A pesar de señalamientos sobre irregularidades en contratación de UT Centros Poblados, es sensato respetar la presunción de inocencia de la Ministra respecto a corrupción. Aunque no sea culpable de infracciones penales, la Ministra tiene responsabilidad política por la mala ejecución y a pesar de eso se niega a renunciar. Las irregularidades ocurrieron en esta contratación bajo su dirección como responsable de los recursos públicos del Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Compromiso de gobierno   

En su discurso de posesión presidencial usted dijo “Nos duelen los constantes escándalos de corrupción …. que han deslegitimado al Estado, malgastado escasos recursos públicos, privado a miles de ciudadanos de servicios esenciales y ameritan nuestra acción inmediata” en consecuencia con su discurso es necesario una actuación inmediata para reemplazar a la Ministra. 

Es necesario en MinTIC una persona competente que recupere lo que sea recuperable y enderece este programa, pero sobre todo que recupere credibilidad del gobierno.  La Ministra parece no tener experiencia para el cargo, pero preocupa más no tener responsabilidad política de asumir errores y renunciar por bien del país. Por el contrario sale en los medios con frases de cajón como que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a recuperar parte del dinero y vamos a sancionar a los contratistas” como si ahora ella fuera la adalid de la justicia y transparencia y no fuera quien tiene la responsabilidad de ejecución en ese fallido contrato. 

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Responsabilidad Política

Para exacerbar la situación, la Ministra enfoca su energía en reprender a sus funcionarios preguntándoles si es justo que alguien en su propio equipo filtre a los medios las irregularidades, olvidando la pregunta esencial si es justo para el país que se pierdan recursos escasos y vitales para el desarrollo de las regiones rurales más vulnerables que estaban bajo su cuidado. 

Dejando de lado la posible corrupción, es suficiente considerar la ineptitud, ingenuidad, incapacidad o incompetencia ejerciendo sus funciones para dar un paso al costado.

Señor Presidente, por su compromiso con la economía digital manifestado durante su campaña y durante su visita a Silicon Valley, esperamos actúe prontamente. Nuestra riqueza para el siglo XXI ya no está en oro, petróleo, carbón y recursos naturales, nuestra verdadera riqueza como país está en su gente. Nuestro nuevo tesoro Dorado es el Talento.  Pero desarrollar el talento no será posible si gran parte de la población, especialmente rural, no tiene acceso a Internet sea por ineptitud o corrupción. 

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Servicio Esencial

En hora buena Internet ha sido declarado durante su gobierno un servicio público esencial, entonces démosle la prioridad como al agua potable y la electricidad. Antes de pedir ayuda internacional para recuperar algo del dinero embolatado sería recomendable tomar “una acción inmediata” al respecto como lo mencionó en su posesión. 

Aunque sorprende que pocos líderes e ‘influencers’ TIC se han pronunciado sobre este escándalo, el Congreso ya citó una moción de censura contra la Ministra. No hace falta esperar acción del Congreso, sea por corrupción o incompetencia la Ministra TIC debe salir, la decisión está en sus manos Presidente Duque.

Imágenes: MinTIC

Del total del proyecto, se alcanzaron a pagar $70.000 millones de pesos al consorcio Centro Poblados con cero puntos instalados, mientras que Claro, que también se ganó la otra mitad de la licitación, lleva 700. De acuerdo con la ministra TIC, Karen Abudinen, el anticipo se rastreó a una fiducia de Delaware, Estados Unidos, y otra parte en el banco de BBVA en Colombia, pero seamos honestos, por más de que ministra aseguré que no va a permitir que se pierda este dinero, muy probablemente así será.

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Más allá de las promesas que esté haciendo la ministra TIC el verdadero problema está en la licitación, pues la empresa presentó desde pólizas falsas hasta certificados del banco Itaú que la entidad nunca emitió, y que al parecer nadie se ocupó en verificar. Llama la atención que en este punto Abudinen ha dicho a varios medios que se están haciendo las investigaciones para determinar dónde estuvo el error y tomar los correctivos necesarios. Pero de acuerdo con los manuales del Estado, la persona que firmó el contrato puede enfrentarse a varios meses de cárcel y tener que pagar una multa de 66,66 a 30 salarios mínimos legales vigentes.

Por ahora, el Ministerio TIC dio lectura del acto administrativo que declara la caducidad sobre el contrato 1043 de 2020, una de las sanciones más fuertes que se puede ejecutar contra un contratista, y de ser aprobado, después del tiempo que se la da a la empresa para interponer un recurso de reposición, se podrían tomar las medidas necesarias para exigir el dinero de vuelta o por lo menos $43.000 millones. Pero los documentos falsos podrían en duda que esto se pueda hacer. La audiencia para esto se llevará a cabo mañana, miércoles 11 de agosto.

Imagen: MinTIC.