENTER.CO calificamos como lo revolucionario del teléfono.

Parece que en 2012, la inteligencia artificial de Siri podrá encontrar nuevos competidores en el mercado, pues aunque el control por voz no sea una herramienta nueva para teléfonos con sistemas operativos Android o Windows Phone,  no tiene el propósito de Siri de ser un asistente personal,

Además, la tecnología de control por voz no solo vendría a ser protagonista en el terreno de los teléfonos inteligentes, teniendo en cuenta que está en la mente de otros sistemas operativos, sino que además dentro del rumorado Apple TV podría encontrarse el ya conocido asistente.

¿Qué marcará este 2012?

Continúe leyendo este listado de tendencias que atraparán este 2012 en su segunda parte.

El nuevo año no trajo muy buenas noticias a los detractores de las leyes antidescargas y antipiratería del mundo, pues el gobierno del Partido Popular español (PP) aprobó la Ley Sinde, que entraría a regir en marzo. 

Al parecer los altibajos que sufrió la controversial Ley Sinde no fueron ningún obstáculo para que el gobierno pensara en otra alternativa de regulación en la Red, pues según la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, con la aprobación de la ley, España entró “en el estándar internacional en la lucha contra la piratería”. 

Sin embargo, durante el anuncio, la vicepresidenta aseguró que una vez entre a regir la ley, las medidas se tomarán solo contra quienes indebidamente hacen negocio con esas descargas ilegales.

En diciembre del año pasado, los detractores de la Ley Sinde pudieron percibir una pequeña luz en el camino cuando el gobierno del PSOE anunció publicamente que no desarrollaría el reglamento de la ley, pues según el entonces presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, las discrepancias en el Consejo de Ministros y las fuertes reacciones en Internet fueron algunas causas para no aprobar el reglamento de la norma ‘antidescargas’.

Además de aprobar la ley, que está en la capacidad de cerrar sitios web con contenido ilegal en un plazo máximo de 10 días con previa autorización judicial, pero sin que un juez entre en el fondo del asunto, el Consejo de Ministros también anunció la anulación del Canon Digital, un impuesto que nació en 2003 con el que el gobierno español pretendía compensar a los autores, editores y distribuidores por el derecho a la copia privada.

No obstante, pese a que se anunció su anulación, las afirmaciones emitidas por la vicepresidente del gobierno español dejaron dudas sobre esta medida. “Se sustituirá por nuevos modelos de gestión y retribución, más justos y equitativos, basados en el uso efectivo”, afirmó Sáenz de Santamaría.

La respuesta de los detractores.

Como era de esperarse, luego de conocer la decisión del Partido Popular, las críticas en la Red no se hicieron esperar. Incluso el sitio web No les votes convocó un boicot con el objetivo de no comprar ni consumir obras artísticas e intelectuales de autores, productores, agentes o directivos que se hayan manifestado de forma explícita, o que hayan participado en los grupos de presión a favor de la aprobación de la Ley Sinde. 

Los principales opositores crearon una página dentro del sitio web en donde publicaron un listado de 52 autores que alguna vez manifestaron su opinión a favor de la ley antidescargas española.

“Las movilizaciones, intentos de diálogos y opiniones de juristas han sido ignoradas (…) no nos dejan más opción que responder con aquello que afecta directamente a los intereses de fondo: el dinero (…) solo podemos recurrir al boicot a aquellos que han exigido y apoyado el recorte de libertades en la red”, asegura el grupo de ‘enemigos de la Ley Sinde’ a través de su sitio web. Así mismo, los detractores se han manifestado a través de Twitter con etiquetas como #redresiste o #nolescompres.

Luego de que el gobierno español aprobó la Ley Sinde en España, y si el proyecto de la Ley SOPA en Estados Unidos avanza este 24 de octubre, ¿cuál será el futuro que le espera a Internet? ¿Se acercan tiempos difíciles para los usuarios de la Red?

La ley antidescargas Hadopi, también conocida como ‘ley de los tres avisos’, ya hizo desconectar de Internet al primer usuario que supuestamente violó de manera continuada los derechos de autor en la Red. Después de recibir varios avisos del gobierno francés, a finales de julio Robert Tollot, un profesor de 54 años de edad, se quedó sin el derecho de usar Internet.

Tollot es acusado de bajar canciones de David Guetta y Rihanna a través de la Red de forma ilegal. El profesor asegura ser una víctima de la ley, pues asegura ante el gobierno que alguien ha estado robando su conexión Wi-Fi. Este hecho pone en evidencia la difícil tarea de la Alta Autoridad por la Difusión de Obras y las Protección de Derechos en Internet (Hadopi) para llegar a tener el control sobre las descargas en Internet.

Y es que a pesar de que hace algunos meses el mismo presidente Nicolás Sarkozy reconociera el fracaso de la ley, manifestando su interés por corregir e incluso anular esta ley antidescargas en caso de que llegara a presentarse una mejor alternativa para combatir la piratería en Francia, esta sigue vigente.

Sin embargo, los problemas de la regulación siguen manifestándose, pues la agencia encargada de aplicar la ley reconoce que ha recibido más de 18 millones de quejas, de las que solo 470.000 han sido respondidas, 20.000 han recibido un segundo aviso y solo 10 han llegado a recibir una tercera advertencia. (Esto no cambia la tendencia que se dio con la Ley Hadopi desde sus comienzos).

¿Merecía este profesor –diga la verdad de que no hizo las descargas, o las haya hecho– perder el ‘derecho humano’ a conectarse a Internet para informarse, comunicarse y entretenerse?

Por lo pronto, no hay noticias de que alguna apelación o reposición de Robert Tollot haya dado sus frutos, por lo que podría considerársele como el primer ‘desterrado de Internet’, al menos en el mundo occidental. Veremos si vienen más en camino.

Más allá de Hadopi.

No obstante, Francia no es el único país que ha implementado una ley para combatir la piratería en Internet. En España, la ley Sinde busca dejar en manos de una comisión especializada (elegida por el gobierno español) la posibilidad de bloquear o cancelar en un plazo de 48 horas el servicio de los sitios web que tengan archivos digitales protegidos por derechos de autor.

El gobierno español ha mostrado su satisfacción con la Ley Sinde, pues Carlos Cuadros, director general de Cine del Ministerio de Cultura de ese país, aseguró en una entrevista de concedida al medio Europa Press que el gobierno está feliz de que la Ley Sinde se esté convirtiendo en referente en el plano internacional.

“Esta ley va contra los que roban, esos intermediarios que se están forrando con productos robados para ponerlos a disposición de forma presuntamente gratuita ante los ciudadanos. En los próximos meses, con la puesta en marcha del Reglamento, se podrán dar los primeros pasos y esperemos que con ello se acaben esas páginas que roban”, dijo Cuadros.

