La sentencia T-256 de 2025 concluyó que Meta Platforms, Inc. aplicó sus normas de forma inconsistente y sin suficiente claridad. En particular, el fallo señala que la eliminación de contenidos y la suspensión de la cuenta no cumplieron con criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, se evidenció un trato desigual frente a otros perfiles que publicaban material similar.

El análisis del tribunal también cuestionó la forma en que se llevó a cabo la moderación de contenidos. Según la decisión, el procedimiento careció de transparencia y no ofreció garantías mínimas para que la afectada pudiera entender o controvertir la sanción. Esto, en la práctica, limitó el espacio digital en el que desarrollaba su actividad como creadora de contenido.

Cambios obligatorios para Meta en Colombia

Más allá del caso individual, la decisión introduce una serie de órdenes que buscan modificar la relación entre plataformas digitales y usuarios en Colombia. Entre las principales medidas, se exige a Meta habilitar un canal claro y accesible para recibir notificaciones judiciales dentro del país, una dificultad que quedó en evidencia durante el proceso.

También deberá revisar y ajustar las condiciones de uso de Instagram y su política de privacidad. El objetivo es que los usuarios comprendan con precisión por qué se elimina una cuenta, cuánto tiempo se conserva su información y qué mecanismos existen para apelar estas decisiones.

Otro punto central es la obligación de unificar y traducir al español las políticas relacionadas con desnudos, actividad sexual y servicios sexuales entre adultos. La Corte encontró que estas normas están dispersas y, en algunos casos, solo disponibles en inglés, lo que dificulta su comprensión.

La sentencia va más allá al pedir mayor claridad sobre las reglas de moderación, incluyendo cómo funciona el sistema de sanciones y si se tienen en cuenta conductas fuera de la plataforma. También invita a la compañía a publicar informes periódicos sobre sus decisiones de moderación en Colombia, como ya ocurre en otras regiones.

Un precedente para creadores digitales

El fallo reconoce que la moderación de contenidos es necesaria para evitar la circulación de material ilegal, como la explotación sexual o la pornografía infantil. Sin embargo, advierte que estas facultades no pueden ejercerse de forma arbitraria ni sin controles.

En el caso concreto, la Corte ordenó a Meta abstenerse de imponer restricciones injustificadas a la cuenta actual de Esperanza Gómez y garantizar que cualquier medida futura esté debidamente justificada.

Aunque el tribunal no concedió una indemnización económica, sí dejó abierta la posibilidad de que la influencer acuda a la justicia civil para reclamar perjuicios. La decisión aclara que existen otros mecanismos judiciales para discutir eventuales daños económicos derivados de este tipo de actuaciones.

El impacto de esta sentencia no se limita a una sola usuaria. La Corte también instó a entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio a avanzar en una regulación específica para influencers. La intención es definir con mayor precisión sus derechos, deberes y la relación que mantienen con las plataformas digitales.

Con esta decisión, el tribunal fija reglas más claras sobre los límites de las plataformas tecnológicas en Colombia y abre un debate sobre la protección de los derechos en entornos digitales cada vez más determinantes para el trabajo y la expresión.

El tribunal concluyó que la compañía vulneró derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho al trabajo. Aunque la cuenta de la actriz no será restablecida, la Corte determinó que la decisión de Meta fue arbitraria y basada en prejuicios, no en una violación comprobada de sus normas internas.

La magistrada ponente, Natalia Ángel, sostuvo que la eliminación de la cuenta fue discriminatoria, pues la compañía aplicó sus políticas de desnudez y servicios sexuales de manera desigual frente a otros perfiles que comparten contenidos similares y permanecen activos. Este señalamiento abre un debate sobre la coherencia y transparencia de las plataformas en la aplicación de sus reglas.

#JusticiaClara | La mgda. Natalia Ángel C. explica, en lenguaje claro, el fallo de la Corte, en el que se pronuncia por 1ra vez sobre moderación de contenidos en redes sociales y los derechos de una influenciadora digital
T-256/25
M.P. Natalia Ángel C.
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— Corte Constitucional (@CConstitucional) September 12, 2025

Un precedente que impacta a todos los creadores digitales

Más allá del caso puntual, la Corte estableció que las redes sociales no pueden cerrar cuentas únicamente por la trayectoria laboral de sus usuarios fuera del entorno digital. En otras palabras, el trabajo de Gómez como actriz porno no debía ser usado como argumento para cerrar su perfil, mientras que su actividad en Instagram no infringía directamente las políticas de la plataforma.

