Andicom se ha convertido en el escenario perfecto para que cada nuevo presidente y el Ministerio de Tecnología (MinTIC) presenten su plan de tecnología para su periodo de gobierno. En el evento se presentaron temas como Vive Digital, que terminó con la salida del presiente Juan Manuel Santos, y que implementaron los exministros Diego Molano y David Luna. Andicom 2018 no podía ser la excepción y esta ocasión el acto inaugural contó con la presencia del presidente Iván Duque, que comenzó su presentación mostrando cómo ha cambiado la sociedad desde el año 2007.

Usó como ejemplo la presentación del iPhone como punto clave de las innovaciones en tecnología. Durante su discurso dejó claro que una de las prioridades en su Gobierno será la conectividad, que debe llegar a todos los rincones del país. Demostró la necesidad de enfocarse en esta área con cifras como la siguiente: en Colombia, un 62% del país vive en municipios donde la penetración de Internet, la telefonía móvil y la televisión es menor al 20%.

Pasó al tema de transformación digital, su necesidad en todos los sectores y la necesidad de unirlos con el plan del Gobierno para estos 4 años. Para el tema de justicia comentó cómo ya en los próximos días estará en trámite una ley de reforma, que contiene temas de justicia digital, reducción de trámites, conciliación digital, ventanilla única, entre otros aspectos. Hablo de temas de fomentar la factura electrónica en todo el país para controlar la evasión de impuestos.

Uno de los temas más interesantes que mencionó fue la necesidad de desarrollar en Colombia empresas de base tecnológica en temas como inteligencia artificial, chatbot, machine learning, cloud computing, criptomonedas, blockchain, ciberseguridad y big data. Duque resaltó que estas nuevas empresas tendrán beneficios tributarios por 5 años, como el no pago de impuesto a la renta.

Sobre la justicia, mostró la necesidad de tecnologías como el expediente electrónico, una justicia más digital para garantizar su eficiencia. También mostró la necesidad de incorporar políticas de telemedicina, así como de fomentar la ciberseguridad en toda Colombia.

Resulta interesante cómo planteó en su presentación la necesidad de una nueva ley para enfrentar los peligros del ciberespacio, y cerró su discurso explicando cómo la tecnología será un tema fundamental en su gobierno.

Política TIC del nuevo Gobierno arrancó con pie derecho en Andicom 2018

La conclusión sobre de está presentación es que arranca el presidente con pie derecho su nueva política digital. En general mencionó todos los temas necesarios de la transformación digital, pero se debe resaltar que algunos de ellos ya los traía la política de Vive Digital del gobierno pasado.

La preocupación de muchos asistentes es que no se puede desconocer que el tema de tecnología fue algo destacado en el pasado gobierno y que se tienen muchas bases para continuar. Es el caso del marco normativo, iniciativas como apps o las de Vive Digital, guías de seguridad de la información y documentos Compes, entre otros.

En general, los asistentes a Andicom 2018 quedamos muy satisfechos con la presentación del presidente Duque. Quedamos a la espera del cierre del evento, en el que estará la nueva ministra TIC, para estar muy atentos a su conferencia.

Imágenes: ENTER.CO

Tras meses de silencio, el Ministerio TIC se pronunció por primera vez sobre el tema Uber en Colombia. El ministro Diego Molano Vega anunció el martes que su despacho hará una indagación preliminar a la aplicación “para determinar si estas plataformas tecnológicas están violando las reglas de telecomunicaciones o no“, según informó en un encuentro con periodistas.

La investigación, como explicó el ministro, principalmente buscará averiguar si Uber viola las reglas de uso del espectro que están vigentes en Colombia. Sin embargo, no sería la única intervención del MinTIC en el tema de las aplicaciones de transporte. Molano aseguró que su cartera estará “acompañando a la ministra de Transporte” si ella requiere de su ayuda. Sin embargo, en el Gobierno el tema sigue estando a cargo de la ministra Natalia Abello, y el ministro Molano solo intervendría si ella se lo pide.