Colombia tampoco se queda atrás, pues en el mes de junio se aprobó en primer debate en el Senado el proyecto de ley que busca proteger los derechos de autor en Internet, conocido como ‘Ley Lleras‘. La radicación del proyecto es el resultado de una exigencia incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, además de ser un requisito para la firma de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de que algunos países hayan evidenciado su interés por ejercer un mayor control sobre la protección de los derechos de autor en Internet, entidades independientes e incluso organizaciones globales como la ONU señalan que la libertad de expresión está por delante de otros derechos.

El relator de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, dijo en junio que para proteger los derechos de autor, los gobiernos deben mantenerse al margen de la línea que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y la democracia. Tim Berners-Lee, el ‘padre’ de  la Web, también señaló que “es un derecho básico de la humanidad”, comparable incluso con el derecho universal del acceso al agua.

Notas relacionadas:

• Ecos del e-G8: gobiernos quieren limitar Internet.
• Hadopi, en Francia, recibe 25.000 denuncias diarias de piratería.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• Libertad de expresión e Internet dan un paso gigante.
• “El acceso a la Web es un derecho humano”, dice su creador.

Los gobiernos de algunos países han hecho público su afán por ejercer un mayor control sobre las descargas de ciertos contenidos a través de Internet. Ante este hecho, el relator de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, asegura que para proteger los derechos de autor, los gobiernos deben mantenerse al margen de la línea que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y la democracia.

Hace unos meses el padre de la Web, Tim Berners- Lee, aseguró en un simposio realizado con motivo de los 150 años del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que la Web es “un derecho básico de la humanidad”, comparándola además con el derecho universal de acceso al agua, y el primero de junio pasado la ONU, la OEA y los gobiernos de Europa y África emitieron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet en el mismo sentido: “La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”.

En su informe, La Rue asegura que todas las leyes que se relacionan con este tema ponen en desventaja al usuario que comete la infracción, pues este no tiene las herramientas suficientes para defenderse.

El documento invita a los gobiernos a revisar y modificar, de ser necesario, las leyes que sancionan a los usuarios interrumpiendo su acceso a Internet, pues el relator de Naciones Unidas considera que es una medida que ataca un derecho fundamental.

La propuesta de algunos gobiernos de desconectar de Internet a los usuarios que realicen descargas ilegales como una forma de sanción es cuestionable para Naciones Unidas, pues según el informe esta medida vulnera el Artículo 19 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (PDF), en el que se consigna el derecho que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo.

Pocos días antes, en el e-G8 Forum, un encuentro entre los países desarrollados y las empresas de Internet, los presidentes de los países renovaron su ‘compromiso de protección de la propiedad intelectual’, señalaron que esta requiere una aplicación efectiva y cooperación internacional entre gobiernos y organizaciones, lo que fue interpretado por analistas como una declaración en favor de normas como Hadopi y Sinde.

La Rue no se queda en generalidades en su informe: menciona explícitamente amenazas a la libertad de expresión en Internet como la persecución a WikiLeaks, las suspensiones del acceso a Internet en Egipto, Argelia, Libia y otros países, las leyes antidescargas, el ACTA (PDF) y la entrega de tareas de policías privados o de jueces a los proveedores de servicios de Internet (este es uno de los puntos que más temores y protestas ha generado el proyecto de ‘Ley Lleras’ en Colombia)

Pedro Less Andrade, responsable de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google América Latina, opina sobre la la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet y el informe del relator de la ONU que “estos importantes documentos señalan que la libertad de expresión en Internet es equivalente a la que puede aplicarse a otros medios, y que en esa medida es un derecho fundamental reconocido por el derecho internacional”.
Less agrega que esto no implica la negación a la protección de los derechos de autor, sino que “busca un balance y  proporcionalidad entre la protección de estos derechos y otros derechos fundamentales”.

Notas relacionadas:

• Libertad de expresión e Internet dan un paso gigante.
• e-G8: ¿encuentro o desencuentro tecnológico?
• Cubrimiento de ENTER.CO sobre ‘Ley Lleras’.
• El acceso a la Web es un derecho humano, dice su ‘padre’.

Como lo dijimos en nuestros primeros contenidos relacionados con el proyecto de Ley que busca regular la responsabilidad por infracciones al derecho de autor en Internet, más conocido como ‘Ley Lleras’, la mejor alternativa para que creadores, la industria cultural tradicional y los usuarios de Internet salgan bien librados es realizar un debate abierto, en el que cada uno presente sus puntos de vista y a la vez intente entender los de su contraparte.

Obviamente, además del debate es necesario el interés y el compromiso de los congresistas encargados de tomar la decisión final, ya que esta no puede ser tomada a la ligera ni como respuesta a presiones externas, sino en busca del bien común.

Por ello, hemos publicado desde un acercamiento al proyecto de Ley con 18 preguntas frecuentes y respuestas, pasando por las posiciones críticas, como las declaraciones del colectivo Anonymous, el más vehemente contra el proyecto, las brillantes reflexiones de nuestro colaborador Juan David Correa acerca de la transformación de la industria cultural y para quién debe ser la legislación, y el análisis de Germán Realpe, de Acoditic, según el cual la protección de la propiedad intelectual no puede ir en contra del acceso a la información y de la privacidad de los usuarios.

Además, publicamos la visión de la industria de la propiedad intelectual, en concreto de la industria del software, con una entrevista a Katalina Rojas, de la BSA, en la que afirmó que la lucha contra la piratería sigue siendo una prioridad.

Ahora, compartimos el punto de vista de Graciela Melo Sarmiento, abogada especializada en derechos de autor y propiedad indistrial, y presidenta del Centro Colombiano de Derechos de Autor (Cecolda), y que si bien no es la voz oficial de la organización, sí refleja el punto de vista de muchos abogados especializados en el tema, que paradójicamente no han sido los más visibles en estos debates, aunque sean los más conocedores de la teoría detrás del tema.

Sus comentarios acerca del texto de Graciela Melo son bienvenidos, como siempre, así como sus preguntas hacia ella, que nos ayudarían a profundizar su visión sobre este proyecto de Ley

Proyecto de ‘Ley Lleras’: hablemos claro.

Por Graciela Melo Sarmiento.

En el foro público en el Senado, realizado el pasado 4 de mayo, varios creadores (como la productora de cine Paula Jaramillo, el escritor Jorge Franco, el compositor y productor musical Jose Gaviria y el actor Juan Sebastian Aragón) expusieron sus opiniones en favor del Proyecto de Ley 241 (por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet).

