La ley antidescargas Hadopi, también conocida como ‘ley de los tres avisos’, ya hizo desconectar de Internet al primer usuario que supuestamente violó de manera continuada los derechos de autor en la Red. Después de recibir varios avisos del gobierno francés, a finales de julio Robert Tollot, un profesor de 54 años de edad, se quedó sin el derecho de usar Internet.

Tollot es acusado de bajar canciones de David Guetta y Rihanna a través de la Red de forma ilegal. El profesor asegura ser una víctima de la ley, pues asegura ante el gobierno que alguien ha estado robando su conexión Wi-Fi. Este hecho pone en evidencia la difícil tarea de la Alta Autoridad por la Difusión de Obras y las Protección de Derechos en Internet (Hadopi) para llegar a tener el control sobre las descargas en Internet.

Y es que a pesar de que hace algunos meses el mismo presidente Nicolás Sarkozy reconociera el fracaso de la ley, manifestando su interés por corregir e incluso anular esta ley antidescargas en caso de que llegara a presentarse una mejor alternativa para combatir la piratería en Francia, esta sigue vigente.

Sin embargo, los problemas de la regulación siguen manifestándose, pues la agencia encargada de aplicar la ley reconoce que ha recibido más de 18 millones de quejas, de las que solo 470.000 han sido respondidas, 20.000 han recibido un segundo aviso y solo 10 han llegado a recibir una tercera advertencia. (Esto no cambia la tendencia que se dio con la Ley Hadopi desde sus comienzos).

¿Merecía este profesor –diga la verdad de que no hizo las descargas, o las haya hecho– perder el ‘derecho humano’ a conectarse a Internet para informarse, comunicarse y entretenerse?

Por lo pronto, no hay noticias de que alguna apelación o reposición de Robert Tollot haya dado sus frutos, por lo que podría considerársele como el primer ‘desterrado de Internet’, al menos en el mundo occidental. Veremos si vienen más en camino.

Más allá de Hadopi.

No obstante, Francia no es el único país que ha implementado una ley para combatir la piratería en Internet. En España, la ley Sinde busca dejar en manos de una comisión especializada (elegida por el gobierno español) la posibilidad de bloquear o cancelar en un plazo de 48 horas el servicio de los sitios web que tengan archivos digitales protegidos por derechos de autor.

El gobierno español ha mostrado su satisfacción con la Ley Sinde, pues Carlos Cuadros, director general de Cine del Ministerio de Cultura de ese país, aseguró en una entrevista de concedida al medio Europa Press que el gobierno está feliz de que la Ley Sinde se esté convirtiendo en referente en el plano internacional.

“Esta ley va contra los que roban, esos intermediarios que se están forrando con productos robados para ponerlos a disposición de forma presuntamente gratuita ante los ciudadanos. En los próximos meses, con la puesta en marcha del Reglamento, se podrán dar los primeros pasos y esperemos que con ello se acaben esas páginas que roban”, dijo Cuadros.

Colombia tampoco se queda atrás, pues en el mes de junio se aprobó en primer debate en el Senado el proyecto de ley que busca proteger los derechos de autor en Internet, conocido como ‘Ley Lleras‘. La radicación del proyecto es el resultado de una exigencia incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, además de ser un requisito para la firma de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de que algunos países hayan evidenciado su interés por ejercer un mayor control sobre la protección de los derechos de autor en Internet, entidades independientes e incluso organizaciones globales como la ONU señalan que la libertad de expresión está por delante de otros derechos.

El relator de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, dijo en junio que para proteger los derechos de autor, los gobiernos deben mantenerse al margen de la línea que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y la democracia. Tim Berners-Lee, el ‘padre’ de  la Web, también señaló que “es un derecho básico de la humanidad”, comparable incluso con el derecho universal del acceso al agua.

Notas relacionadas:

• Ecos del e-G8: gobiernos quieren limitar Internet.
• Hadopi, en Francia, recibe 25.000 denuncias diarias de piratería.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• Libertad de expresión e Internet dan un paso gigante.
• “El acceso a la Web es un derecho humano”, dice su creador.

En Francia, la lucha contra la piratería la lidera Hadopi, la organización que busca proteger los derechos del Internet en el país y que administra la ley antipiratería del mismo nombre, que ha tenido tantos detractores y que ha obtenido tan pobres resultados. Esta organización realizó un estudio sobre el consumo de bienes culturales, tanto de manera legal e ilegal, y encontró lo que no esperaba: las personas que descargan contenidos sin pagar a los dueños de los derechos de autor –que la industria cataloga como piratas– son a la vez los mayores consumidores legales de estos contenidos.

El estudio, publicado en enero de este año, fue analizado y simplificado para la mayoría de usuarios por Joe Karaganis, director de medios y democracia de Social Science Research Council, concluye que el 7% de los encuestados gasta más de 100 euros en bienes culturales en Internet, y el 64% de ellos acepta que realiza un ‘uso ilícito’ de redes. El 17% de estos gasta de 31 a 99 euros al mes y de ellos, el 57% admite ser ‘pirata’.  Entre los que dicen no gastar nada, solo 36% son ‘piratas’.

Cuando se habla del declive de la industria audiovisual y musical, la piratería puede tener mucho que ver al respecto, pues se dice que esta disminuye las ventas legales. Pero las cifras del estudio son dignas de verse con cuidado: este fenómeno que muestra el estudio puede deberse a que la piratería funciona como una forma de acceso a la información antes de tomar una decisión de compra.

Este descubrimiento de Hadopi pudo causar sorpresa en Francia, pero no es una excepción pues antes se encontraron resultados similares. Esto sucedió al cerrarse el sitio alemán Kito.co que publicaba enlaces de películas para su descarga ilegal. Se realizó una investigación para conocer los hábitos de consumo de quienes utilizaban el servicio y se encontró algo muy similar a lo que encontró Hadopi: los llamados ‘piratas’ son los más altos consumidores de películas legales.

El estudio realizado por un cliente de la consultora Gfk, fue ocultado, pues lo que se buscaba era demostrar que los ‘piratas’ son los responsables del declive de la industria audiovisual. Además, El País agrega que antes de este estudio se realizó otro en el año 2009 con similares resultados. La pregunta que queda en el aire es: si la responsabilidad no es de los usuarios ilegales, ¿entonces de quién?

Es importante analizar el caso de América Latina y en especial Colombia, donde la oferta de contenidos legales en línea es aún mejor y comprar películas originales en discos tiene un alto costo. ¿Hasta qué punto estas cifras pueden corresponder a nuestra realidad?

¿Los ‘piratas’ latinoamericanos también realizan compras legales? Si ustedes hacen descargas de contenidos protegidos por derechos de autor sin pagar por ellos, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por una película o una canción en línea, o por un DVD original?

Notas relacionadas:

• Ley antipiratería Hadopi sigue demostrando su ineficacia.
• Hadopi, en Francia, recibe 25.000 denuncias diarias de piratería.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• Libertad de expresión e Internet dan un paso gigante.

Los gobiernos de algunos países han hecho público su afán por ejercer un mayor control sobre las descargas de ciertos contenidos a través de Internet. Ante este hecho, el relator de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, asegura que para proteger los derechos de autor, los gobiernos deben mantenerse al margen de la línea que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y la democracia.

