El encuentro, de acceso gratuito, también analizará la proyección del país en políticas públicas, inclusión tecnológica y desarrollo de capacidades para inteligencia artificial en Colombia. En este contexto, se busca consolidar a Colombia como referente regional en marcos regulatorios modernos, así como en la promoción de entornos que impulsen la innovación, la inversión y el crecimiento del ecosistema digital.

Colombia Digital Summit 2026: conectividad e inteligencia artificial

Bajo el eslogan “La era de la inclusión, innovación e inteligencia artificial”, el Summit reunirá autoridades ministeriales, reguladores, legisladores, líderes empresariales y expertos internacionales. La apertura contará con la participación de la ministra TIC, Carina Murcia Yela, junto a autoridades como Felipe Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC.

La primera jornada estará centrada en infraestructura y conectividad, con un panel sobre el futuro digital del país y la participación de actores como Tigo, América Móvil y Ufinet. También se presentará el estudio de la OCDE sobre conectividad en Colombia y se abordarán temas como inversión público-privada, regulación convergente y cierre de brechas digitales.

Asimismo, se discutirán experiencias internacionales de regulación inteligente con autoridades de Brasil, España, Uruguay y Perú, junto con sesiones sobre inteligencia artificial, computación en la nube y modelos de infraestructura para la innovación. El día cerrará con un espacio legislativo centrado en nuevos marcos normativos para la sociedad digital en Colombia.

La segunda jornada abordará desafíos como fraude y ciberseguridad, así como el papel de la inteligencia artificial en la economía digital productiva. También se tratarán contenidos digitales, educación, plataformas tecnológicas y desarrollo regional, con participación de compañías como Google, TikTok y DiDi.

El programa incluirá además discusiones sobre movilidad, logística, derechos digitales e industrias tecnológicas, así como integridad informativa en contextos electorales. El cierre estará marcado por la presentación del estudio “Colombia 2026-2030: Políticas para la revolución digital” de GSMA y un panel sobre el futuro digital del país.

El registro se encuentra disponible en www.colombiadigitalsummit.com, donde los interesados pueden consultar la agenda completa y asegurar su participación.

Imagen: Colombia Digital Summit

La jugada funcionó. En pocas horas, el desempleo dejó de ser tendencia y fue reemplazado por un debate emocionalmente potente: la protección de los menores. Es un terreno difícil de cuestionar sin pagar costos políticos. Sin embargo, detrás del discurso protector aparece una agenda mucho más amplia que tiene que ver con poder, control y narrativa.

El paquete presentado por el Gobierno no se limita a una restricción etaria. Incluye responsabilizar penalmente a directivos de plataformas, castigar la manipulación algorítmica, crear sistemas de medición del odio y reforzar la capacidad del Estado para intervenir contenidos considerados ilegales. Todo gira alrededor de una palabra que Sánchez repite con insistencia: control.

Del cuidado infantil al control del espacio digital

Prohibir redes sociales a menores no es una medida inocua ni simple. Para que sea efectiva, exige verificar la edad de todos los usuarios. Y verificar la edad de todos implica, en la práctica, acabar con el anonimato digital, centralizar datos sensibles y normalizar sistemas de identificación obligatoria. No solo para adolescentes, sino para toda la ciudadanía.

El choque con Elon Musk ayudó a consolidar el relato. El propietario de X respondió con acusaciones de autoritarismo que escalaron el conflicto a nivel internacional. Lejos de debilitar la estrategia del Gobierno, el enfrentamiento amplificó el mensaje y desplazó aún más otros debates incómodos. La polémica se volvió global, el ruido aumentó y la agenda quedó capturada.

Mientras tanto, las dudas técnicas y sociales quedaron relegadas. Especialistas advierten que la prohibición puede esquivarse fácilmente con herramientas básicas y que no existe consenso científico sólido sobre su impacto positivo en la salud mental de los jóvenes. También señalan que una política basada en vetos puede ser más simbólica que efectiva.

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Más allá de la discusión técnica, emergen motivaciones políticas menos explícitas. Una es la necesidad de recuperar control sobre un espacio donde el poder institucional ha perdido capacidad de marcar límites. Las redes sociales no solo amplifican desinformación, también amplifican críticas, disidencias y narrativas incómodas para los gobiernos.

