El anuncio de inmediato despertó las alarmas. La salida de ‘Partners’ no solo se dio después de que otros participantes acusaran a la entidad de ‘modificar’ las reglas para su participación, sino que ponía en cuestión todo el proceso, la validez de la subasta y por supuesto la necesaria modernización de las redes en nuestro país.

El problema escaló de nuevo esta semana, cuando el gobierno informó que aceptó la renuncia de Partners al bloque de de 10 Mhz en la banda de 2.500 Mhz. La compañía deberá pagar una multa de 42.000 millones de pesos, pero permanece como un nuevo operador en el país con los quedó con una participación de 20 MHz en la banda de 700 MHz.  “la garantía de la seriedad de la oferta se le aplicó a Partners. No estamos cambiando la regla del juego, sino que ha sido discutido en todo el proceso”, afirmó Sylvia Constaín, ministra de las TIC.

Esta semana, a través de una comunicación, Tigo se pronunció afirmando que: “las decisiones tomadas por el Ministerio de las TIC frente al caso Partners resultan preocupantes. Después de ceder ante las presiones del nuevo operador, el MinTIC cambia las reglas del juego y llena de incertidumbre jurídica un proceso que requiere altas inversiones a largo plazo en el país”.

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El documento sigue, con el operador expresando no solo la validez y credibilidad de la subasta que se llevó a cabo, sino la de futuras que se realicen (y que, de hecho, son necesarias para el despliegue de las redes 5G): “La puerta que hoy abre el MinTIC pone en entredicho no solo esta subasta, sino cualquier subasta de espectro futura que se vaya a realizar en el país.  El impacto de esta decisión, más allá de los 1,7 billones que dejará de recibir el Estado o de la póliza que cobrará el MinTIC por 42 mil millones, afectará la inversión local y extranjera en el sector durante años, e incluso la seriedad de los procesos de adjudicación de contratación pública”.

Pero el aspecto más preocupante de la comunicación está en el párrafo final en el que el operador asegura que acudirá a “todas las instancias necesarias para defender el debido proceso y la institucionalidad de la subasta. Por tanto, Tigo se encuentra analizando las acciones y recursos legales que correspondan, para amparar sus derechos bajo la legislación colombiana”. Movistar también anunció su intención de tomar acciones similares, ante la decisión del gobierno de permitir a Partners permanecer como operador.

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La comunicación calma ciertas preocupaciones. Tigo, que adquirió en la subasta 40 MHz en la banda de 700 MHz, convirtiéndose así en el operador con mayor cantidad de espectro en esta banda, aseguró que mantiene sus planes para desplegar la infraestructura necesaria. Lo que esto significa es la promesa de inversiones por 2,4 billones de pesos para llegar a 1.636 nuevas localidades en Colombia.

Mientras tanto, el pasado 12 de febrero el MinTIC informó que inició el procedimiento administrativo para decidir sobre los efectos derivados de la renuncia al bloque de 10 MHz de la banda de 2500 MHz presentada por Partners. Todo esto ocurre mientras que la Procuraduría solicitó al MinTIC suspender el proceso de la subasta del espectro electromagnético por irregularidades en el proceso.

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En diciembre de 2019 el país celebró la llegada de un nuevo operador al país. La empresa Partners había hecho parte de la subasta del espectro electromagnético, con la compra de uno de los bloques de 10 MHz en la banda de 2.500 MHz por el que ofertó 1,74 billones de pesos. Pero, 15 días después, el MinTIC recibió una comunicación por parte de la empresa en la que informaban de su renuncia a los bloques pujados.

La razón que ofreció Partners es que se trató de un error de digitación, que los llevó a ofertar 10 veces más que el monto de reserva. Desde ese momento, no ha sido claro cuál es el futuro de la subasta del espectro, ni las consecuencias que tendrá para el proceso como tal. Hoy, a través de una comunicación oficial, el MinTIC informó que inició el procedimiento administrativo para decidir sobre los efectos derivados de la renuncia al bloque de 10 MHz de la banda de 2500 MHz presentada por Partners.

Como su nombre lo indica, la primera acción que toma el MinTIC tiene como objetivo el definir las consecuencias que tiene la renuncia del operador. Declaraciones de La Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Sylvia Constaín, parecen dar a entender que también se está investigando si se trató de un error por parte de la empresa o una actuación de competencia desleal. No es claro si esto se hará en el marco del proceso que se abrió hoy.

