“La demanda de hoy del Departamento de Justicia es profundamente defectuosa. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas. La demanda no hará nada para ayudar a los consumidores. Por el contrario, obligaría artificialmente a alternativas de búsqueda de menor calidad, aumentaría los precios de los teléfonos y dificultaría que las personas obtengan los servicios de búsqueda que desean utilizar”.

De acuerdo con Google, las afirmaciones del Departamento de Justicia son, además, incorrectas porque presumen que la razón por la que el buscador es seleccionado está en el poder de Google, no en el hecho de que sea el mejor. Para ilustrar su ejemplo, la compañía menciona que su navegador se encuentra incluido en los equipos de Apple porque el fabricante reconoce su demanda y cualidades. Pero, más importante,  que el acuerdo para que esté incluido en sus equipos no resulta ventajoso, porque Bing y Yahoo también le pagan a Apple a por su inclusión.

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“Los datos muestran que las personas eligen su servicio preferido: tome el navegador Firefox de Mozilla como ejemplo. Se financia casi en su totalidad con los ingresos de los acuerdos promocionales de búsqueda. Cuando Yahoo! pagado para ser el motor de búsqueda predeterminado en Firefox, la mayoría de los estadounidenses cambiaron rápidamente su motor de búsqueda a su primera opción: Google”. La compañía también recuerda que, más tarde, Mozilla eligió a Google como su proveedor de búsqueda predeterminado, citando un “esfuerzo por proporcionar una búsqueda de calidad” y su “enfoque en la experiencia del usuario”.

¿Qué sigue para Google? La compañía no se expande en su plan para combatir la demanda en curso. En vez de esto, afirma que tiene fe en las cortes y que las acusaciones del Departamento de Justicia no encajan “con la realidad y con la ley”.

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Hoy, 20 de octubre de 2020, Associated Press y Reuters informan que el Departamento de justicia de los Estados Unidos está preparando una demanda anti monopolio contra Google. De acuerdo a la información recibida, la entidad acusaría a la compañía de ejercer un poder desbalanceado en el mercado de los buscadores. La noticia fue confirmada horas después por Reuters. 

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Específicamente, la demanda busca comprobar que el modelo de publicidad de Google representa un abuso de poder en el mercado de los buscadores. Por ejemplo, se quiere investigar cómo su posición de poder en este campo lo ha llevado a convertirse en el navegador predeterminado de los equipos con sistema operativo Android. También buscan mitigar su impacto en empresas que se han visto obligadas a invertir miles de dólares en publicidad para garantizar un tráfico constante a sus sitios.

El alcanza de la batalla legal es enorme. Algunos recordarán el impacto que tuvo la demanda anti monopolio contra Microsoft en la década de los 90. La resolución inicial solicitó que la compañía actual fuera desmantelada, aunque después de la apelación el conflicto se solucionó con un acuerdo para que la compañía compartiera sus application programming interfaces. En el caso de Google el juicio podría tener todavía más escala, pues además de su buscador la compañía tiene un impacto importante en otros mercados, como es el de las tiendas de aplicaciones, los servicios en la nube y sus proyectos en colaboración con la China.

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También es importante, porque supondría que acciones similares serían tomadas en algún momento contra las otras empresas que fueron citadas en julio de este año. Amazon, Facebook y Apple, todas en algún momento en este año han sido cuestionadas por su control sobre el mercado de aplicaciones, tiendas virtuales o servicios dentro de su hardware. Para no ir lejos, en estos momentos Apple se encuentra en una batalla legal contra una alianza de compañías que buscan impulsar un caso anti monopolio, basados en los términos de su tienda.

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La semana pasada, el Departamento de Justicia se encontraba decidiendo acerca de cómo proceder en una investigación criminal en la que un juez federal aprobó hacer intercepciones a la comunicación del implicado. Sin embargo, estas se encuentran obstaculizadas por el cifrado usado por WhatsApp.

Es imposible no vincular este caso de WhatsApp con los recientes hechos entre el FBI y Apple, con respecto a la disputa sobre el acceso a desbloquear los iPhone, en casos como el de San Bernardino. Sin embargo, puede que este caso sea mucho más importante que el de la compañía de la manzana, en el sentido en que lo que suceda podría moldear el futuro de lo conocíamos como ‘interceptación telefónica’, y que actualmente tiene un nuevo panorama.