Hace unos meses el padre de la Web, Tim Berners- Lee, aseguró en un simposio realizado con motivo de los 150 años del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que la Web es “un derecho básico de la humanidad”, comparándola además con el derecho universal de acceso al agua, y el primero de junio pasado la ONU, la OEA y los gobiernos de Europa y África emitieron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet en el mismo sentido: “La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”.

En su informe, La Rue asegura que todas las leyes que se relacionan con este tema ponen en desventaja al usuario que comete la infracción, pues este no tiene las herramientas suficientes para defenderse.

El documento invita a los gobiernos a revisar y modificar, de ser necesario, las leyes que sancionan a los usuarios interrumpiendo su acceso a Internet, pues el relator de Naciones Unidas considera que es una medida que ataca un derecho fundamental.

La propuesta de algunos gobiernos de desconectar de Internet a los usuarios que realicen descargas ilegales como una forma de sanción es cuestionable para Naciones Unidas, pues según el informe esta medida vulnera el Artículo 19 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (PDF), en el que se consigna el derecho que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo.

Pocos días antes, en el e-G8 Forum, un encuentro entre los países desarrollados y las empresas de Internet, los presidentes de los países renovaron su ‘compromiso de protección de la propiedad intelectual’, señalaron que esta requiere una aplicación efectiva y cooperación internacional entre gobiernos y organizaciones, lo que fue interpretado por analistas como una declaración en favor de normas como Hadopi y Sinde.

La Rue no se queda en generalidades en su informe: menciona explícitamente amenazas a la libertad de expresión en Internet como la persecución a WikiLeaks, las suspensiones del acceso a Internet en Egipto, Argelia, Libia y otros países, las leyes antidescargas, el ACTA (PDF) y la entrega de tareas de policías privados o de jueces a los proveedores de servicios de Internet (este es uno de los puntos que más temores y protestas ha generado el proyecto de ‘Ley Lleras’ en Colombia)

Pedro Less Andrade, responsable de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google América Latina, opina sobre la la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet y el informe del relator de la ONU que “estos importantes documentos señalan que la libertad de expresión en Internet es equivalente a la que puede aplicarse a otros medios, y que en esa medida es un derecho fundamental reconocido por el derecho internacional”.
Less agrega que esto no implica la negación a la protección de los derechos de autor, sino que “busca un balance y  proporcionalidad entre la protección de estos derechos y otros derechos fundamentales”.

Notas relacionadas:

• Libertad de expresión e Internet dan un paso gigante.
• e-G8: ¿encuentro o desencuentro tecnológico?
• Cubrimiento de ENTER.CO sobre ‘Ley Lleras’.
• El acceso a la Web es un derecho humano, dice su ‘padre’.

El arma del gobierno francés contra la piratería, la famosa Ley Hadopi o de los ‘tres strikes’ o avisos, no ha dado buenos resultados. Las autoridades han enviado desde octubre pasado 400.000 avisos a usuarios de Internet por descargas ilegales (es decir, de música, videos, software y otros contenidos que están protegidos por leyes de derechos de autor), y 3.500 personas han recibido una segunda advertencia, apenas unos 100 han sido notificados con un tercer aviso y tienen algún riesgo de desconexión de Internet.

Según el diario francés Le Figaro, la jueza encargada de supervisar el sistema asegura que el proceso es lento, “rústico y poco automatizado”.

Con la Ley Hadopi, en teoría, cuando las sociedades de gestión de derechos de autor detectan una descarga ilegal, remiten la dirección IP a las autoridades, y son estas las encargados de enviar una advertencia al usuario a través de un correo electrónico. Si el titular de la cuenta no deja de hacer descargas ilegales, al cabo de un tiempo es notificado con una segunda advertencia, y si no desiste luego de recibir un tercer aviso, las autoridades pueden clausurar la conexión o imponer una multa de 1.500 euros.

Las organizaciones que gestionan los derechos de autor han cumplido su parte, y con mucha diligencia: se estima que remiten diariamente hasta 50.000 direcciones IP de equipos que consideran sospechosos, pero en promedio, las autoridades no alcanzan a enviar más de 2.000 avisos por día.

Los problemas que ha tenido Hadopi se han visto reflejados desde el mismo proceso de notificación por descargas ilegales, pues según el diario El País, ninguna de las personas que han recibido el tercer aviso han sido llamadas ante el juez.

Las críticas relacionadas con la eficacia de la ley –sin entrar en las que tienen que ver con su filosofía, que según los opositores va en contra de la libertad de expresión– no se han hecho esperar. Incluso el presidente francés Nicolás Sarkozy ha reconocido el fracaso de la ley y ha manifestado su interés en corregir o incluso anular la ley antidescargas, pero solo si llegara a presentarse una mejor alternativa para combatir la piratería.

En la incansable lucha del gobierno francés contra las descargas ilegales, el país llegó a crear una estrategia pedagógica, se trata de una ley que de ser aprobada, premiaría a los usuarios responsables que adquieren música legalmente con un subsidio. Con esta iniciativa el gobierno francés pretende inculcar en los usuarios la cultura de pagar por el contenido digital que quieran obtener en lugar de descargarlo de forma ilegal.

Si se replicara una ley como Hadopi en un país latinoamericano –por ejemplo, con una ‘Ley Lleras’, aunque esta tiene un alcance y unos objetivos distintos–, ¿sería más eficaz? ¿En algún país del mundo una ley podría frenar los procesos que marcan la evolución de Internet?

Notas relacionadas:

• Ecos del e-G8: gobiernos quieren limitar Internet.
• e-G8: ¿encuentro o desencuentro tecnológico?
• Hadopi, en Francia, recibe 25.000 denuncias diarias de piratería.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• Libertad de expresión e Internet dan un paso gigante.

Como lo dijimos en nuestros primeros contenidos relacionados con el proyecto de Ley que busca regular la responsabilidad por infracciones al derecho de autor en Internet, más conocido como ‘Ley Lleras’, la mejor alternativa para que creadores, la industria cultural tradicional y los usuarios de Internet salgan bien librados es realizar un debate abierto, en el que cada uno presente sus puntos de vista y a la vez intente entender los de su contraparte.

Obviamente, además del debate es necesario el interés y el compromiso de los congresistas encargados de tomar la decisión final, ya que esta no puede ser tomada a la ligera ni como respuesta a presiones externas, sino en busca del bien común.

Por ello, hemos publicado desde un acercamiento al proyecto de Ley con 18 preguntas frecuentes y respuestas, pasando por las posiciones críticas, como las declaraciones del colectivo Anonymous, el más vehemente contra el proyecto, las brillantes reflexiones de nuestro colaborador Juan David Correa acerca de la transformación de la industria cultural y para quién debe ser la legislación, y el análisis de Germán Realpe, de Acoditic, según el cual la protección de la propiedad intelectual no puede ir en contra del acceso a la información y de la privacidad de los usuarios.

Además, publicamos la visión de la industria de la propiedad intelectual, en concreto de la industria del software, con una entrevista a Katalina Rojas, de la BSA, en la que afirmó que la lucha contra la piratería sigue siendo una prioridad.

Ahora, compartimos el punto de vista de Graciela Melo Sarmiento, abogada especializada en derechos de autor y propiedad indistrial, y presidenta del Centro Colombiano de Derechos de Autor (Cecolda), y que si bien no es la voz oficial de la organización, sí refleja el punto de vista de muchos abogados especializados en el tema, que paradójicamente no han sido los más visibles en estos debates, aunque sean los más conocedores de la teoría detrás del tema.

