El anuncio lo realizó el cantante a través de sus redes sociales, en las que confirmó que interpretará a Mariano, el galán de la ciudad y el futuro prometido de Isabela, la niña prodigio de la familia y hermana perfecta de Mirabel. Considerando el hecho de que en los adelantos no vimos mucho de este personaje, podemos suponer que se trata de una participación menor y no un rol importante dentro del filme. Maluma no solo interpretará al personaje en la versión doblada, sino también en la internacional que llegará en inglés.

Además de la de Maluma, las voces confirmadas tanto para la versión en inglés como para la versión en español para América Latina y España son María Cecilia Botero (Abuela Alma), Mauro Castillo (Félix), Angie Cepeda (Julieta) y Carolina Gaitán (Pepa). Por su parte, Olga Lucía Vives realizará el doblaje para la versión en español para América Latina y España de Mirabel.

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“Encanto es una película tan mágica”, dijo Maluma. “Soy de Colombia y la historia es sobre una familia colombiana. Estoy orgulloso de ser parte de esta hermosa historia. Significa mucho para mí porque me apasiona compartir los valores culturales e historias sobre mi país a nivel mundial”.

La sinopsis oficial de Encanto lee lo siguiente: “Los Madrigales son una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia en un lugar encantado llamado El Encanto. La magia del Encanto ha bendecido a cada niño de la familia con un regalo único: cada niño excepto Mirabel. Sin embargo, pronto ella será la última esperanza de los Madrigales cuando descubra que la magia que rodea al Encanto ahora está en peligro”.

Encanto tiene programado su estreno el próximo 25 de noviembre, solo en cines.

Imágenes: Montaje ENTER.CO

De esta forma, la ley 152 de 2018 está más cerca de convertirse en realidad. Esta ha sido la propuesta, durante los últimos meses, del MinTIC, en cabeza de Sylvia Constain. Según el Gobierno, esta ley garantizará la conectividad en las zonas más apartadas del país y disminuirá la brecha digital en todo el territorio nacional. Eso sí, durante todo este tiempo, el proyecto ha sido blanco de críticas y debates.

En agosto del año pasado, Sylvia Constain, actual ministra TIC, anunció que en los meses siguientes llegaría la propuesta por parte de su cartera para modernizar el sector. Sin embargo, a finales del año pasado, el debate por el proyecto, que fue presentado inicialmente en septiembre, se aplazó porque muchos sectores solicitaron una mayor  socialización de la propuesta.

Así, comenzó el viaje de la Ministra por todo el territorio colombiano, dando a conocer cuáles serían los puntos más importantes del proyecto de ley.

Esta semana, la iniciativa regresó al Congreso de la República y, tras varias jornadas de debate, logró la mayoría de votos. El martes el proyecto pasó en el Senado y el miércoles en la Cámara de Representantes. Ahora queda solamente revisar los textos resultantes de ambos grupos, con el fin de pasar la ley  a sanción presidencial.

Licencias del espectro por 20 años

Uno de los temas más importantes del proyecto de ley tiene que ver con la ampliación en las licencias de utilización del espectro. A partir de la sanción de la Ley, estas licencias se concederán por 20 años a los operadores de telefonía móvil. Con esto, el Gobierno espera llevar conectividad de calidad a muchas personas que, en la actualidad, no cuentan con el servicio o lo tienen de manera deficiente.

Un regulador convergente

Por otra parte, la ley 152 de 2018 propone la eliminación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) en favor de un ente regulador integrado por dos juntas. La primera sería la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que se encargará de los temas de redes y telecomunicaciones. La segunda sería conocida como la Comisión de Contenidos Audiovisuales. Su labor estaría enfocada en garantizar el pluralismo informativo y la defensa y el derecho de los televidentes.

Este fue uno de los puntos más criticados del proyecto, pues al crearse el regulador convergente, como señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual hace parte Colombia, la debilidad más significativa del proyecto de ley frente a la creación de un regulador convergente es la ausencia de un regulador independiente. Carolina Botero, de la Fundación Karisma, citada por El Tiempo, asegura que “buena parte de las funciones de la ANTV se están entregando al Ministerio, así como las de vigilancia y control. Todo esto va también en contra de los estándares internacionales”.

Un Fondo Único TIC

Por último, también se aprobó la creación de un fondo único en favor de la eliminación de los actuales FonTIC y FonTV. Con esto, el Gobierno argumenta que habrá nuevos recursos para mejorar la gestión administrativa y ampliar la generación de contenidos de calidad, en especial, los producidos desde las regiones.

Imagen: MinTIC.

A mediados de junio, la Fundación Karisma reveló información sobre su nueva campaña de crowdfunding para apoyar a Diego Gómez, el biólogo egresado de la Universidad del Quindío que fue acusado en 2013 de violación de derechos de autor. A pesar de que el pasado 24 de mayo Diego fue absuelto en primera instancia de este delito, el proceso legal continúa.

La campaña de financiación colectiva se denomina ‘Compartir no es delito’ (o ‘Sharing is not a Crime’) y tiene como objetivo obtener los recursos necesarios para poder financiar los costos derivados de la apelación del caso, además de buscar nuevos caminos legales que permitan que situaciones como las de Diego no se repitan.

Cuando era estudiante de biología de la Universidad del Quindío, Diego compartió una tesis de maestría de un estudiante de la Universidad Nacional de Bogotá en la plataforma de documentos en línea Scribd, pensando en que otras personas pudieran acceder a ella. No hubo plagio ni ánimo de lucro, pero por este acto Gómez ha tenido que enfrentar un juicio de más de tres años.

Fundación Karisma y su lucha por el acceso abierto al conocimiento

“La decisión de la juez es un paso importante que alinea el derecho penal colombiano con los estándares internacionales donde esta arma se reserva para la lucha contra la piratería. El caso debe ser el detonante de una discusión profunda en el país sobre el sentido y pertinencia del acceso abierto”, dijo Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, a propósito de la absolución de Diego en primera instancia.

En 2014, la Fundación Karisma inició el proceso de asesoría y acompañamiento a Diego desde dos frentes: apoyo legal y difusión para “contarle al mundo su caso y educar a la sociedad sobre el acceso abierto al conocimiento”. Ahora, junto a varias organizaciones aliadas (como Creative Commons), han lanzado una campaña de crowdfunding o financiación colectiva en Indiegogo que busca ampliar el apoyo en esta nueva etapa del proceso.

¿Qué se espera de la campaña?

La meta inicial era recaudar 40.000 mil dólares en un lapso de cuatro semanas. Con este dinero, como lo dijimos previamente, Karisma espera cubrir el dinero para enfrentar el proceso de apelación y buscar nuevos caminos legales que eviten situaciones de esta índole. Igualmente, pretende producir un caso de estudio que permita contar la historia de Diego y evidenciar la necesidad del acceso abierto al conocimiento.

Sin embargo, existen gastos adicionales como poder cubrir el alojamiento y el transporte de Diego cuando sea necesario, ya que actualmente él trabaja en una reserva natural en Costa Rica como coordinador de investigaciones y sus desplazamientos son costosos. Así mismo, en caso de que se deba interponer un recurso de casación, será necesario costear los honorarios de un equipo de abogados.

“La persecución a Diego es una muestra de las consecuencias desproporcionadas de la violación al derecho de autor en la era digital. ¿Por qué estamos persiguiendo estudiantes por compartir conocimiento? Eso no está bien, y podemos hacer algo para cambiarlo”, concluyó Botero.

Para donar puedes ingresar al siguiente enlace.

Imágenes: Fundación Karisma

Diego Gómez, un biólogo egresado de la Universidad del Quindío, fue acusado en 2013 de violación de derechos de autor. ¿La razón? Encontró en Facebook una tesis de maestría de la Universidad Nacional de 2006 y la subió a internet.

Por este acto, Gómez ha enfrentado un juicio de más de tres años que este miércoles dio un giro bastante positivo para quienes creemos en el acceso libre al conocimiento: Gómez fue absuelto en primera instancia. De acuerdo con la Fundación Karisma, la organización civil que ha acompañado a Gómez en este proceso, no solo ganó la idea de que compartir no es un delito (De allí el hashtag que por estos días inunda las redes sociales: #CompartirNoEsUnDelito), sino que lo sucedido es un llamado a abrir el debate acerca de cómo circula la ciencia y sobretodo sus datos.

El acceso libre y abierto

En una columna de 2014, Carolina Botero Cabrera -abogada experta en derechos de autor en entornos tecnológicos e integrante de la Fundación Karisma- explicaba que el auge del ‘acceso abierto’ busca evitar que el conocimiento científico (que cambia vidas e impacta el desarrollo) quede atrapado por años en las lógicas de las publicaciones y los reconocimientos egoístas.

Además, Botero argumentaba por qué lo que hizo Gómez no es un delito y considerarlo de esta forma resulta ilógico: “Diego no plagió la obra, no hizo “piratería”, nunca tuvo ánimo de lucro, solo la compartió con fines académicos. Si los jueces se quedan en la letra del código, sin mirar lo que los abogados llamamos “antijuridicidad”, van a procesar a muchos Diegos. Eso, al final, no puede estar bien…”.

Así las cosas, la posibilidad de que Gómez pudiera enfrentar de cuatro a ocho años de cárcel, más multas, es hasta cierto punto ‘antiprocedente’; y hoy no nos queda más que felicitar al equipo de la Fundación Karisma, a los abogados del caso -Claudio Zambrano, Luis Bernardo Alzate y Germán Realpe (este último es columnista de ENTER.CO)- por su defensa; y por supuesto a Diego, que ha sido claro en manifestar: “el derecho de autor asume lógicas de mercado alejadas del propósito central de la investigación científica, que es dar a conocer y multiplicar el conocimiento para el desarrollo humano”.

Entre otras cosas ¿De qué era la tesis?

Como lo dijimos previamente, Diego Gómez es biólogo y la tesis que compartió era sobre biodiversidad. Su pasión y la de su grupo de investigación en la Universidad del Quindío era precisamente este tema, y al no encontrar en la biblioteca de su universidad textos de herpetología (rama de la zoología que estudia a los reptiles y anfibios), buscaba en internet la información más especializada que encontraba para compartirla con sus compañeros.

Sin embargo, el fondo de la discusión no es que la Universidad del Quindío carezca de libros, sino que -tal y como lo afirma Carolina Botero- “para ser serios en materia de biodiversidad, nuestros científicos deben contar con esta información” y hoy en día todavía nos enfrentamos a la pregunta ‘¿cómo hacer para que el saber y los conocimientos sobre las especies que conforman la biodiversidad sean también información pública?’. El Sistema de Información en Biodiversidad (SIB) es un gran adelanto, pero hace falta más.

Por amigos que trabajan en el Congreso de la República me enteré de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes (Proyecto de Ley 208 de 2016c) que pretende crear una ‘Mediateca Nacional’. Esta sería una institución pública, abierta y gratuita que albergue de manera análoga y digital toda la información que se deriva de nuestra biodiversidad y ancestralidad (usos, saberes y prácticas ancestrales y campesinas). La información sería traducida a paletas de color, bancos de texturas, sonidos y formas, fotografías en alta resolución, videos, documentos científicos, entre otros formatos. Interesante ¿no?

Imagen: Fundación Karisma.

Las cinco principales proveedoras de acceso a internet en Colombia están en pañales en lo que se refiere a la protección de datos de sus usuarios. Un estudio de la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la Fundación Karisma, llamado ‘¿Dónde están mis datos?’, revela que estas empresas tienen malas prácticas –si tienen alguna en absoluto– a la hora de proteger la privacidad y los datos personales de sus usuarios.

El informe califica a Claro, Movistar, Tigo, ETB, Une y Directv –que tienen al 91% de los usuarios, según el Ministerio TIC– de acuerdo con cinco variables:

1- Si publican informes de transparencia. Estos informes revelan cuántas solicitudes de información sobre sus usuarios reciben del Gobierno.
2- Si notifican a los usuarios cuando el Gobierno pide sus datos.
3- Si sus políticas de protección de datos son claras y los usuarios pueden acceder fácilmente a ellas.
4- Si dejan claro cómo cumplen sus obligaciones legales, cuando estas obligaciones involucran la entrega de información de sus usuarios. “Es decir, si tienen manuales que indiquen cómo cumplen con la obligación […], por cuánto tiempo retienen esos datos y cómo los eliminan, si es el caso”, dice un documento de la EFF.
5. Si sus políticas y procedimientos para filtrar, retirar o bloquear contenidos son claros, y si los usuarios pueden recurrir las decisiones que tomen las ISP en ese sentido.

Los resultados son los siguientes:

El informe fue realizado con la colaboración de los operadores, y más que castigarlos por sus malas políticas, busca iniciar una conversación sobre la importancia de proteger a los usuarios en un entorno digital en el que su privacidad está en riesgo.

“Esto no implica que los operadores no estén cumpliendo la ley”

“Esto no implica que los operadores no estén cumpliendo la ley”, señaló Carolina Botero, de la Fundación Karisma. “Solo que nos gustaría que hicieran algo más que eso”.

Un estudio similar será realizado por la EFF y fundaciones similares de México, Brasil, Paraguay y Perú. Puedes consultar todo el informe en dondeestanmisdatos.info.

¿Por qué importa esto?

El principal diagnóstico que se puede hacer es que a las ISP colombianas les falta transparencia. A pesar de que tienen diversas obligaciones legales, ninguna les informa a sus usuarios de que eso es así, y mucho menos de cómo cumple con esas obligaciones y de qué manera sus datos están expuestos gracias a esas regulaciones.

