El punto de partida es concreto. Según la información entregada, ocho de cada diez escuelas rurales del país no tienen acceso a Internet. Eso deja fuera del alcance de estudiantes y profesores buena parte de las plataformas de aprendizaje que hoy dependen de servicios en la nube o conexión permanente.

¿Qué hace y cómo funciona?

A diferencia de otras soluciones de inteligencia artificial, DOROKY CORE no funciona desde la nube. Su operación depende de servidores locales instalados dentro de las instituciones educativas, una decisión técnica que le permite seguir activa incluso cuando no hay acceso estable a la red.

La plataforma incluye asistentes académicos, apoyos para lectura y escritura, tutorías de inglés, herramientas de autoaprendizaje y recursos visuales para las clases. La idea es que esos contenidos puedan usarse dentro del aula sin depender de una infraestructura que, en muchas regiones, todavía no existe o funciona de manera intermitente.

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Ese detalle cambia el alcance del proyecto. En lugar de pensar la inteligencia artificial como una herramienta reservada para colegios con mejor infraestructura, la propuesta apunta a que también pueda entrar a instituciones rurales que suelen quedar por fuera de la adopción tecnológica más reciente.

¿Por qué importa en la educación rural?

La aparición de una plataforma de IA offline también pone el foco sobre una brecha que sigue abierta. Mientras la discusión pública sobre inteligencia artificial avanza hacia productividad, automatización y asistentes digitales, en muchas escuelas rurales el problema sigue siendo mucho más básico: cómo acceder a cualquier herramienta tecnológica cuando no hay conexión.

En ese punto, DOROKY CORE no solo plantea una herramienta, sino una forma distinta de introducir tecnología en contextos de baja conectividad. Su posible impacto está en ampliar el acceso a recursos pedagógicos y en permitir que docentes y estudiantes usen inteligencia artificial en tareas cotidianas sin depender de Internet para hacerlo.

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La información entregada no menciona un proceso de registro abierto para usuarios individuales. Lo que sí indica es que la plataforma está orientada a instituciones educativas rurales y comunidades con acceso limitado a conectividad. Su llegada pone una pregunta sobre la mesa: cómo se construye innovación educativa en lugares donde la infraestructura digital sigue siendo insuficiente.

Detrás del anuncio hay una inversión de 2,8 billones de pesos en el sector TIC durante este periodo, el monto más alto registrado para conectividad en el país, según datos oficiales. La pregunta es si estas cifras reflejan un cambio estructural o si se trata de avances puntuales con impacto limitado.

¿Qué cambió en números?

El reporte indica que 1,7 millones de nuevos hogares accedieron por primera vez a internet. En zonas rurales, 4,9 millones de personas se incorporaron al servicio. Ese crecimiento explica la reducción de la brecha urbano-rural en cinco puntos porcentuales.

En términos simples, aunque la distancia persiste, el diferencial entre ciudades y campo se acortó. Si antes la diferencia rondaba los 27 puntos porcentuales, ahora estaría cerca de los 22. No es un cierre total, pero sí un avance medible.

Parte de esa expansión se apoyó en 337 Juntas de Internet instaladas en territorios apartados, con más de 17.000 hogares beneficiados. También se reporta que departamentos históricamente rezagados como Chocó y Vaupés triplicaron su nivel de conexión, mientras que La Guajira casi lo duplicó.

Infraestructura y tecnología

El Gobierno impulsó la apertura de la banda de 900 MHz, una frecuencia que permite mayor alcance en terrenos montañosos y zonas con vegetación densa. Esto reduce la necesidad de múltiples antenas y facilita la cobertura en áreas dispersas.

En paralelo, se desplegaron 2.462 estaciones base 5G en 148 municipios donde vive el 67,3 % de la población. El país suma ahora 6,03 millones de accesos móviles 5G. Además, la red de fibra óptica creció en 4.800 kilómetros adicionales, para un total nacional de 23.900 kilómetros.

El énfasis no solo estuvo en infraestructura urbana. El proyecto priorizó regiones como el Pacífico, Chocó y Cauca, históricamente con menor conectividad.

Educación y acceso comunitario

Uno de los indicadores más sensibles es el educativo. El Ministerio reporta que cerca de 19.500 instituciones rurales ahora cuentan con internet, casi cinco veces más que en 2022. Esto impacta a 1,3 millones de estudiantes, especialmente en municipios PDET.

A esto se suman 1.262 Zonas Comunitarias para la Paz con acceso gratuito en 161 municipios priorizados. La apuesta busca que la conectividad no sea solo domiciliaria, sino también colectiva.

¿Es un impacto real?

Las cifras muestran crecimiento. Pasar de 32,2 % a 41,9 % en zonas rurales implica un aumento de casi diez puntos en tres años, algo que no se había registrado con esa magnitud en periodos anteriores.

Sin embargo, la cobertura no equivale automáticamente a calidad. Persisten retos en estabilidad del servicio, velocidad real y sostenibilidad financiera de los proyectos comunitarios. Además, aunque la brecha se redujo, más de la mitad del campo colombiano aún no tiene conexión fija en el hogar.

El balance indica que sí hubo expansión tangible en infraestructura y acceso. La reducción de cinco puntos en la desigualdad digital es verificable a partir de los porcentajes reportados. El desafío ahora será mantener la inversión, asegurar calidad y evitar que la conectividad rural dependa únicamente de subsidios temporales.

La política pública logró mover los indicadores. La discusión pendiente es si ese avance se consolidará como transformación estructural o si quedará como un pico estadístico en un problema histórico.