Por Camilo Andrés García*

El exministro Diego Molano Vega intentó pasar la Ley Lleras y tres veces fue derrotado. Colombia hoy no cuenta con un marco legal que modernice al país en materia derechos de autor en la era digital.

Los debates frente al tema fueron cerrados y no hicieron caso a las recomendaciones de prestigiosos académicos que alertaron sobre los peligros de la ley. Como buena parte de la jurisprudencia que se redacta en este país, se aprobó a ‘pupitrazo’ limpio. Tras su paso por la Corte, murió.

Se le dijo falsamente al país que la tecnología sería el motor que ayudaría a sacar de la pobreza a los colombianos. En recientes documentos, el investigador Kentaro Toyama demostró que para este problema la tecnología no es la respuesta. Hoy no es claro cómo van a lograr que las ideas digitales se conviertan en industrias prósperas que nos beneficien a todos.

Siempre se tuvo una fe ciega en la tecnología. La masificación de las conexiones, si bien trae beneficios indudables, viene con un lado oscuro que jamás se tocó y que ni siquiera se tiene contemplado en la agenda pública: el Estado colombiano cuenta con herramientas de control y monitoreo, y hoy tenemos un marco legal y técnico donde nuestras comunicaciones y privacidad están en riesgo.

Ya este es el segundo ministerio donde se trabajó por un tercer canal. Tal y como pasa con el metro de Bogotá, este debe ser el canal de televisión con más estudios del mundo.

Al ministro Diego Molano se le olvidó que este es y seguirá siendo un ministerio de comunicaciones. Allí, en teoría, se deben crear, discutir y modernizar las políticas públicas para que los colombianos se informen y puedan tomar decisiones.

El país vive una explosión de nuevos medios digitales que intentan luchar en medio del oligopolio de la industria. Se han registrado más de 1.500 nuevas ideas, y lastimosamente la mayoría de ellas morirán porque un emprendimiento digital o startup en Colombia es casi un imposible. Ni Actualidad Panamericana, con los millones de visitantes únicos que genera, tiene el futuro claro.

Bajo la administración de Molano, un joven en Twitter se burló de los niños quemados en la Costa Atlántica en un terrible incendio. Casi lo linchan en la universidad a la que asiste. Todo eso sucedió en la maravillosa Internet. #YoAmoInternet. No pasó nada. Los delitos de injuria y calumnia en la red aún no tiene control.

Nunca se reflexionó al interior del gobierno cuál es el beneficio real de las tabletas

Las reglas de Twitter, Facebook y Google están por encima de la legislación colombiana. Nadie hace nada y a nadie le importa. Se le rinde pleitesía a Mark Zuckerberg en la expansión de su negocio. Ni siquiera se cuestiona a qué vino, ni las consecuencias de lo que hace para el futuro de internet y la neutralidad.

Se entregaron miles de tabletas a niños por todo el país. Todas ellas con show y foto. Esos aparatos ya no se usarán en dos años (no se pueden actualizar) y nunca se reflexionó al interior del gobierno cuál es el beneficio real en términos educativos o de desarrollo personal.

En otras partes del mundo sí se cuestiona. Sobre todo cuando se invierten recursos públicos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrolló en Perú demostró que el simple hecho de entregar un computador o tecnología a un niño no lo convertirá en un Bill Gates. De hecho, los estudiantes beneficiados con computadores no obtuvieron mejores calificaciones que aquellos que no los tuvieron.

Aparte de eso, ¿qué se consume en esas tabletas? ¿Acaso Colombia tiene contenido de alta calidad para niños? La respuesta es no. Pero sí se puede consumir mucho porno.

El espacio de esta columna no permite seguir la lista. Sin duda el país avanzó en muchos aspectos en estos cinco años, pero eso lo difundirán en otros espacios.

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*Es periodista digital, emprendedor y profesor universitario. Cubrió la administración de Diego Molano Vega desde su Twitter y en varios medios de comunicación. Es el autor de ‘Mucho hacker’, un libro en el que relata la historia de este movimiento en el país. @hyperconectado.

Puedes leer las demás opiniones de este especial aquí.

Imagen: Ministerio TIC Colombia (vía Flickr).

La ‘Ley Lleras’ vuelve al ring. Luego de que el Congreso decidiera archivar la primera versión, y de que la Corte Constitucional tumbara la Ley 1520 de 2012 (PDF) –que fue bautizada por los internautas como ‘Ley Lleras 2’ o ‘Ley del TLC’– por vicios en su trámite, el Gobierno la puso de nuevo en la agenda del Congreso. Primero por medio del Proyecto de Ley 226 de 2013, que propone de nuevo lo que la ‘Ley Lleras 2’ decretaba sobre las señales de televisión. Y luego con otro proyecto de ley presentado este viernes, que busca que se apruebe el resto del paquete.

Desde la caída de la ‘Ley Lleras 2’, el Gobierno había guardado silencio sobre el tema. Como le dijo el ministro TIC, Diego Molano Vega, a ENTER.CO, era probable que se presentara “el mismo texto” de la derogada Ley, pero eso no se supo a ciencia cierta hasta que se conoció la nueva iniciativa. ENTER.CO no obtuvo respuestas a varios requerimientos de información que hizo a diferentes entidades del Gobierno en el último mes, y luego fuimos informados de que no había posición oficial sobre el tema.

Con el nuevo Proyecto de Ley, el Gobierno finalmente destapó sus cartas y comenzó un nuevo round de su pulso con los activistas de internet.

Activistas piden más debate

Mientras el gobierno callaba, los activistas, los académicos y los internautas ya se estaban moviendo. Su objetivo era evitar que les volvieran a pasar por encima. Decían que el Gobierno tenía en sus manos la oportunidad de evitar los errores del pasado y redactar una buena ley: una iniciativa consensuada, dialogada, que fuera producto de un proceso serio y no del afán de cumplir.

La primera ‘Ley Lleras’ tuvo mucha discusión pública, y gracias a los problemas que salieron a la luz en ese debate el Congreso decidió archivarla. Pero –como recordó el abogado, periodista e investigador Carlos Cortés Castillo– en la segunda Ley “el debate estuvo descartado de plano“. Fue aprobada a las carreras por un Legislativo cuya verdadera preocupación era hacer la tarea para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC en su entonces próxima visita a Cartagena.

Lo que esperaban los activistas era que el Gobierno aprovechara la derogación de esa Ley para llevar a cabo la discusión pendiente. “La nueva Ley no puede salir del bolsillo del ministro sin que haya una discusión previa. El Gobierno debería aprovechar el debate para enriquecer el proyecto de ley“, afirma el abogado Lorenzo Villegas, que se ha opuesto en varios escenarios a los proyectos de ley presentados por el Gobierno.

En opinión de Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma y la más reconocida vocera de la sociedad civil en estas discusiones, el Gobierno no tiene voluntad de hablar con la sociedad civil sobre este tema. “La posición sigue siendo que el Gobierno sabe lo que nos conviene, se lo presenta al Congreso y confía en su ‘unidad nacional’ para que pase. No se resigna a un proceso abierto con la sociedad“, dice.

Incluso los representantes de la industria musical están de acuerdo con que hay que dialogar más: “Me gustaría ver sistemas adaptados a las realidades de cada país“, dice Gustavo Palacio, director ejecutivo de APDIF Colombia, el gremio de los productores fonográficos. “Lo que quisiéramos –añade– es una discusión franca y abierta, que construyamos un sistema real”.

Si hay alguien interesado en que haya una reglamentación efectiva de los derechos de autor es, precisamente, el gremio de los dueños de esos derechos. La intención de las discográficas, como dice Palacio, es llegar a “mecanismos que permitan acceder a los contenidos, y que la gente se acostumbre a acceder a los contenidos en un entorno de legalidad“. Lo que quieren no es, asegura, enviar a la cárcel a los internautas: “La posición de la industria no es ir detrás de personas que descargan música”.

Pero el Gobierno prefirió el silencio. El diálogo ya no ocurrió, y los malentendidos siguen en el aire. El espacio que les queda a los colombianos para debatir el tema es el Congreso de la República, algo que no le gusta mucho a algunos activistas. “El proceso de participación ciudadana en el Congreso es todo menos amable con ciudadanos“, dice Botero.

El argumento que suele esgrimir el Gobierno para negar que estas leyes fueron presentadas a espaldas de la ciudadanía consiste en que su contenido fue discutido ampliamente cuando se redactó y se negoció el TLC, entre 2000 y 2007. “Este no es un tema que haya sido hecho a la ligera. Estas negociaciones duraron años, y fueron discutidas con el sector privado“, nos dijo el ministro TIC, Diego Molano, en ese momento.

Pero para Botero, desde 2007 han pasado cosas en el mundo TIC que hacen que sea necesario que el debate se actualice. “Es ridículo creer que debemos adoptar las medidas que en EE. UU. ya tienen 15 años. La propia registradora de derecho de autor de Estados Unidos dice que hay que reformar el derecho de autor“, afirma.

Lo que exige el TLC

Ninguna de las dos leyes ‘Lleras’ salió de una iniciativa propia del gobierno colombiano. Fueron producto de los compromisos que adquirió el país para poder firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. ¿Cuáles son esos compromisos?

