El caso surgió durante la sustentación de un recurso extraordinario de revisión. En su demanda inicial, el abogado transcribió normas con contenidos que no correspondían a su texto real y citó sentencias que nunca fueron proferidas. Las referencias tenían numeración precisa y redacción convincente, pero carecían de sustento en los repositorios oficiales.

Tras detectar las inconsistencias, la Sala inadmitió el escrito y advirtió posibles consecuencias disciplinarias. Lejos de corregir de manera rigurosa, el apoderado presentó una subsanación que repitió el patrón: nuevas citas apócrifas y tergiversaciones normativas. La Relatoría de la Corporación confirmó que las providencias mencionadas no existían.

El propio jurista reconoció que utilizó una herramienta de inteligencia artificial para agilizar la elaboración del documento. El tribunal no cuestionó el uso de tecnología como tal. Lo que reprochó fue la omisión del deber de verificación. Para los magistrados, citar una norma o una sentencia implica garantizar su autenticidad.

La decisión se sustentó en la figura de la temeridad procesal, que sanciona a quien litiga sin la diligencia mínima exigible. Puede configurarse por dolo o por culpa grave. En este caso, la Sala consideró que hubo negligencia inexcusable, agravada por la reiteración de errores después de una advertencia formal.

Inteligencia artificial y responsabilidad profesional

La multa de quince salarios mínimos y el envío de copias a la autoridad disciplinaria no solo tienen efectos individuales. El fallo envía un mensaje a la comunidad jurídica: la automatización no sustituye la responsabilidad del abogado.

Los sistemas de IA generativa pueden producir textos coherentes, estructurados y con apariencia técnica sólida. Sin embargo, también pueden “alucinar”, es decir, crear datos inexistentes con absoluta naturalidad lingüística. En el ámbito judicial, donde cada referencia puede incidir en la decisión final, esa falla adquiere otra dimensión.

El caso evidencia que el riesgo no está en la herramienta, sino en el uso acrítico de sus resultados. Delegar la fundamentación jurídica sin contrastar fuentes oficiales expone al litigante a sanciones y compromete la credibilidad del proceso.

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El precedente obliga a repensar la incorporación de inteligencia artificial en despachos y firmas. La eficiencia que promete debe ir acompañada de protocolos estrictos de revisión. Consultar bases de datos oficiales, verificar numerales y leer las sentencias completas siguen siendo tareas indelegables.

La decisión no cierra la puerta a la innovación tecnológica en la jurisprudencia colombiana. Más bien fija un límite: la IA puede asistir, pero no reemplazar el juicio profesional. El abogado continúa siendo el responsable directo de lo que firma y presenta ante el tribunal.

A futuro, el debate no girará en torno a si se debe usar inteligencia artificial, sino a cómo integrarla sin afectar la calidad del debate jurídico. Este caso deja una advertencia concreta: la confianza en la justicia depende, también, del rigor con el que se utilicen las nuevas herramientas digitales.

Imagen: Archivo ENTER.CO

LemonTech nació en Chile hace casi 20 años, cuando su fundador detectó que muchos despachos registraban el tiempo de trabajo de manera manual y que la facturación dependía, en buena parte, de cálculos aproximados. A partir de ahí desarrollaron una herramienta de carga de horas que permitió ordenar información, medir productividad y respaldar cada cobro con datos verificables.

“Antes los abogados cobraban muchas veces estimando. Cuando empiezas a medir con precisión, cambias la forma en que gestionas el estudio”, explica Amor. Ese sistema de TimeBilling se convirtió en el corazón de la compañía y abrió la puerta a nuevas soluciones, entre ellas el seguimiento automatizado de causas judiciales conectado a los sistemas de los poderes judiciales.

El impacto no fue menor, pues  automatizar la consulta de expedientes evitó que los abogados tuvieran que ingresar manualmente a cada proceso para verificar movimientos. “Los tiempos en el mundo judicial son críticos; si puedes anticiparte a un cambio de estado en una causa, puedes ajustar la estrategia”, señala.

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Con los años, LemonTech amplió su operación y hoy divide su oferta en dos grandes líneas, una enfocada en firmas de abogados y otra en gerencias legales corporativas. La empresa opera en más de 18 países y trabaja con más de 1.300 estudios y departamentos legales en la región. Hace varios años fue adquirida por un fondo internacional, lo que fortaleció su capacidad de inversión en producto y expansión.

Colombia aparece como una prioridad dentro de esa estrategia; según el Legal Tech Index, el país ocupa el segundo lugar en América Latina en desarrollos tecnológicos aplicados a la industria jurídica, con un nivel de preparación legaltech del 73,33 por ciento. Para Amor, esa cifra confirma que existe un ecosistema maduro y competitivo.

“Colombia tiene profesionales en tecnología muy avanzados y una adopción digital alta en comparación con otros países de la región”, afirma. Sin embargo, advierte que la industria legal sigue fragmentada. “Hay estudios muy modernizados y otros que todavía funcionan bajo esquemas tradicionales, muy de papel y muy personales. El cambio también es generacional”.

Tecnología legal en Colombia y el desafío de medir la operación

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la presión que enfrentan hoy las firmas. Colombia concentra un alto número de abogados y eso ha elevado el nivel de exigencia de los clientes. “Cuando el mercado está saturado, el poder de negociación cambia. Los clientes piden más visibilidad, presupuestos cerrados, control del gasto y reportes claros”, sostiene.

Es por esos que la calidad técnica ya no es el único factor diferenciador. “La ventaja competitiva ya no depende solo del conocimiento jurídico, sino de la capacidad de gestionar el servicio como una operación estructurada y medible”, afirma.

Amor insiste en que la transformación digital no se reduce a contratar software. “Muchas empresas implementan tecnología sin saber para qué ni cómo la van a medir. Pagan una suscripción y no establecen indicadores. Eso termina afectando la adopción interna y la percepción de valor”.

Para LemonTech, el foco está en automatizar tareas administrativas y generar datos que permitan identificar rentabilidad por proyecto, desempeño de equipos y oportunidades de mejora. “Cuando tienes esa información puedes tomar decisiones estratégicas y maximizar resultados”, explica.

La inteligencia artificial es otro frente importante,  pues, la compañía trabaja en agentes entrenados con marcos regulatorios latinoamericanos para apoyar tanto procesos administrativos como tareas de gestión legal. Aun así, Amor es enfático en un punto. “La inteligencia artificial no debe reemplazar al abogado. Siempre tiene que haber criterio humano detrás”.

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Reconoce que la tecnología avanza más rápido que la regulación y que eso obliga a actuar con responsabilidad. “Hay muchas soluciones que se lanzan sin considerar la privacidad de datos o la seguridad. Nosotros preferimos avanzar un poco más lento, pero con controles claros y certificaciones”.

Para los estudios pequeños o abogados independientes, el acceso ya no es una barrera como hace años. El modelo de suscripción permite adoptar herramientas ajustadas al tamaño de cada operación. “La tecnología se ha democratizado. Un estudio boutique puede competir mucho mejor si automatiza desde el inicio”, afirma.

Al proyectar el mercado colombiano en cinco años, Amor anticipa una integración mucho mayor entre derecho y tecnología, con firmas que dependerán cada vez más de datos para crecer. “El abogado que entienda que la tecnología es un complemento estratégico tendrá más capacidad de escalar. El que no lo haga, inevitablemente se quedará atrás”.