Esas obligaciones van desde entregar datos a la Policía cuando se les requiera, hasta abrir una ‘puerta trasera’ que permita acceder a las autoridades al tráfico de datos –un proceso que es la columna vertebral del sistema Puma–.

Por eso, casi ninguna informa a sus usuarios si alguna autoridad pide sus datos. En muchos casos las ISP no pueden hacer eso, pero en los que sí lo pueden hacer, esos usuarios están doblemente desprotegidos: por una parte, no pueden recurrir la entrega de la información por parte de la empresa, y por otra parte, las empresas no se los comunican.

Las ISP tienen responsabilidad en que no sepamos el alcance de la vigilancia masiva en Colombia

En el mundo análogo, sería necesario que un policía mostrara una orden de un juez para realizar un allanamiento e investigar información en los espacios privados de las personas, como sus hogares u oficinas. Que las autoridades no tengan un procedimiento análogo en el mundo digital pone en riesgo serio los derechos de los ciudadanos.

Además, el hecho de que ninguna de las ISP publique informes de transparencia contribuye al secretismo sobre la escala y el alcance de los procesos de vigilancia masiva que llevan a cabo las autoridades colombianas.

Otro aspecto que debe mejorar son los procedimientos de bloqueo de contenidos. Muchos usuarios conocen historias de que, por una demanda de pornografía infantil, se bloquean servicios completos como Twitter y Facebook, o páginas de empresas o particulares. Los mecanismos para apelar estas restricciones no son conocidos, ni los procedimientos para hacerlos son suficientemente claros.

El único avance que se ve es que las empresas ya comenzaron a abordar el tema de la protección de datos personales. Desde 2008, la legislación colombiana obliga a las empresas y negocios que usan datos personales a contar con una política de protección de datos y a cumplir con unos requisitos mínimos para utilizarlos.

Hay esperanza

A pesar de todo esto, algunas prácticas de las empresas muestran que puede haber un punto de partida hacia la construcción de mejores políticas. Une, por ejemplo, revisa las peticiones del gobierno antes de acceder a ellas, o Directv tiene un procedimiento para informar a sus usuarios en el caso de que el gobierno pida sus datos.

“El objetivo no es castigar a las empresas”

Como dice Katitza Rodríguez, directora internacional de derechos humanos de EFF, “el objetivo no es castigar a las empresas” sino iniciar una conversación sobre estos temas, ”hacer presión para que mejoren sus políticas” y lograr que que “los usuarios puedan tomar decisiones informadas” a la hora de escoger sus proveedores de telecomunicaciones.

En Estados Unidos, la EFF hace informes similares desde 2011, y las empresas han comenzado a mejoras sus políticas desde entonces. Por eso, no sorprende que el resultado del primer informe en Colombia sea este. Si no es por otra razón, es importante que las empresas comiencen a atender estos temas porque “su credibilidad es importante para su negocio”.

Imágenes: EFF, asharkyu (vía Shutterstock).

La historia comienza hace cerca de cuatro años, cuando se aprobó el PND del primer periodo del presidente Juan Manuel Santos. En su artículo 56, el documento le pide a la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) –la máxima autoridad de telecomunicaciones en Colombia– regular la neutralidad en la red. Además, prohibe “bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de internet”.

Para quienes no sepan, el PND es el documento rector de la política pública en Colombia. Cada presidente debe presentárselo al Congreso máximo seis meses después de su posesión. En él se consignan los grandes objetivos del país en los cuatro años en los que el mandatario estará a cargo y se imponen las obligaciones que deben cumplir las entidades del Estado para llevar a cabo esos fines.

Al poco tiempo, la CRC expidió la resolución 3502 de 2011, en la que cumple con esa exigencia pero también les permite a los operadores “ofrecer planes de acceso a Internet donde se limite el acceso a tipos genéricos de servicios, contenidos o aplicaciones“.

En su momento, el Gobierno puso esa resolución como un país pionero –el segundo en Latinoamérica, después de Chile– sobre regulación de la neutralidad en la red. El entonces director ejecutivo de la CRC, Carlos Andrés Revellón Villa, aseguró en su momento que “Colombia se posiciona como país líder en la región en materia de construcción de un entorno normativo propicio para el desarrollo del ecosistema digital”.

Cuatro años después, con el nuevo periodo presidencial, llegó un nuevo PND (PDF). En su artículo 206, este nuevo documento deroga el artículo 56 del pasado Plan. Hay que tener en cuenta que el documento puede sufrir cambios en su paso por el Congreso y no es seguro que vaya a ser aprobado sin modificaciones.

La pregunta es: si esto queda así, ¿se acaba la neutralidad de la red en Colombia?

Lo que dice el gobierno

ENTER.CO le preguntó al Ministerio TIC y a la CRC si esto invalida la regulación que protege la neutralidad en la red en nuestro país. En su respuesta, la CRC aseguró que “el [nuevo] Plan Nacional de Desarrollo no modifica la regulación sobre la neutralidad en la red“.

“El Plan Nacional de Desarrollo no modifica la regulación sobre la neutralidad en la red”: Gobierno

A juicio de la Comisión, el cambio en el PND no interfiere en la vigencia de sus decisiones, pues “las facultades de la CRC para regular el sector de telecomunicaciones fueron establecidas por la Ley 1341 del 2009, o Ley TIC“. En efecto, esa ley inviste a la CRC con la facultad de expedir regulación sobre “el régimen de acceso y uso de redes“.

Además, lo que exigía el artículo 56 del anterior Plan de Desarrollo era que la CRC regulara la neutralidad. Como eso se hizo, el Gobierno juzga que dicho artículo ya no es necesario.

Hay dudas

El temor de algunos activistas es que la neutralidad en la red pierda el ‘blindaje’ que tenía y que, con este cambio, sea más fácil crear nueva regulación que atente contra ella. Para Carolina Botero, de la Fundación Karisma, con el nuevo PND “quedamos con una regulación de la CRC sobre neutralidad que es de un nivel mucho más bajo que el de una ley”. A causa de eso, a juicio de Botero, la norma que obliga a los operadores a ser neutrales “podría ser modificada o derogada”.

Si no es una ley, la neutralidad “podría ser modificada o derogada“: Carolina Botero

A juicio de Botero, la medida “no manda un buen mensaje“, pues “Colombia fue una pionera en su reconocimiento en la región” y está trabajando por regular y adoptar el principio de neutralidad en la red. “En lugar de derogar la ley, el Gobierno debería abrir un debate sobre cómo mejorarla, pues lo que hay es insuficiente“, añade.

Todo esto –que fue descubierto por Emmanuel Vargas, de la Fundación para la Libertad de Prensa, y revelado en Twitter por el abogado Carlos Cortés– ocurre en un momento en el que la neutralidad ha estado en medio del debate en Colombia y otros países.

En nuestro país, la llegada de Internet.org –la iniciativa de Mark Zuckerberg para llevar Facebook y otros servicios sin cargo– levantó cuestionamientos en varios frentes sobre la supuesta violación a la neutralidad en la red en la que incurre el programa. Y en Estados Unidos, la FCC –el homólogo de la CRC– está a punto de tomar una decisión que protege este principio, con lo que se ganó el aplauso de la industria digital de ese país pero encendió una tormenta de críticas y ataques de parte de los operadores y algunos políticos conservadores.

Los defensores de la neutralidad en la red argumentan que preservarla es vital para mantener un internet diverso, en el que todos los actores tengan las mismas oportunidades de competir y difundir sus contenidos y productos. Entre quienes sostienen estas posturas están los activistas de la red y la mayoría de las empresas tecnológicas. Sus detractores aseguran que la regulación de internet elimina oportunidades de negocio y atenta contra la libertad de empresa de operadores y negocios digitales. En su mayoría, quienes tienen esa posición son muchas de las grandes ISP –no todas– y algunos políticos conservadores.

Imagen: Miguel Olaya (vía Flickr) 

En el comentario, López –firmando como un anónimo– acusó a Escalante de que fue despedida de la caja de compensación y del Club Colombia, que manejaba, por “malos manejos“, y se refirió a ella en términos desobligantes. Según la Fiscalía General de la Nación, los comentarios de López configuran el delito de injuria agravada porque “la conducta se cometió utilizando un ‘medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva’“.

Es poco probable que López vaya a la cárcel, pues el delito por el que fue condenado es excarcelable. Sin embargo, el haber sido declarado culpable puede traerle consecuencias negativas en otros órdenes de su vida.

En la sentencia [PDF], la Corte decidió no admitir la apelación del abogado de López, pues en ella no “se hace algún esfuerzo por satisfacer los presupuestos de lógica y debida argumentación“. Sin embargo, según algunos críticos, la Corte debió haberse pronunciado de fondo, porque este caso tiene consecuencias que tienen que ver con libertad de expresión en internet.

Es un problema de libertad de expresión

Para el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, “este es un caso desproporcionado. Y la Corte Suprema, en vez de corregir eso y adaptarlo a estándares de libertad de expresión, lo que hace es dejarlo pasar y no abordar el debate de fondo“. Además, a su juicio, no se ha probado que el comentario de López realmente le haya causado un daño a Escalante. “Nadie percibe los comentarios a las notas en internet como ciertos y no tienen esa capacidad de dañar, por ello tampoco se cumple el otro requisito: que la persona condenada tenga conciencia del daño. Todo el mundo percibe como algo irrelevante los comentarios que se hacen en estos foros“, le dijo a El Espectador.

“Los jueces no están entendiendo el contexto de estas cosas”

Otros expertos consultados por ENTER.CO también expresaron reparos frente a la decisión. El abogado y periodista Carlos Cortés Castillo aseguró que “los jueces no están entendiendo el contexto de estas cosas“, y aunque la Corte tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Sin embargo, Cortés cree poco probable que el caso de este comentarista se convierta en un precedente para juzgar a otros ciudadanos que expresen su opinión en al red. “No creo que esto abra un boquete para que se comience a meter a la cárcel a los tuiteros“, aseguró.

La abogada Carolina Botero, a su turno, lamentó que “estos debates están llegando tarde al país. En otros países de Latinoamérica, estos fueron los principales argumentos cuando se legisló sobre la libertad de expresión en internet, mientras que en Colombia la discusión tomó otro camino“, aseguró. A su juicio, el caso “podría tener efectos muy negativos“.

Gómez, un biólogo de 26 años graduado de la Universidad del Quindío, se dedica a investigar la conservación de las especies de anfibios y actualmente estudia una maestría en Costa Rica. Según cuenta en una carta difundida por la Fundación Karisma, internet le ayudó a suplir las carencias de la biblioteca de su universidad. Por medio de la red, afirma, “solicitaba y accedía a la información necesaria para dar los primeros pasos en investigación y conservación de la biodiversidad de mi región y, como retribución, […] compartía documentos útiles“, algo que –asegura– se convirtió en una “práctica cotidiana“.

Tras compartir uno de esos documentos –una tesis de maestría de una universidad pública de Bogotá–,  fue acusado penalmente por su autor, por el delito de Violación a los Derechos Patrimoniales de Autor y Derechos Conexos, y el proceso se adelanta actualmente en la Fiscalía General de la Nación. La audiencia preparatoria, que había sido programada para el pasado 16 de julio, fue aplazada.

Derechos de autor, al banquillo

“Me sorprende que lo que es indispensable para las actividades de investigación y conservación (compartir conocimiento) pueda ser considerado un delito […] Me sorprende que algunos investigadores en ciencias biológicas también consideren impertinente, y sobre todo ilegal, que otros difundan su trabajo sin buscar ánimo de lucro“, escribe Gómez en su carta. A su juicio, las actividades de investigación y difusión de ciencia y tecnología no deberían ser tratadas por la Ley como los contenidos comerciales, pues, precisamente, son hechos para su difusión libre, y es ella en la que le encuentran valor, especialmente en entornos en los que el acceso ‘legal’ a esa clase de contenidos es tan limitado.

Según el abogado Germán Realpe Delgado, quien representa a Gómez en este proceso, el caso “pone de manifiesto que hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“. Tras la caída de las leyes Lleras, el marco legal colombiano sobre estos derechos sigue sin estar pensado para la red, por lo que actos como el de Diego son vulnerables de ser señalados como delitos. En el pasado, los activistas de la red han manifestado la necesidad de llevar a cabo un debate amplio sobre este tema, y aunque el Gobierno ha abierto algunos espacios para la discusión, el tema no se ha movido en los últimos meses.

“Hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“

Además, es la primera acusación penal que se hace pública en Colombia en la que se enfrentan los derechos de autor con las dinámicas de internet y los debates que se han dado durante años en diferentes orillas. Como dice María del Pilar Sáenz de la Fundación Karisma en un ‘post’ en Las2Orillas, en este caso “la premisa de que Compartir no es Delito tiene un nombre y un rostro detrás. La injusticia hipotética de enfrentar el desbalanceado sistema de los derechos de autor donde priman los intereses comerciales sobre el interés del acceso se volvió cercanamente dolorosa“.

Mientras eso ocurre, la mejor esperanza para quienes, como Gómez, comparten contenidos de buena fe, es que los jueces entiendan las lógicas de la red. La abogada Carolina Botero asegura en su columna en El Espectador que “si los jueces se quedan en la letra del código, sin mirar lo que los abogados llamamos ‘antijuridicidad’, van a procesar a muchos Diegos“.

