Gaitana se presenta en redes sociales como “una congresista que no necesitará sueldo ni privilegios y que trabajará 24 horas para ti”. Su figura, representada como una mujer de piel azul con vestimenta tradicional y tocado de plumas, busca conectar con símbolos culturales indígenas y con causas como la protección del medioambiente y los derechos de los animales.

El proyecto fue impulsado por Carlos Redondo, ingeniero mecatrónico y también aspirante al Congreso. Según ha explicado, la iniciativa nació del trabajo conjunto de jóvenes interesados en inteligencia artificial pertenecientes a distintas etnias del país. La idea, dicen sus creadores, es utilizar la tecnología como herramienta para ampliar la participación de los pueblos originarios en las decisiones legislativas.

¿Cómo funcionará la candidatura digital?

Aunque en la boleta figurará identificada como “IA”, la Registraduría aclaró que jurídicamente el inscrito es un ciudadano que hace campaña apoyado en una plataforma tecnológica. Gaitana opera como una interfaz digital que interactúa con los votantes, recoge propuestas y comunica posturas políticas.

Su funcionamiento se basa en un sistema que recibe inquietudes ciudadanas a través de plataformas en línea, procesa la información y la organiza para convertirla en iniciativas legislativas. La propuesta se apoya en lo que denominan “democracia digital participativa”: un modelo en el que las comunidades pueden enviar ideas, debatirlas virtualmente y priorizarlas antes de que sean llevadas al Congreso.

Entre las principales iniciativas que promueve está el fortalecimiento de la soberanía digital comunitaria. Esto incluye el desarrollo de tecnología propia para sectores como la banca, el emprendimiento y la innovación, con herramientas que reflejen la diversidad cultural y lingüística del país. También plantea que las propuestas legislativas estén respaldadas por análisis de datos y consultas comunitarias.

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La candidatura sostiene que, en caso de resultar elegida, las decisiones no dependerían de una sola persona, sino de la información recolectada y validada con las comunidades indígenas. La inteligencia artificial actuaría como un canal permanente de comunicación, disponible sin restricciones de horario, capaz de procesar grandes volúmenes de información.

El surgimiento de Gaitana introduce un elemento inédito en la política colombiana. Si bien el respaldo legal recae en un candidato humano, el protagonismo de una plataforma de inteligencia artificial abre preguntas sobre la representación, la responsabilidad y los límites tecnológicos en los procesos democráticos. Para sus promotores, se trata de una herramienta para ampliar la voz colectiva; para otros, el debate apenas comienza.

 

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La jugada funcionó. En pocas horas, el desempleo dejó de ser tendencia y fue reemplazado por un debate emocionalmente potente: la protección de los menores. Es un terreno difícil de cuestionar sin pagar costos políticos. Sin embargo, detrás del discurso protector aparece una agenda mucho más amplia que tiene que ver con poder, control y narrativa.

El paquete presentado por el Gobierno no se limita a una restricción etaria. Incluye responsabilizar penalmente a directivos de plataformas, castigar la manipulación algorítmica, crear sistemas de medición del odio y reforzar la capacidad del Estado para intervenir contenidos considerados ilegales. Todo gira alrededor de una palabra que Sánchez repite con insistencia: control.

Del cuidado infantil al control del espacio digital

Prohibir redes sociales a menores no es una medida inocua ni simple. Para que sea efectiva, exige verificar la edad de todos los usuarios. Y verificar la edad de todos implica, en la práctica, acabar con el anonimato digital, centralizar datos sensibles y normalizar sistemas de identificación obligatoria. No solo para adolescentes, sino para toda la ciudadanía.

El choque con Elon Musk ayudó a consolidar el relato. El propietario de X respondió con acusaciones de autoritarismo que escalaron el conflicto a nivel internacional. Lejos de debilitar la estrategia del Gobierno, el enfrentamiento amplificó el mensaje y desplazó aún más otros debates incómodos. La polémica se volvió global, el ruido aumentó y la agenda quedó capturada.

Mientras tanto, las dudas técnicas y sociales quedaron relegadas. Especialistas advierten que la prohibición puede esquivarse fácilmente con herramientas básicas y que no existe consenso científico sólido sobre su impacto positivo en la salud mental de los jóvenes. También señalan que una política basada en vetos puede ser más simbólica que efectiva.

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Más allá de la discusión técnica, emergen motivaciones políticas menos explícitas. Una es la necesidad de recuperar control sobre un espacio donde el poder institucional ha perdido capacidad de marcar límites. Las redes sociales no solo amplifican desinformación, también amplifican críticas, disidencias y narrativas incómodas para los gobiernos.

Otra razón es el manejo de la agenda. Convertir la regulación digital en el eje del debate permite desplazar temas económicos adversos sin confrontarlos directamente. No se niegan los datos, pero se les quita oxígeno mediático.

La discusión de fondo no es si los menores deben o no usar redes sociales. Es quién define qué contenidos son aceptables, quién controla esa definición y qué contrapesos existen. En ese punto, la propuesta deja de ser una política pública y se convierte en una disputa abierta por el poder en el espacio digital.