Sus comentarios acerca del texto de Graciela Melo son bienvenidos, como siempre, así como sus preguntas hacia ella, que nos ayudarían a profundizar su visión sobre este proyecto de Ley

Proyecto de ‘Ley Lleras’: hablemos claro.

Por Graciela Melo Sarmiento.

En el foro público en el Senado, realizado el pasado 4 de mayo, varios creadores (como la productora de cine Paula Jaramillo, el escritor Jorge Franco, el compositor y productor musical Jose Gaviria y el actor Juan Sebastian Aragón) expusieron sus opiniones en favor del Proyecto de Ley 241 (por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet).

No se hicieron presentes creadores o emprendedores independientes, pero tanto los unos como los otros son directos beneficiarios de este proyecto, es útil y necesariauna ley de este tipo tanto para la industria cultural tradicional como para las corrientes que abogan por nuevos modelos de negocios en el entorno digital, y lo que sí no es, en todo caso, es un proyecto diseñado para atacar al usuario.

Conforme a las normas generales, junto con la Decisión Andina 351 de 1993 (Régimen de Derechos de Autor que rige en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) ya existen instrumentos legales en Colombia que pueden conducir a establecer responsabilidad solidaria del prestador de servicios de Internet (ISP) por las infracciones cometidas por sus usuarios-contratistas.

Con este mismo escenario, muy similar al que hoy existe en Argentina y con el que contaba Chile en 1999 (casi 10 años antes de expedir su ley de regulación de responsabilidad de ISP) se han expedido fallos judiciales en los que tal responsabilidad ha sido reconocida (casos Taringa! y Entel).

Situación parecida acontecía en otras legislaciones, lo que condujo a la adopción de mecanismos y procedimientos mediante los cuales se definen condiciones en las que el ISP, colaborando en un procedimiento privado tanto con el titular de derechos de autor como con el usuario, bloquea el acceso al contenido (descuelga el contenido) y eventualmente lo vuelve a subir a la Red, atendiendo en el primer caso la solicitud escrita del titular de derechos de autor y en el segundo, la del usuario.

El titular de derechos de autor está ya definido en la normatividad de derechos de autor como la persona natural o jurídica que es propietaria de los derechos de autor sobre una obra –canción, película, video, fotografía, libro, artículo de opinión, etc.–.

Entonces, el sujeto que se beneficia con el contenido del proyecto de Ley 241 es tanto la empresa nacional o extranjera editora, productora de discos, de cine, de software o videojuegos, como el autor creador independiente, que con el uso de los recursos tecnológicos a su alcance crea sus obras y las pone a disposición del público en la Red sin la intermediación de un agente editor o productor.

El propósito es lograr seguridad jurídica para quien arriesga en el emprendimiento de comunicar obras en la Red y, por tanto, estimular tal actividad. Claro está, el titular de derechos de autor es libre de decidir cómo quiere aprovechar sus obras y producciones, puede legítimamente decidir no remunerarse con ellas o autorizar a cualquiera su libre reproduccióny transformación. Ese es su legítimo derecho como dueño, pero no es ese un privilegio que le corresponda al usuario frente a esa obra, pues él no es dueño. Así, el uso del mecanismo del proyecto de Ley 241 es opcional para los autores.

El derecho moral de los autores, es decir, su legítimo derecho exclusivo al reconocimiento de la paternidad de su obra (su nombre como autor) y a la defensa de la integridad de la misma, para ser él quien decida y controle cómo o hasta donde la obra se puede transformar, está integrado al bloque de constitucionalidad en Colombia y ha sido reconocido en las declaraciones de derechos humanos del siglo XX.

Es un derecho humano que coexiste pacíficamente con la libertad de expresión, y que además es garantía de dicha libertad en la medida en que provee instrumentos jurídicos para la defensa del producto en el que se concreta la expresión humana: la obra protegida por el Derecho de Autor.

Argumentar entonces que el proyecto de Ley 241 viola la libertad de expresión por establecer un mecanismo privado mediante el cual el ISP bloquee el acceso a un contenido protegido por el derecho de autor (una obra) no resulta correcto.

El proyecto de Ley 241 es difícil de leer: los términos técnicos que contiene no son del manejo de todos, pero eso sucede también con otras normas, y eso no les quita legitimidad. Este podría mejorarse incluyendo definiciones técnicas, y aclarando la redacción del procedimiento para que quede completamente claro que puede acudir a él tanto el titular de derecho de autor como el usuario que había subido el contenido y que, de haber disputa, resolverla corresponderá a un juez.

Lo que se debe hacer, entonces, en lugar de rechazarlo o hacer que fracase su paso por el Congreso, es mejorarlo, darle trámite y convertirlo en Ley de la República en bien de los autores y las industrias culturales que proveen el 3,3% al PIB en Colombia, y en bien de toda la nación.

Notas relacionadas:

• La transformación de la industria cultural (primer debate sobre #LeyLleras).
• ¿Para quién legislamos? (segundo debate inspirado por #LeyLleras).
• Infografía y video buscan explicar fácilmente la ‘Ley Lleras’.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.

La pregunta que inspira este segundo debate alternativo motivado por la #LeyLleras (el primero, sobra la transformación de la industria cultural, se encuentra aquí) ha surgido en las mentes y discursos de un gran número de compatriotas, tras la discusión alrededor de este proyecto de Ley y el creciente influjo de la tecnología moderna.

¿Para quién (o quiénes) legisla el Congreso de la República de Colombia? Estamos hablando del órgano elegido por los colombianos como máximo representante del poder legislativo, y que en una lógica democrática, debe ser una expresión de la voluntad de nuestro pueblo. En el caso particular del proyecto de ley que genera el debate, la respuesta es sumamente clara, y conviene en este artículo desmitificar algunos de los argumentos que se han presentado en favor del proyecto, y que con un análisis básico  y cierto conocimiento de los contextos, es sencillo debatir.

La #LeyLleras: una obra derivada.

El proyecto de Ley “Por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet” es una obra derivada de la Digital Millenium Copyright Act (en adelante DMCA). Esta afirmación, realizada casi instantáneamente por parte de los principales actores en el debate defensores del ala ‘copyleft‘, es también una afirmación directa de los promotores del proyecto en su exposición de motivos (o ala copyright).  Textualmente, en esta disertación se expresa: “(…) La mayoría de estas disposiciones están basadas (sic) en la ley Digital Millenium Copyright Act de los Estados Unidos, adoptada en 1998“.

Originalmente, dicha exposición de motivos fue compartida por los promotores de la ley en la publicación del blog que se destinó para su debate. Curiosamente, dicha exposición fue retirada del blog oficial poco tiempo después, pero por efecto de la velocidad y facilidad que tienen los internautas para realizar copias (y aclaro, copiar textos de proyectos de Ley es totalmente legal en Colombia: Ley 23 de 1982, Artículo 41) podemos contar con dicho texto como sustento de nuestras afirmaciones.

Los promotores de la DMCA y su poder exportador.