No se hicieron presentes creadores o emprendedores independientes, pero tanto los unos como los otros son directos beneficiarios de este proyecto, es útil y necesariauna ley de este tipo tanto para la industria cultural tradicional como para las corrientes que abogan por nuevos modelos de negocios en el entorno digital, y lo que sí no es, en todo caso, es un proyecto diseñado para atacar al usuario.

Conforme a las normas generales, junto con la Decisión Andina 351 de 1993 (Régimen de Derechos de Autor que rige en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) ya existen instrumentos legales en Colombia que pueden conducir a establecer responsabilidad solidaria del prestador de servicios de Internet (ISP) por las infracciones cometidas por sus usuarios-contratistas.

Con este mismo escenario, muy similar al que hoy existe en Argentina y con el que contaba Chile en 1999 (casi 10 años antes de expedir su ley de regulación de responsabilidad de ISP) se han expedido fallos judiciales en los que tal responsabilidad ha sido reconocida (casos Taringa! y Entel).

Situación parecida acontecía en otras legislaciones, lo que condujo a la adopción de mecanismos y procedimientos mediante los cuales se definen condiciones en las que el ISP, colaborando en un procedimiento privado tanto con el titular de derechos de autor como con el usuario, bloquea el acceso al contenido (descuelga el contenido) y eventualmente lo vuelve a subir a la Red, atendiendo en el primer caso la solicitud escrita del titular de derechos de autor y en el segundo, la del usuario.

El titular de derechos de autor está ya definido en la normatividad de derechos de autor como la persona natural o jurídica que es propietaria de los derechos de autor sobre una obra –canción, película, video, fotografía, libro, artículo de opinión, etc.–.

Entonces, el sujeto que se beneficia con el contenido del proyecto de Ley 241 es tanto la empresa nacional o extranjera editora, productora de discos, de cine, de software o videojuegos, como el autor creador independiente, que con el uso de los recursos tecnológicos a su alcance crea sus obras y las pone a disposición del público en la Red sin la intermediación de un agente editor o productor.

El propósito es lograr seguridad jurídica para quien arriesga en el emprendimiento de comunicar obras en la Red y, por tanto, estimular tal actividad. Claro está, el titular de derechos de autor es libre de decidir cómo quiere aprovechar sus obras y producciones, puede legítimamente decidir no remunerarse con ellas o autorizar a cualquiera su libre reproduccióny transformación. Ese es su legítimo derecho como dueño, pero no es ese un privilegio que le corresponda al usuario frente a esa obra, pues él no es dueño. Así, el uso del mecanismo del proyecto de Ley 241 es opcional para los autores.

El derecho moral de los autores, es decir, su legítimo derecho exclusivo al reconocimiento de la paternidad de su obra (su nombre como autor) y a la defensa de la integridad de la misma, para ser él quien decida y controle cómo o hasta donde la obra se puede transformar, está integrado al bloque de constitucionalidad en Colombia y ha sido reconocido en las declaraciones de derechos humanos del siglo XX.

Es un derecho humano que coexiste pacíficamente con la libertad de expresión, y que además es garantía de dicha libertad en la medida en que provee instrumentos jurídicos para la defensa del producto en el que se concreta la expresión humana: la obra protegida por el Derecho de Autor.

Argumentar entonces que el proyecto de Ley 241 viola la libertad de expresión por establecer un mecanismo privado mediante el cual el ISP bloquee el acceso a un contenido protegido por el derecho de autor (una obra) no resulta correcto.

El proyecto de Ley 241 es difícil de leer: los términos técnicos que contiene no son del manejo de todos, pero eso sucede también con otras normas, y eso no les quita legitimidad. Este podría mejorarse incluyendo definiciones técnicas, y aclarando la redacción del procedimiento para que quede completamente claro que puede acudir a él tanto el titular de derecho de autor como el usuario que había subido el contenido y que, de haber disputa, resolverla corresponderá a un juez.

Lo que se debe hacer, entonces, en lugar de rechazarlo o hacer que fracase su paso por el Congreso, es mejorarlo, darle trámite y convertirlo en Ley de la República en bien de los autores y las industrias culturales que proveen el 3,3% al PIB en Colombia, y en bien de toda la nación.

Notas relacionadas:

• La transformación de la industria cultural (primer debate sobre #LeyLleras).
• ¿Para quién legislamos? (segundo debate inspirado por #LeyLleras).
• Infografía y video buscan explicar fácilmente la ‘Ley Lleras’.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.

La pregunta que inspira este segundo debate alternativo motivado por la #LeyLleras (el primero, sobra la transformación de la industria cultural, se encuentra aquí) ha surgido en las mentes y discursos de un gran número de compatriotas, tras la discusión alrededor de este proyecto de Ley y el creciente influjo de la tecnología moderna.

¿Para quién (o quiénes) legisla el Congreso de la República de Colombia? Estamos hablando del órgano elegido por los colombianos como máximo representante del poder legislativo, y que en una lógica democrática, debe ser una expresión de la voluntad de nuestro pueblo. En el caso particular del proyecto de ley que genera el debate, la respuesta es sumamente clara, y conviene en este artículo desmitificar algunos de los argumentos que se han presentado en favor del proyecto, y que con un análisis básico  y cierto conocimiento de los contextos, es sencillo debatir.

La #LeyLleras: una obra derivada.

El proyecto de Ley “Por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet” es una obra derivada de la Digital Millenium Copyright Act (en adelante DMCA). Esta afirmación, realizada casi instantáneamente por parte de los principales actores en el debate defensores del ala ‘copyleft‘, es también una afirmación directa de los promotores del proyecto en su exposición de motivos (o ala copyright).  Textualmente, en esta disertación se expresa: “(…) La mayoría de estas disposiciones están basadas (sic) en la ley Digital Millenium Copyright Act de los Estados Unidos, adoptada en 1998“.

Originalmente, dicha exposición de motivos fue compartida por los promotores de la ley en la publicación del blog que se destinó para su debate. Curiosamente, dicha exposición fue retirada del blog oficial poco tiempo después, pero por efecto de la velocidad y facilidad que tienen los internautas para realizar copias (y aclaro, copiar textos de proyectos de Ley es totalmente legal en Colombia: Ley 23 de 1982, Artículo 41) podemos contar con dicho texto como sustento de nuestras afirmaciones.

Los promotores de la DMCA y su poder exportador.

Tampoco es para nada difícil encontrar cientos (o quizás miles) de referencias en Internet que permiten establecer quiénes fueron los verdaderos promotores de la Digital Millenium Copyright Act en el Congreso de los Estados Unidos:  “Los defensores radicales del modelo ‘copyright’ (lease: grandes disqueras, grandes editoriales, grandes estudios de Hollywood, grandes casas de software, etc.)”, quienes a través de mecanismos de cabildeo, lograron sacar adelante esta legislación.

