Benavides asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, cuando se posesione el nuevo Gobierno. Es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales; tiene una maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Manizales y obtuvo en 2023 un doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad en la Universidad de Deusto, en España.

Su trayectoria está ligada a la creación y consolidación de proyectos de innovación. Desde 2001 dirige Incubar Manizales, una incubadora y aceleradora de empresas de base tecnológica, y también encabezó durante varios años la Fundación Universidad-Empresa-Estado del Eje Cafetero. Además, ha sido docente universitaria, consultora internacional y presidenta de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad.

Más que una investigadora dedicada exclusivamente a la producción científica, Benavides ha trabajado en la transferencia de conocimiento hacia empresas, emprendimientos y procesos de innovación regional. Esa experiencia podría convertirse en uno de los principales ejes de su gestión al frente del ministerio.

Los retos que recibirá el Ministerio

La nueva ministra llega a una cartera que enfrenta desafíos importantes. Uno de ellos es recuperar la confianza de la comunidad científica en las convocatorias de financiación, un aspecto que ella misma ha identificado como prioritario. También plantea reconfigurar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para darle mayor estabilidad y convertirlo en una política de Estado.

Otro de sus objetivos será fortalecer la relación entre universidades, centros de investigación y sector productivo. Su propuesta busca que los resultados de la investigación tengan una aplicación más directa en la generación de empresas, empleo y crecimiento económico, un modelo que ha promovido durante buena parte de su carrera profesional.

Benavides también ha manifestado la intención de impulsar una mayor inversión en ciencia. Su meta es que Colombia avance desde el nivel actual, cercano al 0,3 % del PIB, hacia una senda que permita aproximarse al 1 %, con una participación más activa del sector privado.

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La designación también ofrece pistas sobre la visión que tendría el Gobierno de Abelardo de la Espriella para esta cartera. En lugar de centrar la política científica únicamente en la investigación básica, el nuevo Ejecutivo parece apostar por una ciencia con impacto económico, enfocada en competitividad, innovación empresarial y transformación productiva.

Ese planteamiento podría traducirse en un mayor respaldo a emprendimientos tecnológicos, proyectos de transferencia de conocimiento y alianzas entre universidades y empresas. Al mismo tiempo, la administración tendrá el desafío de mantener el equilibrio con la investigación científica de largo plazo, que depende en gran medida de recursos públicos y constituye la base para el desarrollo tecnológico futuro.

La llegada de Claudia Benavides al Ministerio de Ciencia representa, en ese sentido, una combinación de experiencia académica y conocimiento del ecosistema de innovación. Su gestión comenzará en un momento en el que el país deberá definir cómo aumentar la inversión en investigación, fortalecer la confianza de los científicos y convertir el conocimiento en un motor para el desarrollo económico y social.

La ministra Yesenia Olaya Requene ha insistido en que no se trata de recortes ni de desfinanciación. Por el contrario, el objetivo es que los recursos públicos tengan un mayor impacto social, territorial y científico, y que lleguen a poblaciones que durante años quedaron por fuera del sistema.

Uno de los puntos centrales del debate es el programa Crédito Beca y el rol de Colfuturo. Según MinCiencias, existen cerca de 18 millones de dólares provenientes de reintegros y movimientos financieros del programa. Una parte de estos recursos cubre compromisos con estudiantes activos, pero otra permanece disponible para nuevas decisiones de política pública.

Estos fondos están hoy en fiducias y cuentas bancarias a nombre de Colfuturo. Desde el Gobierno se ha reiterado que los recursos públicos deben estar al servicio de los estudiantes y del sistema educativo nacional, no inmovilizados sin una definición clara de uso.

En ese sentido, el Ministerio ha invitado a Colfuturo a presentar propuestas para reinvertir esos 18 millones de dólares en una nueva cohorte de doctorantes en el país. Hasta ahora, según la cartera, no se ha recibido una respuesta concreta.

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Durante años, la formación avanzada en Colombia estuvo marcada por un modelo concentrado y excluyente. El país heredó el CONPES 3862, vigente entre 2016 y 2025, que comprometió cerca de 698.246 millones de pesos con un único operador privado. Ese esquema dejó los recursos legalmente atados hasta 2025.

El actual Gobierno asegura que cumplió con todos esos compromisos. Se garantizaron las cohortes existentes y los giros se realizaron sin interrupciones. No hubo incumplimientos ni cancelaciones de apoyos en curso.

Sin embargo, las cifras evidenciaron los límites del modelo anterior. En casi dos décadas, solo el 0,98 % de los beneficiarios fueron personas afrodescendientes y apenas el 0,24 % indígenas. Más del 50 % de los apoyos se concentraron en tres departamentos y solo cerca del 7 % correspondieron a doctorados.

Con ese diagnóstico, el Gobierno decidió cambiar el enfoque. Desde 2023 se puso en marcha un Modelo Integral de Formación de Alto Nivel, financiado directamente por el Estado, con criterios territoriales, étnicos, de género y socioeconómicos.

Uno de los principales cambios es la oferta de becas doctorales sin endeudamiento. No hay créditos, ni codeudores, ni pagos futuros. La financiación es completa y se acompaña de mecanismos de inserción laboral tras el doctorado.

El impacto territorial es clave. El 54 % de los apoyos se ha dirigido a departamentos con menos oportunidades históricas, como Cauca, Córdoba, Bolívar, Valle, Sucre, Nariño y Chocó.

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La Convocatoria 933 de 2023, desarrollada junto con el ICETEX, es uno de los ejemplos más visibles. Con una inversión de 119 mil millones de pesos, apoyó a 309 personas en todo el país, con financiación de hasta 388 millones de pesos por estudiante. Estos recursos cubren matrícula, sostenimiento y proyectos de investigación.

El 85 % de los beneficiarios fueron mujeres y 124 pertenecen a grupos étnicos. Una señal clara de que el acceso a la formación doctoral empezó a cambiar.

A esto se suma la Convocatoria de Maestrías del Pacífico, que benefició a 75 personas, en su mayoría mujeres y población afrodescendiente. La apuesta es que el conocimiento también se construya desde las regiones y responda a sus necesidades.

El modelo también mira más allá del doctorado. Se han fortalecido las estancias posdoctorales, con más de 1.600 financiadas desde 2017, y se ha impulsado la articulación entre universidad, empresa y Estado.

En financiación, el Sistema General de Regalías se ha convertido en un pilar. En el actual bienio se aprobaron 17 proyectos de formación de alto nivel por más de 341 mil millones de pesos, muy por encima del periodo anterior.

Finalmente, el Gobierno trabaja en un nuevo CONPES de formación de alto nivel, que dará continuidad y visión de largo plazo a este cambio. Para 2026, MinCiencias anunció la apertura de una nueva cohorte de doctorados nacionales e internacionales, con la idea de que la ciencia deje de ser un privilegio y se convierta en una herramienta real de equidad y desarrollo para el país.