Como vemos, muchas de las compañías de tecnología han sentado su posición acerca de la protección de la privacidad de sus usuarios. Varias aplicaciones de mensajería, por ejemplo, ofrecen cifrados punto a punto muy seguros que evitan que incluso ellas mismas tengan acceso a lo que se comparte entre los usuarios.

Este no es el único caso que ha tenido que enfrentar WhatsApp con respecto a la seguridad de sus conversaciones, pues recientemente han ocurrido varios hechos en Brasil que demuestran que el marco jurídico debe evolucionar para dar una salida a los dilemas que plantean las nuevas formas de seguridad. En el último caso, la justicia brasileña pidió a la aplicación de mensajería instantánea datos que no podía proporcionar así quisiera, y esto se convirtió en un problema para el vicepresidente de Facebook para América Latina, Diego Dzodan.

Muchas compañías en planes de reforzar sus sistemas de cifrado

Por otro lado, de acuerdo con información de The Guardian, compañías como Facebook, WhatsApp, Google y Snapchat están trabajando por mejorar sus sistemas de cifrado. Puntualmente, WhatsApp próximamente implementará cifrado en las llamadas de voz y en los mensajes grupales, pues actualmente solo cuenta con cifrado en las conversaciones uno a uno.

Ya veremos qué sucederá en el futuro con el acceso de las agencias de los gobiernos a la información compartida por los usuarios. Por el momento hay dos posiciones claras y extremas, pero algunos sectores están pidiendo ablandar las posiciones de las dos partes.

Mientras que las compañías de tecnología afirman que se debe proteger la privacidad de los usuarios a toda costa, y las agencias como el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirman que necesita que las compañías faciliten su trabajo de investigación para mantener la seguridad de los ciudadanos, algunos otros, como Obama o incluso el director del FBI James B. Comey comentan que se debe encontrar una solución a mitad del camino, que proteja la información de los usuarios pero permita las investigaciones, de acuerdo con la misma nota de The New York Times.

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Ayer jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó su más reciente respuesta a Apple en la disputa sobre el iPhone del caso San Bernardino. El documento se describe como una respuesta en apoyo a la moción de obligar a Apple a desbloquear el celular, y como oposición a la moción que presentó Apple para descartar la orden.

Según el reporte de CNBC, la respuesta del gobierno dice que Apple puso barreras a propósito para separar una orden legal y un iPhone que tiene evidencia indispensable para investigar un tiroteo en el que murieron 14 personas.

El Departamento de Justicia insistió en que la petición del FBI impuesta por la corte en California solo se aplicaría a un iPhone, y que no se trata de una herramienta para otros celulares, y menos de una ‘backdoor’ o puerta trasera al sistema de cifrado.

En el documento también se dice que no es creíble que Apple no tenga acceso a los iPhone que ellos mismos construyen. Según la respuesta, Apple no podría ser una tercera parte distante y desconectada que no tiene ninguna responsabilidad sobre el problema.

Apple debe enfrentarse de nuevo al FBI en la corte a finales de este mes. La compañía se ha mantenido firme en su posición de no atender a la orden del FBI porque eso sentaría un precedente peligroso en cuanto la privacidad de todos los usuarios. Ayer jueves, el abogado de Apple, Bruce Sewell, dijo en declaraciones a la prensa que el Departamento de Justicia está ‘desesperado’ y no cree que el tono de la última respuesta presentada sea de acusación.

Sewell dijo que Apple tiene planeado presentar otra moción como respuesta este 15 de marzo. Además, se reiteró la intención de la compañía de que este caso se resuelva en el Congreso y no en el sistema de cortes.

En su más reciente moción presentada en la corte, Apple pidió que se descartara la orden del FBI. En ese texto, según un reporte de BuzzFeed, se explica que Apple ha colaborado con la investigación. Incluso le propuso cuatro formas distintas de recuperar la información del iPhone sin necesidad de crear una ‘puerta trasera’ al sistema de cifrado.

Uno de estos métodos sería conectar el iPhone a una red Wi-Fi que conociera, de manera que se crearía un respaldo en iCloud. Pero esa posibilidad murió cuando el FBI cambió la contraseña de Apple ID en las primeras 24 horas que estuvo en su posesión. El director del FBI, James Comey, dijo en la audiencia frente al Congreso el pasado 1 de marzo, que ese fue un error de la entidad, y que incluso si lo hubieran hecho, no se recuperaría la información que ellos necesitan.