Dichas disposiciones legales se han exportado a otros países –o adaptado por ellos–, con nombres que por estos días ya son bastante comunes (Hadopi, Sinde, Tres Strikes…) mediante los mecanismos que proporcionan los tratados de libre comercio.

De aprobarse sin ningún miramiento el tan sonado proyecto de #LeyLleras, la asociación será muy simple y directa: en Colombia se legisla para proteger los intereses de grandes multinacionales de la industria ‘copyright’. Esperamos que nuestros padres de la patria dejen sin piso esta afirmación con su importante trabajo.

La #LeyLleras, inspirada en legislación antiquísima.

Otra parte del contexto de la ley inspiradora por el proyecto presentado por el Ministro del Interior es la que se refiere al momento histórico en el cual se aprobó  la DMCA en Estados Unidos: 1998. Para muchas personas, puede sonar que es una ley reciente y hasta moderna, pero este tipo de apreciaciones, dado precisamente el campo de lo que se pretende ‘reglar’ (Internet), es sumamente distante de la realidad.

Para Internet, 1998 puede entenderse como una era remota. Solo basta decir que para la época Google era una empresa de garaje, Mark Zuckerberg (fundador de Facebook) era un colegial, AOL era el sitio web más popular, los únicos que trinaban eran los pájaros, y el video y el audio en Internet eran aún una utopía.

Legislar con base en una ley de 1998 los destinos de la Internet actual sería como intentar legislar en materia penal siguiendo estrictamente el Código de Hamuurabi.

Desmitificando argumentos en pro de la #LeyLleras.

Vale la pena confrontar de manera directa algunos de los argumentos que ciertos defensores del articulado del proyecto en cuestión tienden a enarbolar.  En un mundo hiperconectado, hiperinformado e hiperveloz, algunas de las afirmaciones que en adelante se controvierten resultan muy endebles y faltas de sustento.  Nos vamos a dar licencia de hablar muy claro.

La #LeyLleras NO legisla para los artistas.

Nos podríamos explayar casi indefinidamente para sustentar esta afirmación, pero en este caso aplicaré la la vieja y útil técnica de que una imagen vale más que mil palabras. Extracto esta contundente imagen de El manual de uso para la creatividad sostenible en la era digital, en la que se muestra claramente cómo se reparte la torta de los ingresos, por concepto de regalías, de la industria ‘copyright’.  Los artistas (en este caso musicales) están muy lejos, con contadas pero muy sonadas excepciones, de beneficiarse realmente en medio de esta realidad.

Como conviene contrastar fuentes, para evitar sesgos, presento también la siguiente tabla, extractada de un muy detallado estudio sobre la industria musical realizado en Argentina y contratado por la Secretaría de Cultura de Buenos Aires.

Conviene preguntarse entonces si no es mucho más benéfico para los artistas colombianos promover una legislación que modere ciertos ingresos de algunos participantes en su cadena de valor. ¿No será más beneficioso para el artista construir leyes que promuevan el uso de la tecnología para abaratar, por ejemplo, los costos de distribución de sus obras?

La #LeyLleras NO legisla para combatir la piratería.

La lucha contra la piratería es otro de los argumentos que más se esgrimen para defender el proyecto de Ley.  En este punto simplemente haré dos afirmaciones: las cifras que se han utilizado durante años para caracterizar este flagelo resultan sumamente imprecisas, razón por la cual es perfectamente posible afirmar que el impacto de una norma como la #LeyLleras será virtualmente imposible de cuantificar en relación directa con el combate a esta práctica ilegal y, por lo tanto, cualquier afirmación al respecto será una muy vaga especulación.

Por otro lado, leyes que en otras latitudes han sido proferidas con el argumento de la lucha contra los filibusteros han demostrado no ser para nada efectivas (un ejemplo: el caso español).  No hay nada que nos lleve a pensar que este no será el caso colombiano, de pasar el tan sonado proyecto sin ajustes técnicos y consideraciones modernas.

La #LeyLleras NO legisla para promover la cultura.

Quienes afirman que esta colección de 19 artículos que nos propone el ministro Vargas Lleras será un arma efectiva para promover las expresiones culturales, desconocen de manera profunda las transformaciones que la industria cultural experimenta en nuestra era. Tuve la oportunidad de organizar y participar en un corto debate con el director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Juan Carlos Monroy (uno de los promotores de la Ley) y una serie de gestores de empresas e instituciones culturales (bibliotecas, museos, centros de acceso a Internet, agencias de promoción digital, etc.).

La sensación que quedó en el ambiente es que definiciones como las establecidas en el proyecto de Ley ocasionarán muchos más tropiezos y confusiones que beneficios a un gran número de esfuerzos que contribuyen a la promoción de la cultura.

¿Y todo esto qué tiene que ver con la tecnología?

Por escribir en ENTER.CO, cuya temática principal es la tecnología, es una pregunta que no puedo dejar de plantearme para concluir el presente artículo.  Es necesario establecer que estamos en la era de la ‘tecnología en pro de la transparencia’. Los ciudadanos de la actualidad, por el solo hecho de contar con una conexión a Internet, tenemos una gran ventana a los debates que tienen injerencia directa en el contexto social de nuestro interés y que antaño eran verdaderas ‘cajas negras’ accesibles a los argumentos e ideas de unos cuantos individuos (poderosos por demás).

La tecnología actual nos permite analizar a profundidad argumentos y contraargumentos, decantar las verdades que son el fundamento de lo que pasa en nuestra sociedad, colaborar, proponer, alertar y socializar los contenidos que alimentan una democracia y que deberían propender por el bien común. Estamos ante una verdadera era de transformación de la democracia, temática que trataremos en el tercer y último artículo de esta serie.

Señores promotores de la #LeyLleras: por favor, hablen con claridad al pueblo que les dio las dignidades que actualmente ostentan. De no hacerlo con prontitud, los costos para nuestra sociedad pueden ser inmensos y muy seguramente la historia terminará dando veredictos categóricos sobre su gestión.

Notas relacionadas:

• La transformación de la industria cultural (primer debate sobre #LeyLleras).
• “La información es un todo”: otra mirada a la ‘Ley Lleras’.
• Infografía y video buscan explicar fácilmente la ‘Ley Lleras’.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.

La Ley antidescargas en España (más conocida como la Ley Sinde) no es la única que da de qué hablar en el país ibérico. Esta semana se desató una polémica relacionada con el papel que desarrolla la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor (SGAE) en ese país en Internet y, específicamente, en las redes sociales más populares como Facebook y Twitter.