Otra razón es el manejo de la agenda. Convertir la regulación digital en el eje del debate permite desplazar temas económicos adversos sin confrontarlos directamente. No se niegan los datos, pero se les quita oxígeno mediático.

La discusión de fondo no es si los menores deben o no usar redes sociales. Es quién define qué contenidos son aceptables, quién controla esa definición y qué contrapesos existen. En ese punto, la propuesta deja de ser una política pública y se convierte en una disputa abierta por el poder en el espacio digital.

En la Unión Europea el cambio llega tras meses de tensiones entre Apple y la Comisión Europea. La autoridad comunitaria multó a la compañía por 500 millones de euros por incumplir la Ley de Mercados Digitales (DMA), una normativa creada para limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas y fomentar la competencia.

Como resultado, Apple aceptó permitir que los desarrolladores europeos ofrezcan apps de iOS mediante tiendas distintas a la suya, además de abrir la puerta a sistemas de pago alternativos. Aunque la empresa ha criticado lo que considera cambios constantes en los criterios regulatorios, Bruselas ha dejado claro que la DMA no será moneda de cambio en negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Brasil marca un precedente fuera de la UE

Mientras Europa avanza por la vía legislativa, Apple también cerró un frente clave en América Latina. En Brasil la compañía alcanzó un acuerdo con el organismo antimonopolio CADE, comprometiéndose a habilitar tiendas de aplicaciones alternativas, pagos de terceros y enlaces externos dentro de las apps de iOS.

El acuerdo, que deberá implementarse en un plazo máximo de 105 días, pone a Brasil en el mapa global de la regulación digital. A diferencia de otros países, el caso brasileño se centró no solo en los pagos sino en la distribución de bienes digitales, un aspecto crítico para la economía de aplicaciones locales.

Según explicó Artur Assanskiy, director de producto de la plataforma alternativa Onside, los cambios no llegarán de inmediato a los usuarios finales. Lo más probable es que Apple introduzca las modificaciones técnicas con una actualización de iOS prevista para abril de 2026.

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Antes de eso se espera que las primeras funciones aparezcan en versiones beta para desarrolladores, un periodo clave para que las nuevas tiendas finalicen sus integraciones. Entre las novedades previstas están la descarga de tiendas alternativas desde la web, nuevas APIs para pagos externos y menos restricciones para enlazar a sitios web fuera de la App Store.

Uno de los argumentos recurrentes de Apple ha sido la seguridad del ecosistema iOS. Sin embargo, Assanskiy sostiene que el riesgo para los usuarios será limitado. En línea con lo ocurrido en la UE y Japón, Apple mantendría un proceso de revisión básica, conocido como notarización, para escanear apps en busca de malware, incluso cuando se distribuyan fuera de la App Store.

“El verdadero problema no es la seguridad sino la falta de competencia”, apunta el ejecutivo al señalar que los modelos cerrados tienden a elevar costos y frenar la innovación.

Cómo afectan las tiendas alternativas iOS a desarrolladores y usuarios

El cambio es especialmente relevante para mercados como Brasil. Hoy la App Store cobra comisiones estándar de entre 25% y 30% por transacción. Las tiendas alternativas, en contraste, manejan esquemas cercanos al 8% o 10%, lo que puede marcar la diferencia entre un negocio viable y uno inviable.

“Para muchos desarrolladores latinoamericanos esto no es una ventaja marginal: es la diferencia entre lanzar una app o abandonarla antes de empezar”, dice Assanskiy.

Además, estas plataformas facilitan la integración de métodos de pago locales, como Pix, y permiten categorías históricamente restringidas por Apple, incluyendo apuestas, criptomonedas o ciertos tipos de contenido digital. Para muchas startups esto reduce el punto de equilibrio y abre la puerta a suscripciones más baratas, ajustadas al poder adquisitivo regional.

Un ecosistema más abierto

Más allá de las comisiones, la apertura de iOS redefine la relación entre plataformas y desarrolladores. El nuevo escenario promete mayor diversidad de aplicaciones, más competencia y modelos de negocio adaptados a realidades locales. Para Apple es un desafío a su modelo tradicional; para los desarrolladores, una oportunidad largamente esperada.