De todos modos, Molano admitió que “todos los negocios están cambiando con la tecnología, y en este caso, también el transporte“; un punto que ha sido esgrimido por Uber en la lucha por la legalización de su servicio. De hecho, una de las críticas que se le hacen a la ministra Abello consiste en que, al pactar la regulación de nuevos servicios solo con los representantes del gremio tradicional de los taxis, está ignorando esta realidad.

Consultados por ENTER.CO sobre estas declaraciones, los voceros de Uber Colombia declinaron pronunciarse.

¿Qué normas podría estar violando Uber?

ENTER.CO consultó al abogado German Realpe, experto en derecho informático y nuevas tecnologías, para averiguar qué tan posible es que Uber esté violando alguna de las reglas de las telecomunicaciones en Colombia. A su juicio, “Uber no está violando ninguna regla de uso del espectro, ni alguna otra norma de comunicaciones“.

Realpe anota que el MinTIC no estaría en posición de prohibir o restringir herramientas tecnológicas, sino todo lo contrario: “La ley 1341 de 2009 obliga al Ministerio TIC a promover el uso de servicios digitales y aplicaciones”, escribió.

Algunas voces han manifestado que la actividad comercial que se realiza por medio de aplicaciones móviles podría no ser legal. En un post en su blog, Realpe anota que, desde 1999, “se permite realizar transacciones por internet, aplicaciones móviles o cualquier medio de servicio electrónico, y esto con toda la validez jurídica y probatoria“. Sin embargo, en su charla con ENTER.CO, el abogado añadió que “otra cosa son las reglas de transporte, donde sí se pueden discutir varias infracciones”, especialmente en relación con la regulación de los carros ‘blancos’ de servicio especial.

Imagen: ENTER.CO.

Gómez, un biólogo de 26 años graduado de la Universidad del Quindío, se dedica a investigar la conservación de las especies de anfibios y actualmente estudia una maestría en Costa Rica. Según cuenta en una carta difundida por la Fundación Karisma, internet le ayudó a suplir las carencias de la biblioteca de su universidad. Por medio de la red, afirma, “solicitaba y accedía a la información necesaria para dar los primeros pasos en investigación y conservación de la biodiversidad de mi región y, como retribución, […] compartía documentos útiles“, algo que –asegura– se convirtió en una “práctica cotidiana“.

Tras compartir uno de esos documentos –una tesis de maestría de una universidad pública de Bogotá–,  fue acusado penalmente por su autor, por el delito de Violación a los Derechos Patrimoniales de Autor y Derechos Conexos, y el proceso se adelanta actualmente en la Fiscalía General de la Nación. La audiencia preparatoria, que había sido programada para el pasado 16 de julio, fue aplazada.

Derechos de autor, al banquillo

“Me sorprende que lo que es indispensable para las actividades de investigación y conservación (compartir conocimiento) pueda ser considerado un delito […] Me sorprende que algunos investigadores en ciencias biológicas también consideren impertinente, y sobre todo ilegal, que otros difundan su trabajo sin buscar ánimo de lucro“, escribe Gómez en su carta. A su juicio, las actividades de investigación y difusión de ciencia y tecnología no deberían ser tratadas por la Ley como los contenidos comerciales, pues, precisamente, son hechos para su difusión libre, y es ella en la que le encuentran valor, especialmente en entornos en los que el acceso ‘legal’ a esa clase de contenidos es tan limitado.

Según el abogado Germán Realpe Delgado, quien representa a Gómez en este proceso, el caso “pone de manifiesto que hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“. Tras la caída de las leyes Lleras, el marco legal colombiano sobre estos derechos sigue sin estar pensado para la red, por lo que actos como el de Diego son vulnerables de ser señalados como delitos. En el pasado, los activistas de la red han manifestado la necesidad de llevar a cabo un debate amplio sobre este tema, y aunque el Gobierno ha abierto algunos espacios para la discusión, el tema no se ha movido en los últimos meses.

“Hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“

Además, es la primera acusación penal que se hace pública en Colombia en la que se enfrentan los derechos de autor con las dinámicas de internet y los debates que se han dado durante años en diferentes orillas. Como dice María del Pilar Sáenz de la Fundación Karisma en un ‘post’ en Las2Orillas, en este caso “la premisa de que Compartir no es Delito tiene un nombre y un rostro detrás. La injusticia hipotética de enfrentar el desbalanceado sistema de los derechos de autor donde priman los intereses comerciales sobre el interés del acceso se volvió cercanamente dolorosa“.

Mientras eso ocurre, la mejor esperanza para quienes, como Gómez, comparten contenidos de buena fe, es que los jueces entiendan las lógicas de la red. La abogada Carolina Botero asegura en su columna en El Espectador que “si los jueces se quedan en la letra del código, sin mirar lo que los abogados llamamos ‘antijuridicidad’, van a procesar a muchos Diegos“.

Usted, ¿qué opina del caso de Gómez?

Imagen: Shutterstock

Por: Germán Realpe Delgado

Con la implementación de la Ley de datos personales (ley 1581) y el Decreto 1377 de 2013, el cual ha llenado los buzones de correo electrónicos de políticas de privacidad y mensajes invitando para el tratamiento de datos personales, uno podría preguntarse ¿Es importante la privacidad y el manejo de datos personales en Colombia?

Todo lo que ha pasado con Snowden y la revelación de ciberespionaje, muestra un claro panorama donde la privacidad y la seguridad empiezan a ser importantes para miles de personas. Al punto que ya empresas como mega, están trabajando en ofrecer servicios de encriptación de correo electrónico, o muchos esperamos servicios como mailpile que será lanzado el 10 de septiembre.

Y mientras tanto en Colombia, se empezó con la implementación de una ley de datos personales, que obliga a todas las empresas a tener políticas de protección de datos y contar siempre con la autorización del titular para manejar la información personal.

El día de ayer en el Congreso de la República, se pudo ver un debate entre la Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de hacer cumplir la ley de datos, y el Senador Luis Velasco, por una parte la SIC, defiende el decreto y la forma como se viene implementando la ley.

El senador Velasco argumenta que solo debe ser la autorización expresa e informada para la recolección de datos, y que no se debe permitir en Colombia la recolección de datos de forma tacita, (ejemplo, se me informó por correo que estoy en la base de datos de una empresa, NO respondo, la empresa continua usando mis datos).

Sin dar posiciones sobre esto, los colombianos debemos entender que es una obligación de todas las empresas contar con políticas de protección de datos. Así mismo, generar mecanismos para que se pueda actualizar, eliminar y revocar la autorización para el uso de información personal.

Las políticas no se hacen con copiar y pegar, cada manejo de datos requiere su análisis. Cada sector puede tener su especialidad, ejemplo sector salud, servicios y financiero, datos políticos, etc.

El punto está tomando un giro interesante que en días pasados, se suspendió una parte del decreto de inteligencia Decreto 1704 de 2012, que permitía la entrega de datos personales a entidades distintas a la fiscalía, todo esto amparado en la privacidad de las personas.

Están las empresas dispuestas a rediseñar los procesos para generar políticas de protección de datos, nos importa a los colombianos la privacidad al punto que seremos capaces de exigir autorizaciones expresas, políticas y mecanismos para ejercer nuestro habeas data, como mezclamos el Big data y la privacidad.

Estamos en un mundo conectado, pero los colombianos debemos tener en cuenta, que la privacidad es algo que no se puede dejar a un lado.

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* Consultor en Derecho Informático, Seguridad de la Información, Protección de Datos y Cloud Computing. Columnista revista impresa ENTER. CEO de Cloud Seguro.