Usted, ¿qué opina del caso de Gómez?

Imagen: Shutterstock

Las elecciones presidenciales tienen un tema central: las negociaciones de paz. Pero en otros campos, como la tecnología, innovación y derechos de internet, los candidatos quedan debiendo. Pero ni siquiera por propuestas mal estructuradas o demasiado generales, sino por el desértico panorama que presentan sus campañas a la hora de tocar estos temas.

Hablamos con tres activistas que luchan día a día por los derechos en la red y por el desarrollo de Colombia en temas de TIC. El consenso entre ellos es que en estas elecciones el paisaje sobre estos temas es, efectivamente, un desierto.

La abogada Carolina Botero, miembro de la fundación Karisma; Julian Casasbuenas, director de Colnodo; y el abogado, asesor e investigador en temas de gobernanza de internet, Carlos Cortes Castillo; nos contaron cuáles, a su juicio, son las políticas que los candidatos deberían tener en cuenta. Además, expresaron su preocupación por la poca importancia que tiene el tema dentro de las propuestas de los candidatos.

¿Tienen en cuenta los candidatos los temas de internet, innovación y TIC?

La respuesta corta es un rotundo no. Carolina Botero afirma que los derechos de internet son un “tema huérfano” en los programas de campaña de los candidatos. “Es un tema acéfalo y ajeno a las discusiones políticas”, afirma.

En la columna de opinión que escribe la activista para El Espectador, ella señala un aspecto preocupante para todos aquellos interesados en encontrar nuevas propuestas sobre internet y derechos en las propuestas de los candidatos: “Revisamos entonces si en sus buenas intenciones (las propuestas de los candidatos) hablaban del ejercicio de derechos en la Red, y ya no nos sorprendimos: Nada.”

Los derechos de internet son un “tema huérfano” en esta campaña

A ojos de los candidatos, internet únicamente es una herramienta de publicidad, pero la campaña no ve el tema como un sustento para sus propuestas. “Todos están usando masivamente las redes sociales pero ninguno pasa del uso instrumental al posicionamiento en temas como ‘Ley Lleras’ (que volverá, pues es compromiso del TLC), espionaje masivo en Internet, gobernanza de Internet o similares”, escribe Botero en su columna.

Julián Casasbuenas señala que es preocupante que las propuestas sobre TIC hayan estado ausentes de los programas de los candidatos a Cámara y Senado. Por esto, Botero concluye en su columna que los candidatos “se rajan con los posibles electores net-ciudadanos”.

Una nueva visión de la mano de una ‘agenda positiva’

Un cambio importante para Colombia, según nuestros entrevistados, sería empezar a ver con nuevos ojos la agenda del país sobre los temas de tecnología. Casasbuenas espera que el próximo presidente de Colombia tenga en cuenta que “internet es una alternativa y oportunidad para el desarrollo”. Según dice, “estudios en Chile han demostrado que el PIB (producto interno bruto) puede aumentar cuando aumenta el uso de internet”.

¿El gobierno le tiene miedo a internet?

Para Botero, los movimientos en la política de la red están enfocados a la infraestructura, no a los derechos. A su juicio, cuando el gobierno habla de derechos relacionados con internet, es “temeroso y criminalizante”, lo que explica que muchos temas importantes estén quedando por fuera. “Se habla de datos personales, pero no de privacidad. Se habla de la libertad de expresión, pero como algo secundario a los derechos de autor”.

¿Estamos bien en infraestructura?

Para el abogado Carlos Cortes, los logros de infraestructura se están quedando más pequeños de lo que pensamos: “A pesar que existen cifras sobre expansión y penetración de internet, creo que siguen siendo bajas”, señala Cortes.

Cortes afirma que un aspecto para tener en cuenta es la dirección que quiera tomar el próximo Gobierno en el tema. “El gobierno [actual] ha vendido un poco la idea que con infraestructura y tecnología de 4G se empezará a cubrir el acceso a acceso a internet en zonas donde no hay posibilidad de tener un cable. Es muy difícil que eso suceda”.

Las cifras de expansión de la red “siguen siendo bajas”

Cortes señala que zonas como el Putumayo o Amazonas no son lugares factibles para que la tecnología 4G llegue a reemplazar “el cable que no llega”. ¿La razón? Son servicios con un alto costo, y al final no existe una oportunidad económica tan grande como para que alguna empresa vea la ventaja de ofrecer el servicio.

El director de Colnodo apunta a otro lugar que deberían examinar los candidatos: la infraestructura y los costos de conectividad. “Cuando uno como innovador y ciudadano utiliza internet, nota que los costos son altos y la calidad no es buena, sobre todo el internet móvil”

El costo de infraestructura y el camino que toman esos recursos debe ser redefinido. Pero por ahora no existe una propuesta seria sobre el tema entre los candidatos, salvo los proyectos que ya viene implementando el Ministerio de las TIC.

¿Qué es banda ancha para nuestro país?

Botero y Casasbuenas llegan a una misma conclusión: Hay que definir qué es y qué  no es banda ancha.

Según ambos activistas, el termino banda ancha no está definido seriamente en el país. Para Botero, en Colombia “banda ancha es cualquier cosa”. Por su parte, Casasbuenas, dice que “Internet móvil en Colombia es cualquier cosa”.

Hay que definir qué es y qué no es banda ancha

El termino banda ancha en el país se estaría usando para ofrecer servicios que no cumplen realmente con la calidad que esperan los usuarios. Para los activistas es necesario que sea definido de forma más exigente, de modo que sí soporte lo que requieren los nuevos desarrollos. Casasbuenas añade que “necesitamos conocer las políticas del país a largo plazo sobre el acceso a banda ancha”, pues no es suficiente con aumentar la penetración si la calidad y capacidad del servicio no dan la talla.

Políticas y gobernanza en internet

Colombia está atrasado en el tema de políticas y gobernanza de internet. Para el director de Colnodo, “Colombia no tiene políticas sobre neutralidad en internet”, un tema que Brasil ha puesto sobre la mesa tras el anuncio de su nuevo Marco Legal. Para los activistas, es necesario que Colombia se ponga a la par.

En medio de las revelaciones de Edward Snowden, en las que quedó claro que los usuarios latinoamericanos fuimos víctimas del espionaje masivo por utilizar servicios estadounidenses, la autonomía regional de internet se está convirtiendo en un tema que, según Cortés, debería estar en la agenda del gobierno.

¿Y la neutralidad en la red?

Según señala, la alternativa para Colombia en temas de gobernanza de internet es clara: “Colombia debería asumir una actitud regional”. Latinoamérica, dice, “puede volverse un contrapeso en el tema de gobernanza, exigiendo protección para nuestros usuarios y construyendo alternativas para que internet tenga un nivel de autonomía en la región”.

La vigilancia masiva es un debate que no debe ser ignorado

Snowden confirmó una idea alrededor del mundo: la vigilancia masiva existe y hace parte de la estrategia de defensa de varios países.

Para Casasbuenas, es imperativo que el gobierno colombiano demuestre cuál es su posición sobre el tema y que, con ello, los debates sobre el derecho a la privacidad tomen más fuerza. “Los gobiernos tienen que definir claramente que sucede con la recopilación, vigilancia y procesamiento de información”, y debe hacer posible “que podamos comprobar que se garantizan los derechos humanos en ese proceso”.

Hay que proteger los contenidos

Cortés teme que los nuevos contenidos que producen innovadores, creadores, periodistas y,  en general, los nativos digitales del país, terminen siendo aplacados por las normas de derechos de autor. La clave, según señala el abogado, está en “darle cierto nivel de flexibilidad a nuestras industrias creativas”.

Las leyes ‘Lleras’ y similares aplacan a los creadores

Para Cortes, estas actividades están desprotegidas en Colombia. “Necesitamos promoción de proyectos y una regulación que no nos afecte y nos restrinja”, afirma. El abogado señala con preocupación que, a futuro, “terminaremos implementando unas normas que pondrán nuestro consumo de contenido al servicio de las industrias creativas estadounidenses”.

La participación civil en el debate de internet es necesaria

Los debates alrededor de los derechos de internet están dejando por fuera a la sociedad civil. “El usuario final no se tiene en cuenta”, afirma Casasbuenas. Para el director de Colnodo, es importante que se tengan en cuenta las opiniones de organizaciones civiles sobre estos temas.

“El usuario final no se tiene en cuenta“ en los debates sobre internet

Las opiniones de los tres activistas y expertos sustentan esta necesidad. Muchos de estos temas se están dejando fuera de la agenda, guardados tras alguna puerta muy alejada, detrás de otros debates que sí están recibiendo atención en esta campaña.

Un par de conclusiones

El director de Colnodo concluye que internet debe ser visto de una nueva forma por el futuro presidente: como una “red de servicios, motor de desarrollo con acceso universal, que brinde igualdad de oportunidades, asequible y de alta calidad”.

Por su parte Botero advierte que, con seguridad, “con internet nos va a pasar igual que con las carreteras: quedaremos colgados”. La activista está convencida de algo: “El internet es facilitador de derechos humanos”. Una forma de ver el tema que, a futuro, le gustaría que compartiera el ganador estas las contiendas presidenciales.

La ‘Ley Lleras’ vuelve al ring. Luego de que el Congreso decidiera archivar la primera versión, y de que la Corte Constitucional tumbara la Ley 1520 de 2012 (PDF) –que fue bautizada por los internautas como ‘Ley Lleras 2’ o ‘Ley del TLC’– por vicios en su trámite, el Gobierno la puso de nuevo en la agenda del Congreso. Primero por medio del Proyecto de Ley 226 de 2013, que propone de nuevo lo que la ‘Ley Lleras 2’ decretaba sobre las señales de televisión. Y luego con otro proyecto de ley presentado este viernes, que busca que se apruebe el resto del paquete.

Desde la caída de la ‘Ley Lleras 2’, el Gobierno había guardado silencio sobre el tema. Como le dijo el ministro TIC, Diego Molano Vega, a ENTER.CO, era probable que se presentara “el mismo texto” de la derogada Ley, pero eso no se supo a ciencia cierta hasta que se conoció la nueva iniciativa. ENTER.CO no obtuvo respuestas a varios requerimientos de información que hizo a diferentes entidades del Gobierno en el último mes, y luego fuimos informados de que no había posición oficial sobre el tema.

Con el nuevo Proyecto de Ley, el Gobierno finalmente destapó sus cartas y comenzó un nuevo round de su pulso con los activistas de internet.

Activistas piden más debate

Mientras el gobierno callaba, los activistas, los académicos y los internautas ya se estaban moviendo. Su objetivo era evitar que les volvieran a pasar por encima. Decían que el Gobierno tenía en sus manos la oportunidad de evitar los errores del pasado y redactar una buena ley: una iniciativa consensuada, dialogada, que fuera producto de un proceso serio y no del afán de cumplir.

La primera ‘Ley Lleras’ tuvo mucha discusión pública, y gracias a los problemas que salieron a la luz en ese debate el Congreso decidió archivarla. Pero –como recordó el abogado, periodista e investigador Carlos Cortés Castillo– en la segunda Ley “el debate estuvo descartado de plano“. Fue aprobada a las carreras por un Legislativo cuya verdadera preocupación era hacer la tarea para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC en su entonces próxima visita a Cartagena.

Lo que esperaban los activistas era que el Gobierno aprovechara la derogación de esa Ley para llevar a cabo la discusión pendiente. “La nueva Ley no puede salir del bolsillo del ministro sin que haya una discusión previa. El Gobierno debería aprovechar el debate para enriquecer el proyecto de ley“, afirma el abogado Lorenzo Villegas, que se ha opuesto en varios escenarios a los proyectos de ley presentados por el Gobierno.

En opinión de Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma y la más reconocida vocera de la sociedad civil en estas discusiones, el Gobierno no tiene voluntad de hablar con la sociedad civil sobre este tema. “La posición sigue siendo que el Gobierno sabe lo que nos conviene, se lo presenta al Congreso y confía en su ‘unidad nacional’ para que pase. No se resigna a un proceso abierto con la sociedad“, dice.

Incluso los representantes de la industria musical están de acuerdo con que hay que dialogar más: “Me gustaría ver sistemas adaptados a las realidades de cada país“, dice Gustavo Palacio, director ejecutivo de APDIF Colombia, el gremio de los productores fonográficos. “Lo que quisiéramos –añade– es una discusión franca y abierta, que construyamos un sistema real”.

Si hay alguien interesado en que haya una reglamentación efectiva de los derechos de autor es, precisamente, el gremio de los dueños de esos derechos. La intención de las discográficas, como dice Palacio, es llegar a “mecanismos que permitan acceder a los contenidos, y que la gente se acostumbre a acceder a los contenidos en un entorno de legalidad“. Lo que quieren no es, asegura, enviar a la cárcel a los internautas: “La posición de la industria no es ir detrás de personas que descargan música”.

Pero el Gobierno prefirió el silencio. El diálogo ya no ocurrió, y los malentendidos siguen en el aire. El espacio que les queda a los colombianos para debatir el tema es el Congreso de la República, algo que no le gusta mucho a algunos activistas. “El proceso de participación ciudadana en el Congreso es todo menos amable con ciudadanos“, dice Botero.

El argumento que suele esgrimir el Gobierno para negar que estas leyes fueron presentadas a espaldas de la ciudadanía consiste en que su contenido fue discutido ampliamente cuando se redactó y se negoció el TLC, entre 2000 y 2007. “Este no es un tema que haya sido hecho a la ligera. Estas negociaciones duraron años, y fueron discutidas con el sector privado“, nos dijo el ministro TIC, Diego Molano, en ese momento.