En mercados emergentes, donde los márgenes son estrechos y la escala es clave, el fin de la exclusividad de la App Store podría ser el inicio de una nueva etapa para la economía digital móvil.

Imagen: Stephanie Berbec / Unsplash

Desde el uso de algoritmos para agilizar sentencias hasta la polémica idea de restringir las redes sociales a menores, los precandidatos presentaron propuestas distintas sobre cómo digitalizar a Colombia. En el fondo todas apuntan a transformar la relación del ciudadano con la tecnología en un país que enfrenta retos estructurales hace muchos años.

Inteligencia artificial y eficiencia judicial

Paloma Valencia lanzó la carta más ambiciosa al plantear el uso de inteligencia artificial de lleno en el sistema judicial. Su apuesta busca usar esta herramienta como un motor para descongestionar expedientes y otorgar una velocidad procesal que hoy parece imposible. La iniciativa pretende modernizar la rama judicial mediante la automatización de tareas administrativas y jurídicas que hoy son repetitivas.

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Como la tecnología requiere conectividad, Valencia vinculó su propuesta con la necesidad de llevar internet satelital hasta el último municipio del país. El objetivo es habilitar audiencias virtuales y llevar la justicia a las zonas más remotas, permitiendo que cualquier ciudadano acceda al sistema legal sin importar su ubicación geográfica.

Además, la senadora propuso actualizar el pénsum escolar mediante la inclusión de robótica e inteligencia artificial, con el objetivo de que los estudiantes no solo aprendan contenidos básicos, sino que desarrollen habilidades asociadas al uso y comprensión de tecnologías digitales.

La gran controversia: ¿Prohibir redes sociales?

David Luna propuso prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años. El exministro planteó esta iniciativa como una medida de salud pública orientada a proteger la salud mental de niños y adolescentes frente a la ansiedad y la depresión asociadas al entorno digital.

Luna, quien reconoció su trayectoria en el sector tecnológico, sostuvo que en este caso la desconexión es la solución para enfrentar los efectos negativos del uso temprano de redes sociales.

Seguridad: Drones y control tecnológico de la fuerza pública

En seguridad, Vicky Dávila propuso instalar inhibidores de señal efectivos en las cárceles para cortar de raíz las extorsiones. El objetivo es frenar los delitos coordinados desde los centros penitenciarios para neutralizar las comunicaciones no autorizadas que afectan la tranquilidad ciudadana y fortalecer el control estatal sobre las peligrosas redes criminales.

Por otro lado, la inteligencia militar busca una actualización urgente. Mientras Aníbal Gaviria habló de aplicar inteligencia artificial en labores del Ejército, Juan Carlos Pinzón insistió en que las Fuerzas Armadas requieren tecnología de punta estratégica. Ambos coinciden en que la modernización de la fuerza pública es vital para recuperar la ventaja táctica frente a los grupos armados ilegales.

Mauricio Cárdenas alertó sobre el uso de drones en atentados y exigió una respuesta estatal basada en tecnología defensiva moderna. En una línea similar, Juan Manuel Galán propuso dotar al Gaula de equipos de geolocalización para rastrear con precisión a los extorsionistas. Estas propuestas reflejan la necesidad de adaptar las autoridades a una modalidad de guerra asimétrica cada vez más digitalizada.

El Estado en datos: De la DIAN a los Centros Día

Juan Daniel Oviedo propuso usar tecnología y auditoría digital para vigilar los recursos de las EPS, asegurando que la interoperabilidad de los datos es clave para evitar la corrupción en el sistema de salud.

Juan Manuel Galán planteó la necesidad de una DIAN 100 % moderna y tecnológica, orientada a facilitar la vida de los emprendedores y eliminar las trabas burocráticas. Por su parte, Mauricio Cárdenas prometió un millón de cupos gratuitos en formación de habilidades tecnológicas como programación y mercadeo digital.

Finalmente, Enrique Peñalosa incluyó en su propuesta la creación de Centros Día donde los adultos mayores puedan aprender a usar computadores y conectarse con el mundo digital, cerrando la brecha digital generacional.

