Detrás de ese resultado está el aumento en los servicios que usan a diario millones de colombianos. Los planes de telefonía móvil, la conexión a internet en el hogar y la telefonía fija tuvieron una variación mensual de 3,15%, convirtiéndose en uno de los rubros que más aportó a la inflación del mes.

El comportamiento rompe con lo visto un año atrás, cuando esta misma categoría mostraba caídas. Ahora no solo crece, sino que lo hace con fuerza, lo que se traduce en un impacto directo en el gasto mensual de los hogares.

El dato cobra relevancia porque no se trata de un ajuste puntual aislado. En términos anuales, los servicios de comunicación también vienen subiendo, mientras que los equipos —como celulares— han bajado de precio. La consecuencia es clara: conectarse puede resultar cada vez más costoso, incluso si los dispositivos son más accesibles.

¿Influye la integración entre operadores?

El incremento en tarifas aparece en un momento en el que el mercado atraviesa cambios estructurales. La integración entre Tigo y Movistar, que buscaba fortalecer la competencia frente a operadores más grandes, estuvo acompañada de advertencias por parte de analistas y entidades del sector.

Entre los principales riesgos señalados estaba la posibilidad de que una menor presión competitiva derivara en aumentos de precios o ajustes tarifarios. También se mencionó el riesgo de que los usuarios terminaran enfrentando condiciones menos favorables en planes y servicios si la concentración del mercado reducía las alternativas reales.

Aunque el alza registrada en marzo no puede atribuirse de forma directa a un solo factor, sí coincide con ese periodo de reconfiguración del sector. Los operadores suelen realizar ajustes tarifarios al inicio del año, pero el tamaño del incremento en telecomunicaciones supera al de otras categorías de servicios.

Otro elemento a considerar es el cambio en el consumo. El uso intensivo de datos móviles, el trabajo remoto y el entretenimiento en línea han elevado la dependencia de estos servicios. Esto reduce la capacidad de los usuarios para recortar gasto, incluso cuando los precios suben.

El resultado es una presión sostenida sobre el bolsillo. A diferencia de otros rubros donde los consumidores pueden sustituir productos o cambiar hábitos, en telecomunicaciones la demanda es cada vez más rígida.

Por ahora, el comportamiento del IPC sugiere que las telecomunicaciones empiezan a ganar peso como factor inflacionario. Lo que ocurra en los próximos meses será determinante para entender si se trata de un ajuste puntual o del inicio de una tendencia más prolongada en los costos de conectividad en Colombia.

La Asamblea General de Accionistas aprobó, con una votación cercana a la unanimidad, el relevo de siete miembros principales de la Junta Directiva. En paralelo, la Junta designó nuevo gerente general, nueva secretaria general y ajustes en la representación legal. En el papel, se trata de decisiones corporativas habituales en procesos de adquisición. En la práctica, marcan el comienzo de una reorganización profunda en una empresa que, hasta hace poco, operaba de forma independiente y con una estructura propia.

Te puede interesar: Los condicionamientos de la SIC a la fusión Tigo–Movistar y la postura de WOM: ¿qué significa para los usuarios?

El mensaje oficial se ha concentrado en la continuidad del negocio y en la normalidad de los servicios. Para los usuarios, al menos por ahora, no habrá cambios en planes, precios ni condiciones contractuales. Pero puertas adentro la conversación es otra. ¿Hasta dónde llegarán los ajustes internos? ¿Se trata solo de una alineación directiva o del primer paso de una reconfiguración más amplia?

Movistar llegó a tener más de 5.000 empleados directos en Colombia, además de miles de puestos indirectos asociados a su operación. La integración con Tigo supone la unión de dos organizaciones que, hasta hace semanas, competían en los mismos segmentos y territorios. La lógica empresarial indica que habrá áreas duplicadas, procesos que se unifican y estructuras que se revisan. La incógnita es cuándo y cómo se traducirá eso en decisiones sobre el talento humano.