El capítulo 16 del texto del tratado (PDF) compromete al país a hacer que sus leyes de propiedad intelectual sean compatibles con las estadounidenses. Para ello, nuestra legislación debe tener varios instrumentos que hoy no tiene. Uno de ellos es lo que se conoce como “limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios“. La ‘Ley Lleras’ original tenía el objetivo de incluirlo en las leyes colombianas.

Estas limitaciones buscan que un prestador de servicios digitales (es decir, alguien que enlace, almacene o distribuya contenidos digitales) quede eximido de cualquier responsabilidad civil o penal por piratería si desactiva el acceso a ese contenido siempre que el dueño de los derechos se lo pida.

En Estados Unidos, la ley de derechos de autor en internet, conocida como DMCA (Digital Millenium Copyright Act), establece un procedimiento similar. Por ejemplo: si una disquera descubre que un video de YouTube reproduce sin autorización una canción de cualquier artista representado por ella, se comunica con Google pidiéndole que ‘dé de baja’ ese video. Google podría no hacerlo, pero en ese caso se expondría a ser responsabilizado por piratería. La empresa prefiere jugar seguro, y por eso el resultado suele ser que el video es bloqueado de YouTube.

Otra obligación que se impone en el TLC es la de prohibir “la retransmisión de señales de televisión (sean terrestres, por cable o por satélite) a través de Internet sin la autorización del titular o titulares del derecho del contenido de la señal“. La ‘Ley Lleras 2’, tanto en su primera como en su segunda versión, copian esa prohibición palabra por palabra.

¿Es copiar la legislación estadounidense una buena idea?

En su momento, el ministro TIC, Diego Molano Vega, nos dijo que las dos leyes ‘Lleras’ ponen a Colombia “al mismo nivel de derechos que Estados Unidos”con respecto a las leyes de derechos de autor. Sin embargo, la opinión entre los opositores de la iniciativa es que ceñirse de forma cerrada a la legislación estadounidense no es ni una obligación ni una buena idea.

“El TLC no dice que Colombia deba copiar el DMCA“, dice Villegas. Para él, y para Botero, no es necesariamente cierto que el acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos llegue hasta ese punto.

“Nosotros no hemos dicho nunca que no se honren los compromisos adquiridos“, dice Botero. Sin embargo, añade, “el TLC no es una camisa de fuerza. Lo que dice es que debes usar camisa; pero el color, el tipo de manga, de cuello e incluso el material todavía está por decidirse“.

Incluso Palacio, representante de las discográficas, dice que copiar el sistema estadounidense no es obligación. “Nadie dice, ni la industria, que necesariamente tengamos que tener acá exactamente el sistema norteamericano“.

Los activistas han señalado que otros países que también tienen TLC han creado legislaciones que no son copias exactas de las leyes de Estados Unidos. “Los tratados de EE. UU. con Chile, con Europa o con Australia, tienen condiciones similares a las nuestras, pero los procedimientos en cada uno de esos países han sido diferentes“, asegura Botero.

El problema es que no conocemos el problema

El temor de los activistas es que el Gobierno y el Congreso estén creando leyes para solucionar un problema que no conocen bien, y que de hecho ni siquiera están seguros de que exista.

En el primer acto público a favor de la ‘Ley Lleras’, aparecieron varios trabajadores de las industrias culturales a intentar convencer al Congreso de que esa ley iba a salvar de las garras de la piratería al producto de su sufrido trabajo. Para conmover al auditorio, la productora de cine Paula Jaramillo comparó los cinco rollos de una de sus películas –que, asevera, le costó “ocho años de trabajo“– con la copia pirata que consiguió en un semáforo. “La piratería nos imposibilita la recuperación de la inversión en una producción de cine“, dijo.

Nadie estaba intentando penalizar esa clase de piratería. Eso ya era delito entonces, y sigue siéndolo hoy.

La ‘Ley Lleras 2’ también fue tramitada en medio de la falta de información de muchos de los actores de las dos partes del debate. Entre otras imprecisiones, el senador ponente de la Ley 1520, Carlos Ramiro Chavarro, confundió en una de sus intervenciones las protecciones anticopia DRM con los archivos PDF, seguramente con la idea de que los segundos no podían ser editados con un procesador de textos.

Por otra parte, muchos activistas también han cometido desatinos y ligerezas en sus declaraciones públicas: el que esa ley haya sido llamada tan prontamente ‘Ley Lleras 2’, cuando en lo fundamental era diferente de su antecesora, es una prueba de ello. Además, según Cortés, algunos detractores de la Ley se han equivocado al “dar una conversación demasiado sofisticada, que de pronto no sirve para el debate“.

Para Cortés, para crear un ambiente apto para la discusión hay que aclarar estos malentendidos y definir de qué se está hablando. La clave, según dice, es aclarar sobre qué –y sobre qué no– es lo que se pretende legislar. “Necesitamos volver al debate sobre qué es la piratería, cómo está el tema de la piratería en Colombia y qué relación tiene con el uso de Internet“, anota.

Cortes dice que los músicos y los directores de cine “tienen que perderle un poco el temor a inspeccionar ese paradigma que les vende el gobierno de que esta ley es para salvarles el empleo“. Mientras tanto los internautas, añade Cortés, deberían “dejar de pensar que esta ley es la que va a volver piratas y delincuentes a los usuarios de internet“.

Otro problema es que se desconoce el tamaño de la situación que se intenta atacar. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el tamaño de la piratería, ni la proporción que ocupa con respecto al mercado legal. A pesar de esto, hay algunas cifras que ayudan a perfilar el fenómeno:

• Business Software Alliance (BSA), el gremio de los creadores de programas informáticos, publicó un estudio el año pasado que dice que el 53% del software es pirata, y su valor comercial equivaldría a 295 millones de dólares.
• En una entrevista reciente con El Espectador, Juan Hardoy, director legal antipiratería de Microsoft para América Latina, dijo que la red es –por encima de las ventas callejeras– el espacio más ‘pirata’ en Colombia. “A través de internet se ejecutan el 45% de las acciones que tienen que ver con la piratería“, aseguró.
• MusicMetric, un servicio que mide la popularidad en internet de los músicos y rastrea la cantidad de descargas por BitTorrent, dice que en nuestro país hay 3.041.490 personas que bajan música a través de ese servicio.  

Ninguna de esas cifras fue mencionada en alguno de los debates, a pesar de que algunas ya estaban disponibles en ese momento. Y más allá de los números, nadie sabe quiénes son los piratas colombianos. Nadie conoce nada sobre su demografía, su educación, su nivel de ingresos o sus intereses. No se sabe bien si lo hacen para robar o para obtener contenidos que no están disponibles de otra manera.

Si eso no se sabe, no se puede avanzar en una solución. Las leyes ‘Lleras’ buscan ponerle talanqueras penales a la piratería; y sus promotores nunca se detuvieron a pensar si, como dicen algunos empresarios y académicos, lo que alimenta el fenómeno son las deficiencias del mercado.

Faltan más ’rounds’

Aunque el nuevo proyecto de ley hasta ahora comienza su camino, ese no es el único tema pendiente. El asunto más fuerte, que es la responsabilidad de las ISP y el procedimiento para el bloqueo de contenidos, sigue sin discutirse tras el hundimiento de la primera ‘Ley Lleras’.

El ministro Molano nos dijo el año pasado que ese debate se haría sobre la mesa: la discusión, aseguró, la “daremos abiertamente al país […] y le explicaremos a todo el mundo cuál es el alcance del TLC en esa materia“. De hacerlo, el Gobierno tendría la oportunidad de crear una mejor ley, y de pagar un menor costo político por ella. No es gratuito que, después de más dos años de haber radicado la primera iniciativa, hoy nada de esto esté vigente en nuestra legislación.

Mientras tanto, como dice Villegas, “la sociedad civil toma conciencia de su importancia en todo este tema“. Y a pesar de que ya le pasaron por encima dos veces, esa misma sociedad civil está esperando que el Gobierno cumpla esa promesa.

Actualización 5:45 p.m.: La Dirección Nacional de Derechos de Autor le confirmó a ENTER.CO que este fue el proyecto de Ley  radicado en el Congreso y firmado por el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, y por el Ministerio de Comercio, Sergio Díaz Granados.

Su texto coincide plenamente con el que publicamos en esta misma nota esta mañana. En próximos días el Ministerio divulgará más información sobre la iniciativa.

Nota original:

Como ENTER.CO lo había anticipado, el Gobierno habría presentado de nuevo ante el Congreso de la República la ‘Ley Lleras 2’ o ‘Ley del TLC’. Se trataría de un nuevo proyecto de Ley, esta vez firmado por los ministros del Interior, Fernando Carrillo, y de Comercio, Sergio Díaz Granados, que fue revelado por varios grupos de activistas.

ENTER.CO se comunicó con el Ministerio de Comercio y con fuentes del Congreso de la República para verificar la veracidad del Proyecto de Ley. Cuando haya confirmación o desmentido actualizaremos esta nota.