El fallo obliga a Meta a introducir cambios en su operación en Colombia, que incluyen la creación de un canal electrónico visible para notificaciones judiciales en el país, la traducción al español y unificación de todas las políticas de uso en un sitio accesible, y la revisión de las condiciones de uso y la política de privacidad de Instagram, de modo que los usuarios tengan mecanismos claros para impugnar decisiones de moderación.

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La decisión no solo reivindica los derechos de una figura pública, sino que también impacta a miles de creadores de contenido que dependen de plataformas digitales como medio de sustento económico. El fallo envía un mensaje directo a Meta: debe garantizar transparencia y coherencia en la moderación, sin que los prejuicios personales o sociales pesen más que las pruebas.

Aunque la cuenta de Esperanza Gómez no podrá ser reactivada, el caso abre la puerta a que otros influenciadores, periodistas y ciudadanos tengan mayores garantías al enfrentar sanciones de plataformas digitales. La decisión obliga a repensar la forma en que las tecnológicas actúan en mercados donde millones de usuarios dependen de ellas, no solo para comunicarse, sino también para trabajar.

En últimas, la Corte no solo falló a favor de Gómez, sino que puso sobre la mesa una discusión de fondo: la necesidad de que las redes sociales, en su rol de espacios públicos digitales, se sometan a estándares claros de justicia y transparencia cuando afectan derechos fundamentales en países como Colombia.

Imagen: Archivo ENTER.CO

En 2021, Instagram cerró la cuenta de la actriz, que en ese momento tenía más de 5 millones de seguidores. Ante esto, Gómez decidió interponer una tutela para que el Estado colombiano defienda sus derechos. Según la influencer, se le han vulnerado sus derechos a la libertad de expresión y al trabajo, entre otros.

Pero las intenciones de la caldense no se quedan ahí, también pide que le paguen una indemnización por el perjuicio económico que dice haber sufrido durante un año.

La razón por la que la red social decidió cerrar la cuenta, es por que según Instagram, Esperanza Gómez violó las normas. Por ejemplo la plataforma advierte “que no se permite que una persona coordine o realice actividades sexuales grabadas en video, promoción de espectáculos de striptease, bailes eróticos, masajes sexuales, eróticos o tántricos”.

La pornstar se defendió ante la Corte Constitucional manifestando que nunca hizo una publicación o una historia ciento por ciento pornográfica o explícita dentro de la plataforma de Instagram. “Mostrar mis pezones o mis partes íntimas de manera explícita nunca lo hice”.

Además aclaró que en sus redes sociales solo mostraba actividades como “cocinar, ir al gimnasio, hacer ejercicio, en viajes de trabajo. Incluso me contrataron para hacer presentaciones en discotecas, promocionar restaurantes y ser imagen de productos. Me parece el colmo que por el hecho de ser una actriz de contenido para adultos, Instagram crea que todo es pornografía”.

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Meta se pronuncia

Frente a la diligencia judicial, un vocero oficial de la plataforma en Colombia señaló que “Instagram no permite contenidos que faciliten, fomenten o coordinen encuentros y servicios sexuales comerciales. Queremos que Instagram sea un lugar donde la gente pueda expresarse, pero también tenemos la responsabilidad de mantener a nuestra comunidad segura, conformada por personas desde los 13 años de edad, de diferentes culturas, de todo el mundo”.

Cabe aclarar que Facebook sí permite expresar deseo sexual, promover la educación sexual, al igual que hablar de prácticas o experiencias sexuales y ofrecer clases o programas educativos que hablen sobre sexo.

Frente al proceso, la Corte afirmó que la tutela puede tener impacto sobre otros usuarios de las redes sociales, pero además ha señalado que “está relacionado con un espectro amplio de temas que van desde el derecho corporativo hasta la libertad de expresión y la igualdad, pasando por la prevención de la explotación sexual y de la trata de personas”.

Según el diario El País, el fallo definitivo de la Corte sobre el caso de Esperanza Gómez se conocería en un plazo de 15 días.

Imagen: Instagram @soyesperanzagomez