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Todo esto ocurre mientras que la Procuraduría solicitó al MinTIC suspender el proceso de la subasta del espectro electromagnético por irregularidades en el proceso. Al respecto, Constaín ha afirmado que la subasta no se encuentra en riesgo y que dado que Partners es la única compañía que ha presentado esta renuncia, las otras nueve ofertas se encuentran firmes.

Lo cierto es que el proceso a través del cual se le permitió a Partners hacer parte de la subasta cuenta con ciertas irregularidades que han llamado la atención de expertos, empresas participantes de la subasta y el Gobierno. El punto más problemático está en que se flexibilizó las condiciones para que Partners pudiera participar, permitiendo que lo hiciera a través de una subsidiaria. La duda entonces es si bajo esta condición se remueven las responsabilidades del grupo inversor al participar en la puja. Es decir, que el resultado de este proceso que se abrió hoy puede tener como respuesta que la compañía no tiene que responder al Estado por renunciar, independiente de si se trató de un error o no.

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El pasado viernes, a puerta cerrada, se realizó una nueva subasta para entregar el espectro a los operadores en Colombia. Una jornada importante, pues la distribución de la bandas en el país es un paso necesario para la disminución de la brecha digital (zonas sin conectividad 4G), así como un paso obligatorio para la adaptación de 5G en un futuro.

Los resultados finales dieron como resultado la asignación total de la banda de 2.500 MHz y 80 Mhz de los 90Hz de la banda de 700MHz. Por la banda de 1.900 MHz no se recibieron ofertas.

En la nueva asignación los operadores quedaron de la siguiente manera:

Claro: 20 MHz en la banda de 700 MHz y 30 MHz en la de 2.500 MHz. Tigo: 40 MHz en la banda de 700 MHz. Movistar no tuvo asignación en la puja, lo que significa que se quedó sin permisos nuevos para el espectro.

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Por su parte, una de las noticias más importantes de la jornada es la llegada de un nuevo operador a Colombia: Partners. La empresa (parte del grupo Novator, con sede en Luxemburgo) quedó con una participación de 20 MHz en la banda de 700 MHz y 30 MHz en la de 2.500 MHz.

¿Qué significa la nueva asignación para Colombia?

La subasta que se llevó a cabo el viernes pasado significará un recaudo de más de 5 billones de pesos. El pago de del espectro será en dinero (40 % del total de lo pagado por la banda de 700 MHz) en cuotas diferidas a máximo 17 años. De acuerdo al Mintic, lo que esto significará es que el Fondo TIC tendrá un ingreso permanente durante más de una década que rondaría entre los 80 mil millones de pesos al año.

Lo otro que supone la subasta del espectro es un compromiso por parte de los operadores que fueron parte para llevar conectividad móvil de calidad a muchas áreas del país. La promesa está en que 3,658 localidades de los 32 departamentos del país se verían beneficiados con esta compra.

“El resultado de esta subasta nos llevará en el corto plazo a una actualización en las comunicaciones móviles, es decir, que las redes de 2G y 3G que hoy existen en el país deberán ser actualizadas en máximo cuatro años”, explicó la ministra la ministra TIC, Sylvia Constaín.

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En un listado de 14 países de América Latina, Colombia se posiciona como el país con el internet que más se acerca a ser asequible para los usuarios. El resultado fue revelado por la Alianza para una Internet Asequible (A4AI), entidad que examina las políticas públicas y los marcos regulatorios que les permiten a los países contar con un acceso económico y universal a la banda ancha.

De acuerdo con A4AI, un país tiene un internet asequible cuando cumple la regla ‘1 por 2’, que consiste en que 1 GB de datos móviles prepagados equivalen al 2% o menos de los ingresos mensuales medios de las personas. Actualmente, en América Latina y el Caribe, 1 GB de datos le cuesta a un ciudadano del común un 3,7% de sus ingresos mensuales.

Aun así, Colombia lidera la tabla del Índice de Impulsores de Asequibilidad (ADI) con 72,87 sobre 100 puntos, seguido por México, Perú, Costa Rica y Ecuador en el ‘Top 5’. El país con menor puntuación es Haití con 14,12 de calificación.

El estudio también resaltó que la región tiene uno de los niveles de desigualdad de ingresos más altos del mundo. En promedio, en los 14 países del estudio, 1 GB de navegación solo es asequible para el 40% de la población con ingresos más altos. En el caso de Perú, 1 GB de datos solo es asequible para el 20% de la población que cuenta con mayores ingresos.