Por: German Realpe*

En los últimos días, muchas personas se han dado cuenta como en periódicos de amplia circulación nacional, correos electrónicos y en redes sociales, se informa a las personas sobre la aplicación de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, o ley de datos personales. Los avisos publicados por empresas en diferentes sectores le informan a sus clientes, empleados y proveedores, que tienen sus datos personales y que si no está interesado en que se usen, administren o gestionen en cualquier momento puede hacer uso del derecho fundamental de habeas data.

Este derecho consiste en conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre las personas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. (Artículo 15, Constitución Nacional)

Se debe resaltar, para los que no conocen el tema, que en Octubre de 2012 se expidió la ley de datos personales (Ley 1581 de 2012), la cual da una serie de obligaciones a todo tipo de empresas públicas y privadas, entre ellas:

• Contar con políticas de protección de datos.
• Tener mecanismos para actualizar, eliminar y consultar los datos personales.
• Contar con la autorización del titular de manera expresa e informada, ya sea de forma física o electrónica.
• Proteger los datos personales de niños, niñas y adolescentes.
• Utilizar mecanismos de seguridad para el manejo de datos personales y sensibles.

 La Ley 1581 daba un plazo, de 6 meses para adecuar las obligaciones legales, el cual se venció en abril.

Como la Ley 1581 de 2012 ordenaba reglamentar algunos puntos en el manejo de datos personales, se expidió, el 27 de junio, el Decreto 1377 de 2013, el cual reglamenta parcialmente la ley de datos personales, y resalta que:

• Se debe contar con avisos de privacidad, que es una comunicación verbal o escrita que informa sobre la existencia de las políticas de protección de datos.
• Las empresas deben tener prueba de la autorización del titular para el manejo de datos personales.
• La autorización también se puede obtener por mecanismos técnicos que faciliten al titular su manifestación automatizada.
• Los encargados de tratamiento de datos deben implementar mecanismos gratuitos, y de fácil acceso para presentar la solicitud de supresión de datos o la revocatoria de la autorización otorgada.
• Otras obligaciones y derechos que se pueden ver en el decreto 1377.

Una de las preguntas que muchos se hacen, es: ¿qué pasa con los datos que se recogieron antes de la expedición de la ley y el decreto?

El artículo 10 da una solución que para muchos es acertada pero que genera muchas dudas. El decreto menciona que si se genera una carga desproporcionada para recoger la autorización, se podrá implementar mecanismos alternos para los efectos dispuestos en el numeral 1, tales como diarios de amplia circulación nacional, diarios locales o revistas, página de Internet del responsable, carteles informativos, entre otros, e informar al respecto a la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los cinco días siguientes a su implementación.

El problema que se ha generado

Los últimos días los distintos diarios de circulación nacional se han llenado de avisos para dar cumplimiento al decreto. Por ejemplo, El Tiempo registro más de 10 de avisos en un solo día. En primer lugar se debe decir que se está confundiendo el aviso de privacidad con las políticas o la autorización. Algunas empresas lo están enviando por correo electrónico más de 4 veces al día, por lo que se convierte en spam.

Se debe resaltar que el mecanismo de aviso de prensa solo se debe usar cuando exista una carga desproporcionada. Existen otras formas para comunicar a los usuarios la política de manera eficiente.

Otras empresas están generando cargas absurdas para los usuarios. Ese el caso de operadores de telefonía, que dicen que los usuarios tienen que acercarse a sus oficinas o  centros de servicios. Uno de los avisos en circulación decía que esto también facultaba a entregar datos a terceros, desconociendo por completo el principio de finalidad que menciona la ley.

Que un usuario no llame, no escriba o se de baja a un correo electrónico, no significa que este dando su consentimiento o autorización para el manejo de datos. Otras empresas publican el aviso y no tienen políticas o mecanismos de protección de datos personales.

