La compañía ha señalado que se trata de una prueba limitada y controlada, visible desde mediados de diciembre de 2025 en avisos dentro de la propia plataforma. El objetivo, según Meta, es evaluar nuevas formas de aportar valor a Meta Verified, su servicio de suscripción.

Qué cambiaría

El cambio se centraría exclusivamente en las publicaciones orgánicas que incluyen enlaces externos, es decir, links que llevan fuera de Facebook. En las cuentas incluidas en la prueba, los perfiles no suscritos a Meta Verified quedarían limitados a un máximo de dos publicaciones con enlaces externos al mes.

Al alcanzar ese límite, Facebook mostraría un aviso indicando que, para seguir publicando enlaces en publicaciones normales, sería necesario contratar Meta Verified. No se trata de publicidad ni de un pago por enlace individual, sino de un tope funcional que se desbloquearía mediante suscripción.

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La restricción no bloquearía todos los enlaces. Los links colocados en comentarios seguirían permitidos, al igual que los enlaces hacia plataformas del propio ecosistema de Meta, como Instagram o WhatsApp. También se contemplarían posibles excepciones para algunos enlaces específicos.

A quién afectaría

Según lo explicado por Meta, la prueba afectaría únicamente a perfiles en modo profesional y a páginas, formatos usados habitualmente por creadores de contenido, influencers, marcas, negocios y proyectos digitales que utilizan Facebook como canal de crecimiento y monetización.

De acuerdo con la información confirmada por la compañía, los editores y medios de comunicación no estarían incluidos en esta prueba, al menos en su fase actual. Esto implicaría que los sitios web informativos y medios digitales podrían seguir publicando enlaces de forma habitual si no reciben notificaciones de límite.

Para quienes gestionan un sitio web y publican varios enlaces al día, la clave sería comprobar si su cuenta ha sido incluida en el experimento. Facebook notifica de forma directa a las cuentas afectadas; si no hay aviso ni bloqueo, la publicación de enlaces continuaría funcionando con normalidad.

El trasfondo de la medida apunta a una estrategia conocida: priorizar el contenido nativo y reducir la salida de usuarios hacia la web abierta. Si la prueba se expandiera, las cuentas que dependen del tráfico externo tendrían que reducir su actividad o asumir un nuevo costo mensual.

Meta Verified ya se comercializa en distintos países con precios que varían según el canal de contratación. Aunque la suscripción también promete verificación y mayor alcance, el debate se centra ahora en el uso del pago para habilitar una función básica como compartir enlaces.

Por ahora, Meta insiste en que no se trata de un cambio global. Sin embargo, el mensaje es claro: compartir enlaces externos desde cuentas profesionales podría dejar de ser una capacidad libre y convertirse en una función condicionada al pago, dependiendo de cómo evolucione la prueba.

Imagen: Generada con IA / Gemini

Por esto, es necesario acelerar el paso y buscar soluciones efectivas para seguir el ritmo de los avances e innovaciones tecnológicas, que en muchas ocasiones permitieron la democratización de servicios. En la actualidad, más y más personas tienen la oportunidad de acceder desde su celular a alternativas de movilidad hasta productos financieros y otros tantos servicios. El gran desafío está en plantear una agenda que esté acorde con la realidad a la que nos enfrenta la economía digital. 

En América Latina existen ya regulaciones para aplicaciones de movilidad como Beat y, actualmente, se evidencia una curva regulatoria donde países como Colombia ya se inició la conversación en esta materia. Y, aunque el camino ha tenido sus dificultades, lo cierto es que la regulación ha beneficiado a las diferentes comunidades y a las economías nacionales. 

Ciudad de México, por ejemplo, fue una de las primeras ciudades en crear un acuerdo para la operación de los servicios, que incluye un pago del 1.5% al gobierno por cada viaje realizado por la aplicación, lo que permite crear un fondo para invertir estos tributos en desarrollo urbano. Adicionalmente, hay mercados regulados como Brasil o Bolivia que establecen reglas de juego claras para todos los actores. 

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En Colombia a pesar de que los servicios son altamente aceptados por los usuarios, la conversación regulatoria ha tardado en llegar; sin embargo, hoy se presenta con un panorama prometedor. En este año se radicaron 6 Proyectos de Ley en el Congreso que presentan iniciativas para dar crear un marco regulatorio en el que se incluyan las aplicaciones, a pesar de que existen diversas propuestas, todos estos proyectos coinciden en una cosa: la necesidad de la regulación y la importancia que esta beneficie a los ciudadanos. 