Cambios que abren preguntas laborales

Los comunicados publicados por la compañía no mencionan recortes ni reestructuraciones laborales. Tampoco hacen promesas en ese sentido. Se limitan a informar los cambios en la cúpula directiva y a señalar que las decisiones se tomaron conforme a los estatutos y a las autorizaciones regulatorias. Sin embargo, en casi cualquier proceso de fusión de esta magnitud, los ajustes de personal suelen aparecer más temprano que tarde.

¿Habrá despidos? ¿Se ofrecerán planes de retiro voluntario? ¿Se mantendrán las condiciones laborales actuales para los trabajadores de Movistar? Son preguntas que hoy no tienen respuesta pública, pero que circulan entre los empleados y en el sector. Más aún cuando el traslado de la sede principal —los equipos de Tigo se moverán al edificio de Movistar— sugiere una integración operativa acelerada.

A este escenario se suma un elemento adicional: la participación del Estado colombiano en la compañía. Aunque el Gobierno anunció su intención de vender sus acciones, la operación no se ha hecho efectiva. Eso significa que Movistar sigue teniendo presencia estatal en su estructura accionaria, un factor que introduce otras variables en la discusión sobre empleo, gobernanza y responsabilidad pública.

La coexistencia de un nuevo controlador privado con una participación estatal pendiente de definirse plantea interrogantes legítimos. ¿Qué papel jugará el Estado en las decisiones estratégicas mientras siga siendo accionista? ¿Habrá algún tipo de salvaguarda frente a eventuales impactos laborales? ¿O la lógica del mercado se impondrá sin matices?

Te puede interesar: Gyorgy Zsembery asume como CEO de WOM Colombia: ¿podrá consolidar su transformación en un mercado desafiante?

El sector de telecomunicaciones en Colombia ya venía mostrando señales de concentración. Claro mantiene una posición dominante en varios segmentos, y la integración Tigo–Movistar reduce el número de grandes jugadores con red propia. En ese contexto, la creación de un nuevo grupo empresarial fuerte puede leerse como una apuesta por competir en escala y capacidad tecnológica, especialmente de cara al despliegue de 5G y a las ofertas convergentes.

Pero toda consolidación tiene costos y efectos secundarios. Más allá de los beneficios para el mercado o los usuarios, queda abierta la discusión sobre el impacto interno. El relevo casi completo de la Junta Directiva y de la alta gerencia es una señal clara de que el control cambió y que la hoja de ruta será distinta.

Tal vez la pregunta de fondo no sea si habrá cambios, sino cuáles y con qué alcance. En ese sentido, una respuesta más detallada por parte de las empresas involucradas ayudaría a despejar dudas. No para anticipar decisiones que aún no existen, sino para entender qué viene después de la fusión, especialmente para quienes han sostenido la operación durante años.

Por ahora, los comunicados hablan de nombramientos y de gobernanza. Lo que no dicen —y lo que muchos esperan escuchar— es qué pasará con las personas más allá del organigrama.

La compañía reportó un EBITDA de 36.000 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025, un giro frente a la pérdida de 39.000 millones un año atrás. A nivel semestral, alcanzó 60.000 millones, cuando en 2024 había cerrado en rojo por 82.000 millones.

También logró generar flujo de caja positivo, con 41.000 millones en el trimestre y 52.000 millones en el semestre, señal de una mejora operativa tangible. Estos números no solo muestran una recuperación, sino que marcan un punto de inflexión para una empresa que había estado en el centro de cuestionamientos por su sostenibilidad financiera.

Un respiro en medio de un mercado concentrado

El viraje positivo se explica en buena parte por la intervención de SUR Holdings, nuevo propietario desde enero, que inyectó capital fresco e impulsó una reorganización bajo la Ley 1116. La compañía asegura que con ello se construyó una base sólida para retomar su estrategia de crecimiento disruptivo, aquella que desde su llegada buscó competir con precios agresivos y mayor cobertura en regiones tradicionalmente desatendidas.