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Tras el fallo que dictaminó que Apple hizo pactos ilegales con las editoriales para inflar el precio de los libros, el Departamento de Justicia Estadounidense (DoJ, por su sigla en inglés) publicó este viernes una serie de recomendaciones para que la firma de la manzana “ponga un alto a la conducta anticompetitiva de Apple, restaure la competencia perdida y evite que se repitan las actividades ilegales“.

Las primeras recomendaciones son muy básicas: Apple debe terminar los acuerdos ilegales con las editoriales con las que los tenia, abstenerse por cinco años de celebrar cualquier pacto de precios con alguna editorial y someterse a un evaluador externo –pagado por la misma compañía– que verifique que las maniobras anticompetitivas cesen efectivamente. Sin embargo, la recomendación más interesante ataca directamente a un punto muy importante y polémico de las relaciones entre Apple y los desarrolladores.

En concreto, el DoJ sugiere que Apple, “por dos años, les permita a otros vendedores de ebooks, como Amazon y Barnes & Noble, que proporcionen enlaces desde sus aplicaciones de ebooks hacia sus tiendas de libros electrónicos, permitiéndoles a los consumidores que compran y leen ebooks en sus iPads e iPhones comparar fácilmente los precios [de iBookstore] con los de la competencia“.

En la práctica, esto exigiría que Apple dejara de exigirles a los vendedores de libros la comisión de 30% que deben pagar todas las compras dentro del ecosistema iOS, incluidas las que se hacen dentro de una aplicación. Esta restricción ha sido criticada por varios desarrolladores, y ha afectado el mercado de ventas ‘in app’ en ese ecosistema.

En el caso de los ebooks, esa restricción impide que los usuarios de plataformas competidoras a iBookstore puedan comprar libros directamente de apps como Kindle o Nook, por lo que deben hacer la transacción desde otro dispositivo diferente al iPad o por una vía diferente a la aplicación. Kindle, por ejemplo, envía a sus usuarios de iPad y iPhone un correo con un enlace que les permite completar la compra, tras lo cual el libro de descarga y se sincroniza con la aplicación.

Estas recomendaciones deben ser avaladas por un juez para convertirse en obligaciones. El próximo 9 de agosto se hará la audiencia en la que eso será definido.

Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba planeando la captura de los archivos y servidores de Megaupload en enero pasado, nunca se le pasó por la cabeza el hecho de que muchas personas utilizaban el servicio de forma legítima, como un almacenamiento en la nube de sus archivos personales. Según Kim Dotcom, esa es la conclusión que arroja la revelación de la orden judicial previa al operativo.

El documento fue revelado luego de que Kyle Goodwin, uno de los usuarios ‘legales’ del servicio, convenciera a la corte estadounidense que lleva el caso contra Dotcom de que revelara la orden judicial que precedió al decomiso de los servidores de Megaupload en Estados Unidos.

Dotcom le dijo a TorrentFreak que el documento muestra que “el uso legítimo fue completamente ignorado en las órdenes judiciales de decomiso. Casi el 50% de los archivos almacenados en Megaupload no tienen ni una sola descarga. Había un enorme uso no infractor de parte de quienes solo querían almacenar datos en la nube“.

Sin embargo, el sitio –según TorrentFreak– es catalogado en el documento como “nada más que un lugar en el que se almacenan archivos infractores, y eso es lo que el juez firmó” cuando ordenó el decomiso. En el documento no se mencionan los usos ‘legales’ del servicio.

Otra de las acusaciones que aparecen en el documento y, según Dotcon, son “confusas“, consisten en que Megaupload no borró algunos archivos que los dueños de los derechos de autor le pidieron que sacara del servicio. Aun cuando los links eran desactivados, otras versiones del archivo infractor estaban disponibles para descarga en el cyberlocker. “Esa es una práctica usual –dice TorrentFreak–. YouTube tampoco borra todos los mismos videos cuando reciben una solicitud” de los dueños de los derechos de autor.

Luego de todo esto, la conclusión de Dotcom es fuerte: “Este caso hace que el Departamento de Justicia quede cada vez más como un estúpido, y se convertirá en una vergüenza para la Casa Blanca […] Son cada vez más obvias las deficiencias cerebrales y retrasos cognitivos en los documentos de la corte“, dice.