Los resultados de la tabla fueron obtenidos teniendo en cuenta el cumplimiento de cinco políticas para banda ancha, espectro, uso compartido de la infraestructura, entre otras. Estas son:

Política y reglamentos

En el rango de asequibilidad claramente intervienen la calificación aportada por las cinco políticas del estudio. La primera consiste en las políticas y los reglamentos para la competencia, que representa una independencia regulatoria, la toma de decisiones transparentes y basadas en evidencias, además de regímenes de licencias simplificados.

En este caso sobresale México, país que creó un regulador independiente para la industria desde hace tres años. Esto impulsó el incremento de la competencia en el mercado, la transparencia y la apertura en los procesos relacionados con la toma de decisiones reglamentarias. Quienes no salieron bien librados fueron Ecuador y República Dominicana, ya que no tienen reguladores independientes. Igualmente, el marco jurídico y regulatorio de Haití necesita una reforma.

Política de internet banda ancha

En la política de banda ancha, los países deben contar con objetivos claros y estrategias para reducir costos y aumentar el acceso. En este punto la mayoría de los países tienen planes de banda ancha que cumplen la norma. Diez de los 14 países cuentan con un plan de banda ancha. Perú y Costa Rica han introducido cambios en sus planes de banda ancha hace dos años, en parte para ampliar los servicios de banda ancha a las poblaciones sin conexión. Pero Bolivia, República Dominicana, Haití y Nicaragua no cuentan con un plan de banda ancha o no han sido aprobados.

Política de acceso al público

La tercera es políticas de acceso público, más uso de fondos de acceso y servicio universal. Aquí los programas de acceso público y los fondos de acceso y servicio universal (USAF) son usados para ampliar la infraestructura de acceso, apoyar el desarrollo de contenidos locales y aumentar las competencias digitales.

Los dos países que sobresalen son Costa Rica y Chile. En el caso de Costa Rica, se han usado los USAF para financiar el acceso al servicio en poblaciones indígenas y rurales, mientras que en Chile se autorizó el uso de una nueva banda espectral para servicios comerciales en 2016, siempre y cuando los operadores ofrezcan acceso gratuito a poblaciones específicas. En un panorama no tan positivo se encuentra Nicaragua, ya que no son claras las inversiones que se han realizado. Y en Brasil están subutilizados y con fondos sin invertir a la fecha.

Uso compartido de infraestructura

Esta política establece que el gobierno debe fomentar y facilitar activamente el uso compartido de los recursos entre operadores. Perú es el país que lo logró en 2015, lo que le ha permitido realizar contratos de manera abierta para el uso compartido de la infraestructura. Por su parte, un estudio en República Dominicana ya reveló las observaciones pertinentes para mejorar el uso compartido de la infraestructura, las cuales deben ser tenidas en cuenta lo más pronto posible.

En el caso de Nicaragua, el acceso a los derechos de paso públicos no han sido manejados de forma correcta. Jamaica cuenta con un marco regulatorio ineficaz por falta de claridad en las normas a la hora de aplicarse. Por ello el gobierno inició una consulta para la creación de un nuevo marco regulatorio.

Política del espectro

Finalmente, en esta política los países deben contar con un plan detallado para la liberación oportuna de suficiente espectro para satisfacer la demanda. En esta última, Colombia es el país que acaparó la atención. De acuerdo con el documento, “Colombia ha demostrado su voluntad de promover la transparencia y la competencia en los mercados del espectro y ha realizado esfuerzos significativos para asignar el espectro de manera justa”. En la otra cara de la moneda se encuentran Ecuador y Argentina. Allí los gobiernos se han comprometido a garantizar la disponibilidad del espectro, pero su planificación no es clara.

No obstante, el estudio concluyó que los 14 países latinoamericanos y del Caribe en la lista tienen una puntuación superior a la media global.

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Un ambiente de disgusto se ha creado en el mundo de las comunicaciones en Colombia, luego de las nuevas resoluciones que emitió la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre el acceso al Roaming Automático Nacional y la regulación del mercado móvil virtual en el territorio nacional.

Los operadores móviles virtuales son aquellos que prestan un servicio de acceso a redes de celular mediante el arrendamiento de la infraestructura de aquellos que cuentan con ella.

