La idea es que una persona pueda autorizar que su información financiera sea compartida de manera estandarizada con otra entidad para recibir una oferta, acceder a un crédito o encontrar un producto que se ajuste mejor a su perfil.

Pero hay una diferencia importante: que las finanzas sean “abiertas” no significa que los datos queden disponibles públicamente.

El sistema colombiano establece que el consumidor debe autorizar previamente, de manera expresa e informada, el acceso y tratamiento de sus datos personales. Además, puede negarse a compartirlos, actualizar o revocar la autorización y solicitar explicaciones sobre el uso que se haga de esa información.

La transformación tiene ahora una fecha importante. En abril de 2026, el Gobierno expidió el Decreto 0368, que modificó el marco de las finanzas abiertas y estableció un sistema obligatorio para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Hasta entonces, el país tenía un modelo voluntario establecido desde el Decreto 1297 de 2022. La nueva regulación busca que las entidades vigiladas actúen bajo unas reglas comunes para compartir información y que el mercado pueda aprovechar esos datos de manera más amplia.

¿Cómo funcionaría para una persona?

El ejemplo más sencillo es el de alguien que necesita un crédito.

Supongamos que una persona tiene ingresos constantes, utiliza una cuenta bancaria desde hace años y ha cumplido puntualmente con sus obligaciones, pero quiere solicitar financiación en otra entidad. En lugar de empezar de cero, podría autorizar que esta segunda empresa consulte determinada información financiera que ya existe sobre ella.

El sistema contempla información sobre productos y servicios a nombre del consumidor, datos asociados a su vinculación con las entidades e información sobre las características de los productos ofrecidos. Dentro de los productos incluidos están los de depósito, crédito, seguros e inversión.

En determinados casos, la información sobre productos a nombre del titular puede incluir su historial transaccional de los últimos 12 meses. Si la relación con la entidad es más reciente, puede abarcar todo el historial disponible.

Esto podría permitir que una empresa tenga una visión más completa del comportamiento financiero de un potencial cliente. Para un deudor, eso puede traducirse en más posibilidades de encontrar una oferta de crédito, seguros o inversión acorde con su situación.

No significa, sin embargo, que una persona tenga garantizado un préstamo o una tasa más baja. La decisión seguirá dependiendo de las políticas de cada entidad y de la evaluación que haga sobre el riesgo.

El cambio también afecta a las empresas

Para las entidades financieras, el cambio implica dejar atrás sistemas en los que buena parte de la información permanece encerrada dentro de cada organización.

El Decreto 0368 establece que los participantes deberán utilizar mecanismos de intercambio automático de información mediante APIs, bajo estándares comunes de arquitectura, seguridad y tecnología definidos por la Superintendencia Financiera.

Esto abre espacio para nuevos servicios. Una empresa podría, por ejemplo, construir herramientas que permitan comparar productos financieros o desarrollar soluciones que utilicen información autorizada para ofrecer productos más ajustados al perfil de cada consumidor.

También cambia la competencia.

Si una entidad puede acceder, con autorización del cliente, a información que antes estaba concentrada en otra institución, el consumidor tendría más facilidad para comparar alternativas. La Superintendencia Financiera señala precisamente que uno de los objetivos del sistema es aumentar la competencia y la innovación, además de favorecer la inclusión financiera y crediticia.

El modelo no está limitado exclusivamente a los bancos. La regulación contempla entidades vigiladas de diferentes segmentos y permite la participación de terceros no vigilados bajo esquemas voluntarios y las condiciones establecidas por la normativa. Esto abre la puerta a una participación progresiva de actores como fintech e insurtech.

¿Y qué pasa con los datos de los deudores?

Aquí aparece uno de los aspectos más sensibles.

Tener más información sobre una persona puede ayudar a una entidad a evaluar mejor su capacidad financiera. Pero también significa que una empresa puede construir un perfil mucho más detallado de sus hábitos económicos.

Por eso la regulación establece que los datos deben ser precisos, completos, actualizados y pertinentes. También incorpora un principio de trato no discriminatorio y exige mecanismos de seguridad y ciberseguridad para evitar accesos o usos no autorizados.

El consumidor conserva además derechos sobre esa información. Puede conocer la autorización que otorgó, obtener una copia, revocarla o actualizarla y pedir una explicación sobre el uso que se hizo de sus datos. La autorización tampoco puede convertirse en una condición para recibir un producto o servicio financiero.

La protección no es un detalle menor. La Superintendencia de Industria y Comercio recuerda que el tratamiento de datos personales debe contar, como regla general, con autorización previa, expresa e informada, además de respetar principios como finalidad, transparencia, calidad y circulación restringida.

Colombia todavía no tiene un sistema completamente desplegado

Aunque el Decreto 0368 ya está vigente, el sistema obligatorio todavía se encuentra en fase de implementación.

La Superintendencia Financiera debe definir los estándares técnicos, tecnológicos, funcionales y operativos. En junio de 2026 realizó las primeras mesas técnicas con representantes de 153 entidades, entre vigiladas y actores no vigilados, para recoger información y construir el cronograma de implementación.

La hoja de ruta contempla una implementación gradual.

Según la Unidad de Regulación Financiera, primero se definirán los estándares técnicos, en un periodo de seis meses. Después comenzarán a operar el Directorio de Participantes y los indicadores de seguimiento. Finalmente, cada categoría de información tendrá un plazo de hasta 12 meses, contado desde la expedición de su estándar, para que sea exigible el acceso efectivo a esos datos.

La Superintendencia ya tiene en trámite un proyecto de Circular Externa 10 de 2026 para actualizar las reglas del sistema a partir del nuevo decreto. Al 30 de julio de 2026, el proyecto continúa abierto para comentarios hasta el 10 de agosto.

Por eso, hablar hoy de que todos los datos financieros de los colombianos ya circulan entre entidades sería incorrecto. El país está construyendo la infraestructura y las reglas para que eso ocurra de manera gradual.

El siguiente paso va más allá de los bancos

El Gobierno también plantea una transformación más amplia.

La Unidad de Regulación Financiera explica que el sistema obligatorio de finanzas abiertas es apenas un primer paso hacia un esquema de datos abiertos para la inclusión financiera y crediticia.

Ese modelo podría incorporar progresivamente fuentes de información de otros sectores. Entre los desafíos mencionados por la URF están la coordinación entre banca, servicios públicos, telecomunicaciones, salud, información tributaria y empresas fintech e insurtech.

La intención es que información que hoy se encuentra dispersa pueda ayudar a caracterizar mejor a personas y pequeños negocios que tienen dificultades para demostrar su capacidad de pago ante una entidad financiera.

Ese punto es especialmente relevante para quienes tienen poco historial bancario.

Una persona que no ha utilizado muchos productos financieros puede resultar difícil de evaluar para un banco tradicional. Si en el futuro el sistema permite utilizar otras fuentes de información autorizadas, podrían aparecer nuevas formas de evaluar el riesgo y ampliar el acceso al crédito.

Pero ese avance también plantea una pregunta que Colombia tendrá que resolver: ¿hasta dónde debe llegar el uso de los datos para evaluar a una persona sin convertir su vida digital y financiera en un expediente permanente?

La regulación intenta responder mediante consentimiento, seguridad, calidad de los datos, transparencia y derecho a revocar las autorizaciones. Sin embargo, la efectividad de esas garantías dependerá de cómo se implementen los estándares técnicos y de la capacidad de las autoridades para vigilar a quienes participen en el ecosistema.

En ese sentido, Open Finance no consiste simplemente en abrir las bases de datos de los bancos. El verdadero cambio está en permitir que la información financiera pueda moverse entre entidades de forma estandarizada y segura, pero manteniendo al consumidor en el centro de la decisión.

Colombia ya dio el salto regulatorio hacia un modelo obligatorio. Ahora comienza la parte más compleja: construir la infraestructura, establecer los estándares y conseguir que esa circulación de datos produzca más competencia y acceso al crédito sin convertir la información financiera de los ciudadanos en un recurso disponible sin límites.

El objetivo de DaTIC es acercar la información al público general y promover la transparencia en el sector. Los usuarios podrán consultar desde las cifras nacionales hasta el comportamiento de un municipio específico, con la posibilidad de aplicar filtros por operador, tipo de servicio o tecnología.

Esta nueva herramienta forma parte de la estrategia de datos abiertos Postdata, una plataforma que ya ofrece más de 200 conjuntos de información del sector. Con DaTIC, la CRC busca facilitar el acceso a estadísticas actualizadas y confiables que ayuden a entender mejor cómo avanza la conectividad en el país.

Una radiografía abierta del internet y la conectividad

A través de gráficos, tablas y mapas interactivos, DaTIC muestra información sobre ingresos, accesos, tráfico y cobertura de los principales servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, el portal permite visualizar que en el segundo trimestre de 2025 se registraron más de 9,6 millones de accesos a internet fijo, con un crecimiento del 8,1 % frente al año anterior.

Los datos también revelan que la telefonía fija continúa su descenso, con una caída del 10,9 %, mientras que la televisión por suscripción perdió alrededor del 2,6 % de sus usuarios. Estas cifras pueden consultarse por región, operador o tipo de tecnología, lo que ofrece una visión precisa del estado de la conectividad en cada parte del país.

De acuerdo con Claudia Ximena Bustamante, comisionada y directora ejecutiva de la CRC, el propósito de DaTIC es “fortalecer la usabilidad de la información y facilitar el análisis para el público no especializado”. Esto significa que no se requiere ser experto en telecomunicaciones para navegar y comprender los datos.

La herramienta también incluye definiciones básicas —como qué significa “acceso” o cómo se mide la cobertura—, lo que permite a cualquier usuario interpretar correctamente la información. Con unos pocos clics, se pueden generar comparaciones entre departamentos o visualizar la expansión de la fibra óptica en el país.

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Más allá de su utilidad técnica, DaTIC se convierte en un insumo valioso para investigadores, periodistas, autoridades locales y ciudadanos que quieran conocer cómo ha cambiado la conectividad y qué retos enfrenta Colombia en su camino hacia la digitalización.

El lanzamiento de DaTIC marca un paso importante en la política de apertura de datos públicos. Al reunir información verificada directamente de los operadores, la CRC busca que la ciudadanía tenga una visión clara y objetiva del sector, promoviendo así una cultura de decisiones basadas en evidencia.

Con DaTIC, los números dejan de estar ocultos en informes técnicos y se transforman en conocimiento útil. En un país donde la conectividad define cada vez más las oportunidades, tener acceso libre a estos datos es una forma de entender cómo avanza el presente digital de Colombia.

En primer lugar, los datos abiertos consisten en la publicación de diferentes bases de datos del gobierno y empresas privadas. Estos datos son expuestos al público para que las empresas y ciudadanos comprendan qué, cómo y cuándo suceden diferentes situaciones en su entorno. Por lo tanto, los datos abiertos en nuestro país tienen que ver con información de negocios, registros, patentes, marcas, licitaciones públicas, información geográfica, legal, metereológica, datos sociales y de transporte.

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“Los datos abiertos promueven la transparencia, la rendición de cuentas y la creación de valor al poner la información gubernamental a disposición de todos. Los organismos públicos producen y comisionan enormes cantidades de datos e información, y al publicarla a disposición de los ciudadanos, se vuelven más transparentes. Al fomentar el uso, la reutilización y la distribución gratuita de conjuntos de datos, los gobiernos promueven la creación de empresas y los servicios innovadores centrados en el ciudadano”, aseguró Daniel Quintero, viceministro TI.

Impulso a los datos abiertos

En Colombia, la tendencia de los datos abiertos ha sido impulsada a través de la estrategia de Gobierno en Línea. Por eso el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha sido el abanderado ya que desde 2011 ha venido trabajando para que seis años después, Colombia ocupe el cuarto puesto por detrás de Corea, Francia y Japón.

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Finalmente, vale la pena recordar que esta es la segunda vez que el país participa en esta medición desde que solicitó su ingreso a la OCDE. Así, se evidencia una mejora en la posición de Colombia en este escalafón. Recordemos que en 2015 ocupó el onceavo lugar y los resultados de este año corresponden a lo realizada en 2016.

Imagen: iStock.

Diego Gómez, un biólogo egresado de la Universidad del Quindío, fue acusado en 2013 de violación de derechos de autor. ¿La razón? Encontró en Facebook una tesis de maestría de la Universidad Nacional de 2006 y la subió a internet.

Por este acto, Gómez ha enfrentado un juicio de más de tres años que este miércoles dio un giro bastante positivo para quienes creemos en el acceso libre al conocimiento: Gómez fue absuelto en primera instancia. De acuerdo con la Fundación Karisma, la organización civil que ha acompañado a Gómez en este proceso, no solo ganó la idea de que compartir no es un delito (De allí el hashtag que por estos días inunda las redes sociales: #CompartirNoEsUnDelito), sino que lo sucedido es un llamado a abrir el debate acerca de cómo circula la ciencia y sobretodo sus datos.

El acceso libre y abierto

En una columna de 2014, Carolina Botero Cabrera -abogada experta en derechos de autor en entornos tecnológicos e integrante de la Fundación Karisma- explicaba que el auge del ‘acceso abierto’ busca evitar que el conocimiento científico (que cambia vidas e impacta el desarrollo) quede atrapado por años en las lógicas de las publicaciones y los reconocimientos egoístas.

Además, Botero argumentaba por qué lo que hizo Gómez no es un delito y considerarlo de esta forma resulta ilógico: “Diego no plagió la obra, no hizo “piratería”, nunca tuvo ánimo de lucro, solo la compartió con fines académicos. Si los jueces se quedan en la letra del código, sin mirar lo que los abogados llamamos “antijuridicidad”, van a procesar a muchos Diegos. Eso, al final, no puede estar bien…”.

Así las cosas, la posibilidad de que Gómez pudiera enfrentar de cuatro a ocho años de cárcel, más multas, es hasta cierto punto ‘antiprocedente’; y hoy no nos queda más que felicitar al equipo de la Fundación Karisma, a los abogados del caso -Claudio Zambrano, Luis Bernardo Alzate y Germán Realpe (este último es columnista de ENTER.CO)- por su defensa; y por supuesto a Diego, que ha sido claro en manifestar: “el derecho de autor asume lógicas de mercado alejadas del propósito central de la investigación científica, que es dar a conocer y multiplicar el conocimiento para el desarrollo humano”.

Entre otras cosas ¿De qué era la tesis?

Como lo dijimos previamente, Diego Gómez es biólogo y la tesis que compartió era sobre biodiversidad. Su pasión y la de su grupo de investigación en la Universidad del Quindío era precisamente este tema, y al no encontrar en la biblioteca de su universidad textos de herpetología (rama de la zoología que estudia a los reptiles y anfibios), buscaba en internet la información más especializada que encontraba para compartirla con sus compañeros.

Sin embargo, el fondo de la discusión no es que la Universidad del Quindío carezca de libros, sino que -tal y como lo afirma Carolina Botero- “para ser serios en materia de biodiversidad, nuestros científicos deben contar con esta información” y hoy en día todavía nos enfrentamos a la pregunta ‘¿cómo hacer para que el saber y los conocimientos sobre las especies que conforman la biodiversidad sean también información pública?’. El Sistema de Información en Biodiversidad (SIB) es un gran adelanto, pero hace falta más.

Por amigos que trabajan en el Congreso de la República me enteré de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes (Proyecto de Ley 208 de 2016c) que pretende crear una ‘Mediateca Nacional’. Esta sería una institución pública, abierta y gratuita que albergue de manera análoga y digital toda la información que se deriva de nuestra biodiversidad y ancestralidad (usos, saberes y prácticas ancestrales y campesinas). La información sería traducida a paletas de color, bancos de texturas, sonidos y formas, fotografías en alta resolución, videos, documentos científicos, entre otros formatos. Interesante ¿no?

Imagen: Fundación Karisma.

La semana pasada estuvimos hablando de código abierto a raíz del Red Hat Summit 2017. Les explicábamos que una de las diferencias de este modelo respecto al software libre es que se concentra más en el acceso al código fuente que en las cuestiones éticas que persiguen los promotores del software libre.

Y hacíamos la aclaración porque muchas personas (me incluyo en este grupo) confundíamos ambos conceptos, creyendo que se referían a lo mismo. De igual forma sucede con los datos abiertos u Open Data. Datos abiertos no es lo mismo que código abierto o software libre. Los datos abiertos, de acuerdo con la organización Open Knowledge International, son “los datos que pueden ser utilizados libremente, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona, sujetos solo, como mucho, al requisito de atribuir y compartir”.

De esta forma, aunque la palabra en común es ‘abierto’ y su significado constituye, de cierto modo, toda una filosofía de trabajo (colaboración, equipos de desarrollo, innovación, experimentación) -que cada vez permea más a la sociedad moderna- en esta nota nos concentraremos en la importancia de la información a la que todos podemos acceder en internet.

¿Por qué de unos años para acá los datos abiertos están cobrando tanto importancia? Porque Open Data se está convirtiendo en un movimiento digital o en una metodología de trabajo a la que se están sumando los gobiernos y las instituciones públicas de todo el mundo, para poner los datos que administran a disposición de las personas, sin restricciones de copyright, patentes u otros, y en formatos que permitan su reutilización para cualquier fin, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones.

Datos abiertos para promover la transparencia

Expertos en el tema aseguran que Colombia tiene aún mucho camino que recorrer en materia de datos abiertos. Para Carlos Infante, director de Kudos, una empresa de desarrollo dedicada a construir herramientas tecnológicas para que las empresas sean más productivas y predictivas, es fundamental entender cómo los datos abiertos contribuyen a la conformación de una sociedad más incluyente y de un gobierno más transparente.

Kudos elabora mapas interactivos a partir de datos abiertos que ayudan a los ciudadanos a conocer situaciones o realidades que los afectan. Una muestra de ello es ‘Tras la pista de los dineros públicos’, ‘La historia del Bogotazo’ o ‘Mortalidad en Colombia’. Además, Infante es docente de geomática en la Universidad Distrital.

La transparencia es precisamente uno de los campos en los cuales los datos abiertos pueden aportar mayor precisión. Sin embargo, las organizaciones públicas se muestran rezagadas respecto a la disponibilidad de sus datos. Esto, a pesar de una ley, la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 o ‘Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional’, que invita a dichas instituciones a publicar esta información.

La Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional fue elaborada con el fin de coordinar con las entidades del gobierno y el sector privado los temas de infraestructura y competitividad para el desarrollo del país; fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoque diferencial; fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad, derechos humanos, paz y post-conflicto a nivel nacional y regional; promover el desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos, compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia administrativa; proporcionar la seguridad integral, el apoyo logístico, el cubrimiento y el suministro informativo al Presidente de la República; y fortalecer la institucionalidad a través de mejores prácticas en la gestión de procesos administrativos.

Como estrategia para contrarrestar la corrupción

Pero tal vez la razón más apremiante que impulso esta ley fue la corrupción. Siendo así las cosas ¿qué está evitando que las instituciones del gobierno tengan su información disponible en la red? ¿Podemos conjeturar acerca de que algunos proyectos no desean, en definitiva, que la ciudadanía los vigile y el Estado los controle?. Les dejo la reflexión.

Además, tal y como lo comenta Infante, “Nuestro país, como lo saben muchos, es un país poco predictivo que prefiere curar sobre la marcha. Pocas personas saben que cada que un consorcio va a construir una carretera, debe realizar un estudio de suelos y analizar otras condiciones del terreno en donde va a construir. El estudio genera datos valiosos sobre las características topográficas y productivas de ese lugar. Sin embargo, el consorcio no está obligado a compartir esa información con el Estado para que este la libere, y en caso tal de que la carretera no se haga -por las razones que ya conocemos- llega otra empresa y ordena un estudio nuevo. En conclusión, se contratan dos estudios millonarios para el mismo fin, se configura un doble gasto y los datos se dispersan. A organismos como la Agencia Nacional de Tierras, Catastro o el Instituto Agustín Codazi (Igac) les sería realmente útil esta información. Y a las personas que habitan allí, ni se diga”.

Las iniciativas locales que ya lo están haciendo

Existe un ejercicio de datos abiertos bastante representativo en el ámbito local y es la plataforma de datos abiertos que lidera el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). En noviembre de 2016, el Ministro David Luna encabezó el relanzamiento de esta herramienta, en el marco del evento AbreLatam + ConDatos, y comentó que dicha plataforma consta de más de 3.000 conjuntos de datos provenientes de 900 entidades del Estado.