Encuestas, que califican la reputación que tienen las principales entidades españolas, concluyen que la imagen que tiene la organización defensora de los derechos de autor en España es la peor de los últimos tiempos y el mismo presidente de la SGAE, Teddy Bautista, habría ordenado un plan para vigilar las redes sociales y evitar que se creen cuentas o perfiles falsos que sean manejados con el fin de atentar contra la imagen de la entidad.

El plan, que buscaría una supuesta transparencia, estaría siendo ejecutado por los inspectores que están bajo el mando de Bautista y otro de los objetivos sería mantener el control (por lo menos en lo que tiene que ver con la reputación de la SGAE) previo a las elecciones para la junta directiva de la organización que se llevarán a cabo en junio próximo.

“Hemos conseguido eliminar ya varias cuentas de usuarios que se hacían pasar por el presidente (Bautista)“, le dijo un portavoz de la SGAE a ElEconomista.

La estrategia de Bautista ha sido cuestionada por los mismos usuarios de las redes sociales que alegan que, con ese mismo plan, se estaría persiguiendo a todos los usuarios que enlazan páginas en las que se difunden contenidos piratas. Algo que, a pesar de los contenidos que ordena la Ley Sinde, para muchos de ellos es considerado como una censura a Internet.

A propósito del plan de la SGAE, ¿cuál cree que es la entidad que más se ve afectada en América Latina por la información que circula en Facebook y Twitter?

Estas son otras noticias relacionadas con derechos de autor y censura en Internet:

• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas sobre el proyecto antipiratería en Colombia.
• Censura en Internet: China, además de Twitter, bloqueó LinkedIn.

Con este foro se busca ilustrar a los senadores de la Comisión Primera, de Asuntos Constitucionales, sobre las características del proyecto, sus beneficios y riesgos. Si bien en nuestra nota ‘18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia‘ intentamos resolver algunas de las dudas y los temores más frecuentes alrededor del proyecto, aún persisten algunas confusiones sobre su alcance e implicaciones, y surgen nuevas preguntas sobre sus peligros.

Por ello, compartimos esta infografía desarrollada en conjunto por ReCrea, RedPaTodos y la diseñadora Mariana Rojas (‘La Furia’), con textos de Alejandra Bonnet y basada en este texto de Carolina Botero y en otra información provista por Pilar Sáenz.

La infografía se comparte con la licencia Creative Commons, por lo que los autores entienden que si un medio como ENTER.CO o cualquier persona la comparte, ellos se benefician de su mayor difusión, y no sienten vulnerados sus derechos. Otra visión de cómo la difusión en Internet beneficia a algunos autores en lugar de perjudicarlos.

Cabe aclarar que las afirmaciones hechas en esta infografía no son la última palabra. Algunos de los temores o consecuencias negativas de la ‘Ley Lleras’ planteadas allí podrían ser considerados por los autores o defensores del proyecto como paranoia o como interpretaciones incorrectas del texto original. Sin embargo, reflejan algunos de los temores que generan ciertos apartes del texto, ya sea por ambigüedad en la redacción, por ser una traducción muy literal de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) o por prestarse a diversas interpretaciones.

Un video de RedPaTodos.

Aquí compartimos este video ‘para dummies’ hecho por RedPaTodos que, en dos minutos, explica claramente cómo funciona el procedimiento propuesto por el proyecto de Ley conocido como ‘Ley Lleras’. Mucho más cercano a la realidad que ciertos videos que han difundido los opositores, como el del ACTA, ajeno a Colombia.

Notas relacionadas:

• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.
• La transformación de la industria cultural (primer debate sobre #LeyLleras).
• Colombia no está entre los países más ‘piratas’ del mundo.

Ya se habla de ‘Ley Sinde colombiana’, surgen hashtags en Twitter como #hadopicolombia y #LeyLleras, y grupos en Facebook como ‘Contra una Ley Sinde/Hadopi en Colombia‘ para asociar el proyecto de Ley presentado por el Ministerio del Interior y de Justicia al Congreso que permitiría llevar a la cárcel a los piratas que usen Internet, así como bloquear o ‘tumbar’ sitios web que incluyan contenidos protegidos por los derechos de autor.

Se está gestando un movimiento en la Web en contra del proyecto, pocas horas después de haber sido presentado, aunque apenas ahora los creadores –encabezados por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, DNDA– han dispuesto un espacio para la discusión pública en línea, de cara a la sociedad. Por los lados del Ministerio del Interior, sus voceros señalan que “es un proyecto, queremos socializarlo y que el resultado final sea el fruto de una concertación”.

Era inevitable: en su afán por presentar el proyecto de Ley al Congreso para que pudiera ‘entrar a la fila’ de la agenda legislativa –por instrucción del propio presidente Juan Manuel Santos–, el ministro Germán Vargas Lleras encendió las alarmas por el temor de que en Colombia se repliquen los fiascos de España (Ley Sinde) y Francia (Ley Hadopi), que no han frenado la piratería, han causado efectos secundarios nocivos y, si algo positivo han generado, es la unión y la reflexión de los internautas para defender sus derechos a la libertad de expresión y de información. También se piensa que este proyecto de Ley sería un primer paso de Colombia hacia el temido Tratado Comercial Antifalsificación (ACTA).

¿Qué hay de cierto en estos temores? ¿Es el proyecto tan malo como temen los más pesimistas, o tan positivo como lo planteó el ministro Vargas Lleras, según el cual representa un gran paso histórico contra la piratería en Internet? ¿Lo necesita realmente el país?

ENTER.CO invita a que no se saquen conclusiones apresuradas y a que, antes que rechazar de plano la iniciativa –impulso natural de todos los que usamos Internet y valoramos la libertad que brinda su poder democratizador–, los usuarios de Internet aprovechen todos los espacios que puedan influir en quienes tomarán las decisiones finales, los congresistas.

A continuación presentamos un listado de 18 preguntas frecuentes y un acercamiento a sus respuestas. Se trata de un documento base, dinámico, que se irá enriqueciendo con el aporte de todos ustedes tanto con la adición de nuevas preguntas como en el complemento a las respuestas. (En una nota posterior, presentaremos la entrevista que el director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, dio a ENTER.CO, en la que responde algunas preguntas adicionales sobre el proyecto y sus implicaciones).

1. ¿Por qué el ministro Vargas Lleras sacó ‘de la manga’ este proyecto de Ley? ¿Qué sabe él de este tema? ¿No tiene otras cosas que hacer?

El proyecto no surge como una ‘ocurrencia’ de un ministro. Es la respuesta a una exigencia que viene incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 alrededor de los derechos de autor, así como los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea. Además, aunque Vargas Lleras fue quien lo presentó al Congreso, es el resultado del trabajo de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI), conformada por 10 ministerios –incluidos el del Interior y el MinTIC–, además de otras entidades, como el Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, la DNDA, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Sena.

