Aunque Colombia aparece entre los países latinoamericanos con mayor adopción de inteligencia artificial, apenas el 22% de la población utiliza este tipo de herramientas de manera consciente. Aun así, la tecnología comienza a ganar espacio en sectores donde la carga operativa se volvió difícil de manejar para una sola persona.

Uno de ellos es la propiedad horizontal. Administradores de conjuntos y edificios enfrentan hoy jornadas cada vez más saturadas por tareas repetitivas: responder PQRS, redactar comunicados, enviar convocatorias, organizar actas y hacer seguimiento a cartera o mantenimientos.

La presión aumentó en muchos casos por la reducción de personal administrativo. Eso dejó a miles de administradores asumiendo solos procesos que antes se repartían entre varios cargos.

La IA empieza a aparecer en la vida diaria de los conjuntos

La llegada de asistentes basados en inteligencia artificial busca aliviar parte de ese trabajo operativo. Algunas plataformas del sector ya permiten generar borradores automáticos de comunicados, responder solicitudes frecuentes o crear actas de reuniones en pocos minutos.

El cambio puede parecer menor, pero termina impactando directamente a los residentes. Una administración con menos carga manual puede responder más rápido, organizar mejor la información y reducir retrasos en comunicaciones o procesos internos.

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El uso de estas herramientas también toca un punto sensible para quienes viven en propiedad horizontal: la trazabilidad de la información. En Colombia, muchos procesos deben dejar evidencia de cuándo se enviaron, quién recibió el mensaje y qué contenido fue notificado.

Por eso, la discusión ya no gira únicamente alrededor de si la IA reemplazará empleos. El debate se mueve hacia otro lado: cómo usarla sin perder control humano ni respaldo legal.

Daniel Laverde, vocero de la plataforma Properix Colombia, aseguró que la automatización no elimina la responsabilidad del administrador. Según explicó, la intención es reducir tiempo invertido en tareas repetitivas para que las personas puedan concentrarse en decisiones y gestión de la comunidad.

El verdadero reto no es tecnológico

La expansión de la IA en este sector también deja ver una brecha más amplia. Aunque millones de personas usan herramientas impulsadas por inteligencia artificial sin notarlo —como motores de búsqueda, filtros de correo o recomendaciones en plataformas digitales— el uso activo todavía sigue siendo bajo.

En propiedad horizontal, el desafío no parece estar en aprender a usar un chatbot, sino en cambiar hábitos de trabajo que llevan años funcionando de la misma manera.

Las nuevas herramientas incluso permiten que un administrador dicte por voz el tipo de comunicado que necesita y la plataforma genere un primer borrador automáticamente. Luego, el texto puede revisarse, corregirse y enviarse dentro del mismo sistema.

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Eso reduce el tiempo frente a una hoja en blanco, pero también abre preguntas sobre dependencia tecnológica, protección de datos y revisión humana de documentos sensibles.

La tendencia empieza a tomar fuerza especialmente en ciudades con alta concentración de conjuntos residenciales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde la administración de copropiedades mueve miles de procesos diarios.

Para quienes viven en edificios o conjuntos, el cambio podría sentirse primero en algo simple: respuestas más rápidas, menos demoras administrativas y comunicaciones más organizadas. La inteligencia artificial, al menos en este sector, empieza a dejar de verse como una tecnología lejana y se acerca cada vez más a problemas cotidianos.

El RITEL existe desde 2018 y nació para asegurar que cada vivienda nueva en propiedad horizontal cuente con la infraestructura necesaria para que los usuarios tengan opciones reales de conectividad. En la práctica significa que dentro de un edificio las redes están preparadas para que varios operadores ofrezcan servicios sin que un único proveedor tenga el control.

La actualización entrará en vigor en julio de 2026 y busca simplificar el reglamento y adaptarlo a las condiciones actuales de la construcción y la tecnología. Esto implica reglas más claras para diseñar, instalar y certificar las redes internas de telecomunicaciones, con el objetivo de que el proceso sea más práctico para constructores y operadores, y más beneficioso para las familias.

Entre los cambios más importantes está la manera en que se calculan ductos, gabinetes y cajas de acceso en las edificaciones. Las fórmulas fueron optimizadas para que sean más fáciles de aplicar y se adapten a distintos tipos de proyectos, desde viviendas de interés social hasta construcciones de mayor escala.

También se ajustaron definiciones clave como las canalizaciones, las cámaras de entrada y las cajas de conexión del usuario. Estos cambios hacen que las inspecciones y certificaciones sean más rápidas y menos costosas, sin comprometer la calidad de la infraestructura.

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El proceso de actualización fue participativo. La CRC recibió comentarios de operadores como Claro, Tigo, Telefónica y ETB, además de gremios como CAMACOL y ASOTIC. Muchos manifestaron inquietudes sobre la reducción de dimensiones en ciertos espacios o sobre cómo garantizar la neutralidad tecnológica en un país donde aún conviven redes de fibra, coaxial y satelital.

La CRC respondió que los ajustes se apoyan en estudios técnicos elaborados junto a la Universidad Nacional. La idea es lograr un balance entre eficiencia en la construcción y capacidad de crecimiento futuro. Es decir, se busca optimizar el espacio y los costos, pero sin sacrificar la posibilidad de que varios operadores entren a prestar servicios en una misma copropiedad.

Un principio que no cambia es el de la libre elección. El reglamento asegura que hasta seis operadores puedan acceder a la red de un edificio. Esto fortalece la competencia y evita que un proveedor monopolice a los residentes. Para los usuarios significa precios más competitivos, mejores alternativas y un servicio más confiable.

La norma también conserva especificaciones para la captación y distribución de la Televisión Digital Terrestre. Así se garantiza que cualquier familia pueda acceder a la TV abierta en buenas condiciones técnicas. Además, se hicieron ajustes en las normas de seguridad y en los procesos de certificación para dar mayor claridad a quienes diseñan y construyen.

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Más allá de lo técnico, el RITEL es un instrumento para cerrar brechas de conectividad en el país. Una red interna bien diseñada puede marcar la diferencia entre tener internet estable para teletrabajo o educación virtual, o quedarse con un servicio limitado que no soporta las necesidades actuales.

Con esta actualización la CRC busca que las familias puedan elegir libremente a su operador y que los constructores cuenten con reglas claras y prácticas. Se trata de un paso clave para que las viviendas nuevas estén realmente preparadas para un país cada vez más digital.