La tecnología es una herramienta aliada para mejorar la vida de las personas y, sin duda alguna, va a velocidades inimaginables si se compara con los procesos regulatorios. Ahora, tanto Colombia como sus países vecinos, se encuentran en un momento de transformación digital; cada vez son más los que se suman a estos debates políticos acerca de la forma ideal para regular las nuevas tecnologías y adaptarse a la evolución que se vive ahora.

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Mientras se define el nuevo rumbo en el país, lo cierto es que las cifras respaldan el impacto de estas aplicaciones. Según un estudio de Fedesarrollo, las plataformas aportan al PIB colombiano un 0.2%, y, para finales de 2019, brindaron oportunidades a más de 366 mil personas ocupadas en los subsectores de transporte y mensajería en las 13 principales áreas metropolitanas del país. Todo esto, sin contar los efectos en dimensiones como medio ambiente y seguridad, en los cuales también se han evidenciado consecuencias positivas. 

Entonces, ¿Cuál es el futuro de la regulación de las aplicaciones digitales en el país? Como lo mencioné anteriormente, la tecnología va mucho más rápido y, por tanto, el primer paso es lograr una regulación que parta de la realidad del mercado y que priorice el beneficio del usuario, su posibilidad de elegir y que permita nuevas opciones de ingresos. 

Hoy, más que nunca, es momento de aprovechar los beneficios de la tecnología para potencializar la reactivación económica y subsanar los estragos económicos que atraviesan los colombianos a causa del COVID-19. Estamos en un momento histórico y crucial, crear una regulación inclusiva que permita tener estabilidad y tranquilidad a los ciudadanos que usan estas plataformas es el reto al que nos enfrentamos. 

Imagen: Beat.

Sin embargo, el tema regulatorio sigue siendo un inconveniente en múltiples países, entre ellos Colombia. Al ser plataformas que han propuesto modelos de negocio distintos a los tradicionales, los gobiernos han encontrado vacíos normativos que incluso han llevado a catalogar los servicios como ilegales. En nuestro país, a pesar de los inconvenientes, no han dejado de llegar este tipo de plataformas.

En la actualidad, Uber está disponible en más de 600 ciudades del mundo, y el servicio privado que presta  intermediado por plataformas está regulado en 134 jurisdicciones, según datos de la compañía. De acuerdo con Nicolás Pardo, gerente general de Uber Colombia, en el país  la situación es de no reglamentación, pues no hay normas que prevean el funcionamiento de plataformas tecnológicas y los servicios que intermedian ya que estos modelos de negocio  hace 20 años no existían. En su opinión, la idea es que exista un marco regulatorio claro y definido, algo en lo que el país no ha avanzado.

Cómo se han regulado las plataformas tecnológicas de transporte

En varias ciudades y países, la ausencia de reglamentación ha motivado a los gobiernos a tomar cartas en el asunto. La idea no ha sido prohibir, sino entender las nuevas dinámicas y encontrar un espacio para todos los jugadores. Estos son algunos ejemplos:

Ciudad de México, México. Allí se creó una categoría diferente de servicio de transporte privado facilitado por plataformas tecnológicas de transporte. De esta manera, el usuario puede escoger cómo moverse en su ciudad. La reglamentación en México establece que el tamaño del servicio está acorde con lo que dicta el mercado.

Un punto a favor de los usuarios es que asuntos como las garantías de seguridad y eficiencia que debe tener el servicio se convirtieron en norma. En este país también creó un Fondo de Movilidad, construido con los aportes de las plataformas para promover alternativas de transporte y proyectos de movilidad en dicha ciudad.

Washington D.C., Estados Unidos. En la capital de Estados Unidos se promulgó una ley que abrió la posibilidad para que personas naturales o jurídicas puedan hacer parte de una nueva categoría de transporte. Además, permite que se creen compañías de alquiler de carros privados para prestar los servicios que intermedian las plataformas.

La ley reconoce la necesidad de crear una nueva clase o categoría de servicio de transporte para los vehículos de alquiler privados. A través de dicha categoría, menciona la norma, “una red de operadores de vehículos de alquiler privados en el Distrito proporciona transporte a los pasajeros con los que los operadores de vehículos de alquiler privados están conectados por despacho digital”. Este ‘despacho digital’ es un definición incorporada por la ley mediante la cual se integran las “aplicaciones y redes de hardware y software, incluyendo aplicaciones de telefonía móvil, que los pasajeros y operadores utilizan para proporcionar servicios públicos y privados de vehículos de alquiler”.

La Paz, Bolivia. En esta ciudad rige el Reglamento Municipal de Servicio Privado de Transporte de Pasajeros contratado mediante Plataformas Tecnológicas. En él se establecen los requisitos, procedimientos y condiciones que se deben cumplir para ofrecer este tipo de prestaciones mediante aplicaciones en un teléfono móvil.

Imagen: iStock