2. Si todos nos unimos contra el proyecto, ¿es posible que Colombia pueda seguir sin una ley contra la piratería en Internet?

No. Como ya se dijo, la piratería en Internet debe ser algo sobre lo que se legisle, según el Plan Nacional de Desarrollo. Pero además, esta ley responderá a oblicaciones internacionales del Estado colombiano con respecto a la propiedad intelectual. En otras palabras, tener una ley en este sentido es un requisito para negociaciones tales como los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea.

El mayor riesgo que correría esta Ley es que, después del debate, se ‘caiga’ el proyecto y el proceso se deba iniciar de ceros.

3. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer? ¿Este proyecto es definitivo y no podremos cambiarlo?

¡Hay mucho por hacer! Los que tomen la decisión final son los congresistas. En manos de los ciudadanos está evitar que aprueben proyectos ‘a pupitrazo’ –como ha sucedido con tantas normas importantes para el país–.

¿Cómo podemos empezar? Informándonos sobre el proyecto de Ley presentado (que es un borrador y podrá tener cambios), participando con propuestas, preguntas, peticiones de aclaraciones –sobre todo, de algunas ambigüedades– y toda clase de aportes en foros y comunidades en línea (el espacio oficial, creado por la DNDA, es este foro; también hay un foro de #BrigadaDigital, una comunidad de voluntarios impulsada por el Ministerio TIC, los espacios para comentarios en ENTER.CO y otros medios de comunicación, y audiencias públicas que las entidades organicen para socializar el proyecto).

4. ¿Estas discusiones en línea sí llevarán a alguna parte, o al final se aprobará lo que ya está escrito?

El director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, comentó a ENTER.CO que los aportes que surjan del foro oficial se llevarán a los congresistas, quienes las tendrían en cuenta para las ponencias y los debates.

Aunque con el bajo nivel de aceptación del Congreso de la República, el hecho de que las propuestas de los ciudadanos no obliguen a los congresistas a que al menos los lean, el ejemplo de Chile, donde todo el debate se hizo después de que el proyecto se presentó al Congreso, muestra que una discusión amplia, con participación de todas las partes interesadas (industrias de creadores de contenidos, ciudadanos, proveedores de acceso a Internet y autoridades) y con el aporte de los medios puede dar resultados aceptables. Más sobre el caso de Chile, donde se aprobó la Ley de Propiedad Intelectual, en esta nota de FayerWayer.

5. Habiendo tantos criminales en el país, ¿por qué nos van a declarar como tal a los que compartimos contenidos en Internet? ¿Ahora nos llevarán a la cárcel por ‘quemar’ un CD con música descargada de Internet, por descargar un libro en PDF o por bajar una película?

“Compartir no es robar”: este es uno de los lemas de los internautas de todo el mundo. Y, al menos en este borrador que es el proyecto de Ley, este principio se respeta. El proyecto no crea nuevas causales de responsabilidad civil o penal para los usuarios de Internet (ni para los proveedores de acceso).

Juan Carlos Monroy, director de la DNDA, explicó en los comentarios a la noticia inicial de ENTER.CO:

• “En la piratería tradicional no se penaliza al comprador sino al fabricante y vendedor (ver Artículo 271, numeral 1, del Código Penal). Con la misma lógica, en la piratería de Internet no se busca penalizar al que accede o descarga un contenido, sino a quien vende, ofrece o pone a disposición a efectos de comercialización las creaciones protegidas (ver Artículo 17 del proyecto de Ley)”.
• “En general, el usuario de la Red no es responsable de infracción al derecho de autor por el simple hecho de descargar, acceder o compartir contenidos. Otra cosa es cuando el usuario publica o pone a disposición contenidos protegidos sin autorización, entonces puede ser una infracción civil, y si además se lucra o comercializa dichos contenidos, podrá existir entonces una infracción penal”.

Aquí hay un parte de tranquilidad: descargar contenidos no debería representar ningún problema, aunque queda en el aire cierta ambigüedad sobre en qué se diferencian exactamente ‘compartir’ de ‘publicar’.

6. ¿Los proveedores de acceso a Internet (ISP) monitorearán mi tráfico y saber dónde navego y qué contenidos descargo y comparto?

No. Con el proyecto de Ley, los ISP no adquieren la obligación de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni tampoco la de realizar búsquedas de hechos o circunstancias que impliquen actividades ilícitas.

7. Si la Ley es aprobada, ¿los ISP podrán ‘tumbar’ o bloquear sitios a su antojo? ¿O deberán hacerlo obligados por las autoridades?

El proyecto señala que no se podrán bloquear sitios web completos, solo los contenidos específicos debidamente identificados como infractores al derecho de autor, y no por orden de cualquier autoridad sino de un juez.

Un ejemplo: si un bloguero publicara un video del cantante Fausto, estaría violando los derechos de autor; si algún interesado (por ejemplo, las asociaciones que defienden los intereses de los músicos y compositores) exige que se elimine ese contenido, el ISP podría bloquear la página del video, pero el blog seguiría funcionando.

‘Podría bloquear’, no ‘deberá bloquear’: el retiro del material infractor por parte de los ISP es facultativo –no obligatorio–, a menos que una autoridad judicial disponga lo contrario.

(A partir de este punto pueden surgir más preguntas: ¿y si el blog tiene 10 o 50 páginas con videos protegidos por derechos de autor, las autoridades deberán ordenar el bloqueo de estas páginas cada vez que surjan? ¿O podrán calificar al bloguero como ‘reincidente’ y, ahí sí, bloquear todo el blog? ¿Y qué pasa si el video de Fausto no se publica en un blog, sino en YouTube?

Lo que está claro es que servicios en línea como YouTube están obligados, por la DMCA, de Estados Unidos, a bloquear estos contenidos que infringen las normas.

8. ¿Están bajo amenaza de cierre sitios como Google, YouTube, Flickr, SlideShare, Scribd y otros que nos permiten acceder a la información y al conocimiento?

Al menos por lo que dice el texto del borrador, no. Primero, porque como se dice en la respuesta anterior, no se bloquearían los sitios, sino solo las páginas con contenidos que violen los derechos de autor.

Y segundo, porque incluso un sitio que deliberadamente venda contenidos ilegalmente no puede ser bloqueado desde Colombia si está alojado en el exterior. Lo máximo que se podría hacer contra estos últimos sitios es lograr que los ISP los bloqueen –impidan su acceso desde el país–.

9. Si tengo un sitio web, ¿corro el riesgo de que me lo bloqueen sin saber por qué? ¿Tendré derecho a defenderme?

En teoría, no. El proyecto de Ley obliga a los ISP a informar la causa de los retiros de contenido o bloqueos, y restaurar los contenidos o su acceso en caso de que exista algún tipo de discrepancia o el responsable de los contenidos demuestre que estos no violan los derechos de autor.