La protección de datos no se hace de la noche a la mañana, la ley impone una obligación de control constante. En cualquier momento, el usuario puede exigir que su información sea eliminada –o actualizada- de la base de datos.

La protección de datos no debe verse solo por estos días que está de moda el decreto. Colombia se encuentra en una nueva era de protección de datos, que debe analizarse, asumirse, asesorarse  y cumplirse con la debida calma.

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* Consultor en Derecho Informático, Seguridad de la Información, Protección de Datos y Cloud Computing. Columnista revista impresa ENTER. CEO de Cloud Seguro.

La gran variedad de servicios en la nube para las organizaciones puede ser un poco abrumadora. Hay todo tipo de opciones: empresas pequeñas como Box o gigantes como Microsoft u Oracle. La mejor opción dependerá de las necesidades de la empresa y, obviamente, del presupuesto.

Unos empresarios colombianos lanzaron una página web para categorizar los diferentes servicios disponibles, con el objetivo de ayudar a las empresas a escoger el servicio más adecuado de acuerdo con sus necesidades.

Según su sitio web, Tienda Cloud es “un marketplace de aplicaciones y servicios cloud computing empresariales y personales de América Latina”. Aunque hay servicios para el consumo masivo, hay muchas aplicaciones enfocadas a las necesidades de todo tipo de negocios. Por ejemplo, el servicio más visitado es MailChimp, una aplicación para crear boletines y campañas de marketing por medio de correo electrónico. Pero también hay servicios como Skype y Dropbox, que son muy populares con los usuarios finales.

Hablamos con Germán Realpe, uno de los fundadores de Tienda Cloud, para conocer un poco más sobre el portal. “Tienda Cloud surgió después de que identificamos una necesidad de organizar todos los servicios disponibles”, dijo Realpe. El CEO de la tienda también nos dijo que están trabajando fuertemente en mejorar sus contenidos, para que sus usuarios cuenten con más información –como noticias e información– que les permita tomar mejores decisiones.

Uno de los objetivos del equipo es sobrevivir sin depender de la pauta. Aunque actualmente hay pequeños espacios para anuncios en la página, Realpe aseguró que quiere mantener el enfoque en los servicios. Sin embargo, en el futuro, una de las formas de monetización será a través de la venta de lugares privilegiados en los escalafones, y del aumento de la cantidad y el tipo de información que un servicio puede publicar.

Entre las categorías más visitadas están las herramientas para las campañas de marketing por correo electrónico, los gestores de proyectos y los CRM. Esto, en alguna medida, muestra las necesidades de las organizaciones actuales. Las ventas siempre han sido el aspecto más importante de una organización, y por eso las herramientas para vender por correo electrónico son muy populares.

El viernes pasado, Tienda Cloud lanzó la posibilidad de evaluar los diferentes servicios, para que los mismos usuarios puedan dar retroalimentación. De esta forma, la página busca que la comunidad empiece a recomendar los servicios buenos y, de la misma manera, advierta a los otros usuarios sobre los productos más flojos. También es posible que la gente comente.

La tienda ya tiene varias categorías. Las más populares son software como un servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) y productos para nubes personales. Sin embargo, están creciendo las opciones para conseguir infraestructura como un servicio o plataformas como un servicio.

Pero más allá de los diferentes servicios categorizados, Tienda Cloud busca darle una mano a los encargados de TI en las empresas para poder escoger la solución más adecuada para sus necesidades.

El grito de guerra de los más tenaces opositores de la ley del TLC es que se trata de la ‘Ley Lleras recargada’. El grupo ‘hacktivista’ Anonymous, que el pasado martes protestó haciendo que el sitio web del Senado de la República dejara de funcionar por varias horas, se refiere a la iniciativa en esos términos. Y basta hacer una búsqueda del hashtag #leyllerasrecargada en Twitter para ver el tono beligerante de algunas críticas al proyecto de ley.