El texto (PDF) básicamente transcribe el texto de la Ley que fue derogada por la Corte Constitucional, excepto el apartado relativo a las cuotas de pantalla, que ya había sido presentado anteriormente al Congreso por el Gobierno.

Desde ya se avecina una nueva batalla de opinión entre los activistas y defensores de internet con el Gobierno. Antes de la radicación de la Ley, grupos como Red Pa Todos estaban abogando por una oportunidad para discutir y negociar seriamente una legislación de derechos de autor en internet.

El Gobierno, hasta ahora, había guardado silencio sobre el tema: el Ministerio TIC le había dicho a ENTER.CO que no había posición oficial sobre el tema, y el Ministerio de Comercio no respondió una serie de preguntas que ENTER.CO le hizo llegar sobre la Ley. Hasta el momento, no hay comunicaciones oficiales ni boletines de prensa sobre este proyecto de ley.

Actualización: El colectivo RedPaTodos nos aclaró en un tuit que el texto no fue una filtración como publicamos en un principio, sino que fue rastreado y publicado este viernes por el servicio de información jurídica Articulo20.com.

La Ley de Derechos de Autor para el TLC, también conocida como ‘Ley Lleras 2’ o ‘Ley del TLC’, pasará de nuevo por el Congreso. El Ministro TIC, Diego Molano Vega, le dijo a ENTER.CO que el Gobierno espera volverla a presentar al legislativo.

“Lo que está pensando el Gobierno es volver a presentar el mismo proyecto; se cayó por fondo y no por forma“, dijo Molano en un encuentro con periodistas este martes. Una información, en el sentido de que la ley iba a volver a ser presentada, también fue confirmada por ENTER.CO con fuentes en el Congreso de la República.

Esta ley, aprobada el año pasado, regulaba algunos temas de derechos de autor en internet y encendió una polémica en la red y en algunos medios políticos del país. Sus detractores afirmaban (y aun lo hacen) que fue aprobada sin debate, que era restrictiva para grupos como estudiantes o bibliotecas públicas, y que atacaba los llamados ‘usos justos’ de los contenidos protegidos con derechos de autor. Sus defensores afirmaban que ese últímo no es cierto, y que su aprobación no tuvo las consecuencias catastróficas que previeron sus críticos.

En enero de este año, la Corte Constitucional tumbó la totalidad de la ley, tras decretar que su trámite en el Congreso estuvo viciado. Sin embargo, el alto tribunal no se pronunció sobre los contenidos de la iniciativa, lo que sería la base del Gobierno para intentar que el Congreso la apruebe de nuevo.

ENTER.CO está buscando más detalles y reacciones sobre esta información, y actualizaremos esta noticia tan pronto las obtengamos.

La Corte Constitucional le dio la razón al senador Jorge Enrique Robledo y a decenas de internautas: la Ley 520 de 2012, llamada por los internautas como ‘Ley del TLC’ o ‘Ley Lleras 2’, fue declarada inexequible totalmente en la noche de este miércoles, según pudo confirmar ENTER.CO con el senador Robledo y otras fuentes independientes.

La Corte acogió tanto los argumentos de forma como los de fondo presentados por el Senador. Según El Tiempo y otros medios, la Corte encontró, como lo señalaba Robledo, que dos de los artículos de la Ley, el 13 y el 14, son inconstitucionales porque violan las libertades fundamentales de expresión y comunicación.

El artículo 13 es el que prohibía la retransmisión de señales de TV sin permiso del dueño de los derechos, y el artículo 14 penalizaba la ruptura de ‘candados’ anticopia o DRM. Según los críticos de la Ley, este último restringía incluso la copia privada de contenidos adquiridos legalmente.

La Corte, según nos dijo el Senador y algunas versiones de prensa, también aceptó el argumento de forma, que aducía que su trámite por el Congreso estuvo viciado. Eso hace que la totalidad de la Ley quede invalidada.

Cabe aclarar que, en este momento, no hay un pronunciamiento oficial de la Corte sobre la decisión.

En charla con ENTER.CO, el senador Robledo celebró la decisión. “Debemos congratularnos, porque la norma se cae por razones de fondo y por razones de forma. De fondo, porque esa era una ley que contenía una política de propiedad intelectual especialmente agresiva, en particular en el caso de Internet, y esta norma lo afectaba en materia gravísima“, dijo.

Por su parte, el senador Camilo Romero, otro opositor público a la iniciativa, también manifestó su complacencia sobre el fallo de la Cortede la Corte “Es una victoria de una nueva ciudadanía, que derrota a una política tradicional que legisló con una lógica del pasado sobre el futuro de la humanidad“, le dijo a ENTER.CO.

La activista Carolina Botero, del colectivo Red Pa Todos, adujo que la decisión era esperable. “No me sorprende que suceda. La Corte tenía muchas razones tanto de fondo como de forma para pronunciarse en contra de la ley. Eso nos da la razón y obliga al gobierno a replantear su estrategia legislativa, en la que no contó con la sociedad civil. Y al Congreso no le quita su responsabilidad por aceptar trámites expeditos, un caso más de actuar sin leer“, sostuvo en una conversación con nosotros.

Nos comunicamos con el despacho del Ministro TIC, Diego Molano Vega, y allí nos dijeron que el Ministerio no podía hacer pronunciamientos oficiales hasta que el fallo no fuera conocido públicamente. Eso quiere decir que es posible que pasen varios días antes de que el Gobierno se pronuncie, pues la Corte suele publicar los fallos tiempo después de que las decisiones son tomadas.

Hoy miércoles la Corte Constitucional podría decidir si la Ley 520 de 2012, conocida por los internautas con la ‘Ley del TLC’ o ‘Ley Lleras 2’, se hunde o se salva. Según el orden del día del alto tribunal, la Corte decidirá una demanda interpuesta por el senador Jorge Enrique Robledo, quien afirma que la Ley es inconstitucional por vicios de forma.

Robledo le expuso a la Corte dos argumentos contra la Ley, uno de contenido y uno de forma. El de contenido afirma que la Ley es inconstitucional porque atenta contra los derechos constitucionales de los colombianos. “Demandamos la Ley porque creemos que contraria al derecho fundamental a la información y a la comunicación“, le explicó el Senador a ENTER.CO.

El argumento de forma consiste en que, a juicio del Senador, el Congreso tramitó la iniciativa de forma equivocada. “Se discutió como si fuera un tratado internacional en la Comisión Segunda, cuando en realidad era una ley estatutaria que debió haber pasado por la Comisión Primera“, afirmó Robledo.

Según le explicó a ENTER.CO Manuel Sarmiento, miembro del equipo legal de Robledo, el que el trámite esté en la orden del día no garantiza que el veredicto definitivo sea emitido el miércoles. Aunque normalmente la Corte discute y decide estas iniciativas en el mismo día, si la discusion se dificulta podrían tomar la decisión en la siguiente Sala Plena, que será la próxima semana.

Además de la demanda de Robledo, el senador Camilo Romero interpuso otra demanda a la Ley ante la misma Corte. Romero afirma que la iniciativa tiene “vicios de fondo que ponen en riesgo derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia“, y que algunos de sus artículos “vulneran los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad“. Esa demanda aun no ha sido resuelta por el alto tribunal.

Como se recordará, la Ley fue aprobada en abril del año pasado por el Congreso de la República. La discusión de la Ley generó un debate entre los internautas colombianos, que afirmaban –entre otras cosas– que el trámite de la Ley había impedido el debate, que limitaba las posibilidades de consumir contenidos en Internet de grupos como estudiantes o bibliotecas públicas, y que restringe los llamados ‘usos justos’ de los contenidos protegidos con derechos de autor. Sus defensores afirman que ese últímo no es cierto, y que su aprobación no tuvo las consecuencias catastróficas que previeron sus críticos.

Mientras en estas latitudes las decisiones sobre los derechos de autor en Internet se toman en unas pocas semanas, en Dinamarca la discusión tomó varios años. El resultado final, que se conoció este miércoles, fue contundente: no combatir a la piratería con garrote, sino con zanahoria.

El Ministerio de Cultura de ese país anunció que su lucha contra la piratería no se basará en el cuestionado modelo de los tres ‘strikes’, en el que una persona queda ‘desterrada’ de Internet luego de que las autoridades la descubran descargando contenidos piratas por tercera vez. En contraste, según informa TorrentFreak, la estrategia consistirá mayoritariamente en fortalecer la creación de modelos de negocio alternativos y legales y en educar acerca de los problemas que causa la piratería.

El llamado ‘Paquete Pirata’, como ha sido bautizado el conjunto de medidas en ese país, crea un espacio llamado ‘Foro de Innovación’, una plataforma para apoyar a quienes estén interesados en crear modelos de negocio innovadores que sustituyan la piratería. El Foro, según el gobierno danés, “ayudará a crear una base para la colaboración futura entre industrias (…) con el objetivo común de asegurar que los consumidores tengan un acceso libre y equitativo a tanto contenido creativo como sea posible”.

Además, también compromete a las ISP, a los dueños de los derechos de los contenidos, al gobierno y al Consejo del Consumidor de ese país a llevar a cabo una campaña para informar al público cuáles servicios son legales y cuáles no, así creando conciencia sobre el “significado y las consecuencias” de la piratería.