Sin embargo, los resultados deben leerse con cautela. El avance financiero es innegable, pero la sostenibilidad de ese desempeño dependerá de factores externos que WOM no controla por completo. El mercado colombiano de telecomunicaciones continúa dominado por pocos jugadores y la integración Tigo–Movistar, aún en revisión por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), podría reforzar una dinámica de duopolio frente a WOM y Claro.

Te puede interesar: ¿Cómo se cocina el duopolio de los operadores móviles en Colombia y por qué Petro guarda silencio?

La compañía advierte que sin medidas regulatorias robustas, el espacio para competir de operadores emergentes será cada vez más reducido. En ese sentido, los números verdes no son un destino final, sino apenas un respiro temporal en un ecosistema que exige condiciones de mayor equilibrio.

Impacto para el sector y para los usuarios

Ahora  bien, sobre esto debemos mencionar que el hecho de que WOM atienda hoy a más de seis millones de usuarios y lo haga de manera rentable cambia la conversación. Por un lado, demuestra que hay espacio para modelos alternativos frente a los actores tradicionales. Por otro, introduce presión en el mercado para que la competencia no se limite a precios, sino también a calidad de servicio, innovación en planes y expansión de infraestructura.

Desde una mirada crítica, el impacto más relevante es político y regulatorio. Si la SIC establece condiciones estrictas en la integración Tigo–Movistar, WOM tendría margen para consolidar su propuesta y atraer nuevas inversiones. SUR Holdings ya ha comprometido más de 100 millones de dólares, pero advierte que ese capital depende de que el Estado cree un entorno competitivo real.

En suma, WOM ha demostrado que su apuesta no era inviable y que la empresa puede ser rentable. No obstante, la sostenibilidad de estos resultados no se definirá solo en su contabilidad, sino en la capacidad del regulador para garantizar un mercado justo y diverso.

Imagen: Archivo Particular/Wom

El pronunciamiento se da en el marco de la intervención de oficio prevista en la Ley 1340 de 2009. Con este mecanismo, la CRC participa como regulador independiente para revisar posibles efectos de la operación y entregar una visión técnica que ayude a la SIC a identificar riesgos y alternativas de mitigación.

En su análisis, la CRC revisa el documento económico entregado por las empresas, las observaciones recibidas durante el proceso y las propuestas de terceros, como otros operadores y actores del sector. La Comisión aclara que su papel no es aprobar ni rechazar la integración, sino ofrecer un acompañamiento técnico con criterios regulatorios y evidencia.

Uno de los puntos centrales del concepto es que la operación debe mirarse con especial atención en tres mercados: acceso y originación móvil, servicios móviles e Internet fijo residencial. Allí se concentran los mayores riesgos de concentración, lo que podría afectar la competencia y las condiciones de los usuarios si no se aplican medidas.

En el escenario de integración, la participación de Tigo y Movistar superaría el 34 %, mientras que Claro mantendría alrededor del 54 %. Con dos actores de ese tamaño, la posibilidad de efectos coordinados se hace más evidente, algo que preocupa a la CRC por las consecuencias en precios y bienestar de los consumidores.

La Comisión también señala que en el mercado mayorista de transporte entre municipios no se identifican riesgos significativos. Sin embargo, plantea que si la infraestructura de transporte del operador integrado se comparte con terceros y se remunera a costos eficientes, podría generar efectos positivos y apoyar a compañías de menor tamaño en su expansión.

Riesgos, propuestas y condiciones en juego

El documento examina las propuestas de remedios planteadas por competidores como WOM. Algunas, según la CRC, podrían ser viables y favorecer la competencia. Otras necesitan un análisis más profundo, mientras que varias resultan inconvenientes o no se ajustan a la regulación vigente.

La recomendación central es que cualquier medida que adopte la SIC debe orientarse a mantener el equilibrio competitivo y garantizar pluralidad en los mercados. Esto implica que no se favorezca a un operador en detrimento de otros y que se preserve la dinámica de innovación y de inversión en el sector.