Pero para Botero, desde 2007 han pasado cosas en el mundo TIC que hacen que sea necesario que el debate se actualice. “Es ridículo creer que debemos adoptar las medidas que en EE. UU. ya tienen 15 años. La propia registradora de derecho de autor de Estados Unidos dice que hay que reformar el derecho de autor“, afirma.

Lo que exige el TLC

Ninguna de las dos leyes ‘Lleras’ salió de una iniciativa propia del gobierno colombiano. Fueron producto de los compromisos que adquirió el país para poder firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. ¿Cuáles son esos compromisos?

El capítulo 16 del texto del tratado (PDF) compromete al país a hacer que sus leyes de propiedad intelectual sean compatibles con las estadounidenses. Para ello, nuestra legislación debe tener varios instrumentos que hoy no tiene. Uno de ellos es lo que se conoce como “limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios“. La ‘Ley Lleras’ original tenía el objetivo de incluirlo en las leyes colombianas.

Estas limitaciones buscan que un prestador de servicios digitales (es decir, alguien que enlace, almacene o distribuya contenidos digitales) quede eximido de cualquier responsabilidad civil o penal por piratería si desactiva el acceso a ese contenido siempre que el dueño de los derechos se lo pida.

En Estados Unidos, la ley de derechos de autor en internet, conocida como DMCA (Digital Millenium Copyright Act), establece un procedimiento similar. Por ejemplo: si una disquera descubre que un video de YouTube reproduce sin autorización una canción de cualquier artista representado por ella, se comunica con Google pidiéndole que ‘dé de baja’ ese video. Google podría no hacerlo, pero en ese caso se expondría a ser responsabilizado por piratería. La empresa prefiere jugar seguro, y por eso el resultado suele ser que el video es bloqueado de YouTube.

Otra obligación que se impone en el TLC es la de prohibir “la retransmisión de señales de televisión (sean terrestres, por cable o por satélite) a través de Internet sin la autorización del titular o titulares del derecho del contenido de la señal“. La ‘Ley Lleras 2’, tanto en su primera como en su segunda versión, copian esa prohibición palabra por palabra.

¿Es copiar la legislación estadounidense una buena idea?

En su momento, el ministro TIC, Diego Molano Vega, nos dijo que las dos leyes ‘Lleras’ ponen a Colombia “al mismo nivel de derechos que Estados Unidos”con respecto a las leyes de derechos de autor. Sin embargo, la opinión entre los opositores de la iniciativa es que ceñirse de forma cerrada a la legislación estadounidense no es ni una obligación ni una buena idea.

“El TLC no dice que Colombia deba copiar el DMCA“, dice Villegas. Para él, y para Botero, no es necesariamente cierto que el acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos llegue hasta ese punto.

“Nosotros no hemos dicho nunca que no se honren los compromisos adquiridos“, dice Botero. Sin embargo, añade, “el TLC no es una camisa de fuerza. Lo que dice es que debes usar camisa; pero el color, el tipo de manga, de cuello e incluso el material todavía está por decidirse“.

Incluso Palacio, representante de las discográficas, dice que copiar el sistema estadounidense no es obligación. “Nadie dice, ni la industria, que necesariamente tengamos que tener acá exactamente el sistema norteamericano“.

Los activistas han señalado que otros países que también tienen TLC han creado legislaciones que no son copias exactas de las leyes de Estados Unidos. “Los tratados de EE. UU. con Chile, con Europa o con Australia, tienen condiciones similares a las nuestras, pero los procedimientos en cada uno de esos países han sido diferentes“, asegura Botero.

El problema es que no conocemos el problema

El temor de los activistas es que el Gobierno y el Congreso estén creando leyes para solucionar un problema que no conocen bien, y que de hecho ni siquiera están seguros de que exista.

En el primer acto público a favor de la ‘Ley Lleras’, aparecieron varios trabajadores de las industrias culturales a intentar convencer al Congreso de que esa ley iba a salvar de las garras de la piratería al producto de su sufrido trabajo. Para conmover al auditorio, la productora de cine Paula Jaramillo comparó los cinco rollos de una de sus películas –que, asevera, le costó “ocho años de trabajo“– con la copia pirata que consiguió en un semáforo. “La piratería nos imposibilita la recuperación de la inversión en una producción de cine“, dijo.

Nadie estaba intentando penalizar esa clase de piratería. Eso ya era delito entonces, y sigue siéndolo hoy.

La ‘Ley Lleras 2’ también fue tramitada en medio de la falta de información de muchos de los actores de las dos partes del debate. Entre otras imprecisiones, el senador ponente de la Ley 1520, Carlos Ramiro Chavarro, confundió en una de sus intervenciones las protecciones anticopia DRM con los archivos PDF, seguramente con la idea de que los segundos no podían ser editados con un procesador de textos.

Por otra parte, muchos activistas también han cometido desatinos y ligerezas en sus declaraciones públicas: el que esa ley haya sido llamada tan prontamente ‘Ley Lleras 2’, cuando en lo fundamental era diferente de su antecesora, es una prueba de ello. Además, según Cortés, algunos detractores de la Ley se han equivocado al “dar una conversación demasiado sofisticada, que de pronto no sirve para el debate“.

Para Cortés, para crear un ambiente apto para la discusión hay que aclarar estos malentendidos y definir de qué se está hablando. La clave, según dice, es aclarar sobre qué –y sobre qué no– es lo que se pretende legislar. “Necesitamos volver al debate sobre qué es la piratería, cómo está el tema de la piratería en Colombia y qué relación tiene con el uso de Internet“, anota.

Cortes dice que los músicos y los directores de cine “tienen que perderle un poco el temor a inspeccionar ese paradigma que les vende el gobierno de que esta ley es para salvarles el empleo“. Mientras tanto los internautas, añade Cortés, deberían “dejar de pensar que esta ley es la que va a volver piratas y delincuentes a los usuarios de internet“.

Otro problema es que se desconoce el tamaño de la situación que se intenta atacar. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el tamaño de la piratería, ni la proporción que ocupa con respecto al mercado legal. A pesar de esto, hay algunas cifras que ayudan a perfilar el fenómeno:

• Business Software Alliance (BSA), el gremio de los creadores de programas informáticos, publicó un estudio el año pasado que dice que el 53% del software es pirata, y su valor comercial equivaldría a 295 millones de dólares.
• En una entrevista reciente con El Espectador, Juan Hardoy, director legal antipiratería de Microsoft para América Latina, dijo que la red es –por encima de las ventas callejeras– el espacio más ‘pirata’ en Colombia. “A través de internet se ejecutan el 45% de las acciones que tienen que ver con la piratería“, aseguró.
• MusicMetric, un servicio que mide la popularidad en internet de los músicos y rastrea la cantidad de descargas por BitTorrent, dice que en nuestro país hay 3.041.490 personas que bajan música a través de ese servicio.  

Ninguna de esas cifras fue mencionada en alguno de los debates, a pesar de que algunas ya estaban disponibles en ese momento. Y más allá de los números, nadie sabe quiénes son los piratas colombianos. Nadie conoce nada sobre su demografía, su educación, su nivel de ingresos o sus intereses. No se sabe bien si lo hacen para robar o para obtener contenidos que no están disponibles de otra manera.

Si eso no se sabe, no se puede avanzar en una solución. Las leyes ‘Lleras’ buscan ponerle talanqueras penales a la piratería; y sus promotores nunca se detuvieron a pensar si, como dicen algunos empresarios y académicos, lo que alimenta el fenómeno son las deficiencias del mercado.

Faltan más ’rounds’

Aunque el nuevo proyecto de ley hasta ahora comienza su camino, ese no es el único tema pendiente. El asunto más fuerte, que es la responsabilidad de las ISP y el procedimiento para el bloqueo de contenidos, sigue sin discutirse tras el hundimiento de la primera ‘Ley Lleras’.

El ministro Molano nos dijo el año pasado que ese debate se haría sobre la mesa: la discusión, aseguró, la “daremos abiertamente al país […] y le explicaremos a todo el mundo cuál es el alcance del TLC en esa materia“. De hacerlo, el Gobierno tendría la oportunidad de crear una mejor ley, y de pagar un menor costo político por ella. No es gratuito que, después de más dos años de haber radicado la primera iniciativa, hoy nada de esto esté vigente en nuestra legislación.

Mientras tanto, como dice Villegas, “la sociedad civil toma conciencia de su importancia en todo este tema“. Y a pesar de que ya le pasaron por encima dos veces, esa misma sociedad civil está esperando que el Gobierno cumpla esa promesa.

Cuando les presentamos Internet Activa, les contamos que el objetivo de ese proyecto era darles herramientas a los internautas para convertirse en ciudadanos y activistas digitales. Tras un primer ciclo de conferencias, ahora viene una serie de talleres prácticos sobre temas útiles para llevar estas ideas a la práctica.

Los talleres se llevarán a cabo en Bogotá el 7 y 8 de febrero. Tendrá cuatro módulos: activismo en redes sociales, licenciamiento libre, seguridad y privacidad y crowdfounding. Como explica Carolina Botero, de RedPaTodos –uno de los colectivos que organizó la iniciativa, junto con la Fundación Karisma y Google Colombia– los talleres ofrecen “algunas herramientas para que aquellos ciudadanos que quieren actuar, activar y defender el internet participativo, abierto y público puedan usarlas y entiendan su impacto“.

Entre los talleristas estarán miembros de RedPaTodos –que hace activismo a favor de una legislación justa de derechos de autor– y Fundación Karisma –que promueve el licenciamiento y el uso responsable de Creative Commons–; además de Daniel Vázquez y Antonio Pardo, miembros del colectivo Hacktivistas que ayudó a organizar el movimiento de Indignados en España; y el colectivo ibérico Goteo, cuya aproximación al crowdfunding –como explica Botero– “tiene toda una propuesta que incluye comunidad y trabajo social“.

Si quieren inscribirse en los talleres, deben hacerlo en la página de Internet Activa. Si quieren ir a todos, deben registrarse en cada uno de ellos. Háganlo pronto, pues los cupos son limitados. Es gratis: el único requisito es llevar un computador para poder aprovechar la actividad al máximo.

La Corte Constitucional le dio la razón al senador Jorge Enrique Robledo y a decenas de internautas: la Ley 520 de 2012, llamada por los internautas como ‘Ley del TLC’ o ‘Ley Lleras 2’, fue declarada inexequible totalmente en la noche de este miércoles, según pudo confirmar ENTER.CO con el senador Robledo y otras fuentes independientes.

La Corte acogió tanto los argumentos de forma como los de fondo presentados por el Senador. Según El Tiempo y otros medios, la Corte encontró, como lo señalaba Robledo, que dos de los artículos de la Ley, el 13 y el 14, son inconstitucionales porque violan las libertades fundamentales de expresión y comunicación.

El artículo 13 es el que prohibía la retransmisión de señales de TV sin permiso del dueño de los derechos, y el artículo 14 penalizaba la ruptura de ‘candados’ anticopia o DRM. Según los críticos de la Ley, este último restringía incluso la copia privada de contenidos adquiridos legalmente.

La Corte, según nos dijo el Senador y algunas versiones de prensa, también aceptó el argumento de forma, que aducía que su trámite por el Congreso estuvo viciado. Eso hace que la totalidad de la Ley quede invalidada.

Cabe aclarar que, en este momento, no hay un pronunciamiento oficial de la Corte sobre la decisión.

En charla con ENTER.CO, el senador Robledo celebró la decisión. “Debemos congratularnos, porque la norma se cae por razones de fondo y por razones de forma. De fondo, porque esa era una ley que contenía una política de propiedad intelectual especialmente agresiva, en particular en el caso de Internet, y esta norma lo afectaba en materia gravísima“, dijo.

Por su parte, el senador Camilo Romero, otro opositor público a la iniciativa, también manifestó su complacencia sobre el fallo de la Cortede la Corte “Es una victoria de una nueva ciudadanía, que derrota a una política tradicional que legisló con una lógica del pasado sobre el futuro de la humanidad“, le dijo a ENTER.CO.

La activista Carolina Botero, del colectivo Red Pa Todos, adujo que la decisión era esperable. “No me sorprende que suceda. La Corte tenía muchas razones tanto de fondo como de forma para pronunciarse en contra de la ley. Eso nos da la razón y obliga al gobierno a replantear su estrategia legislativa, en la que no contó con la sociedad civil. Y al Congreso no le quita su responsabilidad por aceptar trámites expeditos, un caso más de actuar sin leer“, sostuvo en una conversación con nosotros.

Nos comunicamos con el despacho del Ministro TIC, Diego Molano Vega, y allí nos dijeron que el Ministerio no podía hacer pronunciamientos oficiales hasta que el fallo no fuera conocido públicamente. Eso quiere decir que es posible que pasen varios días antes de que el Gobierno se pronuncie, pues la Corte suele publicar los fallos tiempo después de que las decisiones son tomadas.

Internet se convirtió en un escenario político. Las leyes y los debates sobre la regulación de la Red, que pasan por temas como derechos de autor, neutralidad de la Red, acceso al conocimiento y libertad de expresión están cada vez más presentes y son cada vez más acuciantes. Sin embargo, muchos usuarios no tienen mucha idea de sus derechos como ciudadanos, y menos de cómo defenderlos y ejercerlos cuando hay que hacerlo. Para llenar ese vacío, la Fundación Karisma, el colectivo Red Pa Todos y Google se asociaron para crear Internet Activa. 

Se trata de un sitio que buscará formar a sus usuarios en los temas cruciales que involucran política pública, Internet y derechos ciudadanos. Para ello, se realizarán columnas por streaming cada 15 días, en las que expertos latinoamericanos darán sus conferencias sobre estas temáticas y comenzarán una discusión con la audiencia, que podrá participar por medio de hangouts o chats. La primera de ellas es este jueves a las 7:00 p.m., hora de Bogotá.

Además, en varias ciudades de Colombia y Latinoamérica se organizaron grupos de discusión para ver los contenidos y generar debates a partir de ellos. Las conferencias, y otro material adicional sobre las temáticas que sean tratadas, quedarán disponibles de forma gratuita y abierta en el sitio Web.

“Es la oportunidad de formar ciudadanos. Los internautas somos ciudadanos“, afirma Carolina Botero, de la fundación Karisma. “Los que queremos discutir debemos entender la base detrás de la forma de trasladar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales al entorno de Internet“, añade. Al final, el objetivo es llevar a cabo un taller para enseñar a hacer e impulsar el activismo a través de la Red.

Las conferencias son los jueves cada 15 días, a las 7:00 p.m. hora de Bogotá. “Le dedicas cuatro horas al mes, arma el debate y te vas a formar mejor para la discusión“, invita Botero. Si quiere saber más, puede visitar el sitio internetactiva.org o visitar el perfil en Twitter de la iniciativa.

Tras su aprobación anoche en el Congreso de la República, senadores, ministros y activistas han reaccionado por la aprobación de su iniciativa de la ‘ley del TLC’.

El senador ponente, Carlos Ramiro Chavarro, le dijo a ENTER.CO que no creía que hubiera sido discutida de afán, porque “la discusión del TLC comenzó en el 2004” y el mensaje de urgencia con el que el Gobierno radicó el proyecto de ley “obliga que el Congreso haga el trámite rápidamente”.

Chavarro destacó que la aprobación no se hizo a puerta cerrada, y dijo que, a su juicio, el debate fue amplio: “Aquí se han discutido todos los temas. Hemos hecho un trabajo serio y responsable, consagrando los derechos legítimos que tiene el autor de una obra. El debate fue abierto al país. Se pudieron hacer todas las preguntas y se absolvieron”.

Pese a ello, Carolina Botero, abogada especialista en derechos de autor, sí lamentó la velocidad con la que se hizo todo el trámite. “Es un mecanismo de anular debate. Cuando se hace un mecanismo legislativo en tan pocos días, no hay manera ni de mostrar argumentos ni de presentarlos. Un poco de debate no le habría hecho daño a la democracia”, dijo. Además, según la abogada, la ley aprobada no soluciona ninguno de los problemas que se habían identificado antes de su tramite.

Por otra parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, también defendió la ley. Según menciona El Tiempo, el ministro Vargas dijo que “los estudiantes están debidamente protegidos. El derecho de almacenamiento que podrían reclamar los estudiantes (…) es una expresión del derecho de reproducción”.

La reacción del ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados, fue similar. En una charla con la estación radial La W, negó que se trate de una nueva versión de la ‘ley Lleras’ y que algunos usos justos están protegidos. “Si una persona tiene un blog sobre cine y quiere poner fragmentos de una película lo puede hacer”, afirmó.

Pero para el senador Camilo Romero, el más activo opositor de la ley del TLC en el Senado, lo ocurrido fue lamentable: “El Congreso ha legislado para el mañana con las mañas del pasado. Se aprobó lo que en Estados Unidos no se aprobó ni con la ley Sopa ni con la Ley Pipa. Aquí se está legislando en contra de la humanidad, de las recomendaciones de las Naciones Unidas para poner por encima (de los derechos de autor) la libertad de expresión y la libertad de opinión”

Aparte de que la premura con la que está tramitando puede tener consecuencias difíciles, y de que ilegaliza la copia privada de los contenidos que los mismos usuarios compran legalmente, la ley del TLC tampoco deja claras cuáles son los usos legítimos y no legítimos de las retransmisiones de radio y televisión en Internet.

El artículo 13 del proyecto dice que “no se permite la retransmisión a través de Internet de señales de televisión, sean terrestres, por cable o por satélite” sin permiso del dueño de los derechos. No hay en la ley ninguna excepción planteada a esta restricción, cuya violación es penalizada hasta con ocho años de cárcel.

Parece evidente que esta nueva restricción está dirigida contra los sitios que emiten las señales de TV cerrada vía streaming sin permiso. Sin embargo, tal como está planteada, la ley también podría acabar con otros usos de las transmisiones que parecen más legítimos.

En un comunicado, el senador Camilo Romero afirma que, si se aprueba la ley, “si un estudiante necesita usar fragmentos de una entrevista transmitida por un noticiero de televisión, en un blog informativo, por ejemplo, estaría violando derechos de autor”. En una charla con ENTER.CO, Romero añade que “nunca se aclara que solo se trata de señales en vivo”, lo que hace que el proyecto impida algunos de los usos más elementales que se hacen hoy del video en la Red.

En este mismo sentido, la ley prohibiría la creación de ‘mashups’ con contenidos audiovisuales, la circulación de contenidos de televisión con contenidos académicos y culturales y hasta la retransmisión a través de sitios como YouTube de programas que ya no están al aire, pero que aun tienen un público que los buscan y los disfrutan. En resumen: muchas de las posibilidades más útiles de Internet, que hoy son legales, serán prohibidas por esta iniciativa.

Para la abogada Carolina Botero, miembro de la Fundación Karisma, las consecuencias de esta prohibición son aún más graves. “Esto haría que la idea de memoria colectiva en términos de lo audiovisual fuera prohibida tajantemente para Internet sin que medie el permiso”, dice. Además, a su juicio, esta prohibición le abriría las puertas a una forma de censura, pues permitiría que los dueños de contenidos donde se trata información de interés público -como noticieros de TV- impidieran su difusión con solo negar los derechos.

Por otra parte, Germán Realpe, abogado informático y columnista de la revista ENTER.CO, señala que el TLC fue redactado en el 2007, y muchas cosas han cambiado en el panorama de la televisión en Internet desde entonces.

¿Y la radio?

En principio, con respecto a la radio, la ley no cambia nada: queda prohibida su retransmisión sin permiso y la ruptura de ‘candados digitales’ de sus emisiones, y la pena es de entre cuatro y ocho años de cárcel. Es interesante notar que la ley excluye de penas por violar protecciones anticopia a las bibliotecas sin ánimo de lucro, archivos, instituciones educativas y a los organismos públicos de radiodifusión no comercial.

Sin embargo, aquí podría estar ocurriendo algo similar a lo que pasa con la TV. El artículo 16 hace que sean responsables civilmente -lo que implica que podrían ser obligados a indemnizar a los dueños de derechos de autor- quienes “retransmitan, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión” sin permiso.

Posiblemente, muchos de los usos que quedarían entonces prohibidos en el caso de la TV también serán restringidos en el caso de la radio; aunque hay que decir que, para ese último medio, no hay una prohibición explícita. Esa es una de las cosas que tendrá que precisar el Gobierno sobre el proyecto de Ley.

Ya habíamos hablado de los elementos que hay que tener en cuenta con el proyecto de ley 212. Tanto las circunstancias en las que se está discutiendo, como sus alcances e implicaciones, son objeto de críticas y comentarios de parte de abogados, políticos, activistas y periodistas de tecnología. ENTER.CO conversó con varios de ellos para entender sus preocupaciones y objeciones a esta ley para hacer una nota contándolas y explicándolas. Sin embargo, son tantas las objeciones que nos tocó partir esa nota en varias entregas, y esta es la primera.

Está mal redactada y mal discutida.

“Algunos de los artículos de este proyecto son ambiguos y confusos”. Esa no es la impresión de un transeúnte cualquiera; ni siquiera la de un periodista despistado. Es lo que dice Germán Realpe, un abogado informático y columnista de la revista impresa ENTER.CO . “El problema de que esta clase de leyes sean ambiguas -dice Realpe- es que la tecnología va mucho más rápido que el derecho, por lo que la ley tiene que ser clara a la hora de regular y conocer la situación actual del Internet”. Este es el caso, por ejemplo, de lo señalado en el artículo 13 de está ley, que genera algunas dudas sobre la retransmisión de señales de TV por Internet, pues exige la autorización del titular.

Una ley que no sea clara -creemos- puede, o bien no impedir nada de lo que supone que debe impedir, o bien darle al Estado un poder excesivo que termine censurando libertades y usos legítimos de la tecnología.

Además, el afán con el que se ha tramitado la iniciativa también es problemático para las personas consultadas. Guillermo Santos, director de ENTER.CO, criticó en su columna semanal en El Tiempo la premura con la que se quiere aprobar esta iniciativa. “El ‘pupitrazo’ que se va a dar equivale a pisar de cierta forma el futuro de Internet en el país”, escribió.

Realpe, por su parte, dice que “no se hizo una discusión profunda sobre los límites y las expectativas de la ley”, lo que no solo hace que muchos de los textos no sean claros, sino también que tengan consecuencias nocivas que podrían pasar inadvertidas hasta cuando ya sea demasiado tarde.

En otros países que también han negociado TLC con Estados Unidos, ha sido posible aplazar la aprobación de esta clase de leyes hasta que se haga una mejor discusión sobre ellas. Carolina Botero, miembro de la Fundación Karisma, no cree que la proximidad de la firma del tratado no es una excusa para el afán. “¿Qué pasa si nos demoramos? Casi todos los países lo hacen. De hecho Costa Rica pidió plazo y se lo dieron“, afirma.

La protección a las restricciones anticopia es demasiado agresiva.

El proyecto castiga las vulneraciones a los ‘candados digitales’ con hasta 8 años de cárcel. Además, también decreta que quien lo haga podrá ser obligado a pagarles multas a los dueños de los derechos de autor de los contenidos vulnerados. Esta es una de las condiciones que debía cumplir la legislación colombiana para acomodarse al TLC con Estados Unidos.

Tal como está planteada, esta ley prohíbe romper una protección anticopia para uso privado. Si un usuario rompe un DRM para poder llevar en un reproductor digital la música de un CD original que él mismo adquirió, o si ‘crackea’ un juego original de su propiedad para poder correrlo con un CD copiado, estaría violando la ley. Según Botero, se trata de “usos permitidos” que “legalmente son posibles, pues la persona compró el libro y puede hacer la copia privada para uso sin ánimo de lucro”, por lo que prohibirlos “viola la ley nacional, ya que las excepciones del proyecto de ley no exoneran la infracción”.

De hecho, el texto no especifica explícitamente lo que un usuario privado pueda hacer con un contenido que haya adquirido legalmente. Lo que sí especifica son las excepciones en las cuales romper un ‘candado digital’  no es delito: cuando se lleva a cabo para hacer que un software pueda operar en conjunto con otros, cuando se hace de buena fe para evaluar fallas de seguridad en un software o un sistema, cuando se utiliza para desactivar herramientas que puedan vulnerar la privacidad del usuario y cuando la hacen los organismos del Estado en labores de “investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia”.

Sin embargo, otro aspecto de estas excepciones es bienvenido por algunos.  Realpe, por ejemplo, celebra que esta nueva ley “permite técnicas de ingeniería inversa que son útiles para el ‘hacking ético’ y para la seguridad de la información”, con las que se busca mejorar la seguridad de los sistemas y evitar que estos dañen al usuario.

En menos de una semana, Colombia quedó a un paso de tener una nueva ley de derechos de autor. El Gobierno Nacional radicó el 20 de marzo un proyecto de ley, el 201 de 2012 (PDF), en el que se cambia parte de la legislación nacional en este tema. ¿El objetivo? Lograr que nuestra regulación sobre ese tema sea compatible con la estadounidense.

Dos días después, las comisiones segundas de Senado y Cámara aprobaron masivamente el proyecto –solo hubo un voto en contra–, con lo cual solo le falta pasar su debate en plenarias para convertirse en ley de la República. Esta velocidad ha dejado poco tiempo para que los usuarios de Internet y los ciudadanos asimilemos la iniciativa, por lo que en ENTER.CO les contaremos los puntos que, creemos, es necesario tener en en la mira para saber qué es lo que se está decidiendo. Aquí están.

Es para el TLC. Y es para ya.

El Gobierno está de afán. Esta ley es, explícitamente, una condición previa para que nuestro país pueda firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El ministro de Comercio, Sergio Diaz-Granados, afirmó que su objetivo es “implementar el TLC con celeridad, para que el país pueda comenzar a sacarle todo el provecho que este involucra”.

De hecho, la fecha límite es el 14 de abril. Ese día comienza en Cartagena la Cumbre de las Américas. A ella asistirá el mandatario estadounidense, Barack Obama, y el presidente Juan Manuel Santos quiere aprovechar su presencia para firmar el tratado, buscado y trabajado durante años por el Gobierno.

El Congreso entendió el mensaje y tramita la iniciativa a una velocidad que mejores causas envidiarían. ¿Habrán tenido tiempo los ponentes y los legisladores para entender bien qué significa lo que aprobaron? Podría ocurrir que no: abogados especialistas en estos temas, consultados por ENTER.CO un día después de la aprobación del proyecto, confesaron que aun no habían podido estudiarlo a profundidad.

No es la ‘ley Lleras’, pero es más ambiciosa.

Se ha sugerido que este nuevo proyecto de ley es la resurrección de la ‘ley Lleras‘. Pero, en honor a la verdad, hay que decir que se trata de dos cosas diferentes. La ‘ley Lleras’ buscaba reglamentar los procedimientos para tratar los contenidos que infringen los derechos de autor, mientras que la llamada ‘Ley del TLC’ cambia todo el marco de la legislación sobre derechos de autor.

El Gobierno salió corriendo a aclarar el malentendido. En un comunicado, el Ministerio del Interior asegura que el actual proyecto “busca poner a tono la legislación de Colombia con los compromisos y estándares internacionales existentes en derecho de autor, mientras que la mal llamada ‘ley Lleras’ buscaba retirar material infractor de derechos de autor de los sistemas informáticos y regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISP)”.

En esto están de acuerdo otras personas consultadas por ENTER.CO. La abogada Carolina Botero, miembro de la fundación Karisma, nos explicó que mientras la ‘ley Lleras’ “se ocupaba de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet por las posibles infracciones de sus usuarios”, el nuevo proyecto “es una reforma al derecho de autor”.

Pero esta nueva iniciativa es más ambiciosa que la ‘ley Lleras’: toca muchos temas que esa propuesta dejaba intactos, que van desde los plazos de vencimiento de derechos hasta las penas de cárcel a los infractores. Del mismo modo, el nuevo proyecto no dice ni una palabra de las ISP, que eran el centro del debate la ocasión anterior.

Lea en la siguiente página qué nuevas conductas castiga el nuevo proyecto de ley.

La Ley Sinde o Ley de Economía Sostenible, que se empezó a proponer en 2009 y entró en vigor el 6 de marzo de 2011 tras numerosas protestas de los usuarios de Internet, podría no celebrar su primer cumpleaños. La máxima autoridad judicial de España, el Tribunal Supremo, aceptó estudiar un recurso de la Asociación de Internautas de España contra la medida.

La Ley Sinde no fue reglamentada rápidamente y debió seguir un largo proceso después de que entraba en vigor, hasta que en enero pasado el Partido Popular le dio el impulso en el ente legislativo. Por ello, en marzo de 2012 entraría a funcionar la comisión encargada de ‘tumbar’ los sitios web que violaran los derechos de autor, y ya se ha filtrado la lista con los primeros 122 sitios que serían castigados.

Ahora, con la decisión del Tribunal Supremo, esto podría cambiar. En 10 días se decidirá si la Ley Sinde es suspendida provisionalmente mientras se toma una medida de fondo, como pide la Asociación en la demanda. Ese podría ser el primer paso para su caída definitiva.

La impugnación afirma que la nueva regulación hace que la Comisión de Propiedad Intelectual lleve a cabo funciones que solo deberían ejercer los jueces (esta comisión es el organismo que determinaría si un sitio infringe los derechos de autor). Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, le dijo a El País de España que se trataría de una situación “inadmisible en democracia”.

Además, dice la asociación, la ley crea “una notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos” a la “libertad de expresión y la libertad de información”. La demanda, según afirman, “ha recibido la adhesión de miles de internautas”.

Cabe recordar que en un evento llevado a cabo el año pasado en Campus Party Bogotá 2011, la abogada Carolina Botero afirmó que una de las principales razones por las cuales la Ley Lleras (el equivalente colombiano de la Ley Sinde) era inconveniente era, básicamente, esa misma: les daba a los proveedores de Internet funciones que deberían ser exclusivas de los jueces.

¿Qué sigue, entonces, para la Ley Sinde? Una vez aceptada la demanda, el abogado del Estado debe dar una opinión legal antes de 10 días sobre la petición de la Asociación de Internautas de frenar la aplicación de la ley, para que luego el Tribunal Supremo decida qué hacer. Así que, muy pronto, los internautas podrían obtener una nueva victoria, como la que lograron en Estados Unidos al lograr la retirada de la Ley SOPA.

¿Los eventos de tecnología tienen que ser ultratécnicos, formales y solo para geeks? Según los organizadores de Cloud Party Colombia, no. “Queremos mostrar cómo en un espacio agradable se pueden tener reunidas las mejores conferencias sobre Cloud Computing y tecnología, buena música, artistas y un buen DJ, promociones, y un espacio para que los asistentes hagan networking”, dicen sus organizadores, las empresas Cloud Seguro, Peña Mancero Abogados e I-SEC. Al finalizar las conferencias habrá una fiesta en la que se quiere destacar que la tecnología no está presente en algunos campos de nuestra vida, sino que hace parte integral de ella.

Las conferencias.

Cloud Party contará con la presencia de algunas autoridades en temas relacionados con la nube, pero no solo técnicos sino de distinta índole. Por ejemplo, el sicólogo Álvaro Bonilla dará la charla “Lenguaje corporal y seducción en redes sociales”; Carolina Botero, líder de Creative Commons en Colombia, hablará sobre esta organización que está cumpliendo 10 años; Alejandro Delgado Moreno, asesor del Ministerio TIC, compartirá su visión de la música en la nube, e Iván Sosa, especialista en software móvil, hablará de las ‘Mobile Cloud Applications’.

Habrá, por supuesto, temas más técnicos, como el de cómo subirse a la nube de Amazon Web Services, que compartirá el ingeniero Juan David Gutiérrez; la charla “Escritorios en la nube”, que dará el ingeniero Daniel Torres; “Análisis forense digital”, por el ingeniero Mario Villamizar, y el ingeniero Marco Antonio Álvarez hablará sobre la seguridad de la información en la nube.

Coordenadas.

El primer Cloud Party Colombia se celebrará en Bogotá este jueves primero de diciembre, desde las 6 p.m. hasta la madrugada del viernes.

El valor de la inscripción es de 130.000 pesos, que cubren el acceso a las conferencias y valores agregados adicionales como una suscripción a un año a la revista ENTER.CO, una licencia a ESET NOD32 Antivirus por 6 meses y otras sorpresas.

ENTER.CO entregará cinco pases dobles de cortesía (un premio de 260.000 pesos) entre quienes hagan un retweet de esta nota (nuestra cuenta en Twitter es @ENTERCO), y hagan un Like o un +1 en nuestra página de Facebook y Google+. Los ganadores tendrán acceso a las conferencias y otras actividades, y a la licencia de seis meses de ESET NOD32 Antivirus.

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El proyecto de Ley conocido como ‘Ley Lleras’ se radicó la semana pasada (PDF), con un texto ligeramente modificado por los congresistas, pero que no satisfizo las expectativas de los representantes de los usuarios de Internet. Las esperanzas de los usuarios eran lograr modificar gran parte del texto, o aplazar la ponencia para dar más tiempo a que se profundizara en el debate, pero estas no se concretaron.

Las discusiones públicas alrededor de la ‘Ley Lleras‘ –en universidades, el Congreso de la República y otros ámbitos–, los aportes que algunos medios de comunicación, el trabajo de colectivos de usuarios, la propuesta del senador Camilo Romero de una ‘mesa concertada’ y participativa,  y hasta de los ataques de Anonymous, han permitido que los ciudadanos se interesen en temas como sus derechos y libertades en Internet –entre ellos, los de información y expresión–, el respeto por los autores y su trabajo.

La promesa del senador Roy Barreras, coordinador de ponentes de este proyecto de Ley que regula las exenciones sobre la responsabilidad de violaciones de derechos de autor en Internet, de que las propuestas de los ciudadanos de todos los sectores serían tenidas en cuenta para mejorar el texto original del proyecto, llevó a pensar que los ciudadanos podrían influir, como rara vez lo han hecho, en la confección de una Ley de la República. Sin embargo, las urgencias del Gobierno –en concreto, el Plan Nacional de Desarrollo y el Tratado de Libre Comercio– obligaron a los senadores ponentes a acelerar la marcha y radicar el proyecto antes de lo que muchos esperaban.

El primer debate en el Congreso será este martes a las 10 de la mañana, y según representantes de los usuarios, solo se han conseguido pequeños ajustes al articulado, pero la estructura original se mantiene. La abogada Carolina Botero, uno de los miembros del colectivo Red Pa Todos, señala que “no hemos logrado que se abran verdaderos espacios de discusión entre los legisladores sobre este tema”.

En la entrevista reciente de ENTER.CO con miembros de Anonymous, estos fueron más vehementes y señalaron que “Rechazamos la falta de respeto con la que han tratado las propuestas de los cibernautas y nos indigna ver como el senador Roy Barreras no ha hecho más que jugar con nosotros. Los supuestos cambios que se hicieron a la ley no fueron concertados y no cambian los puntos con los que estamos en desacuerdo. (…) No nos gusta la gestión de Roy Barreras: no ha hecho más que tomarnos el pelo a los cibernautas”.

Como reacción a la falta de resultados y a la inminencia de un trámite acelerado del proyecto de Ley en el Congreso, Red Pa Todos publicó una carta abierta que tiene cuatro objetivos: que se haga transmisión de video en directo y sin edición de todas las sesiones que se hagan para debatir sobre el proyecto; que los documentos relacionados sean públicos en la Red; que se facilite la participación de los ciudadanos interesados en las sesiones de trámite del proyecto de Ley, y que se informe todo lo relacionado con el proyecto en el sitio web del Senado y posteriormente en el de la Cámara de Representantes.

En resumen, la carta abierta busca que el proceso sea lo más transparente que sea posible, y que se permita alguna participación de los ciudadanos al menos con una ‘veeduría activa’.

La carta abierta está publicada a manera de petición en línea, por lo que cualquier persona puede unirse a ella firmándola y escribiendo algún comentario. La petición se publicó este domingo 12 de junio, y ya se han unido a ella más de 1.100 internautas. Esta es la página en la que se encuentra la petición: ‘Ley Lleras a primer debate‘.

Mensaje a congresistas, gobierno nacional y demás intersados (actualización).

En representación de los usuarios, Carolina Botero envió una comunicación en la que, además de los puntos señalados en la carta abierta, señala que “el Congreso todavía puede hacer operativa una serie de peticiones que se han venido  formulando a lo largo de este proceso”. Estas son las peticiones:

• Puede archivar el proyecto de ley y proponer que se adelante nuevamente el trámite, de modo que se haga un verdadero ejercicio de construcción abierta y pública con todos los sectores sociales que permitan al Congreso considerar y dar trámite a una iniciativa concertada por la sociedad colombiana.
• Implementar una verdadera mesa permanente de concertación, como la que propuso el senador Camilo Romero, que puede recoger y conciliar los intereses de la sociedad en una forma real y oficial, en un diálogo más equilibrado y abierto que el gobierno nos negó.
• Alternativamente, puede someter el proyecto al análisis de una comisión conjunta que involucre también a los congresistas de la Comisión Sexta, quienes se ocupan de temas referentes con comunicaciones, calamidades públicas, servicios públicos, investigación científica y tecnología, transporte, turismo, educación y cultura, los que son del resorte de una regulación que busca reglamentar el acceso de los colombianos a Internet.

Para la discusión por medio de sus comentarios:

• ¿Es una derrota de los usuarios de Internet el hecho de que el proyecto de Ley ya entre a debate, sin cambios de fondo?
• ¿Son optimistas sobre las mejoras que se le puedan hacer al proyecto a partir de ahora?
• ¿Qué opinan del papel del senador Roy Barreras para socializar el proyecto y alimentarlo con la participación de distintas partes interesadas?

Notas relacionadas:

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Si se quisiera hacer una entrevista a un líder de Anonymous, sería imposible: este grupo de mil cabezas anónimas no tiene jerarquías, ni líderes, y ni siquiera voceros. Así que ninguna respuesta obtenida habla por toda la organización, entre otras cosas porque no hay posiciones oficiales ni decisiones unánimes.

Por ello, esta entrevista, realizada en el sistema de chat que usan sus miembros, Piratenpad, no refleja la verdad absoluta sobre la posición de Anonymous, pero sí da pistas sobre sus objetivos, motivaciones y planes.

La entrevista-chat se inició con tres miembros de Anonymous que, por obvias razones, no dieron sus nombres y desde el comienzo aclararon que hablan como participantes en las actividades y operaciones del grupo, pero que no son líderes ni portavoces (de hecho, cuando en algunas entrevistas internacionales alguien se ha presentado como vocero de Anonymous, ha sido calificado de impostor por sus miembros). Una hora después, había unos 10 miembros conectados, aunque solo unos pocos escribían y corregían las respuestas.

El colectivo tiene, según estos miembros, unos 300 miembros muy activos en Colombia, aunque no todos ellos participen en las acciones contra sitios web. “Pero quien defienda la libertad de expresión es Anonymous, porque Anonymous somos todos”, dicen.

Para iniciar la entrevista, tocamos uno de los temas del día: los medios publicaron que fueron detenidos tres de los líderes de Anonymous en España.

ENTER.CO:¿Qué pueden decir acerca de la detención de tres líderes de Anonymous en España?

Miembros de Anonymous: Según lo que dijo la policía, fueron únicamente administradores de un canal, ni líderes ni nada por el estilo. Anonymous no tiene líderes, por lo tanto no hay ninguna cúpula.

Hasta ahora ni siquiera sabemos a quienes se refieren, porque los que conocemos siguen en línea, y de los rumores que han surgido, hemos podido observar que han sido solo desatinos.

Pero de igual manera que los rumores, también se han iniciado movimientos en Internet para pedir la liberación de estos detenidos.

Sobre la Operación Onda Larga.