En sus artículos 9 a 12, el proyecto plantea los procedimientos que deberán seguir los titulares de derechos de autor, los ISP y prestadores de servicios, así como los que puede realizar quien tenga un reclamo sobre un bloqueo injusto de un contenido.

10. ¿El proyecto es una copia –pirata– de la Ley Sinde o de la Ley Hadopi?

El director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, explica que la CIPI estudió las normas en muchos países, y ni la española ni la francesa inspiraron el proyecto de Ley. Si este proyecto tiene similitudes con lo establecido en otros países, señala, es con Estados Unidos y Chile (ver la entrevista en la nota correspondiente).

11. ¿Morirá en el país el intercambio de archivos mediante redes P2P?

Parte de tranquilidad para los usuarios de Vuze, Ares y otras redes y aplicaciones P2P: no. Ni siquiera se verá afectado, porque el proyecto no regula el intercambio de archivos entre usuarios en redes P2P.

12. Si un bloguero publica una canción o un video protegido por derechos de autor, ¿puede ir a la cárcel?

A simple vista, no, porque no estaría vendiendo estos contenidos, y si no hay ánimo de lucro, no hay responsabilidad penal: solo se propone un castigo a la publicación de obras con fines comerciales sin el permiso de los titulares. Sin embargo, el proyecto deja en una zona gris qué es lucrarse con un contenido. Si el bloguero tiene anuncios publicitarios de Google AdSense, y percibe 10, 50 o 200 dólares mensuales, ¿se está lucrando con esa canción o el video? ¿Tiene el riesgo, así sea remoto, de ir a prisión?

13. Si alguien en Facebook, Twitter u otra red social comparte un contenido protegido por derechos de autor, ¿puede ir a la cárcel?

A diferencia del caso del bloguero, aquí el usuario no tiene ningún riesgo –solo que se borre o bloquee el contenido–, pues en estos servicios no tiene posibilidad de vender publicidad.

Publicar enlaces no está penalizado. El internauta puede acceder, descargar o compartir información y archivos por medio de hipervínculos, sin que esto le represente responsabilidad civil ni penal. Lo que estará penalizado es la publicación o puesta a disposición de contenidos protegidos por derecho de autor sin la debida autorización.

14. Si una persona vende un DVD pirata, un libro descargable en formato PDF u otro, un CD de música en su propia tienda virtual, o en sitios de comercio o subastas, ¿puede ir a la cárcel?

En teoría, sí: se está lucrando con obras que están protegidas por derechos de autor.

Sin embargo, no está claro si practicar la piratería ‘caseramente’ sea suficiente para ir a prisión. ¿La cantidad de obras vendidas, los ingresos percibidos o el tiempo de práctica de la piratería influirían en las decisiones?

15. ¿Se empezarán a ver en Colombia casos de multas ridículas –millonarias– por descargar o compartir música o películas, como ocurre en Estados Unidos y otros países?

Por lo pronto, el proyecto no contempla multas para los usuarios de Internet que descarguen o compartan obras protegidas.

16. ¿Por qué en lugar de criminalizar el acceso a los contenidos, no se promueve que haya más disponibilidad comercial de estos? ¿Por qué no podemos contar con un iTunes Store en Colombia?

La pregunta parte de una premisa muy válida: no todos los que bajan contenidos de Internet lo hacen para no pagar por ellos, sino porque no se consiguen (por ejemplo, producciones musicales europeas) o son excesivamente costosas. Si la tienda iTunes Store, de Apple, ha sido un éxito y distribuye más música que muchos sitios y servicios que no pagan sus derechos de autor, ¿por qué no en Colombia?

En el país –y en otros de Latinoamérica– no hay una iTunes Store porque las negociaciones con las casas disqueras han sido aún más difíciles que con la poderosa RIAA de Estados Unidos, lo cual, probablemente, demuestre que la industria local todavía no ha entendido el potencial de negocio de Internet. Ve la amenaza, pero no ve la oportunidad.

Sin embargo, para responder la pregunta, hay que empezar por decir que las normas no deben depender de la oferta comercial (aunque podría ser algo deseable). Que las disqueras y otras industrias de contenidos evolucionen al nuevo mundo no depende de esta Ley. Y, por otra parte, sí existen en el país algunos servicios de descarga o reproducción en línea de música, aunque su catálogo no sea el más completo ni la experiencia y facilidad de uso sean comparables a una tienda como la de Apple. En este enlace de la DNDA se presentan 8 servicios gratuitos o comerciales.

17. En resumidas cuentas, ¿en qué nos afecta a los usuarios –consumidores de contenidos– esta Ley?

En teoría, por descargar o compartir contenidos sin fines de lucro, no se afecta a los usuarios de Internet. El proyecto de Ley se centra en los ISP, los prestadores de servicios de almacenamiento y otros relacionados con Internet, y en los que publican o distribuyen contenidos ilegalmente.

18. ¿Quiénes tendrán la última palabra sobre el bloqueo de un sitio o las sanciones a quienes violen la Ley?

A diferencia de lo que ocurre en otros países con sus nuevas leyes, este proyecto propone que sea el Poder Judicial –los jueces– el encargado de exigir bloqueo o eliminación de contenidos, o de sancionar a los responsables de publicar o comercializar sin permiso obras protegidas por derechos de autor.

Seguramente surgirán muchas preguntas nuevas sobre este proyecto, en parte porque algunos apartes de su texto se prestan para distintas interpretaciones, y también porque cada uno de los interesados (autores, gremios, ISP y, por supuesto, los usuarios) desearán saber más qué cambiará cuando este proyecto se convierta en Ley de la República.

¿Tiene alguna pregunta que no esté en el listado? ¿O quiere complementar, corregir o mejorar alguna de las respuestas? Sus comentarios también ayudarán a enriquecer este debate que apenas comienza.

Notas relacionadas:

• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• Agencia antipiratería Hadopi recibe 25.000 denuncias diarias.
• Firman acuerdo contra la piratería en Colombia.

Con el proyecto, resultado del trabajo conjunto entre este ministerio y otras entidades como el Ministerio TIC, de una comisión intersectorial de Propiedad Intelectual, según el ministro Vargas Lleras “por primera vez en Colombia se toman medidas serias contra la piratería en todo el uso de la Red”. El ministro agregó que “las autoridades judiciales y la propia Fiscalía señalaban que nos les era posible hacer uso del derecho penal a quienes venían y vienen utilizando internet con propósitos de piratería; esta ley establece penas severas”, agregó.