Tampoco es para nada difícil encontrar cientos (o quizás miles) de referencias en Internet que permiten establecer quiénes fueron los verdaderos promotores de la Digital Millenium Copyright Act en el Congreso de los Estados Unidos:  “Los defensores radicales del modelo ‘copyright’ (lease: grandes disqueras, grandes editoriales, grandes estudios de Hollywood, grandes casas de software, etc.)”, quienes a través de mecanismos de cabildeo, lograron sacar adelante esta legislación.

Dichas disposiciones legales se han exportado a otros países –o adaptado por ellos–, con nombres que por estos días ya son bastante comunes (Hadopi, Sinde, Tres Strikes…) mediante los mecanismos que proporcionan los tratados de libre comercio.

De aprobarse sin ningún miramiento el tan sonado proyecto de #LeyLleras, la asociación será muy simple y directa: en Colombia se legisla para proteger los intereses de grandes multinacionales de la industria ‘copyright’. Esperamos que nuestros padres de la patria dejen sin piso esta afirmación con su importante trabajo.

La #LeyLleras, inspirada en legislación antiquísima.

Otra parte del contexto de la ley inspiradora por el proyecto presentado por el Ministro del Interior es la que se refiere al momento histórico en el cual se aprobó  la DMCA en Estados Unidos: 1998. Para muchas personas, puede sonar que es una ley reciente y hasta moderna, pero este tipo de apreciaciones, dado precisamente el campo de lo que se pretende ‘reglar’ (Internet), es sumamente distante de la realidad.

Para Internet, 1998 puede entenderse como una era remota. Solo basta decir que para la época Google era una empresa de garaje, Mark Zuckerberg (fundador de Facebook) era un colegial, AOL era el sitio web más popular, los únicos que trinaban eran los pájaros, y el video y el audio en Internet eran aún una utopía.

Legislar con base en una ley de 1998 los destinos de la Internet actual sería como intentar legislar en materia penal siguiendo estrictamente el Código de Hamuurabi.

Desmitificando argumentos en pro de la #LeyLleras.

Vale la pena confrontar de manera directa algunos de los argumentos que ciertos defensores del articulado del proyecto en cuestión tienden a enarbolar.  En un mundo hiperconectado, hiperinformado e hiperveloz, algunas de las afirmaciones que en adelante se controvierten resultan muy endebles y faltas de sustento.  Nos vamos a dar licencia de hablar muy claro.

La #LeyLleras NO legisla para los artistas.

Nos podríamos explayar casi indefinidamente para sustentar esta afirmación, pero en este caso aplicaré la la vieja y útil técnica de que una imagen vale más que mil palabras. Extracto esta contundente imagen de El manual de uso para la creatividad sostenible en la era digital, en la que se muestra claramente cómo se reparte la torta de los ingresos, por concepto de regalías, de la industria ‘copyright’.  Los artistas (en este caso musicales) están muy lejos, con contadas pero muy sonadas excepciones, de beneficiarse realmente en medio de esta realidad.

Como conviene contrastar fuentes, para evitar sesgos, presento también la siguiente tabla, extractada de un muy detallado estudio sobre la industria musical realizado en Argentina y contratado por la Secretaría de Cultura de Buenos Aires.

Conviene preguntarse entonces si no es mucho más benéfico para los artistas colombianos promover una legislación que modere ciertos ingresos de algunos participantes en su cadena de valor. ¿No será más beneficioso para el artista construir leyes que promuevan el uso de la tecnología para abaratar, por ejemplo, los costos de distribución de sus obras?

La #LeyLleras NO legisla para combatir la piratería.

La lucha contra la piratería es otro de los argumentos que más se esgrimen para defender el proyecto de Ley.  En este punto simplemente haré dos afirmaciones: las cifras que se han utilizado durante años para caracterizar este flagelo resultan sumamente imprecisas, razón por la cual es perfectamente posible afirmar que el impacto de una norma como la #LeyLleras será virtualmente imposible de cuantificar en relación directa con el combate a esta práctica ilegal y, por lo tanto, cualquier afirmación al respecto será una muy vaga especulación.

Por otro lado, leyes que en otras latitudes han sido proferidas con el argumento de la lucha contra los filibusteros han demostrado no ser para nada efectivas (un ejemplo: el caso español).  No hay nada que nos lleve a pensar que este no será el caso colombiano, de pasar el tan sonado proyecto sin ajustes técnicos y consideraciones modernas.

La #LeyLleras NO legisla para promover la cultura.

Quienes afirman que esta colección de 19 artículos que nos propone el ministro Vargas Lleras será un arma efectiva para promover las expresiones culturales, desconocen de manera profunda las transformaciones que la industria cultural experimenta en nuestra era. Tuve la oportunidad de organizar y participar en un corto debate con el director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Juan Carlos Monroy (uno de los promotores de la Ley) y una serie de gestores de empresas e instituciones culturales (bibliotecas, museos, centros de acceso a Internet, agencias de promoción digital, etc.).

La sensación que quedó en el ambiente es que definiciones como las establecidas en el proyecto de Ley ocasionarán muchos más tropiezos y confusiones que beneficios a un gran número de esfuerzos que contribuyen a la promoción de la cultura.

¿Y todo esto qué tiene que ver con la tecnología?

Por escribir en ENTER.CO, cuya temática principal es la tecnología, es una pregunta que no puedo dejar de plantearme para concluir el presente artículo.  Es necesario establecer que estamos en la era de la ‘tecnología en pro de la transparencia’. Los ciudadanos de la actualidad, por el solo hecho de contar con una conexión a Internet, tenemos una gran ventana a los debates que tienen injerencia directa en el contexto social de nuestro interés y que antaño eran verdaderas ‘cajas negras’ accesibles a los argumentos e ideas de unos cuantos individuos (poderosos por demás).

La tecnología actual nos permite analizar a profundidad argumentos y contraargumentos, decantar las verdades que son el fundamento de lo que pasa en nuestra sociedad, colaborar, proponer, alertar y socializar los contenidos que alimentan una democracia y que deberían propender por el bien común. Estamos ante una verdadera era de transformación de la democracia, temática que trataremos en el tercer y último artículo de esta serie.

Señores promotores de la #LeyLleras: por favor, hablen con claridad al pueblo que les dio las dignidades que actualmente ostentan. De no hacerlo con prontitud, los costos para nuestra sociedad pueden ser inmensos y muy seguramente la historia terminará dando veredictos categóricos sobre su gestión.

Notas relacionadas:

• La transformación de la industria cultural (primer debate sobre #LeyLleras).
• “La información es un todo”: otra mirada a la ‘Ley Lleras’.
• Infografía y video buscan explicar fácilmente la ‘Ley Lleras’.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.

Con este foro se busca ilustrar a los senadores de la Comisión Primera, de Asuntos Constitucionales, sobre las características del proyecto, sus beneficios y riesgos. Si bien en nuestra nota ‘18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia‘ intentamos resolver algunas de las dudas y los temores más frecuentes alrededor del proyecto, aún persisten algunas confusiones sobre su alcance e implicaciones, y surgen nuevas preguntas sobre sus peligros.

Por ello, compartimos esta infografía desarrollada en conjunto por ReCrea, RedPaTodos y la diseñadora Mariana Rojas (‘La Furia’), con textos de Alejandra Bonnet y basada en este texto de Carolina Botero y en otra información provista por Pilar Sáenz.

