La norma reglamenta la Ley 2489 de 2025 y busca prevenir riesgos y violencias digitales, fortalecer la educación sobre el uso de la tecnología y proteger los derechos de los menores de edad en redes sociales, plataformas, videojuegos, aplicaciones y otros servicios digitales.

El decreto parte de una realidad cada vez más presente en la vida cotidiana de los menores. Internet es un espacio para estudiar, jugar, crear contenido y relacionarse, pero también puede exponerlos a ciberacoso, suplantación de identidad, captación digital, explotación y abuso sexual en línea, así como al uso indebido de datos personales, fotografías, ubicaciones y rutinas.

La normativa plantea que el riesgo puede aparecer cuando una amenaza se combina con una vulnerabilidad y un nivel de exposición. Por ejemplo, una cuenta falsa puede representar una amenaza, mientras que la falta de acompañamiento adulto y el contacto frecuente a través de redes sociales pueden aumentar la posibilidad de que ocurra una situación perjudicial.

¿Qué deberán hacer las familias, colegios y plataformas?

El decreto distribuye responsabilidades entre distintos actores. Las familias y cuidadores tendrán acceso a herramientas de orientación para acompañar a niñas, niños y adolescentes en el uso de la tecnología. En los colegios, la prevención de riesgos digitales deberá incorporarse en los Proyectos Educativos Institucionales y los Manuales de Convivencia.

Los proveedores de plataformas y servicios digitales, por su parte, tendrán que ajustar el diseño de sus productos, gestionar los riesgos asociados a sus servicios y reportar cada semestre al Ministerio TIC los avances en estas medidas. También se promueve la privacidad desde el diseño y por defecto.

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Entre las acciones previstas está la creación, durante los próximos doce meses, de una política pública nacional de entornos digitales sanos y seguros. El Gobierno también habilitará un repositorio gratuito con recursos y buenas prácticas para familias, estudiantes y docentes. Este espacio no podrá incluir publicidad dirigida a menores ni exigir la recolección de sus datos personales como condición de acceso.

El decreto contempla además un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico, con participación del Ministerio de Educación, el ICBF, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, bajo la coordinación técnica del Ministerio TIC.

Las medidas se aplicarán de forma gradual, según el nivel de riesgo, la naturaleza del servicio y la capacidad técnica de cada actor. El decreto también establece que las disposiciones no podrán convertirse en censura previa, monitoreo generalizado de las comunicaciones ni debilitamiento del cifrado.

La estrategia se suma al trabajo de CiberPaz, que durante los últimos cuatro años realizó más de 3,4 millones de sensibilizaciones sobre ciudadanía digital responsable, empatía y autoprotección, con actividades en 805 municipios de los 32 departamentos del país.