El término surgió de una intervención del senador Camilo Romero en el primer debate de la iniciativa. “Esta no es la ‘Ley Lleras’. Es la Ley Lleras recargada”, dijo entonces, pues en ella “se pretende hacer pasar temas que por fortuna, por la presión de los usuarios de Internet, el Congreso logró tumbar con anterioridad”.

El gobierno salió muy pronto a desmentir la versión. En un comunicado, el Ministerio del Interior dice que el proyecto “busca poner a tono la legislación de Colombia con los compromisos y estándares internacionales existentes en derecho de autor, mientras que la mal llamada ‘ley Lleras’ buscaba retirar material infractor de derechos de autor de los sistemas informáticos y regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISP)”.

Por su parte Germán Realpe, abogado informático y columnista de la revista ENTER.CO, afirma que “no se debe considerar como una ley Lleras recargada, ya que no tiene que ver con muchos puntos propuestos en ella”. Uno de ellos es “el tema de notificación o suspensión por parte de los ISP, por lo que los usuarios pueden estar tranquilos en ese aspecto”.

En efecto, este proyecto de ley deja a los ISP intactos, mientras que el punto crítico de la ‘Ley Lleras’ era precisamente la regulación del papel de estas en el bloqueo de contenidos en la Red. Sin embargo, los objetores de la ley del TLC no están muy convencidos con este argumento. 

El fantasma de la ‘Ley Lleras’.

No hay que olvidar lo obvio. Tanto la ‘Ley Lleras’ como el actual proyecto son requerimientos para que Colombia firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Además, ambos regulan temas de derechos de autor, un concepto que en sí mismo despierta críticas en muchos frentes. Por ejemplo, el senador Romero le dijo a ENTER.CO que desde su punto de vista, estas legislaciones “no hacen la balanza necesaria que hoy el mundo ha comprendido entre los derechos de autor y los derechos de los usuarios y las usuarias de Internet”.

Por otra parte, el senador Romero precisó por qué cree que la ley del TLC sí tiene elementos de su infame antecesora:

El artículo 19 revive esa facultad que esa ‘Ley Lleras’ daba a las autoridades administrativas, para que, sin sentencia judicial, se acceda a los datos personales de supuestos infractores de derechos de autor, violando los derechos a la intimidad y a la protección de datos de cualquier ciudadano.

El grupo RedPaTodos, que aboga por los derechos de los usuarios de Internet, también resalta este punto. Según ellos, el actual texto se parece a la ‘Ley Lleras’ en el sentido de que ‘se salta’ la autoridad de los jueces a la hora de tomar decisiones que afectan a un potencial infractor de los derechos de autor.

¿No recuerda qué pasaba con la ‘Ley Lleras’? Vea la siguiente página.

El proyecto de Ley que propone la regulación de las responsabilidades por violaciones del derecho de autor en Internet, más conocido como ‘Ley Lleras’, sigue siendo el tema tecnológico del momento en Colombia. Ayer, ENTER.CO transmitió en tiempo real el foro que organizó la Comisión Primera del Senado, en el que hubo ponencias desde todos los ángulos (industria de Internet, industria de derecho de autor, usuarios, etc.).

Una de las ponencias más interesantes fue la que dio el consultor en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías Germán Realpe Delgado, director de la Asociación Colombiana de Derecho Informático y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Acoditic). Realpe asistió en representación de Guillermo Santos, a quien asesora en temas de Derecho Informático y quien no pudo asistir personalmente.

ENTER.CO invitó a Germán Realpe para que ampliara los conceptos aportados en su ponencia, y aquí lo compartimos con ustedes. Su retroalimentación sobre estos puntos de vista, como siempre, es bienvenida.

La información es un todo.

Por Germán Realpe Delgado.