La infografía se comparte con la licencia Creative Commons, por lo que los autores entienden que si un medio como ENTER.CO o cualquier persona la comparte, ellos se benefician de su mayor difusión, y no sienten vulnerados sus derechos. Otra visión de cómo la difusión en Internet beneficia a algunos autores en lugar de perjudicarlos.

Cabe aclarar que las afirmaciones hechas en esta infografía no son la última palabra. Algunos de los temores o consecuencias negativas de la ‘Ley Lleras’ planteadas allí podrían ser considerados por los autores o defensores del proyecto como paranoia o como interpretaciones incorrectas del texto original. Sin embargo, reflejan algunos de los temores que generan ciertos apartes del texto, ya sea por ambigüedad en la redacción, por ser una traducción muy literal de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) o por prestarse a diversas interpretaciones.

Un video de RedPaTodos.

Aquí compartimos este video ‘para dummies’ hecho por RedPaTodos que, en dos minutos, explica claramente cómo funciona el procedimiento propuesto por el proyecto de Ley conocido como ‘Ley Lleras’. Mucho más cercano a la realidad que ciertos videos que han difundido los opositores, como el del ACTA, ajeno a Colombia.

Notas relacionadas:

• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.
• La transformación de la industria cultural (primer debate sobre #LeyLleras).
• Colombia no está entre los países más ‘piratas’ del mundo.

Ya se habla de ‘Ley Sinde colombiana’, surgen hashtags en Twitter como #hadopicolombia y #LeyLleras, y grupos en Facebook como ‘Contra una Ley Sinde/Hadopi en Colombia‘ para asociar el proyecto de Ley presentado por el Ministerio del Interior y de Justicia al Congreso que permitiría llevar a la cárcel a los piratas que usen Internet, así como bloquear o ‘tumbar’ sitios web que incluyan contenidos protegidos por los derechos de autor.

Se está gestando un movimiento en la Web en contra del proyecto, pocas horas después de haber sido presentado, aunque apenas ahora los creadores –encabezados por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, DNDA– han dispuesto un espacio para la discusión pública en línea, de cara a la sociedad. Por los lados del Ministerio del Interior, sus voceros señalan que “es un proyecto, queremos socializarlo y que el resultado final sea el fruto de una concertación”.

Era inevitable: en su afán por presentar el proyecto de Ley al Congreso para que pudiera ‘entrar a la fila’ de la agenda legislativa –por instrucción del propio presidente Juan Manuel Santos–, el ministro Germán Vargas Lleras encendió las alarmas por el temor de que en Colombia se repliquen los fiascos de España (Ley Sinde) y Francia (Ley Hadopi), que no han frenado la piratería, han causado efectos secundarios nocivos y, si algo positivo han generado, es la unión y la reflexión de los internautas para defender sus derechos a la libertad de expresión y de información. También se piensa que este proyecto de Ley sería un primer paso de Colombia hacia el temido Tratado Comercial Antifalsificación (ACTA).

¿Qué hay de cierto en estos temores? ¿Es el proyecto tan malo como temen los más pesimistas, o tan positivo como lo planteó el ministro Vargas Lleras, según el cual representa un gran paso histórico contra la piratería en Internet? ¿Lo necesita realmente el país?

ENTER.CO invita a que no se saquen conclusiones apresuradas y a que, antes que rechazar de plano la iniciativa –impulso natural de todos los que usamos Internet y valoramos la libertad que brinda su poder democratizador–, los usuarios de Internet aprovechen todos los espacios que puedan influir en quienes tomarán las decisiones finales, los congresistas.

A continuación presentamos un listado de 18 preguntas frecuentes y un acercamiento a sus respuestas. Se trata de un documento base, dinámico, que se irá enriqueciendo con el aporte de todos ustedes tanto con la adición de nuevas preguntas como en el complemento a las respuestas. (En una nota posterior, presentaremos la entrevista que el director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, dio a ENTER.CO, en la que responde algunas preguntas adicionales sobre el proyecto y sus implicaciones).

1. ¿Por qué el ministro Vargas Lleras sacó ‘de la manga’ este proyecto de Ley? ¿Qué sabe él de este tema? ¿No tiene otras cosas que hacer?

El proyecto no surge como una ‘ocurrencia’ de un ministro. Es la respuesta a una exigencia que viene incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 alrededor de los derechos de autor, así como los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea. Además, aunque Vargas Lleras fue quien lo presentó al Congreso, es el resultado del trabajo de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI), conformada por 10 ministerios –incluidos el del Interior y el MinTIC–, además de otras entidades, como el Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, la DNDA, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Sena.

2. Si todos nos unimos contra el proyecto, ¿es posible que Colombia pueda seguir sin una ley contra la piratería en Internet?

No. Como ya se dijo, la piratería en Internet debe ser algo sobre lo que se legisle, según el Plan Nacional de Desarrollo. Pero además, esta ley responderá a oblicaciones internacionales del Estado colombiano con respecto a la propiedad intelectual. En otras palabras, tener una ley en este sentido es un requisito para negociaciones tales como los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea.

El mayor riesgo que correría esta Ley es que, después del debate, se ‘caiga’ el proyecto y el proceso se deba iniciar de ceros.

3. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer? ¿Este proyecto es definitivo y no podremos cambiarlo?

¡Hay mucho por hacer! Los que tomen la decisión final son los congresistas. En manos de los ciudadanos está evitar que aprueben proyectos ‘a pupitrazo’ –como ha sucedido con tantas normas importantes para el país–.

¿Cómo podemos empezar? Informándonos sobre el proyecto de Ley presentado (que es un borrador y podrá tener cambios), participando con propuestas, preguntas, peticiones de aclaraciones –sobre todo, de algunas ambigüedades– y toda clase de aportes en foros y comunidades en línea (el espacio oficial, creado por la DNDA, es este foro; también hay un foro de #BrigadaDigital, una comunidad de voluntarios impulsada por el Ministerio TIC, los espacios para comentarios en ENTER.CO y otros medios de comunicación, y audiencias públicas que las entidades organicen para socializar el proyecto).

4. ¿Estas discusiones en línea sí llevarán a alguna parte, o al final se aprobará lo que ya está escrito?

El director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, comentó a ENTER.CO que los aportes que surjan del foro oficial se llevarán a los congresistas, quienes las tendrían en cuenta para las ponencias y los debates.

Aunque con el bajo nivel de aceptación del Congreso de la República, el hecho de que las propuestas de los ciudadanos no obliguen a los congresistas a que al menos los lean, el ejemplo de Chile, donde todo el debate se hizo después de que el proyecto se presentó al Congreso, muestra que una discusión amplia, con participación de todas las partes interesadas (industrias de creadores de contenidos, ciudadanos, proveedores de acceso a Internet y autoridades) y con el aporte de los medios puede dar resultados aceptables. Más sobre el caso de Chile, donde se aprobó la Ley de Propiedad Intelectual, en esta nota de FayerWayer.

5. Habiendo tantos criminales en el país, ¿por qué nos van a declarar como tal a los que compartimos contenidos en Internet? ¿Ahora nos llevarán a la cárcel por ‘quemar’ un CD con música descargada de Internet, por descargar un libro en PDF o por bajar una película?

“Compartir no es robar”: este es uno de los lemas de los internautas de todo el mundo. Y, al menos en este borrador que es el proyecto de Ley, este principio se respeta. El proyecto no crea nuevas causales de responsabilidad civil o penal para los usuarios de Internet (ni para los proveedores de acceso).