Puede que no haya todavía una solución a la demanda antimonopolio que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia (DOJ), hizo a Apple y a siete editoriales por unirse para subir los precios de los ebooks y competir contra Amazon.

Pero eso no quiere decir que no se pueda agregar un capítulo a la telenovela: la compañía de la manzana se pronunció. AllThingsD publicó la respuesta que el vocero de Apple, Tom Neumayr, dio respecto a la controversia que la demanda ha generado.

“La acusación por asociación del Departamento de Justicia en contra de Apple no es verdad. El lanzamiento de iBookstore en 2010 fomentó la innovación y la competencia, rompiendo el monopolio de Amazon en la industria editorial. Desde entonces, los clientes se han beneficiado de libros electrónicos que son más interactivos y atractivos. Igualmente, hemos permitido a los desarrolladores para fijar los precios en App Store, y a los editores fijar los precios en la iBookstore”.

Esta respuesta es muy similar a la que dos de las editoriales dieron.  Pese a ello, ya hay tres de las protagonistas de la demanda que no participan en esta historia: para no causar daño a su imagen firmaron de forma rápida acuerdos con el DOJ. Claro: Amazon, la contraparte, el competidor por el que se reunieron en el restaurante italiano, también emitió sus comentarios.

En un comunicado que publica CNET, Amazon dice estar contento por la demanda y afirma que su modelo de acuerdo con las editoriales “es una gran victoria para los propietarios de Kindle. Esperamos que se nos permita bajar los precios de los libros de Kindle más”. La idea de volver a ser el que domine el mercado de los ebooks le resulta atractiva a la empresa y por eso busca  crear más competencia.

Ya solo resta esperar al siguiente episodio, que puede ser que el Departamento de Justicia se manifieste o que Apple, como algunos de los demandados. decida llegar a un acuerdo. Si dijimos que el perjudicado con el acuerdo entre Apple y las editoriales era el usuario, al parecer la demanda hará que ellos mismos sean los que reciban el beneficio.

Apple y Amazon luchan por cuál es el que domina en medio de las ventas de los ebooks. Pero la historia toma un tono de telenovela a partir de la demanda antimonopolio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) hizo contra siete editoriales y la compañía de la manzana.

La demanda dice que Apple y siete editoriales se pusieron de acuerdo para aumentar el precio de los ebooks, lo que  viola las leyes antimonopolio de Estados Unidos. The Verge reveló el texto de la demanda (PDF), y como buena trama de película, tiene reuniones secretas entre los presidentes de las compañías -con restaurante italiano incluido-. Todo por una sola razón: poder competir de alguna forma contra Amazon y sus bajos precios de 9,99 dólares.

Los hechos por los cuales el DOJ interpuso en la demanda tienen que ver con que, a la mayoría de editoriales, el precio de Amazon les resultaba ‘miserable’, y buscaron una forma de aumentar los precios para tener más ganancias y al mismo tiempo evitar que los consumidores se acostumbraran a pagar ese precio.

La alianza con Amazon funciona de forma que las editoriales negocian con la empresa, que es la que al final decide cuál es el precio de venta. El acuerdo con Apple se gestionó de manera diferente: la editorial es la que decide el precio de venta, y la compañía de la manzana se queda con el 30% como comisión.

El DOJ muestra que el mayor problema es que ninguno podía, de forma individual, cambiar las condiciones de negociación con Amazon, por lo que crearon la alianza. Se reunieron entre 2008 y 2009 para llegar a final de ese año con una intención: lograr que su competidor subiera los precios.

La fecha de finales de 2009 concuerda con el momento en el que Apple estaba pensando en vender libros electrónicos. El objetivo en cuanto a precios era lograr establecer un promedio entre 12,99 y 14,99 dólares. Después del lanzamiento del iPad en 2010, Amazon cedió a la presión y llegó al primer precio. Lo que las editoriales no esperaban es que el Departamento de Justicia recopilara evidencia, que incluye llamadas telefónicas.

Falta tiempo para conocer el desenlace de la historia, pues hay que esperar la respuesta de los demandados. ¿Competencia desleal? El único afectado es el usuario que sí debe sobrellevar el incremento de los libros digitales.

Ayer fue la batalla de las empresas y los usuarios de Internet contra SOPA. Hoy, tras el cierre de Megaupload por parte de las autoridades de Estados Unidos, el grupo de ‘hacktivistas’ Anonymous atacó los sitios del Departamento de Justicia, la RIAA –la poderosa asociación de la industria discográfica en ese país– y el estudio Universal –el enemigo empresarial más visible de Megaupload–.