A primera vista, esta Ley, que es la respuesta a una exigencia incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, sería muy benéfica para los autores en campos como la música, las producciones audiovisuales, los libros, el software, la televisión, la radio, la fotografía y otras artes. Y, por supuesto, el proyecto debe ser muy bien recibido por las industrias relacionadas; el ministerio, al menos, asegura que “contribuye a su crecimiento, competitividad y productividad”.

Pero desde las mismas declaraciones del ministro surgen preguntas como qué es exactamente la piratería y en qué se diferencia de compartir contenidos, y si esta Ley busca beneficiar solo la industria a costa de los usuarios de Internet.

Si este proyecto de Ley supera todo el proceso legislativo, no solo representaría riesgo de cárcel para quien distribuya ilegalmente y con fines comerciales contenidos protegidos por derechos de autor, sino que también significaría que cualquier sitio web que publique estos contenidos corre el riesgo de ser bloqueado o de que se retiren contenidos, algo que con la legislación actual solo es posible con los sitios que promueven la pornografía infantil y la pedofilia. El proyecto de Ley también presenta los mecanismos para que los proveedores de acceso a Internet colaboren con los autores y titulares de derechos de autor y conexos para impedir la piratería de sus obras.

A simple vista, el proyecto de Ley tiene una buena intención y responde a una necesidad real del país de ponerse a tono con los desafíos y oportunidades que brinda Internet para los autores. Sin embargo, preocupa que en su comunicado de prensa, el Ministerio del Interior destaque, como un gran logro, que esta iniciativa ubica a Colombia al nivel de Estados Unidos, España, Francia, Irlanda, Corea, Nueva Zelanda y Chile.

¿Es esto algo bueno? El solo equiparar este proyecto de Ley con la famosa y criticada Ley Sinde de España no deja un buen sabor a los observadores, pues esta ley ha puesto en pie de lucha a los usuarios de Internet en España, que sienten amenazada la libertad de expresión. (Una muy buena explicación de la Ley Sinde la publica el sitio Alt1040 en esta nota). Lo mismo ocurre con la cuestionada –y al parecer poco efectiva– Ley Hadopi, de Francia.

Carolina Botero, abogada, bloguera, colíder de Creative Commons en Colombia y una de las mayores conocedoras de los temas de derechos en Internet, considera que este proyecto de Ley representa un paso hacia adelante en la protección de derechos de autor en el país. “Este tipo de normas es una de las mejores herramientas que se vienen desarrollando dentro de la tendencia internacional de reforzar la  protección del derecho de autor, especialmente en Internet. Pero es precisamente esa la razón de su gran crítica: el hecho de que ignore el ecosistema creativo al favorecer solo un punto y olvidar el resto”.

Según Carolina Botero, quien estuvo al tanto del desarrollo del proyecto de Ley, se suponía que el grupo de trabajo había acordado que el texto pasaría a discusión pública, para que contara con el aporte de organizaciones, expertos y los colombianos en general. Sin embargo, ella cree que “parece que las premuras de la agenda legislativa terminaron con las buenas intenciones, y el proyecto pasó derecho al Congreso”.

“Se debe tener presente que el gran tema dentro de la construcción de estas leyes en el tiempo que vivimos (y teniendo en cuenta a Francia, España, Chile e incluso Brasil) es la participación de la sociedad civil, del público. Durante las últimas décadas estas leyes han sido construidas por los autores y titulares desde su óptica, y poca o nula atención se ha puesto a las necesidades como el acceso y  la información, las del público, que es el otro extremo de esta ecuación. Creo que es un error haber ignorado a la gente en este sentido, las leyes que lo han hecho han generado una reacción de impopularidad muy fuerte (Sinde o Hadopi)”.

A diferencia de los casos de España y Francia, Botero señala que en Chile el proceso no fue fácil pero se consiguieron acuerdos y el Estado cumplió su papel de garante de la sociedad. “Hoy por hoy ignorar al público como parte de la ecuación de cualquier ley sobre derecho de autor es un error que el Estado colombiano está cometiendo, no lo hizo antes pero tampoco lo hace ahora”, agrega.

Ministerio del Interior, apresurado.

ENTER.CO pudo establecer extraoficialmente que, como lo supone Carolina Botero, el Ministerio del Interior se adelantó a la presentación del proyecto de Ley, probablemente por las urgencias de la agenda del Congreso, y no consultó esto con las otras entidades que participaron en el desarrollo del proyecto, ni socializó el texto entre los usuarios de Internet –los directamente afectados por la futura Ley– ni con otras instancias.

En el último tiempo, el Ministerio TIC ha acostumbrado a los colombianos a socializar sus proyectos, con lo cual estos terminan siendo el resultado de debates, propuestas de diferentes ámbitos y consensos. Por ello, que el Ministerio de Interior, por ser el responsable directo de los derechos de autor en el país a través de una dirección a su cargo, maneje un tema tan sensible para los usuarios de Internet –alrededor de 23 millones en el país– a sus espaldas, molesta y genera desconfianza. (ENTER.CO intentó comunicarse con Juan Carlos Monroy, director de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, pero hasta ahora no ha sido posible obtener sus declaraciones y esperamos tenerlas en un siguiente informe).

Sin embargo, hay un parte de tranquilidad para quienes temen que en Colombia haya una ley arbitraria que solo beneficie a la industria a costa de  amordazar a los usuarios de Internet: una fuente del Ministerio TIC reveló que este proyecto de Ley no es definitivo y que se intentará que haya un proceso de socialización, ya no con los tiempos y mecanismos que usa ahora el MinTIC, pero al menos sí se permitirán los aportes de los ciudadanos.

Por lo pronto, y antes de que se saquen conclusiones como ‘Colombia ya tiene Ley Sinde’ o, al contrario, ‘por fin se acabará la piratería en el país’, conviene leer con atención el proyecto de Ley y participar en las discusiones en línea que se generarán alrededor de él.

Algunas preguntas incómodas.

Para iniciar la discusión, planteamos algunas preguntas a nuestros usuarios (cuyas respuestas, según nuestra fuente en el Ministerio TIC, serán tenidas en cuenta para las mejoras al proyecto de Ley):

• ¿Encuentran similitudes concretas entre este proyecto de Ley y las leyes Sinde y Hadopi? ¿Cuáles?
• ¿Qué debería tener esta ley para dejar contentos no solo a las industrias, sino también a los usuarios de Internet?
• ¿Un proyecto que amordazara la libertad de expresión y de acceso a la información en línea frenaría los avances que ha tenido Internet en el país?
• ¿Sería conveniente que el ministro Germán Vargas Lleras fuera igual de enérgico con la verdadera industria de la piratería en el país, que no necesita estar anónima detrás de un computador, sino que se encuentra en grandes centros de comercio en las principales ciudades, y que venden sus productos con total libertad frente a las autoridades?

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