En 2010, algunos medios digitales como periódicos como el New York Times empezaron a cobrar por los contenidos de los usuarios. Pocos meses después se publicó que el contenido pago no ha tenido el éxito esperado. Un ejemplo es la versión en línea ese diario, que registró un descenso entre el 5% y el 15% en el número de visitas, desde que el pasado 28 de marzo comenzó a cobrar por los contenidos.

El verdadero éxito de la sociedad de la información y el conocimiento ha sido el libre acceso a todo tipo de contenidos en la Red. Así mismo, el aumento exponencial de Internet y de aplicaciones web en los últimos años se debe a la facilidad para acceder sin restricciones a contenido legitimo.

Los derechos de autor, los delitos informáticos y la regulación del Estado están cambiando Internet. En los últimos meses se ha evidenciado en una gran parte de países la aprobación de leyes para proteger la propiedad intelectual, pero el problema de estos proyectos es cómo de manera discreta empiezan a controlar el uso de Internet, como el manejo de datos de los usuarios.

Hace unas semanas, el Ministro Germán Vargas Lleras presentó en el Congreso el proyecto de Ley para proteger los derechos de autor en Internet, un proyecto que no fue concertado y que genera muchas dudas y controversias.

En primer lugar, se debe resaltar que varios países están regulando los contenidos en Internet. Existen proyectos que no son iguales, pero que sí tienen el mismo fundamento: la protección de la propiedad intelectual. Es el caso de leyes como la Hadopi en Francia, la Sinde o de Economía Sostenible en España, y el proyecto Linet en Australia; un proyecto presentado por el senador Federico Pinedo en Argentina, y en Reino Unido se está buscando un acuerdo con los ISP y la industria del entretenimiento para bloquear sitios web que a su juicio vulneran el copyright, entre muchos otros.

Las anteriores iniciativas no son coincidencia: son obra de los grandes entornos de entretenimiento que han presionado a los gobiernos para rescatar un modelo obsoleto para la protección de la propiedad intelectual en Internet.

Lamentablemente, no se dan cuenta de que el modelo debe evolucionar, que no es sostenible y que debe ofrecer a los usuarios contenidos novedosos de fácil acceso y costo razonable, como es el caso de la iTunes Store o el Android Market.

Se debe proteger los derechos de los autores, como también la propiedad intelectual, pero atacar a los verdaderos infractores que están en las calles, y no generar represión y control a los usuarios que usan la información para uso privado.

Pero lo más preocupante de este tipo de leyes es que abren las puertas para controlar la información, controlar los datos personales y que la persona que accede a Internet no solo sea una simple IP, sino que se convierta en un ciudadano plenamente identificado con sus datos, páginas visitadas, gustos y perfiles en la Web. Esto ya se ve en países como Francia, en donde se está pidiendo a los ISP que guarden algunos datos de los usuarios, hasta los ‘nicknames’, para tener un mayor control de los contenidos.

Si se mira el caso de Colombia, siempre se ha caracterizado por las excelentes leyes de tecnología que se han expedido desde 1996 en temas como la factura electrónica, la Ley 527 de 1999 sobre Comercio Electrónico, la Ley 1221 de teletrabajo, la normas y jurisprudencia sobre protección de datos, la Ley 1341 de 2009, de TIC; la Ley 1273 de 2009, que crea el bien jurídico de la información y los datos personales.

Por eso, como abogado informático me preocupa que la Ley Lleras desconozca las leyes de tecnología que existen en Colombia, y así mismo desconozca un momento tecnológico en el cual el Plan Vive Digital del actual gobierno tiene entre sus objetivos fundamentales aumentar las conexiones a Internet y la generación de contenidos digitales.

Los contenidos digitales van de la mano de la formación del usuario, de aspectos culturales, y no van a crecer asustándolos, confundiéndolos con normas ambiguas y poco claras que no son la solución al flagelo de la piratería comercial.

El proyecto presentado desconoce las conductas mencionadas en la Ley 1273 de 2009, como es el caso de interceptación de datos informáticos, que señala: “El que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses”.