En resumen, los candidatos dejaron claro que el próximo gobierno se jugará tanto en el territorio como en la nube. Ya sea para vigilar, educar o juzgar, la tecnología dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta política central de cara a 2026.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT

La CMA ha señalado que Google posee más del 90% del mercado de búsquedas en el Reino Unido, lo que le otorga una ventaja considerable frente a otros motores de búsqueda. Esta concentración de poder ha llevado a una falta de competencia, lo que podría limitar la innovación en el sector. La propuesta busca aumentar la transparencia en los resultados de búsqueda.

Aumentar la competencia y transparencia

La propuesta incluye simplificar el acceso a los competidores y ofrecer a los usuarios más control sobre las decisiones que toma el algoritmo de Google. Además, la regulación incluiría medidas que permitirían a los editores y empresas de tecnología acceder de manera más directa a los servicios de búsqueda, abriendo las puertas a más actores en el mercado.

Ahora bien, este enfoque, al otorgar a Google el estatus de “mercado estratégico”, no solo es una medida nacional, sino que también forma parte de un creciente análisis global hacia las grandes plataformas tecnológicas.

Esta tendencia global busca garantizar que las empresas operen con mayor transparencia y fomenten la competencia de manera más equitativa. Un ejemplo claro de este enfoque global es la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, que ya está en vigor y obliga a empresas como Google, Apple y Meta a cumplir con una serie de requisitos específicos.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha tomado medidas similares, acusando a Google de monopolizar el mercado de la publicidad digital. La denuncia afirma que la compañía ha utilizado su dominio para excluir a la competencia y mantener su poder en el mercado de la publicidad. Como resultado, se están evaluando acciones legales.

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¿Cómo la IA impacta en las búsquedas?

El panorama de la regulación digital está en constante evolución, especialmente con la creciente influencia de la inteligencia artificial (IA) en los servicios de búsqueda. Google ya ha comenzado a integrar capacidades de IA generativa en sus productos de búsqueda, como los resúmenes automáticos de contenido (AI Overviews). La CMA también está considerando cómo esta tecnología puede cambiar la forma en que los usuarios interactúan con las búsquedas.

El desafío aquí es equilibrar el fomento de la innovación tecnológica con la necesidad de evitar que una sola compañía tenga el control total sobre los avances de la IA. Con el crecimiento de tecnologías como la IA generativa, la manera en que las plataformas manejan los datos de los usuarios y las opciones de búsqueda podría tener un impacto significativo en la forma en que interactuamos con la web.

¿Qué otras regulaciones existen?

El enfoque de la CMA para regular a Google es solo un ejemplo de cómo los países de todo el mundo están buscando formas de regular a las grandes tecnológicas sin frenar la innovación. Aunque las regulaciones de la UE son más amplias y se aplican a toda la región, el Reino Unido busca encontrar un equilibrio entre reducir el dominio de las grandes plataformas y fomentar el crecimiento económico.

En América Latina y otros países de habla hispana, las autoridades aún están explorando cómo abordar las cuestiones de monopolio y competencia en el sector digital. Si bien no hay regulaciones tan avanzadas como las de la UE o el Reino Unido, países como México y Brasil ya han comenzado a tomar medidas para supervisar las prácticas de las grandes plataformas tecnológicas.

Por otro lado, la regulación de Google en los motores de búsqueda es una cuestión de creciente interés a nivel global. Diversas autoridades están implementando medidas para fomentar una competencia más equitativa y ofrecer a los usuarios más opciones. A continuación, se detallan algunas de las principales iniciativas regulatorias, que incluyen medidas específicas para promover la transparencia y la competencia.

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido está evaluando otorgar a Google el estatus de “mercado estratégico”. Esta designación permitiría a la autoridad intervenir en los servicios de búsqueda para promover la competencia. Las medidas propuestas incluyen pantallas de elección para que los usuarios seleccionen su motor de búsqueda preferido.

La Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE establece reglas claras para regular a las plataformas digitales dominantes, conocidas como “guardianes de acceso”. Google está sujeta a esta ley, que busca garantizar la competencia leal, la transparencia en los resultados de búsqueda y ofrecer a los usuarios más opciones. Esto favorece una mayor igualdad en el mercado digital.

El caso de Google en el Reino Unido es solo una parte de un movimiento global para regular las grandes plataformas tecnológicas. Si bien cada país tiene su propio enfoque, el objetivo común es garantizar un mercado más justo y competitivo, donde los usuarios y las empresas tengan más control y opciones sobre los servicios que consumen.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT