La decisión no elimina el aumento de manera definitiva, pero sí exige que el nuevo decreto cumpla estrictamente con los parámetros establecidos en la ley. El alto tribunal considera que el porcentaje adoptado debe estar soportado en criterios técnicos verificables y en la fórmula prevista para estos casos.

¿Qué está pidiendo el Consejo de Estado?

El tribunal exige que el ajuste tenga como base principal la inflación causada en 2025, medida a través del Índice de Precios al Consumidor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año. A ese dato debe sumarse la productividad oficial certificada.

Además, el nuevo decreto deberá considerar la meta de inflación proyectada, el crecimiento del PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional. En otras palabras, el aumento no puede definirse únicamente como una decisión política, sino que debe responder a una estructura técnica sustentada.

Bajo la fórmula tradicional —inflación más productividad— el incremento estaría alrededor del 6% o 7%. Si se toma como referencia una inflación cercana al 5,3% y una productividad de 0,9%, el resultado sería aproximadamente 6,2%.

Esto implica una diferencia significativa frente al 23,7% decretado inicialmente.

La posición del Gobierno

El presidente ha defendido el concepto de “salario vital”, argumentando que la Constitución ordena proteger el poder adquisitivo del trabajador y que el Ejecutivo tiene la facultad de fijar el aumento cuando no hay acuerdo en la mesa de concertación.

Desde el Gobierno se sostiene que el decreto expedido sí incorporó variables económicas y que responde a un criterio social. También se ha anunciado que, por respeto a la decisión judicial, el Ministerio de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación para expedir el decreto transitorio solicitado.

El Ejecutivo insiste en que suspender un aumento que busca fortalecer el ingreso real puede afectar la demanda interna y, en consecuencia, el dinamismo económico.

Si se aplica estrictamente la fórmula técnica, el salario base quedaría cerca de $1.512.600, es decir, más de $238.000 por debajo del monto fijado en el decreto suspendido.

Es decir:

¿Qué muestran los cálculos?

• Con el decreto del Gobierno, el salario sube $327.405 y llega a $1.750.905.

• Si se aplica la fórmula tradicional (inflación 5,30% + productividad 0,91% = 6,21%), el aumento sería de $88.401.

El debate ahora no es solo jurídico, sino económico y político. De un lado está la interpretación constitucional que impulsa el Gobierno; del otro, la exigencia de un cálculo ajustado a los criterios legales vigentes.

La decisión definitiva del Consejo de Estado definirá si el salario mínimo de 2026 se mantiene en el nivel decretado o si se reduce a un rango cercano al 6%–7%, lo que cambiaría de forma sustancial el ingreso mensual de millones de trabajadores en el país.

El concepto de salario vital, vigente en la Constitución de 1991 pero que no se había implementado en 34 años, busca garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias, reconociendo que la remuneración mínima no solo debe cubrir necesidades individuales, sino también las del núcleo familiar. Petro explicó que esta medida contempla los principios de igualdad de oportunidades, estabilidad laboral, irrenunciabilidad de beneficios y seguridad social, todos previstos en el artículo 53 de la Carta Magna.

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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un salario vital debe incluir componentes esenciales como alimentación suficiente y nutritiva, vivienda digna y servicios públicos, acceso a salud y educación, transporte y otros gastos cotidianos. En este marco, el salario deja de ser únicamente una variable económica y se convierte en una herramienta de justicia social, destinada a mejorar las condiciones de vida de los hogares trabajadores y a garantizar acceso efectivo a bienes y servicios fundamentales.

El presidente Petro enfatizó que el nuevo salario vital no afectará negativamente a las empresas ni al empleo, como algunos críticos han advertido. “Estas medidas buscan reducir la pobreza, aumentar el empleo y dinamizar la economía.

Si la población tiene mayor poder adquisitivo, la demanda se incrementa, las empresas venden más y necesitan más trabajadores”, señaló. Según el mandatario, el aumento real de 18,7 % supera lo logrado en los últimos tres años de gobierno y es un esfuerzo por democratizar la riqueza, alejándose de la concentración en grupos privilegiados.

El impacto sobre los trabajadores será significativo. Para quienes reciben el salario mínimo, el incremento garantiza un mejor acceso a bienes y servicios básicos, mayor estabilidad económica y capacidad de planificación familiar. Además, al integrar el auxilio de transporte dentro del salario vital, se busca reducir la presión financiera de los desplazamientos diarios, especialmente en áreas urbanas.

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Para las empresas, el gobierno ha indicado que no se trasladará el aumento salarial al consumidor a través de mayores precios. En cambio, se espera que los negocios se beneficien del aumento de la productividad y del consumo interno, generando un círculo virtuoso que fortalezca la economía y el empleo formal.

Petro concluyó que los dos millones de pesos representan “vida y dignidad” para los trabajadores y enfatizó que el salario vital es una medida histórica, que consolida un enfoque de justicia social y bienestar familiar en Colombia.

Con esta decisión, el país da un paso hacia una política laboral más equitativa, en la que el ingreso mínimo ya no solo cubre subsistencia individual, sino que busca garantizar condiciones de vida dignas para toda la familia, fortaleciendo tanto la economía como la cohesión social.