Juan Carlos Monroy, director de la DNDA, explicó en los comentarios a la noticia inicial de ENTER.CO:

• “En la piratería tradicional no se penaliza al comprador sino al fabricante y vendedor (ver Artículo 271, numeral 1, del Código Penal). Con la misma lógica, en la piratería de Internet no se busca penalizar al que accede o descarga un contenido, sino a quien vende, ofrece o pone a disposición a efectos de comercialización las creaciones protegidas (ver Artículo 17 del proyecto de Ley)”.
• “En general, el usuario de la Red no es responsable de infracción al derecho de autor por el simple hecho de descargar, acceder o compartir contenidos. Otra cosa es cuando el usuario publica o pone a disposición contenidos protegidos sin autorización, entonces puede ser una infracción civil, y si además se lucra o comercializa dichos contenidos, podrá existir entonces una infracción penal”.

Aquí hay un parte de tranquilidad: descargar contenidos no debería representar ningún problema, aunque queda en el aire cierta ambigüedad sobre en qué se diferencian exactamente ‘compartir’ de ‘publicar’.

6. ¿Los proveedores de acceso a Internet (ISP) monitorearán mi tráfico y saber dónde navego y qué contenidos descargo y comparto?

No. Con el proyecto de Ley, los ISP no adquieren la obligación de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni tampoco la de realizar búsquedas de hechos o circunstancias que impliquen actividades ilícitas.

7. Si la Ley es aprobada, ¿los ISP podrán ‘tumbar’ o bloquear sitios a su antojo? ¿O deberán hacerlo obligados por las autoridades?

El proyecto señala que no se podrán bloquear sitios web completos, solo los contenidos específicos debidamente identificados como infractores al derecho de autor, y no por orden de cualquier autoridad sino de un juez.

Un ejemplo: si un bloguero publicara un video del cantante Fausto, estaría violando los derechos de autor; si algún interesado (por ejemplo, las asociaciones que defienden los intereses de los músicos y compositores) exige que se elimine ese contenido, el ISP podría bloquear la página del video, pero el blog seguiría funcionando.

‘Podría bloquear’, no ‘deberá bloquear’: el retiro del material infractor por parte de los ISP es facultativo –no obligatorio–, a menos que una autoridad judicial disponga lo contrario.

(A partir de este punto pueden surgir más preguntas: ¿y si el blog tiene 10 o 50 páginas con videos protegidos por derechos de autor, las autoridades deberán ordenar el bloqueo de estas páginas cada vez que surjan? ¿O podrán calificar al bloguero como ‘reincidente’ y, ahí sí, bloquear todo el blog? ¿Y qué pasa si el video de Fausto no se publica en un blog, sino en YouTube?

Lo que está claro es que servicios en línea como YouTube están obligados, por la DMCA, de Estados Unidos, a bloquear estos contenidos que infringen las normas.

8. ¿Están bajo amenaza de cierre sitios como Google, YouTube, Flickr, SlideShare, Scribd y otros que nos permiten acceder a la información y al conocimiento?

Al menos por lo que dice el texto del borrador, no. Primero, porque como se dice en la respuesta anterior, no se bloquearían los sitios, sino solo las páginas con contenidos que violen los derechos de autor.

Y segundo, porque incluso un sitio que deliberadamente venda contenidos ilegalmente no puede ser bloqueado desde Colombia si está alojado en el exterior. Lo máximo que se podría hacer contra estos últimos sitios es lograr que los ISP los bloqueen –impidan su acceso desde el país–.

9. Si tengo un sitio web, ¿corro el riesgo de que me lo bloqueen sin saber por qué? ¿Tendré derecho a defenderme?

En teoría, no. El proyecto de Ley obliga a los ISP a informar la causa de los retiros de contenido o bloqueos, y restaurar los contenidos o su acceso en caso de que exista algún tipo de discrepancia o el responsable de los contenidos demuestre que estos no violan los derechos de autor.

En sus artículos 9 a 12, el proyecto plantea los procedimientos que deberán seguir los titulares de derechos de autor, los ISP y prestadores de servicios, así como los que puede realizar quien tenga un reclamo sobre un bloqueo injusto de un contenido.

10. ¿El proyecto es una copia –pirata– de la Ley Sinde o de la Ley Hadopi?

El director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, explica que la CIPI estudió las normas en muchos países, y ni la española ni la francesa inspiraron el proyecto de Ley. Si este proyecto tiene similitudes con lo establecido en otros países, señala, es con Estados Unidos y Chile (ver la entrevista en la nota correspondiente).

11. ¿Morirá en el país el intercambio de archivos mediante redes P2P?

Parte de tranquilidad para los usuarios de Vuze, Ares y otras redes y aplicaciones P2P: no. Ni siquiera se verá afectado, porque el proyecto no regula el intercambio de archivos entre usuarios en redes P2P.

12. Si un bloguero publica una canción o un video protegido por derechos de autor, ¿puede ir a la cárcel?

A simple vista, no, porque no estaría vendiendo estos contenidos, y si no hay ánimo de lucro, no hay responsabilidad penal: solo se propone un castigo a la publicación de obras con fines comerciales sin el permiso de los titulares. Sin embargo, el proyecto deja en una zona gris qué es lucrarse con un contenido. Si el bloguero tiene anuncios publicitarios de Google AdSense, y percibe 10, 50 o 200 dólares mensuales, ¿se está lucrando con esa canción o el video? ¿Tiene el riesgo, así sea remoto, de ir a prisión?

13. Si alguien en Facebook, Twitter u otra red social comparte un contenido protegido por derechos de autor, ¿puede ir a la cárcel?

A diferencia del caso del bloguero, aquí el usuario no tiene ningún riesgo –solo que se borre o bloquee el contenido–, pues en estos servicios no tiene posibilidad de vender publicidad.

Publicar enlaces no está penalizado. El internauta puede acceder, descargar o compartir información y archivos por medio de hipervínculos, sin que esto le represente responsabilidad civil ni penal. Lo que estará penalizado es la publicación o puesta a disposición de contenidos protegidos por derecho de autor sin la debida autorización.

14. Si una persona vende un DVD pirata, un libro descargable en formato PDF u otro, un CD de música en su propia tienda virtual, o en sitios de comercio o subastas, ¿puede ir a la cárcel?

En teoría, sí: se está lucrando con obras que están protegidas por derechos de autor.

Sin embargo, no está claro si practicar la piratería ‘caseramente’ sea suficiente para ir a prisión. ¿La cantidad de obras vendidas, los ingresos percibidos o el tiempo de práctica de la piratería influirían en las decisiones?

15. ¿Se empezarán a ver en Colombia casos de multas ridículas –millonarias– por descargar o compartir música o películas, como ocurre en Estados Unidos y otros países?

Por lo pronto, el proyecto no contempla multas para los usuarios de Internet que descarguen o compartan obras protegidas.

16. ¿Por qué en lugar de criminalizar el acceso a los contenidos, no se promueve que haya más disponibilidad comercial de estos? ¿Por qué no podemos contar con un iTunes Store en Colombia?