Es fundamental que leyes como esta queden muy bien redactadas, que quede claro que el juez es fundamental en el proceso, y que solo se podrán suspender contenidos por autorización judicial, y cuando se compruebe el ánimo de lucro. La forma como está redactado el proyecto de ‘Ley Lleras’ puede generar confusiones, y es necesario que siempre se garanticen la protección del usuario y el debido proceso.

En países como España en su Ley Sinde se pudo agregar la importancia del juez para autorizar la suspensión de esos contenidos, y no quedó esta tarea en las ISP. Ojalá nuestro proyecto siga el ejemplo.

El proyecto genera varias discusiones. Además de la amplia definición de ISP del Artículo 1, no se entiende bien la manera de actuar que deben tener estos proveedores de Internet. Se debe resaltar que en Colombia los ISP son jueces y partes, que muchos ya están ofreciendo contenido, así como soluciones en la nube, en concreto servicios de almacenamiento y aplicaciones.

El Ministerio TIC debe aclarar la definición de ISP y establecer criterios técnicos para este tipo de leyes. Así mismo, la ‘Ley Lleras’ debe ser estudiada por los congresistas, no desconociendo los otros proyectos como el presentado por el representante Simón Gaviria sobre Neutralidad Tecnológica, y la Ley que está en la Corte Constitucional sobre protección de datos personales.

El proyecto en su Artículo 3 habla sobre la inexistencia de obligación de los ISP, pero en otros artículos habla ya de una responsabilidad de estos, y cómo se exoneran. Lo muestra el Artículo 9: “Si los prestadores de servicio, cumpliendo los demás requisitos establecidos en los artículos 6, 7 y 8, actuando de buena fe, retiran o inhabilitan el acceso al material basado en una infracción reclamada o aparente, estarán exentos de responsabilidad por cualquier reclamo resultante, a condición que, en relación con el material que resida en su sistema o red, tome prontamente los pasos razonables para informar del retiro o inhabilitación al supuesto infractor que pone el material a disposición en su sistema o red”.

Artículos como el mencionado anteriormente pueden generar que los ISP se curen en salud, y no solamente empiecen a generar un control de contenidos, sino que esto sea la puerta para que tengan un control de datos e información de los usuarios, con el fin de exonerarse en responsabilidad.

La Ley deja algo a un lado que es fundamental y es el ánimo de lucro: no es lo mismo un usuario que baja o utiliza contenido para su uso personal, a una persona que lo utiliza para fines ilícitos o de comercialización. Si se analiza la Ley, solo trata el fin de lucro en el artículo penal. Es fundamental que el ánimo de lucro sea un carácter regulador para este tipo de proyectos.

Resalto un párrafo de la Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2008, la cual da un criterio que se debe tener en cuenta:

“De igual manera, si en la Internet circulan millones de canciones, no puede concentrarse en el derecho penal la función de perseguir a los usuarios que, aprovechando tal circunstancia, descargan la música que se coloca a su alcance, pues en estos casos como en todos aquellos en los que la persona obra sin ánimo de lucro y sin el propósito de ocasionar perjuicio a la obra o a los intereses económicos del titular de los derechos, resulta imposible afirmar la existencia de una conducta punible, toda vez que no se lesiona o pone efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado por la ley.

En consecuencia, si a la actuación no la acompañan los elementos referidos, valga reiterar, el ánimo de lucro y la intención de lesionar el patrimonio ajeno, la conducta será atípica”.

La información es un todo en Colombia, la información y los datos personales son un bien jurídico protegido.

Se debe proteger la propiedad intelectual pero construyendo una ley que sea clara, que dé garantías para los usuarios.

Si bien es un requisito para el TLC la aprobación de este tipo de normas, no podemos ceder lo más importante, el acceso a la información y la protección de los datos de miles de colombianos.