La Asociación de la Industria Móvil de Colombia, Asomóvil, encargada de congregar los tres operadores más grandes en el país, emitió su opinión con respecto a las modificaciones realizadas por la CRC, la cual permite a los operadores nuevos usar las redes y el espectro de las que ya están ubicadas en Colombia “en lugar de invertir en su propia infraestructura, mientras los operadores establecidos se ven obligados a permitir el acceso con tarifas reguladas que no remuneran adecuadamente el servicio”, tal como expresó Asomóvil a través de un comunicado.

En segunda instancia dicen que las nuevas medidas adoptadas afectarían la calidad del servicio, ya que se impone una carga no apta sobre los operadores establecidos “quienes en adición al tráfico propio, deberán soportar el proveniente de los operadores móviles virtuales”, precisa el documento al cual añaden que esto reduce los recursos de los operadores de red para invertir en cobertura  y mejora de la calidad del servicio.

Además, Asomóvil advirtió que habrá un “impacto negativo en la subasta del espectro de 700 y 1900 MHz al introducir distorsiones y cargas injustificadas para los interesados, quienes además del pago por el espectro, las inversiones en despliegue  de red y cumplimiento de los compromisos de cobertura deberán permitir el acceso de terceros bajo tarifas reguladas que no dan una contraprestación por el servicio”.

Finalmente la Asociación recalcó su preocupación por el impacto en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en ámbitos de cobertura, accesibilidad a los servicios y calidad de los mismos, por lo que aclaró “la industria móvil demanda cuantiosas inversiones de capital, máxime en el entorno actual de convergencia tecnológica y crecimiento exponencial de consumo de servicios de datos, donde se espera que la actuación de las autoridades regulatorias esté enfocada en generar los incentivos adecuados para promover la inversión, la competencia en infraestructura y la innovación tecnológica, en lugar de intervenciones que limiten la libre interacción en un mercado en pleno desarrollo”.

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Tras meses de silencio, el Ministerio TIC se pronunció por primera vez sobre el tema Uber en Colombia. El ministro Diego Molano Vega anunció el martes que su despacho hará una indagación preliminar a la aplicación “para determinar si estas plataformas tecnológicas están violando las reglas de telecomunicaciones o no“, según informó en un encuentro con periodistas.

La investigación, como explicó el ministro, principalmente buscará averiguar si Uber viola las reglas de uso del espectro que están vigentes en Colombia. Sin embargo, no sería la única intervención del MinTIC en el tema de las aplicaciones de transporte. Molano aseguró que su cartera estará “acompañando a la ministra de Transporte” si ella requiere de su ayuda. Sin embargo, en el Gobierno el tema sigue estando a cargo de la ministra Natalia Abello, y el ministro Molano solo intervendría si ella se lo pide.

De todos modos, Molano admitió que “todos los negocios están cambiando con la tecnología, y en este caso, también el transporte“; un punto que ha sido esgrimido por Uber en la lucha por la legalización de su servicio. De hecho, una de las críticas que se le hacen a la ministra Abello consiste en que, al pactar la regulación de nuevos servicios solo con los representantes del gremio tradicional de los taxis, está ignorando esta realidad.

Consultados por ENTER.CO sobre estas declaraciones, los voceros de Uber Colombia declinaron pronunciarse.

¿Qué normas podría estar violando Uber?

ENTER.CO consultó al abogado German Realpe, experto en derecho informático y nuevas tecnologías, para averiguar qué tan posible es que Uber esté violando alguna de las reglas de las telecomunicaciones en Colombia. A su juicio, “Uber no está violando ninguna regla de uso del espectro, ni alguna otra norma de comunicaciones“.

Realpe anota que el MinTIC no estaría en posición de prohibir o restringir herramientas tecnológicas, sino todo lo contrario: “La ley 1341 de 2009 obliga al Ministerio TIC a promover el uso de servicios digitales y aplicaciones”, escribió.

Algunas voces han manifestado que la actividad comercial que se realiza por medio de aplicaciones móviles podría no ser legal. En un post en su blog, Realpe anota que, desde 1999, “se permite realizar transacciones por internet, aplicaciones móviles o cualquier medio de servicio electrónico, y esto con toda la validez jurídica y probatoria“. Sin embargo, en su charla con ENTER.CO, el abogado añadió que “otra cosa son las reglas de transporte, donde sí se pueden discutir varias infracciones”, especialmente en relación con la regulación de los carros ‘blancos’ de servicio especial.

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