La pregunta parte de una premisa muy válida: no todos los que bajan contenidos de Internet lo hacen para no pagar por ellos, sino porque no se consiguen (por ejemplo, producciones musicales europeas) o son excesivamente costosas. Si la tienda iTunes Store, de Apple, ha sido un éxito y distribuye más música que muchos sitios y servicios que no pagan sus derechos de autor, ¿por qué no en Colombia?

En el país –y en otros de Latinoamérica– no hay una iTunes Store porque las negociaciones con las casas disqueras han sido aún más difíciles que con la poderosa RIAA de Estados Unidos, lo cual, probablemente, demuestre que la industria local todavía no ha entendido el potencial de negocio de Internet. Ve la amenaza, pero no ve la oportunidad.

Sin embargo, para responder la pregunta, hay que empezar por decir que las normas no deben depender de la oferta comercial (aunque podría ser algo deseable). Que las disqueras y otras industrias de contenidos evolucionen al nuevo mundo no depende de esta Ley. Y, por otra parte, sí existen en el país algunos servicios de descarga o reproducción en línea de música, aunque su catálogo no sea el más completo ni la experiencia y facilidad de uso sean comparables a una tienda como la de Apple. En este enlace de la DNDA se presentan 8 servicios gratuitos o comerciales.

17. En resumidas cuentas, ¿en qué nos afecta a los usuarios –consumidores de contenidos– esta Ley?

En teoría, por descargar o compartir contenidos sin fines de lucro, no se afecta a los usuarios de Internet. El proyecto de Ley se centra en los ISP, los prestadores de servicios de almacenamiento y otros relacionados con Internet, y en los que publican o distribuyen contenidos ilegalmente.

18. ¿Quiénes tendrán la última palabra sobre el bloqueo de un sitio o las sanciones a quienes violen la Ley?

A diferencia de lo que ocurre en otros países con sus nuevas leyes, este proyecto propone que sea el Poder Judicial –los jueces– el encargado de exigir bloqueo o eliminación de contenidos, o de sancionar a los responsables de publicar o comercializar sin permiso obras protegidas por derechos de autor.

Seguramente surgirán muchas preguntas nuevas sobre este proyecto, en parte porque algunos apartes de su texto se prestan para distintas interpretaciones, y también porque cada uno de los interesados (autores, gremios, ISP y, por supuesto, los usuarios) desearán saber más qué cambiará cuando este proyecto se convierta en Ley de la República.

¿Tiene alguna pregunta que no esté en el listado? ¿O quiere complementar, corregir o mejorar alguna de las respuestas? Sus comentarios también ayudarán a enriquecer este debate que apenas comienza.

Notas relacionadas:

• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• Agencia antipiratería Hadopi recibe 25.000 denuncias diarias.
• Firman acuerdo contra la piratería en Colombia.

Con el proyecto, resultado del trabajo conjunto entre este ministerio y otras entidades como el Ministerio TIC, de una comisión intersectorial de Propiedad Intelectual, según el ministro Vargas Lleras “por primera vez en Colombia se toman medidas serias contra la piratería en todo el uso de la Red”. El ministro agregó que “las autoridades judiciales y la propia Fiscalía señalaban que nos les era posible hacer uso del derecho penal a quienes venían y vienen utilizando internet con propósitos de piratería; esta ley establece penas severas”, agregó.

A primera vista, esta Ley, que es la respuesta a una exigencia incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, sería muy benéfica para los autores en campos como la música, las producciones audiovisuales, los libros, el software, la televisión, la radio, la fotografía y otras artes. Y, por supuesto, el proyecto debe ser muy bien recibido por las industrias relacionadas; el ministerio, al menos, asegura que “contribuye a su crecimiento, competitividad y productividad”.

Pero desde las mismas declaraciones del ministro surgen preguntas como qué es exactamente la piratería y en qué se diferencia de compartir contenidos, y si esta Ley busca beneficiar solo la industria a costa de los usuarios de Internet.

Si este proyecto de Ley supera todo el proceso legislativo, no solo representaría riesgo de cárcel para quien distribuya ilegalmente y con fines comerciales contenidos protegidos por derechos de autor, sino que también significaría que cualquier sitio web que publique estos contenidos corre el riesgo de ser bloqueado o de que se retiren contenidos, algo que con la legislación actual solo es posible con los sitios que promueven la pornografía infantil y la pedofilia. El proyecto de Ley también presenta los mecanismos para que los proveedores de acceso a Internet colaboren con los autores y titulares de derechos de autor y conexos para impedir la piratería de sus obras.

A simple vista, el proyecto de Ley tiene una buena intención y responde a una necesidad real del país de ponerse a tono con los desafíos y oportunidades que brinda Internet para los autores. Sin embargo, preocupa que en su comunicado de prensa, el Ministerio del Interior destaque, como un gran logro, que esta iniciativa ubica a Colombia al nivel de Estados Unidos, España, Francia, Irlanda, Corea, Nueva Zelanda y Chile.

¿Es esto algo bueno? El solo equiparar este proyecto de Ley con la famosa y criticada Ley Sinde de España no deja un buen sabor a los observadores, pues esta ley ha puesto en pie de lucha a los usuarios de Internet en España, que sienten amenazada la libertad de expresión. (Una muy buena explicación de la Ley Sinde la publica el sitio Alt1040 en esta nota). Lo mismo ocurre con la cuestionada –y al parecer poco efectiva– Ley Hadopi, de Francia.

Carolina Botero, abogada, bloguera, colíder de Creative Commons en Colombia y una de las mayores conocedoras de los temas de derechos en Internet, considera que este proyecto de Ley representa un paso hacia adelante en la protección de derechos de autor en el país. “Este tipo de normas es una de las mejores herramientas que se vienen desarrollando dentro de la tendencia internacional de reforzar la  protección del derecho de autor, especialmente en Internet. Pero es precisamente esa la razón de su gran crítica: el hecho de que ignore el ecosistema creativo al favorecer solo un punto y olvidar el resto”.

Según Carolina Botero, quien estuvo al tanto del desarrollo del proyecto de Ley, se suponía que el grupo de trabajo había acordado que el texto pasaría a discusión pública, para que contara con el aporte de organizaciones, expertos y los colombianos en general. Sin embargo, ella cree que “parece que las premuras de la agenda legislativa terminaron con las buenas intenciones, y el proyecto pasó derecho al Congreso”.

“Se debe tener presente que el gran tema dentro de la construcción de estas leyes en el tiempo que vivimos (y teniendo en cuenta a Francia, España, Chile e incluso Brasil) es la participación de la sociedad civil, del público. Durante las últimas décadas estas leyes han sido construidas por los autores y titulares desde su óptica, y poca o nula atención se ha puesto a las necesidades como el acceso y  la información, las del público, que es el otro extremo de esta ecuación. Creo que es un error haber ignorado a la gente en este sentido, las leyes que lo han hecho han generado una reacción de impopularidad muy fuerte (Sinde o Hadopi)”.

A diferencia de los casos de España y Francia, Botero señala que en Chile el proceso no fue fácil pero se consiguieron acuerdos y el Estado cumplió su papel de garante de la sociedad. “Hoy por hoy ignorar al público como parte de la ecuación de cualquier ley sobre derecho de autor es un error que el Estado colombiano está cometiendo, no lo hizo antes pero tampoco lo hace ahora”, agrega.

Ministerio del Interior, apresurado.

