Sin embargo, no nos corresponde enlistarlos, pronunciarnos de forma entusiasta sobre ellos ni encasillarlos como un retroceso para la humanidad. Lo cierto es que, en los últimos meses, los modelos de inteligencia artificial generativa han logrado avances significativos en su desarrollo, optimización y capacidad de respuesta en distintos contextos profesionales, impactando directamente la IA en el derecho.

Microsoft creó su propia herramienta, Copilot, con una visión más organizativa e integrada en entornos laborales. También se evidencia la evolución en Google con Google IA Studio, que incorpora criterios más transparentes para el usuario, permitiendo abordar temas como código de programación, prompt, API, temperature —para mitigar alucinaciones— y tokens, entre otros conceptos técnicos.

Surge entonces, a lo largo de esta narrativa tecnológica, un interrogante fundamental que articula el ejercicio del derecho procesal con los procesos de enseñanza-aprendizaje: ¿los abogados y futuros juristas están realmente preparados para un uso adecuado de los modelos de inteligencia artificial generativa en sus diferentes plataformas y aplicaciones prácticas?

Un fallo que prende las alarmas en el uso de IA en el derecho

Para responder a esta pregunta, resulta pertinente analizar los hechos relacionados con el auto AC739-2026 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión resolvía un recurso de revisión contra un fallo emitido por el Tribunal Superior de Villavicencio, generando importantes reflexiones jurídicas.

En este caso, el apoderado presentó la demanda del recurso extraordinario de revisión citando un artículo incorrecto del Código General del Proceso (CGP) e invocando causales inexistentes. Posteriormente, en la subsanación, corrigió el artículo aplicable (Ley 1564 de 2012, art. 355), pero modificó el sentido taxativo de las causales invocadas, generando inconsistencias sustanciales.

Además, sustentó su argumentación con diez referencias jurisprudenciales apócrifas entre la demanda inicial y su corrección. Esta situación evidencia un uso inadecuado de herramientas tecnológicas, posiblemente derivado de una confianza excesiva en modelos de inteligencia artificial generativa sin la debida verificación jurídica.

La Corte concluyó que el apoderado incurrió en temeridad procesal (Ley 1564 de 2012, art. 79), considerando la conducta desplegada. A pesar de advertirse inconsistencias normativas y de que el mismo apoderado aceptó el uso de modelos de IA generativa, persistió en su postura sin realizar un control riguroso de la información presentada.

Como consecuencia, se le impuso una sanción consistente en una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y la compulsa de copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Este caso plantea una pregunta crucial: ¿estamos realmente preparados para integrar la inteligencia artificial en el ejercicio jurídico?

Los modelos de IA generativa y las herramientas digitales requieren una comprensión multidisciplinaria que permita su uso adecuado, ético y seguro, especialmente frente a las partes representadas y al sistema judicial. No se trata solo de eficiencia, sino de responsabilidad profesional y rigor técnico en cada actuación procesal.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT

LemonTech nació en Chile hace casi 20 años, cuando su fundador detectó que muchos despachos registraban el tiempo de trabajo de manera manual y que la facturación dependía, en buena parte, de cálculos aproximados. A partir de ahí desarrollaron una herramienta de carga de horas que permitió ordenar información, medir productividad y respaldar cada cobro con datos verificables.

“Antes los abogados cobraban muchas veces estimando. Cuando empiezas a medir con precisión, cambias la forma en que gestionas el estudio”, explica Amor. Ese sistema de TimeBilling se convirtió en el corazón de la compañía y abrió la puerta a nuevas soluciones, entre ellas el seguimiento automatizado de causas judiciales conectado a los sistemas de los poderes judiciales.

El impacto no fue menor, pues  automatizar la consulta de expedientes evitó que los abogados tuvieran que ingresar manualmente a cada proceso para verificar movimientos. “Los tiempos en el mundo judicial son críticos; si puedes anticiparte a un cambio de estado en una causa, puedes ajustar la estrategia”, señala.

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Con los años, LemonTech amplió su operación y hoy divide su oferta en dos grandes líneas, una enfocada en firmas de abogados y otra en gerencias legales corporativas. La empresa opera en más de 18 países y trabaja con más de 1.300 estudios y departamentos legales en la región. Hace varios años fue adquirida por un fondo internacional, lo que fortaleció su capacidad de inversión en producto y expansión.

Colombia aparece como una prioridad dentro de esa estrategia; según el Legal Tech Index, el país ocupa el segundo lugar en América Latina en desarrollos tecnológicos aplicados a la industria jurídica, con un nivel de preparación legaltech del 73,33 por ciento. Para Amor, esa cifra confirma que existe un ecosistema maduro y competitivo.

“Colombia tiene profesionales en tecnología muy avanzados y una adopción digital alta en comparación con otros países de la región”, afirma. Sin embargo, advierte que la industria legal sigue fragmentada. “Hay estudios muy modernizados y otros que todavía funcionan bajo esquemas tradicionales, muy de papel y muy personales. El cambio también es generacional”.

Tecnología legal en Colombia y el desafío de medir la operación

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la presión que enfrentan hoy las firmas. Colombia concentra un alto número de abogados y eso ha elevado el nivel de exigencia de los clientes. “Cuando el mercado está saturado, el poder de negociación cambia. Los clientes piden más visibilidad, presupuestos cerrados, control del gasto y reportes claros”, sostiene.

Es por esos que la calidad técnica ya no es el único factor diferenciador. “La ventaja competitiva ya no depende solo del conocimiento jurídico, sino de la capacidad de gestionar el servicio como una operación estructurada y medible”, afirma.

Amor insiste en que la transformación digital no se reduce a contratar software. “Muchas empresas implementan tecnología sin saber para qué ni cómo la van a medir. Pagan una suscripción y no establecen indicadores. Eso termina afectando la adopción interna y la percepción de valor”.

Para LemonTech, el foco está en automatizar tareas administrativas y generar datos que permitan identificar rentabilidad por proyecto, desempeño de equipos y oportunidades de mejora. “Cuando tienes esa información puedes tomar decisiones estratégicas y maximizar resultados”, explica.

La inteligencia artificial es otro frente importante,  pues, la compañía trabaja en agentes entrenados con marcos regulatorios latinoamericanos para apoyar tanto procesos administrativos como tareas de gestión legal. Aun así, Amor es enfático en un punto. “La inteligencia artificial no debe reemplazar al abogado. Siempre tiene que haber criterio humano detrás”.

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Reconoce que la tecnología avanza más rápido que la regulación y que eso obliga a actuar con responsabilidad. “Hay muchas soluciones que se lanzan sin considerar la privacidad de datos o la seguridad. Nosotros preferimos avanzar un poco más lento, pero con controles claros y certificaciones”.

Para los estudios pequeños o abogados independientes, el acceso ya no es una barrera como hace años. El modelo de suscripción permite adoptar herramientas ajustadas al tamaño de cada operación. “La tecnología se ha democratizado. Un estudio boutique puede competir mucho mejor si automatiza desde el inicio”, afirma.

Al proyectar el mercado colombiano en cinco años, Amor anticipa una integración mucho mayor entre derecho y tecnología, con firmas que dependerán cada vez más de datos para crecer. “El abogado que entienda que la tecnología es un complemento estratégico tendrá más capacidad de escalar. El que no lo haga, inevitablemente se quedará atrás”.