¿Qué significa, en el mas reciente video de Anonymous Colombia, cuando dicen a los colombianos a que ante la indiferencia de los gobernantes “es hora de usar todos los medios que tengan a su alcance para manifestar su inconformidad”?

Nos dirigimos a los cibernautas, y por ‘todas las herramientas que tengan a su alcance’ nos referimos a las formas que encuentren para hacer escuchar su voz en los medios de comunicación.

El mensaje fue hecho como lanzamiento de la Operación Onda Larga, que consistirá en llamar a las emisoras, programas de televisión y otros medios; expresarnos en los foros de los medios de comunicación, en contra de la ‘Ley Lleras’.

¿La Operacion Onda Larga ya se inicio, o tiene una fecha en particular?

La idea es ver primero si contamos con el suficiente apoyo, para luego dar una fecha.

¿Quién les debería dar este apoyo?

En general, los cibernautas. Queremos que el día que lancemos la operación en verdad participe mucha gente llamando a las emisoras, que no se quede todo en un RT y un mensaje en Twitter o Facebook. Que recuerden que Anonymous somos todos.

Nos gustaría tener el apoyo total de Red Pa Todos y RecreaColombia, aunque también esperamos que mucha más gente se una a esta operación. Queremos que entiendan que somos muchos y nuestra voz tiene legitimidad.

Sobre otros colectivos de internautas.

Ustedes han mostrado su simpatía por otros grupos de usuarios de Internet, no anónimos. ¿Ellos han hecho lo propio, o han preferido mantenerse distantes?

Creemos que Red Pa Todos, RecreaColombia y el Partido Pirata defienden los verdaderos intereses de los internautas. Algunos dentro de esos colectivos nos apoyan, otros no. Sabemos que algunos nos ven como si fuéramos un montón de niños haciendo pataleta.

¿Algunos miembros de Red Pa Todos también son de Anonymous?

No sabríamos responder a esto… si lo son, son anónimos (risas).

Sobre la ‘Ley Lleras’, sus acciones de protesta y Roy Barreras.

En varios ámbitos se dice que Anonymous no tiene argumentos para oponerse a la ‘Ley Lleras’ y que por eso no dialoga, aunque en otras entrevistas ya han explicado qué rechazan de este proyecto. Hoy, ¿en se oponen a la ‘Ley Lleras?

Nos preocupa el poder que se dan a los ISP y los vacíos que permitirían ‘chuzar’ a los ciudadanos.

Nos preocupa porque es una amenaza a la privacidad y a la libertad de expresión.

No nos gusta que se pueda cerrar una web por sospecha.

Aclaramos que no apoyamos a quienes se lucran indebidamente con el quehacer de los artistas.

¿Eso significa que Anonymous está de acuerdo con que se persiga a las ‘mafias de la piratería’, que toman las obras de los artistas y hacen grandes negocios distribuyéndolas?

Sí, pero esas mafias de la piratería no se van a acabar cuando aprueben la ‘Ley Lleras’, ni les va a pasar nada. Los piratas ‘de verdad’ saben muy bien como saltarse cualquier traba que les pongan.

Nosotros defendemos la idea de la libertad en la Red, pero esto no implica que estemos en contra de los artistas y a favor de quienes se lucran a costa de sus trabajos. No apoyamos a quienes se lucran con lo que otros hacen.

Tras los ataques a varios sitios estatales en Colombia en protesta por la ‘Ley Lleras’, ¿Qué resultados creen que han conseguido?

Alcanzamos el objetivo, que era tener repercusión mediática. Logramos que la ‘Ley Lleras’ saliera de Twitter y una buena parte de la población la conociera.

Esperamos aún más, pues queremos que mucha más gente que la que hasta ahora ha participado en Anonymous se una.

¿Cuál es la posición acerca de como han desarrollado el proceso de ‘Ley Lleras’ el senador Roy Barreras, las ‘industrias culturales’ y representantes de los usuarios?

Desde Anonymous apoyamos las propuestas del senador Camilo Romero, Red Pa Todos, RecreaColombia, Carolina Botero y el Partido Pirata.

Rechazamos la falta de respeto con la que han tratado las propuestas de los cibernautas y nos indigna ver como el senador Roy Barreras no ha hecho más que jugar con nosotros.

Los supuestos cambios que se hicieron a la ley no fueron concertados y no cambian los puntos con los que estamos en desacuerdo.

Exigimos una mesa de concertación y el retiro del proyecto de ley.

A pesar de todas las voces que se han alzado contra la ley, esta sigue su curso normal, por lo que lanzamos una advertencia a los ponentes: o nos escuchan o nos haremos escuchar.

Esa última frase, más los comunicados y las acciones en general, suenan amenazantes…

Aclaramos Anonymous no apoya ningún tipo de lucha violenta. Todas nuestras formas de actuar son pacíficas.

¿Qué es lo que, según Anonymous, ha hecho mal el senador Barreras?

No nos gusta la gestión de Roy Barreras: no ha hecho más que tomarnos el pelo a los cibernautas.

Esas reuniones con los usuarios de Internet no han pasado de ser simples reuniones informativas. Ni siquiera las propuestas presentadas por Red Pa Todos han sido estudiadas. Ni siquiera tenían esa propuesta en sus manos en el último ‘debate’, porque supuestamente se perdió en alguna oficina del Senado.

Según Anonymous, ¿qué debería hacer el senador Barreras?

Mesa concertada.

¿Es decir, seguir la propuesta del senador Camilo Romero?

Sí. Acompañamos las propuestas de Red Pa Todos y de Camilo Romero.

¿Cómo han evolucionado las cosas desde que el Ministro de Defensa dijo que “ya tenía identificados a los responsables de los ataques a los sitios web”?

No ha pasado nada: como se mencionó en otras ocasiones, todo lo que decía el gobierno era solamente una gran mentira para hacer creer a los colombianos que somos ‘ciberactivistas vandálicos cibernéticos’ (una etiqueta que nos hizo mucha gracia).

Hasta el momento no se ha identificado a un solo Anonymous, y hasta realizamos un ‘defacement’ (modificación visible de los contenidos) al sitio web del Senado, y la facilidad con la que lo realizamos nos hace dudar de la capacidad de los peritos informáticos en Colombia.

Después del ‘defacement’ al Senado, no ha habido nuevos ataques a sitios web. ¿Tienen planeadas nuevas operaciones de este tipo?

Sí, hay varias planeadas, pero preferimos que nos escuchen, por decirlo de alguna manera, por las buenas. Si siguen empeñados en sacar la ley cómo está, seguro nuestra respuesta será más drástica. Ya dimos un ejemplo de lo que podemos hacer con el ‘deface’ al Senado.

Por qué al sitio del Senado no se le hizo un simple ataque de denegación de servicio (DDoS, el cual no daña los sitios) como los de siempre, sino un ‘defacement’?

Se debió a que veíamos que no nos tomaban en serio y que ignoraban las opiniones de los cibernautas, no nos prestaban atención, y era necesario un golpe más contundente. Sin embargo, la información no se eliminó, y no se hizo daño en el sitio web.

¿Tuvo algún efecto mayor que un DDoS? ¿Hubo alguna respuesta de parte del Senado o de las autoridades?

No, el ataque fue totalmente silenciado.

¿Qué otros métodos podría utilizar Anonymous si no es escuchado?

En cualquier momento podemos tomar control de los sitios web oficiales.

¿Tienen un listado de los sitios más vulnerables, que serían los primeros blancos?

Ya hemos analizado varios sitios que ‘nos interesan’. Los relacionados con la ‘Ley Lleras’, y también los que son culpables de la reforma a la Ley 30 de Educación Superior.

Detalles internos de Anonymous.

Volviendo a los tres detenidos, ¿qué tanta ha sido la participación de miembros de Anonymous españoles en estas?

Recibimos apoyo de todo el mundo. En el caso de Anonymous españoles, es alta la colaboración, debido a que hablamos el mismo idioma.

Igualmente de los chilenos, mexicanos y argentinos. Todos los Anonymous hispanos somos muy unidos, y para las operaciones grandes siempre recibimos el apoyo suficiente de otros lugares.

Se dice que un colectivo tan descentralizado, sin líderes ni voceros, debe afrontar disputas internas e incluso de ataques entre usuarios. ¿Es cierto?

El problema es que como todos somos Anonymous, cualquier acción que se haga en nombre de Anonymous técnicamente sería oficial. Siempre ha habido disputas internas, al final todos somos humanos, pero la idea de luchar por la libertad de la información siempre prevalece sobre cualquier otra cosa.

¿Qué hay de cierto en que miembros de Anonymous participaron en los ataques a la Sony PlayStation Network?

El grupo LulzSec, que realizó estos ataques, ya lo aclaró todo.

¿Por qué los comunicados de Anonymous son pronunciados con español de España, y no español latinoamericano? Suena raro que un español señale que intereses extranjeros nos quieren imponer cosas, y después nos diga qué tenemos que hacer…

Lo que ocurre es que como convertimos los textos en voz con la aplicación Loquendo, que tiene pronunciación española, queda mejor hablar de vosotros. Aunque seguramente en los próximos hablaremos más ‘criollo’ e incluso estamos empezando a explorar ideas como incluir voces femeninas.

Tras estos dos meses de acciones visibles por parte de Anonymous Colombia, ¿cómo creen que los perciben los internautas colombianos?

En Colombia la gente está acostumbrada a las modas, siempre que sale un tema nuevo se interesa y luego lo deja atrás. Pocos son los que siguen constantes en la lucha por defender los ideales que adoptan en un principio. Por esta razón es que en nuestro último comunicado exhortamos a los ciudadanos libres de Colombia a sacudirse el legado de silencio, conformidad y olvido al que estamos acostumbrados.

Nosotros somos anonymous y como idea prevaleceremos, pero necesitamos el apoyo de cada vez más gente para que nos tomen en serio.

Nos gustaría que se unieran a la causa. Que se den cuenta de que es mucho lo que podemos hacer y que no basta con quejarse. En esta era de la información tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance y debemos aprovecharlas para inducir los cambios que queremos.

Si bien algunos han entendido por qué luchamos, y qué es lo que hacemos, muchos otros aún siguen creyendo lo que dice el gobierno, que no somos sino ‘ciberactivistas vandálicos cibernéticos’ (risas).

Cuando en los comunicados hablan de ‘medios de desinformacion’, ¿se refieren a algunos medios en particular, o a todos?

No a todos, pero sí a muchos que lo único que hacen es eco de las versiones oficiales. Nos referimos, por ejemplo, a los canales de televisión Caracol y RCN.

Ustedes mencionaron la Ley 30 como uno de los temas de protesta. ¿Qué otros temas tienen ustedes en la agenda?

Todo aquello que vulnere las libertades y derechos fundamentales de los colombianos. Somos una idea y constantemente nos nutrimos con aportaciones de cada anónimo.

Por eso también hemos tenido ideas de operaciones en contra de cosas que no solo vulneren las libertades y los derechos fundamentales, sino que nos afecten como colombianos y como seres humanos.

Hemos recibido propuestas de ayudar en luchas en contra de el maltrato animal, o de las excavaciones en El Cerrejón, o la tala ilegal y contundente de miles de árboles.

Notas relacionadas:

• ‘Operation Payback’ de Anonymous: la venganza de WikiLeaks.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.
• Sony vuelve a buscar pelea con Anonymous.

Con este foro se busca ilustrar a los senadores de la Comisión Primera, de Asuntos Constitucionales, sobre las características del proyecto, sus beneficios y riesgos. Si bien en nuestra nota ‘18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia‘ intentamos resolver algunas de las dudas y los temores más frecuentes alrededor del proyecto, aún persisten algunas confusiones sobre su alcance e implicaciones, y surgen nuevas preguntas sobre sus peligros.

Por ello, compartimos esta infografía desarrollada en conjunto por ReCrea, RedPaTodos y la diseñadora Mariana Rojas (‘La Furia’), con textos de Alejandra Bonnet y basada en este texto de Carolina Botero y en otra información provista por Pilar Sáenz.

La infografía se comparte con la licencia Creative Commons, por lo que los autores entienden que si un medio como ENTER.CO o cualquier persona la comparte, ellos se benefician de su mayor difusión, y no sienten vulnerados sus derechos. Otra visión de cómo la difusión en Internet beneficia a algunos autores en lugar de perjudicarlos.

Cabe aclarar que las afirmaciones hechas en esta infografía no son la última palabra. Algunos de los temores o consecuencias negativas de la ‘Ley Lleras’ planteadas allí podrían ser considerados por los autores o defensores del proyecto como paranoia o como interpretaciones incorrectas del texto original. Sin embargo, reflejan algunos de los temores que generan ciertos apartes del texto, ya sea por ambigüedad en la redacción, por ser una traducción muy literal de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) o por prestarse a diversas interpretaciones.

Un video de RedPaTodos.

Aquí compartimos este video ‘para dummies’ hecho por RedPaTodos que, en dos minutos, explica claramente cómo funciona el procedimiento propuesto por el proyecto de Ley conocido como ‘Ley Lleras’. Mucho más cercano a la realidad que ciertos videos que han difundido los opositores, como el del ACTA, ajeno a Colombia.

Notas relacionadas:

• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.
• La transformación de la industria cultural (primer debate sobre #LeyLleras).
• Colombia no está entre los países más ‘piratas’ del mundo.