ENTER.CO pudo establecer extraoficialmente que, como lo supone Carolina Botero, el Ministerio del Interior se adelantó a la presentación del proyecto de Ley, probablemente por las urgencias de la agenda del Congreso, y no consultó esto con las otras entidades que participaron en el desarrollo del proyecto, ni socializó el texto entre los usuarios de Internet –los directamente afectados por la futura Ley– ni con otras instancias.

En el último tiempo, el Ministerio TIC ha acostumbrado a los colombianos a socializar sus proyectos, con lo cual estos terminan siendo el resultado de debates, propuestas de diferentes ámbitos y consensos. Por ello, que el Ministerio de Interior, por ser el responsable directo de los derechos de autor en el país a través de una dirección a su cargo, maneje un tema tan sensible para los usuarios de Internet –alrededor de 23 millones en el país– a sus espaldas, molesta y genera desconfianza. (ENTER.CO intentó comunicarse con Juan Carlos Monroy, director de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, pero hasta ahora no ha sido posible obtener sus declaraciones y esperamos tenerlas en un siguiente informe).

Sin embargo, hay un parte de tranquilidad para quienes temen que en Colombia haya una ley arbitraria que solo beneficie a la industria a costa de  amordazar a los usuarios de Internet: una fuente del Ministerio TIC reveló que este proyecto de Ley no es definitivo y que se intentará que haya un proceso de socialización, ya no con los tiempos y mecanismos que usa ahora el MinTIC, pero al menos sí se permitirán los aportes de los ciudadanos.

Por lo pronto, y antes de que se saquen conclusiones como ‘Colombia ya tiene Ley Sinde’ o, al contrario, ‘por fin se acabará la piratería en el país’, conviene leer con atención el proyecto de Ley y participar en las discusiones en línea que se generarán alrededor de él.

Algunas preguntas incómodas.

Para iniciar la discusión, planteamos algunas preguntas a nuestros usuarios (cuyas respuestas, según nuestra fuente en el Ministerio TIC, serán tenidas en cuenta para las mejoras al proyecto de Ley):

• ¿Encuentran similitudes concretas entre este proyecto de Ley y las leyes Sinde y Hadopi? ¿Cuáles?
• ¿Qué debería tener esta ley para dejar contentos no solo a las industrias, sino también a los usuarios de Internet?
• ¿Un proyecto que amordazara la libertad de expresión y de acceso a la información en línea frenaría los avances que ha tenido Internet en el país?
• ¿Sería conveniente que el ministro Germán Vargas Lleras fuera igual de enérgico con la verdadera industria de la piratería en el país, que no necesita estar anónima detrás de un computador, sino que se encuentra en grandes centros de comercio en las principales ciudades, y que venden sus productos con total libertad frente a las autoridades?

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La guerra contra la piratería, como cualquier conflagración, genera daños colaterales. En Francia, gracias a las maniobras legales del gobierno Sarkozy, la batalla está particularmente caliente y como consecuencia hay más personas involucradas.

De acuerdo con Billboard (inglés), en el país galo diariamente son denunciadas 25.000 personas ante la Alta Autoridad por la Difusión de Obras y las Protección de Derechos en Internet (Hadopi, por su sigla en inglés) por usar servicios de P2P (es decir, compartir archivos directamente usando servicios de ‘torrents’ o programas como LimeWire) de manera ilegal.

La agencia Hadopi nació el año pasado, cuando el gobierno francés decidió atacar con fuerza el problema de piratería en línea por medio de una nueva legislación muy agresiva. La ley también se llama ‘de los 3 avisos’ porque establece que, después de ser denunciados por descargar contenido pirata usando P2P, quienes sean sorprendidos 3 veces en ese plan perderán acceso a Internet por hasta un año.

Con 25.000 denuncias diarias, son muchos quienes han sido investigados por Hadopi (si el organismo está haciendo su trabajo). Por desgracia, no existen cifras sobre cuántas reciben un seguimiento juicioso por parte de la agencia y se cree que la cantidad de denuncias ha desbordado la capacidad de la agencia. Con tantas quejas simultáneas, es difícil creer que lo está logrando sin tomar uno que otro atajo (y los atajos normalmente terminan perjudicando más a quienes son acusados que a quienes acusa).

Quizás los problemas con Hadopi han llevado al gobierno francés a revaluar su estrategia contra la piratería. La semana pasada, Francia comenzó a cambiar sus tácticas con una ley que, en lugar de castigar a los criminales, premia a los usuarios responsables con un subsidio. Los defensores de la libertad en Internet esperan que esta legislación sea aprobada y entre en vigor pronto, pues ante los fracasos de la represión en línea –incluida la Ley Hadopi–, es una solución creativa y proactiva que, de dar buenos resultados, podría ser imitada en varios países.

El gobierno galo parece ser bipolar a la hora de lidiar con la piratería informática. En años recientes, Francia se ha caracterizado por mantener una línea dura en contra de las descargas ilegales. La controvertida ley Hadopi –la cual puede revocarle el acceso a Internet a quien sea sorprendido descargando música ilegal tres veces– es una de las más estrictas en Occidente, pero ahora Francia quiere intentar una estrategia más pedagógica.

La nueva iniciativa (inglés) legal busca premiar a quienes adquieren música digital legalmente. De ser aprobado el proyecto, los franceses entre 12 y 25 años de edad podrán adquirir una tarjeta de música ‘carte musique’, la cual les costará 25 euros (64.000 pesos) pero tendrá 50 euros de crédito, cortesía del gobierno francés. El Estado prevé vender un millón de tarjetas al año, lo que se traduce en costos de 50 millones de euros (127.000 millones de pesos).

La ley además promueve el crecimiento equitativo de los distribuidores de música digital. Cada tienda podrá recaudar un máximo de 5 millones de euros (12.700 millones de pesos) de clientes que aprovechen el beneficio del gobierno. Esto significa que iTunes, Amazon y Napster no se llevarán toda la torta a pesar de ser los más populares de la fiesta, algo que ayudará a las pequeñas y medianas empresas francesas que les compiten.

La Comisión Europea –el máximo organismo de la rama ejecutiva de la Unión Europea– ha celebrado la legislación, reconociéndola como “bien diseñada” y como una ayuda para prevenir “distorsiones en la competencia”. La ley “contribuye a el pluralismo y la diversidad cultural en la industria musical en línea”, agregó la Comisión.

La idea detrás del programa es inculcar en los jóvenes la cultura de pagar por contenido digital en lugar de piratearlo. Lo interesante es que se trata de un mecanismo novedoso para luchar contra la piratería, pues en lugar de castigar, educa y promueve la legalidad. Además, al fomentar la competencia, podría tener efectos económicos beneficiosos que van más allá de desestimular la piratería.

Los demás gobiernos de Europa y el mundo deberían prestar atención al experimento francés en caso de que aprueben la ley. Es más, si funciona bien con la música, podrían pensar en ampliar el subsidio a otros contenidos digitales, como películas, juegos y libros electrónicos. En vista de los pobres resultados que han dado las estrategias coactivas que castigan a quienes comparten música en Internet, quizás éste sea el camino para reconciliar la industria del entretenimiento con los cibernautas.

Por desgracia, al depender de un subsidio, es poco probable que países con menos recursos puedan seguir los pasos de Francia. Sin embargo, siempre hay campo para la esperanza.