La aprobada ‘ley del TLC’ podría ser declarada inconstitucional. El senador Camilo Romero radicó una demanda contra la Ley 201 de 2012 ante la Corte Constitucional de Colombia, que en caso de ser aprobada invalidaría la Ley y obligaría a que se tramitara nuevamente ante el Congreso.

En un ‘post’ en su blog oficial, el senador Romero dice que la Ley tiene “vicios de fondo que ponen en riesgo derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia“. En concreto, según Romero, algunos de sus artículos “vulneran los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad”.

“Esta Ley no reconoce Internet, y los contenidos que circulan por este medio, como el nuevo espacio público para la participación ciudadana y la democracia“, asegura el senador.

Romero le explicó a El Tiempo algunos detalles de la demanda. “Por ejemplo, se vulnera el derecho a la libertad de expresión en el artículo 13, que prohíbe la retransmisión de televisión por Internet. Además creemos que se vulnera el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución y un claro ejemplo de esto es el artículo 19, en el cual […] se otorga a cualquier autoridad administrativa la posibilidad de conocer la información de los supuestos infractores”.

La Corte Constitucional ahora deberá asignarle la demanda a uno de sus magistrados, quien tendrá 10 días para decidir si admite o inadmite la demanda. En ese último caso, se la devolvería al senador porque tiene un error que se pueda solucionar o porque no llena los requisitos. Como se trata de una demanda de constitucionalidad, la Corte no puede rechazar la demanda en primera instancia.

Pese a que muchos sectores rechazan la ‘ley del TLC’ de forma abierta y emotiva, hay sectores que resultaron beneficiados con la iniciativa e incluso han salido a defenderla públicamente. ¿Quiénes son?

El Gobierno Nacional.

Con la aprobación del polémico proyecto de ley antes de la Cumbre de las Américas, el Gobierno se salió con la suya. El objetivo era lograr que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC junto con Juan Manuel Santos cuando estuviera en Cartagena. Para ello, este proyecto y otros más debían estar aprobados antes del 13 de abril; y el Congreso hizo la tarea obedientemente. Pero falta ver si Obama finalmente firma o no el tratado, pues no se ha confirmado que lo vaya a hacer. Si no lo hace, -como dicen las abuelas- del afán solo habrá quedado el cansancio.

Los canales y programadores de TV.

Ganan por partida doble. Por una parte, ahora cuentan con un nuevo instrumento legal para que se castigue a quien reproduzca sus señales sin su permiso, con lo que se ilegalizan los sitios como Cuevana o Roja Directa, los cuales son competencia de los servicios de ‘streaming’ de los propios canales y proveedores de cable. Por otra parte, con la reducción de la ‘cuota de pantalla’ (la proporción de producciones nacionales que están obligados a emitir), podrán disminuir sus costos: producir un programa en el país es más costoso que comprar los derechos de un ‘show’ extranjero.

Los ‘hackers’ éticos.

El artículo 15 de esta ley permite romper ‘candados digitales’ para ciertos usos éticos: hacer que un software pueda operar en conjunto con otros, evaluar fallas de seguridad en un software o un sistema, desactivar herramientas que puedan vulnerar la privacidad del usuario, entre otros. Esto saca del limbo legal a quienes hagan esta clase de tareas de buena fe y garantiza que no serán acusados penalmente por lo que hacen. Si el texto de la ley hubiera incluido excepciones para otros usos justos –que de hecho, según el ministro TIC, siguen existiendo-, el Gobierno se hubiera ahorrado la tormenta de críticas que le ha caído.

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La polémica que ha generado la aprobación de la ‘ley del TLC’ sigue muy activa y los usuarios están casi que protestando en bloque contra ella. Sin embargo, no son los únicos que resultaron perjudicados con la iniciativa. ¿Qué otros sectores perdieron el pulso contra la ¿ley del TLC’?

Los internautas.