La CRC recuerda que las decisiones de competencia no solo impactan en el corto plazo, por ejemplo, en precios, sino también en la sostenibilidad del mercado en el mediano y largo plazo. Si la competencia se reduce hoy, las consecuencias podrían reflejarse en menor inversión en infraestructura y en menor calidad del servicio para los usuarios en el futuro.

Te puede interesar: ¿Cómo se cocina el duopolio de los operadores móviles en Colombia y por qué Petro guarda silencio?

El pronunciamiento complementario también busca alinear la discusión con buenas prácticas internacionales. Para la CRC, la experiencia de otros países demuestra que las decisiones sobre integración deben considerar los riesgos de coordinación entre grandes operadores y establecer remedios proporcionales que aseguren mercados abiertos.

La Comisión reitera que su rol es técnico y neutral. No emite un juicio de aprobación ni de rechazo, sino que entrega a la SIC una evaluación con base en datos, modelos económicos y análisis de mercado. Con este insumo, la Superintendencia contará con elementos adicionales para decidir sobre una de las operaciones más relevantes en el sector de telecomunicaciones en la última década.

El documento cierra subrayando que preservar la competencia hoy es clave para garantizar un sector sostenible mañana. La integración entre Tigo y Movistar, señala la CRC, no solo tiene efectos sobre las empresas involucradas, sino que puede redefinir el acceso, la calidad y la innovación en los servicios de telecomunicaciones en Colombia.

La decisión final está en manos de la SIC, que deberá evaluar si aprueba, rechaza o condiciona la operación. Lo que se defina tendrá un impacto directo en la estructura del mercado, en la oferta de servicios y en la experiencia de millones de usuarios que dependen de la conectividad para su vida diaria.

Imagen: Archivo ENTER.CO

Ese reacomodo abriría la puerta a un escenario de duopolio en el que dos compañías controlarían más del 90 por ciento del mercado. La competencia se reduciría a mínimos históricos y la innovación podría estancarse. Para entender este panorama, hablamos con Germán Bacca Medina, excomisionado de la CRC, y con Mauricio Toro, excongresista y expresidente del Icetex.

Ambos coinciden en que la concentración no es casualidad. La falta de decisiones regulatorias, el exceso de diagnósticos y el silencio del Gobierno han dejado que el sector llegue a este punto. El riesgo, advierten, es que los usuarios terminen pagando el precio con tarifas más altas y menor calidad de servicio.

Un mercado atrapado en diagnósticos

Germán Bacca recuerda que Colombia está entre los países más concentrados de América Latina en telecomunicaciones. “Claro tiene más del 50 por ciento en tráfico y casi el 60 por ciento en ingresos. Eso debería haber motivado medidas hace años, pero la CRC se ha demorado demasiado en tomar decisiones”, afirma.

El excomisionado explica que el regulador ha caído en un exceso de estudios que no se traducen en medidas concretas. “Hay un sobre-diagnóstico permanente. Los documentos son técnicos y muy completos, pero mientras tanto el mercado se mueve rápido y los operadores pequeños se debilitan”.

La situación se complica con la posible integración de Tigo y Movistar. De concretarse, el nuevo jugador se quedaría con un 38 por ciento del mercado, convirtiéndose en un competidor de peso frente a Claro, pero también cerrando la puerta a la competencia. WOM, con un 8 por ciento, quedaría relegado a un papel marginal.

Bacca advierte que el argumento de que en muchos países solo operan tres compañías no puede usarse como justificación. “Una cosa es tener tres operadores equilibrados, como en Perú donde Claro, Movistar y Entel tienen participaciones de 30, 28 y 25 por ciento. Otra es que dos manejen más del 90 por ciento, como pasaría aquí”.