Era un agitado lunes del mes de abril del año 2011 (el primero, para ser más exactos), y un trino proferido por un notable personaje de la política colombiana, el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras, generó una de las más dinámicas, acaloradas, profundas y divertidas polémicas políticas de las que haya tenido noticia el pueblo colombiano, al menos en Internet.

La presentación de la llamada ‘#LeyLleras‘ al Congreso de la República de Colombia para su trámite legislativo, fuera del muy sesudo debate jurídico que se ha desarrollado de las toldas de expertos como Carolina Botero, el Blog en Derecho Público, César Rodríguez Garavito y Juan Carlos Monroy (de la Dirección Nacional de Derechos de Autor), entre otros, y que ha tenido numerosos espacios virtuales como escenario, no ha sido óbice para la generación de varios debates alternativos, fundamentales para nuestro país, y que se gestaban desde hace tiempo en los intelectos nutridos por el fenómeno de la revolución social de la Web.

Estos debates han encontrado la oportunidad ideal para salir a la luz, y por lo tanto es fundamental hacer un recuento de los tres que no debemos perder la oportunidad de traer a la palestra pública:

1. Transformación de las industrias culturales y del conocimiento.

2. ¿Para quién legislamos?

3. Transformación de la democracia.

Comencemos con el debate 1.

La industria cultural fue un invento de la humanidad fundamentado principalmente en dinámicas económicas.  El día en que un individuo estuvo dispuesto a ‘pagar un precio’ por contemplar la belleza de una obra artística, cultural o conexa, fue el día de la génesis de esta industria. Mucho antes de la ocurrencia de dicho acontecimiento, la humanidad ya poseía producción cultural y artística, que inicialmente no era objeto de ninguna transacción económica, y que era transmitida entre comunidades, con instrumentos como la tradición oral o la exposición monumental.

Ambos mecanismos de distribución de objetos culturales, artísticos y del conocimiento, el modelo antiguo –o libre– y el más nuevo, o modelo permisivo, han coexistido desde entonces. En algún punto de la historia, estos dos modelos crearon dos tipos de producciones culturales: las que se eran creadas para ser transadas y las que se creaban como parte de la natural expresión del ser humano. De igual manera, estos mecanismos generaron procesos de exclusión, en los que cierto tipo de obras eran ostentadas por élites económicas y políticas, y otro tipo de producción cultural era la que llegaba a la gran masa de personas.

La industria de producción cultural, para transar, también evolucionó con la aparición de tecnología que permitía difundir a un grupo más ampio de personas las obras, mediante la generación de copias. Quizás en ese momento, en el que la tecnología para efectuar estas copias tenía costos prohibitivos para el grueso de la población, era factible pensar en ejercer control sobre estas y limitar el derecho a hacerlas, a fin de no deteriorar el valor económico de la obra distribuida masivamente, y así generar muchos más dividendos a quienes controlaban los medios de producción. Debuta de esta manera el modelo copyright (derecho de autor), sobre el cual se fundaron imperios, se generaron fortunas y se amasó mucho poder.

El sistema legal que comenzó a sustentar este mecanismo de acumulación de riqueza, con el paso de los años y el aumento de las fortunas que amparaba, fue ampliando los períodos de protección de las obras. Las leyes pioneras al respecto (como el estatuto de Anne, Gran Bretaña) protegían las obras hasta por dos períodos consecutivos de 14 años (cumpliendo algunos requisitos), mientras que las leyes actuales, como las de Colombia, protegen por períodos hasta de 80 años después de la muerte del creador (Artículo  11, Ley 23 de 1982). Estos aparatos legales también se adaptaron a nuevas tecnologías, como las que permitían difundir contenidos mediante ondas hertzianas (radio), dando como resultado la generación de sistemas de cobro de regalias para difusores de obras. El instrumento operativo más conocido para realizar estos recaudos son las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor.

Este sistema de generación de riqueza comenzó a ver horadados sus amplios márgenes, cuando empezó a irrumpir tecnología que facilitaba la generación de copias a un grupo creciente de la población. Inventos como la fotografía, las copiadoras o fotocopiadoras de documentos, la grabación de audio y la grabación de video comenzaron a incomodar un poco a estas gordas fortunas, pero sin ponerlas definitivamente en aprietos, ya que la distribución a gran escala de estas copias ‘personales’ seguía siendo una empresa costosa y difícil. La copia para uso personal fue permitida entonces. Con el incremental ingreso de tecnologías que democratizaban el acceso a las obras, las exigencias operativas de este sistema de control comenzaron a ampliarse (con el consecuente aumento en sus costos).

Mientras toda esta historia transcurría, otras industrias de producción cultural y artística, que nunca pudieron ejercer control sobre las copias de las obras producidas, desarrollaron igualmente emporios y fortunas abrazando lo que se denomina el ‘modelo copyleft‘. Claros ejemplos de estas industrias culturales son la gastronomía y la moda (es virtualmente imposible controlar lo que pasa en las cocinas y los cuartos de costura de la gente, y por eso se permite ampliamente la copia en estos contextos, inclusive con fines económicos).

Una tecnología lo transforma todo: Internet.

Cuando de la mano del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y como solución a un problema de computación distribuida, se incuba Internet en la década de los 60, pocos podrían siquiera intuir que los cimientos de la poderosa industria del copyright estaban siendo profundamente socavados. Tres décadas después, la red de redes no solamente bajó prácticamente a cero los costos asociados a realizar copias, sino que también evaporó los costos asociados a la distribución (y transmisión) del contenido copiado. Este dramático abaratamiento también causo el inevitable fenómeno de la popularización de estas prácticas, haciéndolas patrimonio de un ingente número de ciudadanos.

Los mismos principios que generaron esta dinámica sustentaron innumerables fenómenos que han democratizado el perfeccionamiento de derechos fundamentales para el ser humano en su gran conjunto. Internet es ahora un verdadero patrimonio de la humanidad.

Choque de trenes.

Comenzó entonces una épica batalla, librada en múltiples escenarios, para que Internet se adaptara al sistema copyright. También han surgido cuantiosas voces que propugnan por una adaptación del modelo copyright a la nueva realidad tecnológica (quizás el más conocido es Creative Commons).  La historia nos ha dicho en múltiples oportunidades que, si bien se pierden algunas contiendas, la ley termina adaptándose al cambio tecnológico y a la subsiguiente dinámica de evolución social.

Colombia como escenario.

Con el proyecto, resultado del trabajo conjunto entre este ministerio y otras entidades como el Ministerio TIC, de una comisión intersectorial de Propiedad Intelectual, según el ministro Vargas Lleras “por primera vez en Colombia se toman medidas serias contra la piratería en todo el uso de la Red”. El ministro agregó que “las autoridades judiciales y la propia Fiscalía señalaban que nos les era posible hacer uso del derecho penal a quienes venían y vienen utilizando internet con propósitos de piratería; esta ley establece penas severas”, agregó.

A primera vista, esta Ley, que es la respuesta a una exigencia incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, sería muy benéfica para los autores en campos como la música, las producciones audiovisuales, los libros, el software, la televisión, la radio, la fotografía y otras artes. Y, por supuesto, el proyecto debe ser muy bien recibido por las industrias relacionadas; el ministerio, al menos, asegura que “contribuye a su crecimiento, competitividad y productividad”.

Pero desde las mismas declaraciones del ministro surgen preguntas como qué es exactamente la piratería y en qué se diferencia de compartir contenidos, y si esta Ley busca beneficiar solo la industria a costa de los usuarios de Internet.

Si este proyecto de Ley supera todo el proceso legislativo, no solo representaría riesgo de cárcel para quien distribuya ilegalmente y con fines comerciales contenidos protegidos por derechos de autor, sino que también significaría que cualquier sitio web que publique estos contenidos corre el riesgo de ser bloqueado o de que se retiren contenidos, algo que con la legislación actual solo es posible con los sitios que promueven la pornografía infantil y la pedofilia. El proyecto de Ley también presenta los mecanismos para que los proveedores de acceso a Internet colaboren con los autores y titulares de derechos de autor y conexos para impedir la piratería de sus obras.

A simple vista, el proyecto de Ley tiene una buena intención y responde a una necesidad real del país de ponerse a tono con los desafíos y oportunidades que brinda Internet para los autores. Sin embargo, preocupa que en su comunicado de prensa, el Ministerio del Interior destaque, como un gran logro, que esta iniciativa ubica a Colombia al nivel de Estados Unidos, España, Francia, Irlanda, Corea, Nueva Zelanda y Chile.

¿Es esto algo bueno? El solo equiparar este proyecto de Ley con la famosa y criticada Ley Sinde de España no deja un buen sabor a los observadores, pues esta ley ha puesto en pie de lucha a los usuarios de Internet en España, que sienten amenazada la libertad de expresión. (Una muy buena explicación de la Ley Sinde la publica el sitio Alt1040 en esta nota). Lo mismo ocurre con la cuestionada –y al parecer poco efectiva– Ley Hadopi, de Francia.

Carolina Botero, abogada, bloguera, colíder de Creative Commons en Colombia y una de las mayores conocedoras de los temas de derechos en Internet, considera que este proyecto de Ley representa un paso hacia adelante en la protección de derechos de autor en el país. “Este tipo de normas es una de las mejores herramientas que se vienen desarrollando dentro de la tendencia internacional de reforzar la  protección del derecho de autor, especialmente en Internet. Pero es precisamente esa la razón de su gran crítica: el hecho de que ignore el ecosistema creativo al favorecer solo un punto y olvidar el resto”.

Según Carolina Botero, quien estuvo al tanto del desarrollo del proyecto de Ley, se suponía que el grupo de trabajo había acordado que el texto pasaría a discusión pública, para que contara con el aporte de organizaciones, expertos y los colombianos en general. Sin embargo, ella cree que “parece que las premuras de la agenda legislativa terminaron con las buenas intenciones, y el proyecto pasó derecho al Congreso”.

“Se debe tener presente que el gran tema dentro de la construcción de estas leyes en el tiempo que vivimos (y teniendo en cuenta a Francia, España, Chile e incluso Brasil) es la participación de la sociedad civil, del público. Durante las últimas décadas estas leyes han sido construidas por los autores y titulares desde su óptica, y poca o nula atención se ha puesto a las necesidades como el acceso y  la información, las del público, que es el otro extremo de esta ecuación. Creo que es un error haber ignorado a la gente en este sentido, las leyes que lo han hecho han generado una reacción de impopularidad muy fuerte (Sinde o Hadopi)”.

A diferencia de los casos de España y Francia, Botero señala que en Chile el proceso no fue fácil pero se consiguieron acuerdos y el Estado cumplió su papel de garante de la sociedad. “Hoy por hoy ignorar al público como parte de la ecuación de cualquier ley sobre derecho de autor es un error que el Estado colombiano está cometiendo, no lo hizo antes pero tampoco lo hace ahora”, agrega.

Ministerio del Interior, apresurado.

ENTER.CO pudo establecer extraoficialmente que, como lo supone Carolina Botero, el Ministerio del Interior se adelantó a la presentación del proyecto de Ley, probablemente por las urgencias de la agenda del Congreso, y no consultó esto con las otras entidades que participaron en el desarrollo del proyecto, ni socializó el texto entre los usuarios de Internet –los directamente afectados por la futura Ley– ni con otras instancias.

En el último tiempo, el Ministerio TIC ha acostumbrado a los colombianos a socializar sus proyectos, con lo cual estos terminan siendo el resultado de debates, propuestas de diferentes ámbitos y consensos. Por ello, que el Ministerio de Interior, por ser el responsable directo de los derechos de autor en el país a través de una dirección a su cargo, maneje un tema tan sensible para los usuarios de Internet –alrededor de 23 millones en el país– a sus espaldas, molesta y genera desconfianza. (ENTER.CO intentó comunicarse con Juan Carlos Monroy, director de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, pero hasta ahora no ha sido posible obtener sus declaraciones y esperamos tenerlas en un siguiente informe).

Sin embargo, hay un parte de tranquilidad para quienes temen que en Colombia haya una ley arbitraria que solo beneficie a la industria a costa de  amordazar a los usuarios de Internet: una fuente del Ministerio TIC reveló que este proyecto de Ley no es definitivo y que se intentará que haya un proceso de socialización, ya no con los tiempos y mecanismos que usa ahora el MinTIC, pero al menos sí se permitirán los aportes de los ciudadanos.

Por lo pronto, y antes de que se saquen conclusiones como ‘Colombia ya tiene Ley Sinde’ o, al contrario, ‘por fin se acabará la piratería en el país’, conviene leer con atención el proyecto de Ley y participar en las discusiones en línea que se generarán alrededor de él.

Algunas preguntas incómodas.

Para iniciar la discusión, planteamos algunas preguntas a nuestros usuarios (cuyas respuestas, según nuestra fuente en el Ministerio TIC, serán tenidas en cuenta para las mejoras al proyecto de Ley):

• ¿Encuentran similitudes concretas entre este proyecto de Ley y las leyes Sinde y Hadopi? ¿Cuáles?
• ¿Qué debería tener esta ley para dejar contentos no solo a las industrias, sino también a los usuarios de Internet?
• ¿Un proyecto que amordazara la libertad de expresión y de acceso a la información en línea frenaría los avances que ha tenido Internet en el país?
• ¿Sería conveniente que el ministro Germán Vargas Lleras fuera igual de enérgico con la verdadera industria de la piratería en el país, que no necesita estar anónima detrás de un computador, sino que se encuentra en grandes centros de comercio en las principales ciudades, y que venden sus productos con total libertad frente a las autoridades?

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