A pesar que el Gobierno ha salido por todas partes a intentar aplacar la ira de los usuarios de Internet, estos tienen buenas razones para estar furiosos. La ley no es clara sobre los derechos de los contenidos televisivos, ni sobre las penas de cárcel, ni sobre la definición de lucro -que, como está planteada, no excluye usos no comerciales-, ni sobre los usos legítimos que podrían tener las personas en discapacidad (pronto profundizaremos en algunos de estos casos). En general, existen muchas cosas que no están claras y que podrían atentar contra los derechos y la cultura del ‘remix’ de los usuarios de Internet.

Los sitios que retransmiten contenidos de TV (y sus fanáticos).

Hay quien no podría pasar un fin de semana sin Cuevana. Para los fanáticos del fútbol, sitios como Roja Directa son el paraíso. Ambos, entre muchos otros, hacen actividades que esta ley prohíbe, pues reproducen sin permiso señales de televisión. Esto hará que el funcionamiento de estos sitios sea ilegal en Colombia, y abre la puerta a que sean perseguidos penalmente, tal como ocurre con Cuevana en Argentina. Además, los usuarios perderán el único -o al menos el mejor- acceso que tenían a muchos contenidos que no llegan por TV abierta, lo que será especialmente doloroso para -entre muchos otros- los aficionados a seguir partidos de fútbol a través de streaming.

Los productores nacionales de TV.

La reducción de la cuota de pantalla hace que quienes se dedican a hacer contenidos nacionales para televisión probablemente encuentren menos clientes para sus producciones, pues quizás los canales van a preferir comprar programas extranjeras que hacer programas nacionales: sencillamente, es más barato.

¿Qué otros sectores creen que salieron ‘heridos’ con la aprobación de esta ley?

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Y ustedes, ¿qué opinan de esta ley?

Tras su aprobación anoche en el Congreso de la República, senadores, ministros y activistas han reaccionado por la aprobación de su iniciativa de la ‘ley del TLC’.

El senador ponente, Carlos Ramiro Chavarro, le dijo a ENTER.CO que no creía que hubiera sido discutida de afán, porque “la discusión del TLC comenzó en el 2004” y el mensaje de urgencia con el que el Gobierno radicó el proyecto de ley “obliga que el Congreso haga el trámite rápidamente”.

Chavarro destacó que la aprobación no se hizo a puerta cerrada, y dijo que, a su juicio, el debate fue amplio: “Aquí se han discutido todos los temas. Hemos hecho un trabajo serio y responsable, consagrando los derechos legítimos que tiene el autor de una obra. El debate fue abierto al país. Se pudieron hacer todas las preguntas y se absolvieron”.

Pese a ello, Carolina Botero, abogada especialista en derechos de autor, sí lamentó la velocidad con la que se hizo todo el trámite. “Es un mecanismo de anular debate. Cuando se hace un mecanismo legislativo en tan pocos días, no hay manera ni de mostrar argumentos ni de presentarlos. Un poco de debate no le habría hecho daño a la democracia”, dijo. Además, según la abogada, la ley aprobada no soluciona ninguno de los problemas que se habían identificado antes de su tramite.

Por otra parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, también defendió la ley. Según menciona El Tiempo, el ministro Vargas dijo que “los estudiantes están debidamente protegidos. El derecho de almacenamiento que podrían reclamar los estudiantes (…) es una expresión del derecho de reproducción”.

La reacción del ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados, fue similar. En una charla con la estación radial La W, negó que se trate de una nueva versión de la ‘ley Lleras’ y que algunos usos justos están protegidos. “Si una persona tiene un blog sobre cine y quiere poner fragmentos de una película lo puede hacer”, afirmó.

Pero para el senador Camilo Romero, el más activo opositor de la ley del TLC en el Senado, lo ocurrido fue lamentable: “El Congreso ha legislado para el mañana con las mañas del pasado. Se aprobó lo que en Estados Unidos no se aprobó ni con la ley Sopa ni con la Ley Pipa. Aquí se está legislando en contra de la humanidad, de las recomendaciones de las Naciones Unidas para poner por encima (de los derechos de autor) la libertad de expresión y la libertad de opinión”