El paquete también determina el procedimiento para que los dueños de los derechos puedan pedir el bloqueo del acceso a un sitio ‘pirata’ en ese país –lo que quería reglamentar la primera ‘Ley Lleras’ en Colombia–: las empresas deben demandar a una ISP ante un juez, quien debe determinar si el sitio debe ser o no restringido. La ISP se compromete a no apelar la decisión y a comunicársela a las demás empresas proveedoras de Internet para que la ejecuten.

La decisión fue bien recibida entre los activistas daneses. “Las campañas antipiratería y las organizaciones de copyright no se salieron con la suya esta vez. Pienso que es una decisión valiente de los políticos”, le dijo a TorrentFreak Troels Møller, fundador de un centro de pensamiento sobre legislación de Internet llamado Bitbureauet. “Es buena idea concentrarse en la operación de servicios legales que aseguren que la gente querrá usarlos”, añadió.

¿Qué opinan de este modelo de lucha contra la piratería? ¿Qué lecciones podríamos aprender por estos lados? Esperamos sus comentarios.

La aprobada ‘ley del TLC’ podría ser declarada inconstitucional. El senador Camilo Romero radicó una demanda contra la Ley 201 de 2012 ante la Corte Constitucional de Colombia, que en caso de ser aprobada invalidaría la Ley y obligaría a que se tramitara nuevamente ante el Congreso.

En un ‘post’ en su blog oficial, el senador Romero dice que la Ley tiene “vicios de fondo que ponen en riesgo derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia“. En concreto, según Romero, algunos de sus artículos “vulneran los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad”.

“Esta Ley no reconoce Internet, y los contenidos que circulan por este medio, como el nuevo espacio público para la participación ciudadana y la democracia“, asegura el senador.

Romero le explicó a El Tiempo algunos detalles de la demanda. “Por ejemplo, se vulnera el derecho a la libertad de expresión en el artículo 13, que prohíbe la retransmisión de televisión por Internet. Además creemos que se vulnera el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución y un claro ejemplo de esto es el artículo 19, en el cual […] se otorga a cualquier autoridad administrativa la posibilidad de conocer la información de los supuestos infractores”.

La Corte Constitucional ahora deberá asignarle la demanda a uno de sus magistrados, quien tendrá 10 días para decidir si admite o inadmite la demanda. En ese último caso, se la devolvería al senador porque tiene un error que se pueda solucionar o porque no llena los requisitos. Como se trata de una demanda de constitucionalidad, la Corte no puede rechazar la demanda en primera instancia.

Aprobada y oficializada la ‘ley del TLC’, muchos usuarios se preguntan si se puede hacer algo –que no sea ilegal– para resistirse un poco a las prohibiciones reforzadas por la medida. Resulta que sí. Hay una manera de poner a disposición todo lo que uno hace para que otros lo puedan reutilizar, republicar o utilizar como base para una obra derivada sin temor a que la ley les caiga encima: utilizar licencias abiertas.

Hay varios tipos de licencias abiertas. Entre las más conocidas están las licencias GNU GPL y las licencias Creative Commons (CC). Las primeras están dirigidas a los programas informáticos, y al utilizarlas el autor declara que se trata de una pieza de software libre, por lo que cualquier usuario tiene derecho a instalarla, utilizarla, modificarla o distribuirla sin ningún obstáculo. Entre el software cobijado por esta licencia están los sistemas operativos Linux, el programa de edición fotográfica GIMP y las ‘suites’ de oficina OpenOffice y LibreOffice.

Las segundas están diseñadas para todo tipo de contenidos: textos, imágenes, audios, infografías, videos, etc; tanto dentro como fuera de Internet. Las licencias CC tienen la característica de que amplían las posibilidades que tiene el autor para permitir ciertos usos y restringir otros. Esto hace que, por ejemplo, un fotógrafo pueda publicar su obra para que sea usada sin ánimo de lucro, sin que eso signifique que no tenga derecho a cobrar por ella cuando es utilizada con propósitos comerciales.

Los autores pueden poner una o varias de las siguientes condiciones:

• Atribución: que su obra solo pueda ser reutilizada si se le reconoce como autor de ella en la nueva publicación.
• No comercial: que su obra solo pueda ser reutilizada si se hace sin ánimo de lucro y con propósitos no comerciales.
• Sin derivar: que su obra no pueda ser utilizada como base para la creación de una obra nueva.
• Compartir igual: que su obra solo pueda ser reproducida o utilizada como base para la creación de una obra nueva si se hace en una publicación que también tenga una licencia CC.

Por ejemplo, los contenidos de ENTER.CO están cobijados por una licencia CC que les permite a nuestros usuarios reutilizar nuestros contenidos, siempre y cuando nos den el crédito, lo hagan sin ánimo de lucro y el resultado también esté protegido por una licencia CC.

¿Por qué es importante declarar que un contenido es libre?

Cuando alguien publica algo en cualquier lugar, ese contenido inmediatamente queda protegido por los derechos de autor. Por eso, lo que el autor debe hacer para renunciar a esa protección es declarar explícitamente que se acoge a otro tipo de licencia. Hacerlo es muy sencillo: basta decirlo públicamente en el lugar donde están publicados los contenidos: puede ser en el ‘footer’ o barra inferior del blog, en el sitio donde está publicada la música, o incluso en una esquina de una presentación.

De hecho, algunos sitios como Flickr o WordPress ofrecen opciones para que la publicación quede automáticamente protegida por una licencia abierta sin que el usuario tenga que hacer nada.

Al hacerlo, además alimentarán la biblioteca de contenidos libres, que crece todos los días y que les permite a muchos internautas –ENTER.CO entre ellos– crear y republicar nuevas cosas sin temor a violar los derechos de nadie.

Actualización 10:54:18: El título de esta nota fue modificado.

La ‘ley del TLC’ ya es oficialmente Ley de la República. El presidente Juan Manuel Santos firmó este viernes el proyecto de ley 201 de 2012, con lo que se surtió el último paso que hacía falta para que esta entrara en vigencia.

“Con la firma de estas Leyes queda despejado el camino para decretar la implementación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos”, dijo Santos al momento de firmar la ley. “En la reunión bilateral que tengo (el domingo) con el Presidente Obama podamos decir una fecha concreta para la entrada en vigencia, en términos prácticos, de este acuerdo tan importante para los dos países”“, añadió el mandatario.

En el acto estuvieron presentes los ministros del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras; Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Diego Molano Vega; y Comercio, Industria y Turismo, Sergio Diaz-Granados. También hicieron presencia algunos congresistas. El acto se llevó a cabo en Cartagena, en medio de la Cumbre de las Américas.

En el acto,  Santos destacó la rapidez del Congreso para aprobar esta y otras leyes: “El Congreso de la República y ustedes, apreciados senadores, senadoras, apreciados representantes, deben ser quienes se lleven buena parte del crédito de los beneficios, entre otras muchas leyes y entre otras muchas reformas, de este acuerdo”, señaló.

La ley se aprobó en el Congreso el pasado martes a pesar de las críticas que se le hicieron desde sectores académicos, y despertó una airada respuesta de parte de Anonymous, quien hizo el mayor ataque simultáneo de su historia en Colombia.

Pese a que muchos sectores rechazan la ‘ley del TLC’ de forma abierta y emotiva, hay sectores que resultaron beneficiados con la iniciativa e incluso han salido a defenderla públicamente. ¿Quiénes son?

El Gobierno Nacional.

Con la aprobación del polémico proyecto de ley antes de la Cumbre de las Américas, el Gobierno se salió con la suya. El objetivo era lograr que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC junto con Juan Manuel Santos cuando estuviera en Cartagena. Para ello, este proyecto y otros más debían estar aprobados antes del 13 de abril; y el Congreso hizo la tarea obedientemente. Pero falta ver si Obama finalmente firma o no el tratado, pues no se ha confirmado que lo vaya a hacer. Si no lo hace, -como dicen las abuelas- del afán solo habrá quedado el cansancio.

Los canales y programadores de TV.

Ganan por partida doble. Por una parte, ahora cuentan con un nuevo instrumento legal para que se castigue a quien reproduzca sus señales sin su permiso, con lo que se ilegalizan los sitios como Cuevana o Roja Directa, los cuales son competencia de los servicios de ‘streaming’ de los propios canales y proveedores de cable. Por otra parte, con la reducción de la ‘cuota de pantalla’ (la proporción de producciones nacionales que están obligados a emitir), podrán disminuir sus costos: producir un programa en el país es más costoso que comprar los derechos de un ‘show’ extranjero.

Los ‘hackers’ éticos.

El artículo 15 de esta ley permite romper ‘candados digitales’ para ciertos usos éticos: hacer que un software pueda operar en conjunto con otros, evaluar fallas de seguridad en un software o un sistema, desactivar herramientas que puedan vulnerar la privacidad del usuario, entre otros. Esto saca del limbo legal a quienes hagan esta clase de tareas de buena fe y garantiza que no serán acusados penalmente por lo que hacen. Si el texto de la ley hubiera incluido excepciones para otros usos justos –que de hecho, según el ministro TIC, siguen existiendo-, el Gobierno se hubiera ahorrado la tormenta de críticas que le ha caído.

¿Cree que la oposición a la ‘ley del TLC’ podrá servir para algo?

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La polémica que ha generado la aprobación de la ‘ley del TLC’ sigue muy activa y los usuarios están casi que protestando en bloque contra ella. Sin embargo, no son los únicos que resultaron perjudicados con la iniciativa. ¿Qué otros sectores perdieron el pulso contra la ¿ley del TLC’?

Los internautas.

A pesar que el Gobierno ha salido por todas partes a intentar aplacar la ira de los usuarios de Internet, estos tienen buenas razones para estar furiosos. La ley no es clara sobre los derechos de los contenidos televisivos, ni sobre las penas de cárcel, ni sobre la definición de lucro -que, como está planteada, no excluye usos no comerciales-, ni sobre los usos legítimos que podrían tener las personas en discapacidad (pronto profundizaremos en algunos de estos casos). En general, existen muchas cosas que no están claras y que podrían atentar contra los derechos y la cultura del ‘remix’ de los usuarios de Internet.

Los sitios que retransmiten contenidos de TV (y sus fanáticos).

Hay quien no podría pasar un fin de semana sin Cuevana. Para los fanáticos del fútbol, sitios como Roja Directa son el paraíso. Ambos, entre muchos otros, hacen actividades que esta ley prohíbe, pues reproducen sin permiso señales de televisión. Esto hará que el funcionamiento de estos sitios sea ilegal en Colombia, y abre la puerta a que sean perseguidos penalmente, tal como ocurre con Cuevana en Argentina. Además, los usuarios perderán el único -o al menos el mejor- acceso que tenían a muchos contenidos que no llegan por TV abierta, lo que será especialmente doloroso para -entre muchos otros- los aficionados a seguir partidos de fútbol a través de streaming.

Los productores nacionales de TV.

La reducción de la cuota de pantalla hace que quienes se dedican a hacer contenidos nacionales para televisión probablemente encuentren menos clientes para sus producciones, pues quizás los canales van a preferir comprar programas extranjeras que hacer programas nacionales: sencillamente, es más barato.

¿Qué otros sectores creen que salieron ‘heridos’ con la aprobación de esta ley?

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Y ustedes, ¿qué opinan de esta ley?

En una charla con ENTER.CO, el ministro TIC, Diego Molano Vega, afirmó que la ‘ley del TLC’, aprobada por el Congreso este martes, no acaba con los llamados ‘usos justos’ de los contenidos protegidos por derechos de autor.

Según Molano, esta ley no acaba con las excepciones consagradas en otras leyes, las cuales que garantizan que se puedan utilizar estos contenidos para hacer copias privadas o para utilizarlos en trabajos escolares, por ejemplo. “Dicen: ‘un niño del colegio se va a ir a la cárcel por poner un video de Shakira en una exposición’. Eso no es cierto. ¿Dónde dice que lo van a echar a la cárcel? Hay una excepción”.

En concreto, estas limitaciones están en el capítulo III de la Ley 23 de 1988 y en el capítulo VII de la decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones.

Según el ministro, los usuarios colombianos no tendrán derechos ni prohibiciones que actualmente no estén en las leyes de Estados Unidos. “Un internauta estadounidense tendrá la misma posición que uno colombiano”, afirmó.

Molano también defendió al Tratado de Libre Comercio y destacó que, a su juicio, “le da muchas oportunidades para la industria TIC colombiana”. Así mismo, negó que esta ley vaya en contra del desarrollo de la Red. “En ningún momento estamos creando mecanismos para frenar el desarrollo de Internet, porque estamos creando mecanismos para acercar nuestro marco al del país que es líder en este tema”, aclaró.

Finalmente, el ministro TIC negó nuevamente que la ley 201 de 2012 sea una reedición de la fallida ‘ley Lleras’. “No estamos incluyendo nada de lo que tiene que ver con la responsabilidad de los proveedores de Internet. No estamos generando mecanismos para bloquear los contenidos en Internet. Estamos actualizando el marco legal de los derechos de autor, que se creó cuando Internet prácticamente no existía”, anotó.

Tras su aprobación anoche en el Congreso de la República, senadores, ministros y activistas han reaccionado por la aprobación de su iniciativa de la ‘ley del TLC’.

El senador ponente, Carlos Ramiro Chavarro, le dijo a ENTER.CO que no creía que hubiera sido discutida de afán, porque “la discusión del TLC comenzó en el 2004” y el mensaje de urgencia con el que el Gobierno radicó el proyecto de ley “obliga que el Congreso haga el trámite rápidamente”.

Chavarro destacó que la aprobación no se hizo a puerta cerrada, y dijo que, a su juicio, el debate fue amplio: “Aquí se han discutido todos los temas. Hemos hecho un trabajo serio y responsable, consagrando los derechos legítimos que tiene el autor de una obra. El debate fue abierto al país. Se pudieron hacer todas las preguntas y se absolvieron”.

Pese a ello, Carolina Botero, abogada especialista en derechos de autor, sí lamentó la velocidad con la que se hizo todo el trámite. “Es un mecanismo de anular debate. Cuando se hace un mecanismo legislativo en tan pocos días, no hay manera ni de mostrar argumentos ni de presentarlos. Un poco de debate no le habría hecho daño a la democracia”, dijo. Además, según la abogada, la ley aprobada no soluciona ninguno de los problemas que se habían identificado antes de su tramite.

Por otra parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, también defendió la ley. Según menciona El Tiempo, el ministro Vargas dijo que “los estudiantes están debidamente protegidos. El derecho de almacenamiento que podrían reclamar los estudiantes (…) es una expresión del derecho de reproducción”.

La reacción del ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados, fue similar. En una charla con la estación radial La W, negó que se trate de una nueva versión de la ‘ley Lleras’ y que algunos usos justos están protegidos. “Si una persona tiene un blog sobre cine y quiere poner fragmentos de una película lo puede hacer”, afirmó.

Pero para el senador Camilo Romero, el más activo opositor de la ley del TLC en el Senado, lo ocurrido fue lamentable: “El Congreso ha legislado para el mañana con las mañas del pasado. Se aprobó lo que en Estados Unidos no se aprobó ni con la ley Sopa ni con la Ley Pipa. Aquí se está legislando en contra de la humanidad, de las recomendaciones de las Naciones Unidas para poner por encima (de los derechos de autor) la libertad de expresión y la libertad de opinión”

El proyecto de ley 201 de 2012, que contiene la llamada ‘ley del TLC’, fue aprobado por el Senado de la República. La Cámara, por su parte, también la votó afirmativamente.

En la Cámara, el trámite fue rápido. Cada uno de los partidos políticos votó en bloque y la iniciativa pasó sin mayores inconvenientes. En el Senado, sin embargo, el asunto fue un poco más dispendioso. Comenzó después de las 4 de la tarde –pese a que había sido citado para las 3–, y la ley en cuestión solo inició a ser debatida luego de una hora y media.

Varios senadores, especialmente Camilo Romero, expresaron sus objeciones y argumentos en contra de la iniciativa. Los promotores del proyecto, sobre todo el ponente, Carlos Ramiro Chavarro, intervinieron en su defensa.

Luego de que el senador Camilo Romero, entre algunos otros, radicara más de 10 propuestas para cambiar el articulado de la ley, y de que cada una de ellas se discutiera en el Senado sin que alguna fuera aprobada, el Senado finalmente aprobó que fuera convertido en Ley de la República.

Este Storify resume el cubrimiento en vivo que hicimos en ENTER.CO, en directo desde el Congreso de la República.

Mientras el Senado de la República discute en plenaria si aprueba o no la ‘ley del TLC’, el grupo hacktivista Anonymous lanzó un ataque a gran escala en protesta con la casi segura aprobación de la medida.

En su página en Facebook, el grupo listó algunos de los blancos que son objeto de ataque en este momento y mantiene información sobre los nuevos blancos. Entre ellas, están las páginas de la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Representantes y varios ministerios y alcaldías. El grupo también ingresó al perfil de Facebook del senador Víctor Hugo Moreno.

Según su cuenta de Twitter, más de 3.000 hacktivistas participan en este momento en los ataques masivos de denegación de servicio:

Los grupos internacionales de Anonymous también han convocado a sus miembros al sumarse a los ataques.

Desde la aparición del proyecto de ley 201 de 2012, Anonymous ha sido uno de sus más tenaces opositores. Cuando fue aprobada en primer debate, lanzó un ataque DDoS que puso fuera de servicio el sitio Web del Senado por varios días.

ENTER.CO lleva semanas tratando el tema de la ‘ley del TLC’. A pocas horas de que sea discutida en la plenaria del Senado de la República, les refrescamos la memoria con todos los temas que hemos publicado sobre ella:

• ‘Ley del TLC’: los puntos para no perder de vista. La explicación de por qué fue radicada de urgencia y las primeras críticas que surgieron tan pronto fue presentado el proyecto.
• ‘Ley del TLC’: mal redactada y muy agresiva. Críticos de la iniciativa le dijeron a ENTER.CO que la ley no contempla algunas excepciones que consideran justas y fija protecciones demasiado fuertes a los derechos de autor.
• ¿Qué pasa con la radio y la TV en la ‘ley del TLC’?  La ‘ley del TLC’ no deja claro cuáles son los usos legítimos de las retransmisiones de radio y televisión en Internet. Según expertos, eso podría abrir las puertas a la censura.
• Anonymous protesta contra ley del TLC y tumba la página del Senado. El grupo activista comenzó de esa manera su operación para oponerse al proyecto.
• ¿Es la ‘ley del TLC’ la ‘ley Lleras’ recargada? Por qué el Gobierno dice que esta ley no es la ‘ley Lleras’ recargada, y por qué los críticos dicen que sí lo es.
• Ley del TLC “no fue hecha a la ligera”: ministro de las TIC. El ministro Diego Molano defiende la ‘ley del TLC’ de las críticas.
• ¿Por qué tanto alboroto? y otras 11 preguntas sobre la ‘ley del TLC’. Preguntas y respuestas básicas, especialmente para quienes no se han enterado de la discusión.
• ‘Ley del TLC’ sí es más agresiva que legislación estadounidense: académicos. Pese a que el ministro Molano dijo que esta ley no era más fuerte que la ley de Estados Unidos, un grupo de expertos legales dicen que sí lo es.

Estamos en vivo desde el Congreso de la República, transmitiendo a través de nuestra cuenta de Twitter @ENTERCO, las incidencias del debate final de la ley.

Una carta publicada por RedPato2, firmada por un grupo de académicos internacionales, pone en cuestión esas afirmaciones. Según ellos, la ‘ley del TLC’ “excede las normas internacionales y de EE.UU., en detrimento de todos los ciudadanos colombianos”, pues –a su juicio– impone penas y restricciones más estrictas que las que hay hoy estipuladas en ese país. Algunos de los argumentos de los académicos son los siguientes:

• La ‘ley del TLC’ dice que no hay excepciones a la protección de los contenidos televisados. Eso hace que sea delito, por ejemplo, usar videos que hayan salido en TV en las tareas del colegio. Eso no ocurre en Estados Unidos, donde –según los académicos– la reglamentación sí incluye “las limitaciones y excepciones generales, incluyendo el “uso justo”, que prevé la ley”. Si esto se aprobara, dicen los expertos, los “estudiantes colombianos y profesores […] serían menos libres para participar en el uso efectivo de la educación de la Internet que sus contrapartes de EE.UU”.
• Romper ‘candados anticopia’ para usos legales está permitido en Estados Unidos. De acuerdo con la actual redacción de la ‘ley del TLC’, eso quedará prohibido en Colombia.
• En Estados Unidos, violar los derechos de autor solo da cárcel después de cierto punto: luego de hacer “por lo menos 10 copias de un valor de al menos 2.500 dólares en un plazo de 180 días”. La ‘ley del TLC’ no hay algo así, pues ordena penas de cárcel incluso a quienes violen los derechos de autor o los ‘candados anticopia’ para uso no comercial. Además, dicen los académicos, las multas que ordena la ley no cumple “el principio fundamental de la proporcionalidad de la pena”.

Si bien es cierto que el ministro Molano nos dijo que era consciente de algunos de estos puntos y afirmó que no creía que la ley cayera en ellos, también ocurre que la ‘ley del TLC’ no dice clara y explícitamente cuáles son las excepciones de su aplicación. Hoy el Congreso deberá decidir si la aprueba. Esperemos que tenga en cuenta todo esto y no deje llevar por el afán.

Desde que fue aprobada en primer debate por el Congreso de Colombia, en ENTER.CO hemos buscado cubrir la llamada ‘ley del TLC’ desde todos los frentes que hemos podido. Este proyecto de ley, el 201 de 2012, busca acomodar las leyes colombianas de derechos de autor a lo negociado por el Gobierno Nacional en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y está a punto de ser convertido en Ley de la República.

Por eso, queremos explicar de la forma más sencilla posible cuáles son los puntos álgidos de esta ley. Para ello, nos basaremos en lo que ya hemos publicado y en la nueva información que hemos podido conseguir en estos días.

• ¿Por qué tanto alboroto con la ‘ley del TLC’? Porque se trata de un nuevo intento del Gobierno Nacional por reglamentar los derechos de autor en Internet, tras la fallida ‘ley Lleras’ del año pasado. Además de que se mete con un tema supremamente sensible entre los internautas, se le ha criticado el hecho de que el Gobierno la haya enviado al Congreso con ‘mensaje de urgencia’, lo que -según sus críticos- ha hecho que haya sido redactada de forma descuidada. También se ha dicho que no consagra algunas excepciones que los usuarios consideran justas y, en general, que legisla de forma demasiado agresiva sobre el tema.
• ¿Qué regula este proyecto de ley? Actualiza las leyes de derechos de autor a las tecnologías actuales de información y a lo negociado por el TLC. Dice qué se considerará en Colombia como una violación a los derechos de autor, fija algunas excepciones a esas reglas y además pone reglas nuevas sobre la ‘cuota de pantalla’, la proporción de producciones nacionales que los canales de TV del país están obligados a programar.
• ¿Qué le falta para convertirse en ley? Que el Congreso la apruebe en plenarias y que el presidente Juan Manuel Santos la firme. Lo primero muy probablemente ocurrirá este martes, cuando será discutida en el Senado y en la Cámara.
• ¿Es posible que no se convierta en ley? Es muy poco probable. El Congreso puede decidir no aprobarla tal como está, y el presidente puede decidir no firmarla. Lo segundo no va a ocurrir, pues el proyecto es iniciativa del Gobierno. Y lo primero, es bastante poco probable dada la premura con la que fue aprobada en primer debate.
• ¿Por qué el afán por convertirla en ley? Porque el Gobierno quiere firmar el TLC mientras el presidente Barack Obama esté en la Cumbre de las Américas en Cartagena, este 14 y 15 de abril.

Más preguntas y respuestas en la siguiente página.

Para el ministro de las TIC, Diego Molano Vega, la llamada ‘ley del TLC‘ no fue ni redactada de afán, ni hace nada distinto de actualizar las leyes de derechos de autor de Colombia y ponerlas a tono con las estadounidenses. En charla con ENTER.CO, el ministro Molano defendió la iniciativa y dijo que era necesaria para que el país aproveche las oportunidades que traerá el tratado.

Usted dice que lo que propone esta ley es “esencial” para la reglamentación de derechos de autor en Internet. ¿Por qué lo dice?

Lo que hace esta ley es poner en vigencia el acuerdo que se hizo con Estados Unidos y actualizar tecnológicamente los derechos de autor. Es decir, si yo tenía una pieza músical, pues tenía el derecho a tenerlo en un acetato, o en un casete. Ahora también se incluyen los medios electrónicos, incluyendo Internet. No estamos haciendo nada, sino actualizando al mundo de hoy la propiedad intelectual. Eso fue lo que se negoció en el TLC con Estados Unidos, y básicamente quedamos al mismo nivel de derechos que Estados Unidos en ese aspecto.

Se ha dicho que esta ley fue enviada de afán al Congreso y que el Gobierno quiere que sea aprobada ya. Eso ha hecho, según estos críticos, que su redacción sea descuidada, que deje puntos por fuera y que otros puntos queden planteados de forma insuficiente. ¿A usted qué le parece esa apreciación?

Este no es un tema que haya sido hecho a la ligera. Estas negociaciones duraron años, y fueron discutidas con el sector privado. Yo participé de los dos lados; tanto del lado colombiano, cuando era miembro de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, como del lado americano, pues trabajaba en una compañía multinacional. Me consta, porque yo llevo años de discusión de estos temas, esta en ningún momento ha sido una discusión ligera.

Hay países como Chile –cuyo caso usted mismo menciona– y Costa Rica, que firmaron el TLC aun sin tener estas leyes aprobadas. ¿Por qué es imperativa para Colombia la firma de esta ley?

Para Colombia es fundamental que la ley se apruebe porque el TLC tiene que entrar en vigor. Estamos hablando de muchas posibilidades de empleo. Para la industria TIC es una oportunidad gigante. Tenemos mucho potencial de talento para vender productos y para vender servicios a Estados Unidos. El TLC nos abre oportunidades. No hay que ver esto como una ficha suelta del rompecabezas, hay que ver todo el rompecabezas. Y todo el rompecabezas es el TLC. Un pedacito es esta ley.

Pero Ministro, la pregunta es si esta ley es un imperativo para que el TLC entre en vigencia…

Mire, eso es lo que yo entiendo porque eso es lo que nos ha expresado el Ministerio de Comercio. Y efectivamente hay un cronograma de las cosas que deben entrar en vigencia, y esta es la que debe entrar ahora. Para cumplir con toda la discusión sobre la responsabilidad de los ISP, que es el debate de la Ley Sopa, Ley Pipa y la mal llamada ‘Ley Lleras’, sí tenemos un año y medio.

¿Está planeando el Gobierno una mayor discusión sobre esta clase de iniciativas?

Lo primero que tenemos que hacer sobre estos temas es determinar el alcance del TLC en materia de responsabilidad de los ISP. Esa es una discusión que daremos abiertamente al país. Todas las reuniones que tendremos con Estados Unidos las explicaremos, y le explicaremos a todo el mundo cuál es el alcance del TLC en esa materia. Con base en eso, si es necesario, iremos al Congreso en un debate amplio con el país al respecto.

¿Cuál es su posición personal con respecto a Sopa y Pipa?

Creo que son leyes innecesarias, porque frenan un poco la innovación.

En lo que tiene que ver con su periodo como ministro y con este Gobierno, ¿vamos a tener en Colombia alguna intentona parecida a Sopa y Pipa?

Todo depende del alcance del acuerdo del Tratado de Libre Comercio.

Si se descubriera que el TLC tiene el alcance que nos podría obligar a adoptar algo parecido a Sopa o a Pipa, o al menos a discutirlo, ¿usted personalmente se opondría?

Obviamente, a Sopa y a Pipa, claro que sí me opondría totalmente.

¿Usted me podría garantizar que el Gobierno se opondría?

Si soy ministro en ese momento, para un alcance como Sopa y Pipa, sí; porque estoy seguro que el TLC nunca se llevó hasta ese punto porque esas leyes no existen en Estados Unidos en el marco legal.

¿En qué espacios se va a llevar a cabo esa discusión?

Vamos a ampliar esa discusión cuando hablemos con Estados Unidos y sepamos el alcance del TLC, y con base en esas discusiones le contaremos al país cuáles son esos alcances.

¿Podemos confiar en que nada de esto se va a aprobar sin que la gente al menos se pueda informar y pueda expresar su opinión?

Eso sí. Mire: la primera persona en este país que discutió borradores de normas en Internet fui yo, en 1996, siendo asesor del ministro de Comunicaciones de la época. Yo soy el primer partidario de la participación democrática. Por eso Colombia es el país número 9 en el mundo en participación electrónica.

Vea la respuesta del Ministro a las críticas al contenido de la ley en la siguiente página.

El grito de guerra de los más tenaces opositores de la ley del TLC es que se trata de la ‘Ley Lleras recargada’. El grupo ‘hacktivista’ Anonymous, que el pasado martes protestó haciendo que el sitio web del Senado de la República dejara de funcionar por varias horas, se refiere a la iniciativa en esos términos. Y basta hacer una búsqueda del hashtag #leyllerasrecargada en Twitter para ver el tono beligerante de algunas críticas al proyecto de ley.

El término surgió de una intervención del senador Camilo Romero en el primer debate de la iniciativa. “Esta no es la ‘Ley Lleras’. Es la Ley Lleras recargada”, dijo entonces, pues en ella “se pretende hacer pasar temas que por fortuna, por la presión de los usuarios de Internet, el Congreso logró tumbar con anterioridad”.

El gobierno salió muy pronto a desmentir la versión. En un comunicado, el Ministerio del Interior dice que el proyecto “busca poner a tono la legislación de Colombia con los compromisos y estándares internacionales existentes en derecho de autor, mientras que la mal llamada ‘ley Lleras’ buscaba retirar material infractor de derechos de autor de los sistemas informáticos y regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISP)”.

Por su parte Germán Realpe, abogado informático y columnista de la revista ENTER.CO, afirma que “no se debe considerar como una ley Lleras recargada, ya que no tiene que ver con muchos puntos propuestos en ella”. Uno de ellos es “el tema de notificación o suspensión por parte de los ISP, por lo que los usuarios pueden estar tranquilos en ese aspecto”.

En efecto, este proyecto de ley deja a los ISP intactos, mientras que el punto crítico de la ‘Ley Lleras’ era precisamente la regulación del papel de estas en el bloqueo de contenidos en la Red. Sin embargo, los objetores de la ley del TLC no están muy convencidos con este argumento. 

El fantasma de la ‘Ley Lleras’.

No hay que olvidar lo obvio. Tanto la ‘Ley Lleras’ como el actual proyecto son requerimientos para que Colombia firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Además, ambos regulan temas de derechos de autor, un concepto que en sí mismo despierta críticas en muchos frentes. Por ejemplo, el senador Romero le dijo a ENTER.CO que desde su punto de vista, estas legislaciones “no hacen la balanza necesaria que hoy el mundo ha comprendido entre los derechos de autor y los derechos de los usuarios y las usuarias de Internet”.

Por otra parte, el senador Romero precisó por qué cree que la ley del TLC sí tiene elementos de su infame antecesora:

El artículo 19 revive esa facultad que esa ‘Ley Lleras’ daba a las autoridades administrativas, para que, sin sentencia judicial, se acceda a los datos personales de supuestos infractores de derechos de autor, violando los derechos a la intimidad y a la protección de datos de cualquier ciudadano.

El grupo RedPaTodos, que aboga por los derechos de los usuarios de Internet, también resalta este punto. Según ellos, el actual texto se parece a la ‘Ley Lleras’ en el sentido de que ‘se salta’ la autoridad de los jueces a la hora de tomar decisiones que afectan a un potencial infractor de los derechos de autor.

¿No recuerda qué pasaba con la ‘Ley Lleras’? Vea la siguiente página.

Comienzan a verse las respuestas al nuevo proyecto de ley de derechos de autor del TLC, mal llamada “Ley Lleras”, que pretender cambiar la legislación para lograr una regulación compatible con la de Estados Unidos. El grupo Anonymous Colombia sentó este martes una clara posición frente al tema.

En un comunicado transmitido a través de su cuenta en Twitter, la organización dijo que: “nos encontramos Sorprendidos eh indignados por las nuevas leyes que el Gobierno desea implementar Para aprobar a la fuerza ‘el tratado de libre comercio con Estados Unidos’ (…) el Gobierno Colombiano ante una cuestionable promesa de “progreso, desarrollo e inversión” limita y vulnera los derechos y libertades pertenecientes al pueblo Colombiano. Por este motivo rechazamos directamente y alzamos nuestra voz de protesta en contra de esta nueva ley tal cual como lo hicimos hace un año ante una ley similar“. Para quien no entienda el texto, que ojalá haya sido escrito a la carrera, presentaron un video expresando su posición respecto al tema, el cual se encuentra más adelante.

Además, acompañó su descontento con un ataque a la página oficial del Senado de la Republica, el cual se produjo a las 11:30 am (hasta hace poco volvió a estar en línea) y también han hecho constantes tweets al Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, uno de los promotores del proyecto. Al parecer él no ha respondido en parte porque bloqueó la cuenta de Anonymous Colombia.

La ira de Anonymous estalló al presentarse el texto del proyecto de ley, el 201 de 2012 (PDF) que califican como una censura a Internet y dicen que no permitirán que se entreguen los “últimos vestigios de libertad” en la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Cartagena.

El proyecto, el cual resumió ENTER.CO y que expertos opinan fue un texto mal redactado, revive el capítulo y la controversia generada por la propuesta legal conocida como Ley Lleras, la cual no prosperó en noviembre de 2011.

Aparte de que la premura con la que está tramitando puede tener consecuencias difíciles, y de que ilegaliza la copia privada de los contenidos que los mismos usuarios compran legalmente, la ley del TLC tampoco deja claras cuáles son los usos legítimos y no legítimos de las retransmisiones de radio y televisión en Internet.

El artículo 13 del proyecto dice que “no se permite la retransmisión a través de Internet de señales de televisión, sean terrestres, por cable o por satélite” sin permiso del dueño de los derechos. No hay en la ley ninguna excepción planteada a esta restricción, cuya violación es penalizada hasta con ocho años de cárcel.

Parece evidente que esta nueva restricción está dirigida contra los sitios que emiten las señales de TV cerrada vía streaming sin permiso. Sin embargo, tal como está planteada, la ley también podría acabar con otros usos de las transmisiones que parecen más legítimos.

En un comunicado, el senador Camilo Romero afirma que, si se aprueba la ley, “si un estudiante necesita usar fragmentos de una entrevista transmitida por un noticiero de televisión, en un blog informativo, por ejemplo, estaría violando derechos de autor”. En una charla con ENTER.CO, Romero añade que “nunca se aclara que solo se trata de señales en vivo”, lo que hace que el proyecto impida algunos de los usos más elementales que se hacen hoy del video en la Red.

En este mismo sentido, la ley prohibiría la creación de ‘mashups’ con contenidos audiovisuales, la circulación de contenidos de televisión con contenidos académicos y culturales y hasta la retransmisión a través de sitios como YouTube de programas que ya no están al aire, pero que aun tienen un público que los buscan y los disfrutan. En resumen: muchas de las posibilidades más útiles de Internet, que hoy son legales, serán prohibidas por esta iniciativa.

Para la abogada Carolina Botero, miembro de la Fundación Karisma, las consecuencias de esta prohibición son aún más graves. “Esto haría que la idea de memoria colectiva en términos de lo audiovisual fuera prohibida tajantemente para Internet sin que medie el permiso”, dice. Además, a su juicio, esta prohibición le abriría las puertas a una forma de censura, pues permitiría que los dueños de contenidos donde se trata información de interés público -como noticieros de TV- impidieran su difusión con solo negar los derechos.

Por otra parte, Germán Realpe, abogado informático y columnista de la revista ENTER.CO, señala que el TLC fue redactado en el 2007, y muchas cosas han cambiado en el panorama de la televisión en Internet desde entonces.

¿Y la radio?

En principio, con respecto a la radio, la ley no cambia nada: queda prohibida su retransmisión sin permiso y la ruptura de ‘candados digitales’ de sus emisiones, y la pena es de entre cuatro y ocho años de cárcel. Es interesante notar que la ley excluye de penas por violar protecciones anticopia a las bibliotecas sin ánimo de lucro, archivos, instituciones educativas y a los organismos públicos de radiodifusión no comercial.

Sin embargo, aquí podría estar ocurriendo algo similar a lo que pasa con la TV. El artículo 16 hace que sean responsables civilmente -lo que implica que podrían ser obligados a indemnizar a los dueños de derechos de autor- quienes “retransmitan, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión” sin permiso.

Posiblemente, muchos de los usos que quedarían entonces prohibidos en el caso de la TV también serán restringidos en el caso de la radio; aunque hay que decir que, para ese último medio, no hay una prohibición explícita. Esa es una de las cosas que tendrá que precisar el Gobierno sobre el proyecto de Ley.

Ya habíamos hablado de los elementos que hay que tener en cuenta con el proyecto de ley 212. Tanto las circunstancias en las que se está discutiendo, como sus alcances e implicaciones, son objeto de críticas y comentarios de parte de abogados, políticos, activistas y periodistas de tecnología. ENTER.CO conversó con varios de ellos para entender sus preocupaciones y objeciones a esta ley para hacer una nota contándolas y explicándolas. Sin embargo, son tantas las objeciones que nos tocó partir esa nota en varias entregas, y esta es la primera.

Está mal redactada y mal discutida.

“Algunos de los artículos de este proyecto son ambiguos y confusos”. Esa no es la impresión de un transeúnte cualquiera; ni siquiera la de un periodista despistado. Es lo que dice Germán Realpe, un abogado informático y columnista de la revista impresa ENTER.CO . “El problema de que esta clase de leyes sean ambiguas -dice Realpe- es que la tecnología va mucho más rápido que el derecho, por lo que la ley tiene que ser clara a la hora de regular y conocer la situación actual del Internet”. Este es el caso, por ejemplo, de lo señalado en el artículo 13 de está ley, que genera algunas dudas sobre la retransmisión de señales de TV por Internet, pues exige la autorización del titular.

Una ley que no sea clara -creemos- puede, o bien no impedir nada de lo que supone que debe impedir, o bien darle al Estado un poder excesivo que termine censurando libertades y usos legítimos de la tecnología.

Además, el afán con el que se ha tramitado la iniciativa también es problemático para las personas consultadas. Guillermo Santos, director de ENTER.CO, criticó en su columna semanal en El Tiempo la premura con la que se quiere aprobar esta iniciativa. “El ‘pupitrazo’ que se va a dar equivale a pisar de cierta forma el futuro de Internet en el país”, escribió.

Realpe, por su parte, dice que “no se hizo una discusión profunda sobre los límites y las expectativas de la ley”, lo que no solo hace que muchos de los textos no sean claros, sino también que tengan consecuencias nocivas que podrían pasar inadvertidas hasta cuando ya sea demasiado tarde.

En otros países que también han negociado TLC con Estados Unidos, ha sido posible aplazar la aprobación de esta clase de leyes hasta que se haga una mejor discusión sobre ellas. Carolina Botero, miembro de la Fundación Karisma, no cree que la proximidad de la firma del tratado no es una excusa para el afán. “¿Qué pasa si nos demoramos? Casi todos los países lo hacen. De hecho Costa Rica pidió plazo y se lo dieron“, afirma.

La protección a las restricciones anticopia es demasiado agresiva.

El proyecto castiga las vulneraciones a los ‘candados digitales’ con hasta 8 años de cárcel. Además, también decreta que quien lo haga podrá ser obligado a pagarles multas a los dueños de los derechos de autor de los contenidos vulnerados. Esta es una de las condiciones que debía cumplir la legislación colombiana para acomodarse al TLC con Estados Unidos.

Tal como está planteada, esta ley prohíbe romper una protección anticopia para uso privado. Si un usuario rompe un DRM para poder llevar en un reproductor digital la música de un CD original que él mismo adquirió, o si ‘crackea’ un juego original de su propiedad para poder correrlo con un CD copiado, estaría violando la ley. Según Botero, se trata de “usos permitidos” que “legalmente son posibles, pues la persona compró el libro y puede hacer la copia privada para uso sin ánimo de lucro”, por lo que prohibirlos “viola la ley nacional, ya que las excepciones del proyecto de ley no exoneran la infracción”.

De hecho, el texto no especifica explícitamente lo que un usuario privado pueda hacer con un contenido que haya adquirido legalmente. Lo que sí especifica son las excepciones en las cuales romper un ‘candado digital’  no es delito: cuando se lleva a cabo para hacer que un software pueda operar en conjunto con otros, cuando se hace de buena fe para evaluar fallas de seguridad en un software o un sistema, cuando se utiliza para desactivar herramientas que puedan vulnerar la privacidad del usuario y cuando la hacen los organismos del Estado en labores de “investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia”.

Sin embargo, otro aspecto de estas excepciones es bienvenido por algunos.  Realpe, por ejemplo, celebra que esta nueva ley “permite técnicas de ingeniería inversa que son útiles para el ‘hacking ético’ y para la seguridad de la información”, con las que se busca mejorar la seguridad de los sistemas y evitar que estos dañen al usuario.

En menos de una semana, Colombia quedó a un paso de tener una nueva ley de derechos de autor. El Gobierno Nacional radicó el 20 de marzo un proyecto de ley, el 201 de 2012 (PDF), en el que se cambia parte de la legislación nacional en este tema. ¿El objetivo? Lograr que nuestra regulación sobre ese tema sea compatible con la estadounidense.

Dos días después, las comisiones segundas de Senado y Cámara aprobaron masivamente el proyecto –solo hubo un voto en contra–, con lo cual solo le falta pasar su debate en plenarias para convertirse en ley de la República. Esta velocidad ha dejado poco tiempo para que los usuarios de Internet y los ciudadanos asimilemos la iniciativa, por lo que en ENTER.CO les contaremos los puntos que, creemos, es necesario tener en en la mira para saber qué es lo que se está decidiendo. Aquí están.

Es para el TLC. Y es para ya.

El Gobierno está de afán. Esta ley es, explícitamente, una condición previa para que nuestro país pueda firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El ministro de Comercio, Sergio Diaz-Granados, afirmó que su objetivo es “implementar el TLC con celeridad, para que el país pueda comenzar a sacarle todo el provecho que este involucra”.

De hecho, la fecha límite es el 14 de abril. Ese día comienza en Cartagena la Cumbre de las Américas. A ella asistirá el mandatario estadounidense, Barack Obama, y el presidente Juan Manuel Santos quiere aprovechar su presencia para firmar el tratado, buscado y trabajado durante años por el Gobierno.

El Congreso entendió el mensaje y tramita la iniciativa a una velocidad que mejores causas envidiarían. ¿Habrán tenido tiempo los ponentes y los legisladores para entender bien qué significa lo que aprobaron? Podría ocurrir que no: abogados especialistas en estos temas, consultados por ENTER.CO un día después de la aprobación del proyecto, confesaron que aun no habían podido estudiarlo a profundidad.

No es la ‘ley Lleras’, pero es más ambiciosa.

Se ha sugerido que este nuevo proyecto de ley es la resurrección de la ‘ley Lleras‘. Pero, en honor a la verdad, hay que decir que se trata de dos cosas diferentes. La ‘ley Lleras’ buscaba reglamentar los procedimientos para tratar los contenidos que infringen los derechos de autor, mientras que la llamada ‘Ley del TLC’ cambia todo el marco de la legislación sobre derechos de autor.

El Gobierno salió corriendo a aclarar el malentendido. En un comunicado, el Ministerio del Interior asegura que el actual proyecto “busca poner a tono la legislación de Colombia con los compromisos y estándares internacionales existentes en derecho de autor, mientras que la mal llamada ‘ley Lleras’ buscaba retirar material infractor de derechos de autor de los sistemas informáticos y regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISP)”.

En esto están de acuerdo otras personas consultadas por ENTER.CO. La abogada Carolina Botero, miembro de la fundación Karisma, nos explicó que mientras la ‘ley Lleras’ “se ocupaba de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet por las posibles infracciones de sus usuarios”, el nuevo proyecto “es una reforma al derecho de autor”.

Pero esta nueva iniciativa es más ambiciosa que la ‘ley Lleras’: toca muchos temas que esa propuesta dejaba intactos, que van desde los plazos de vencimiento de derechos hasta las penas de cárcel a los infractores. Del mismo modo, el nuevo proyecto no dice ni una palabra de las ISP, que eran el centro del debate la ocasión anterior.

Lea en la siguiente página qué nuevas conductas castiga el nuevo proyecto de ley.