El método: un ataque de denegación de servicio (DDoS) –consistente en que centenares o miles de personas envíen solicitudes a los sitios simultáneamente, el cual fue organizado en menos de tres horas y logró los resultados esperados.

El colectivo Anonymous anunció el ataque vía Twitter y anunció el éxito de la operación y la justificó como “una pelea por la libertad de Internet”, pero lejos de celebrar, no está conforme: ya anunció ataques contra la MPAA –la agremiación de la industria del cine, aún más radical que la RIAA en su persecución contra los que considera piratas–.

Otra de las cuentas de Anonymous en Twitter señaló que se trata del ataque más grande de la historia por parte de la agrupación, con 5.635 usuarios confirmados de la herramienta con la que se hacen los ataques DDos, LOIC.

En Estados Unidos, el país de las libertades, uno de los lugares donde Internet se convirtió en una fuerza transformadora del mundo, los legisladores y diversas organizaciones quieren regular el uso de Internet –como es el caso de la Stop Online Privacy Act, SOPA, un proyecto de Ley sobre derechos de autor en Internet mucho más polémico que la ya cancelada ‘Ley Lleras’–.

Pero no solo surgen estas iniciativas, promovidas por Hollywood y las grandes industrias de contenidos, sino otras que parecen de otro mundo. Según reporta CNET, mentir en una red social o un servicio web podría convertirse en un delito. El argumento principal es queamenazar a los usuarios con la responsabilidad legal de lo que dicen y hacen en la Red, garantizaría el uso sobrio de redes sociales y otros servicios personales.

Por eso, el Departamento de Justicia está promoviendo el cumplimiento estricto de algunas normas de crimen informático que ya existen y que castigan el uso de un nombre falso, por ejemplo, en Facebook, o mentir sobre su peso en un servicio para buscar parejas como Match.com.

Richard Downing, jefe diputado de crimen informático para el Departamento de Justicia, declaró ante el congreso que la ley debe permitir“procesos jurídicos basados en la violación de los términos de servicio, o un contrato similar con un proveedor o empleador”.

Es decir, cualquier violación a los términos de servicio que miles de usuarios aceptan sin leer antes de acceder a cualquier servicio o aplicación podría ser usada en un proceso criminal. Especialmente si se trata de el uso intencional de información falsa.

La ley en cuestión es el Acto de Abuso y Fraude de Computadores (CFAA), y en un segmento prohíbe cualquier acción con un computador que ‘exceda el acceso autorizado’. La interpretación del gobierno es que los términos de servicio definen el acceso autorizado, e ignorarlos puede convertir a un usuario en criminal.

Aunque esto parecería no tener sentido, la ley ya ha sido usada en un proceso contra una persona, y es probable que muchos habrían estado de acuerdo con ese uso particular de la norma. Se trata de Lori Drew, una mujer que uso un perfil falso en MySpace para agredir y torturar sicológicamente a Megan Taylor, una niña de 13 años que se suicidó poco después. Los términos de servicio de MySpace prohíben la suplantación, por lo que las autoridades usaron ese argumento para condenar a la mujer. Sin embargo, un tribunal de apelación reversó la condena.

Pero millones de usuarios en todo el mundo infringen los términos de servicio de redes sociales y otros sitios web todos los días. Una estrategia popular para proteger los datos personales es simplemente usar seudónimos, o datos falsos como una ciudad y fecha de nacimiento diferentes.

Ya la organización de defensa de derechos civiles más grande de Estados Unidos, la ACLU, protestó esta iniciativa ante el congreso, argumentando que “si una persona asume una identidad ficticia en una fiesta, eso no es un crimen federal. Pero si asume esa misma identidad en una red que prohíbe los seudónimos, bajo la ley CFAA es un crimen. Eso es un abuso total de la ley”.

Estará por verse qué tanto el gobierno estadounidense, por intermedio de su Departamento de Justicia, logre convencer a la rama judicial con sus argumentos, pero lo claro es que está buscando formas de condenar cualquier comportamiento inapropiado.

Puede que en esta ocasión el gobierno pierda la batalla, como ya ha pasado en otros países, pero lo cierto es que en este 2011 muchos gobiernos, ya sean democráticos o no, han tenido un interés muy serio en reglamentar y limitar Internet. 

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