Una CRC sin confianza y un Gobierno en silencio

Mauricio Toro fue protagonista de este debate en el Congreso. Recuerda que logró que la CRC declarara la dominancia de Claro, pero esa decisión nunca se tradujo en correctivos. “Después de años de pelear, se reconoció lo evidente, que Claro tenía más del 55 por ciento del mercado. Sin embargo, no se impusieron condiciones ni restricciones. Eso hizo que la confianza en la CRC se perdiera”.

Toro cree que la puerta giratoria afecta la independencia de los comisionados. Muchos terminan trabajando para Telcos o consultoras relacionadas, lo que alimenta sospechas de complacencia. “Si un comisionado está pensando en dónde trabajará al salir, no va a enfrentarse con firmeza a las compañías que debería regular”.

El excongresista también cuestiona el papel del Gobierno. “Petro se ha pronunciado con fuerza contra monopolios en la salud, en los pasaportes y en las aerolíneas. Pero en telecomunicaciones ha guardado silencio, cuando aquí hablamos de un sector donde están en juego los derechos digitales de 90 millones de líneas en el país”.

Toro recuerda que el Ministerio TIC ha estado en manos del Partido de La U durante este Gobierno y que ese manejo ha limitado la discusión pública. A su juicio, si Petro no se ha pronunciado es quizá porque no le han dicho la verdad completa o porque no alcanza a dimensionar la magnitud del problema.

Bacca coincide en que la discusión pública ha sido insuficiente. Señala que el Ministerio TIC sí presentó observaciones en el proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero esas posturas no trascendieron al debate nacional. “Cuando la SIC tome su decisión ya no habrá margen para discutir. Lo que se resuelva marcará el rumbo del sector durante décadas”.

Los usuarios, los grandes perdedores

La falta de competencia ya afecta a los ciudadanos. Colombia está entre los países con peor calidad de servicio en la región. Aunque se habla de 800 municipios con conectividad, en muchas zonas rurales la señal apenas llega en 2G o 3G.

Toro advierte que la situación puede empeorar. “Un duopolio significará tarifas más altas y peor calidad. Dos operadores podrían ponerse de acuerdo para no bajar precios ni invertir en regiones apartadas. Así dejarán que las redes envejezcan mientras los usuarios no tienen a dónde más acudir”.

La innovación también sufriría. En mercados competidos los operadores lanzan planes familiares, promociones o nuevas tecnologías para atraer clientes. En Colombia, en cambio, las tarifas han subido, los planes se han vuelto menos atractivos y la cobertura sigue siendo desigual.

Bacca considera que la fusión de Tigo y Movistar es una de las operaciones más riesgosas en veinte años. “Nunca había visto un nivel de concentración tan alto. Si la SIC aprueba sin condiciones estrictas, quedaremos atrapados en un mercado cerrado y poco atractivo para inversionistas. Eso encarecerá los servicios y frenará la innovación”.

La Superintendencia tiene tres opciones: objetar la fusión, aprobarla sin condiciones o con unos muy débiles; o hacerlo con unas medidas sólidas que fomenten una verdadera competencia para que el usuario tenga varias alternativas. Para los entrevistados, la segunda opción sería un error grave. “Lo mínimo es imponer condicionamientos firmes que eviten abusos. La SIC no puede delegar esta tarea en la CRC, porque esa entidad ya demostró que no actúa con contundencia”, insiste Toro.

En las próximas semanas se definirá el futuro de los operadores móviles en Colombia. Si se consolida el duopolio sin restricciones, dos compañías controlarán más del 90 por ciento del mercado y podrán imponer sus condiciones.

Si la SIC actúa con firmeza, todavía habrá margen para proteger la competencia, estimular la inversión y garantizar que la conectividad llegue con calidad a todas las regiones. Mientras tanto, el reloj corre y el silencio del Gobierno aumenta la incertidumbre.

El diagnóstico del sector es contundente: falta competencia, faltan decisiones y falta voluntad política. Lo que está en juego no es solo el precio de un plan de datos, sino el derecho de millones de colombianos a un servicio accesible, de calidad y verdaderamente libre.

Imagen: ENTER.CO