Sin embargo, como lo comenta Andrea Olaya, exdirectora de Catastro y asesora del Igac, un buena cantidad de los datos aportados por las instituciones del gobierno están desactualizados o corresponden a diagramas y gráficos incompletos que te muestran un fenómeno concreto ‘por encima’. “En el caso de tierras, por ejemplo, nos podemos topar con mapas que te indican las zonas en donde la población se encuentra asentada, pero no cuántas personas conforman esa población asentada en un lugar específico del territorio o a qué se debe su desplazamiento hacia ese espacio. La ausencia de datos más precisos complica la prevención y la planeación. Demora la toma de decisiones”.

Ahora bien, la falta de datos ‘de calidad’ claramente no es una responsabilidad del MinTIC, que cumple con poner en marcha la Ley 1712 de 2014 y contribuir con esto a sentar las bases de una economía digital. De acuerdo con Olaya, la falta de datos más específicos se debe en su mayoría a que no existen políticas o programas claros dentro de las organizaciones del Estado que fomenten la generación y el procesamiento de los datos, su actualización y posterior publicación. “En algunas entidades se levanta la información y luego se archiva”, agregó Olaya.

Otro factor que influye es el recurso humano que administra los datos en las organizaciones estatales. “Nos encontramos con directores de área o grupos de ingenieros acostumbrados a trabajar de forma reservada y tradicional, que no tienen tiempo para publicar los datos, que no perciben la importancia de esto o que no lo pueden hacer porque las organizaciones para las cuales trabajan perciben un ingreso de la venta de la base de datos que han reunido a otras instituciones públicas”. Sí, venta de bases de datos, así como lo oyen, y sin importar el nivel de actualización de la información.

Otro buen ejemplo

El segundo ejercicio que vale la pena resaltar es #DataJam2017 de Desarrollo Rural, un evento ocurrido el pasado 27 y 28 de abril. Se trataba de una actividad de innovación abierta que buscaba generar respuestas creativas e innovadoras a los retos planteados en relación con el desarrollo rural en Colombia, a través del análisis y el uso de un conjunto de datos abiertos que estuvieron disponibles para los participantes.  Esta actividad fue organizada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el MinTIC.

En el desarrollo del evento participaron 27 equipos interdisciplinarios, conformados por actores o conocedores del sector rural (comunidad rural, entidades que promueven el desarrollo rural u otro perfil cuya labor profesional esté relacionada con el desarrollo del campo); científicos o analistas de datos (matemáticos, programadores con trabajo en bases de datos y afines); y creativos (diseñadores gráficos o industriales, personas de cualquier profesión que estén interesadas en aportar sus ideas a esta iniciativa). Los equipos contaron con 1.680 minutos para crear soluciones a tres retos ligados al desarrollo rural: Producción agropecuaria, transformación económica territorial e inversión rural.

¿Quiénes ganaron? El primer lugar lo obtuvo la organización Colombia Rural, Joven y Productiva con un incentivo de 10 mil dólares. El segundo lugar lo ocupó la organización M&M Montes de María, que recibió un incentivo de 6 mil dólares y el tercer lugar fue para la empresa Green Hat, que accedió a un incentivo de 4 mil dólares. Por su parte, el #DataJam2017 contó con aliados como ESRI Colombia, Científicas de Datos, RedHat, Tableau– IT Perfoma, Telefónica Movistar, IBM, El Tiempo, Fundación Corona y BogoDev.

Datos abiertos y su relación con las ciudades inteligentes

Como ya se pudieron dar cuenta, es posible relacionar datos abiertos con el concepto de ciudades inteligentes. No obstante, estoy segura de que también notaron que dotar de cámaras de videovigilancia una ciudad o promover el uso de una aplicación que te muestra las rutas de buses no es suficiente para decir que habitamos una ciudad inteligente. Para Carlos Infante, una ciudad inteligente tiene que ver más con la idea de las ‘Sociedades Espacialmente Habilitadas’.

De acuerdo con el documento ‘Sociedades Espacialmente Habilitadas’ de la Federación Internacional de Topógrafos (FIG) y la Asociación Mundial de Infraestructuras de Datos Espaciales (GSDI): “Las necesidades de las sociedades son cada vez más de escala mundial y requieren de datos espaciales e información sobre sus tierras, agua y otros recursos – sobre y bajo tierra – para supervisarlos, planificarlos y administrarlos de manera sostenible. Los datos espaciales y la información, la administración de la tierra, la ordenación de la tierra y la gobernanza de la tierra desempeñan un papel crucial en esto. La habilitación espacial es un concepto que agrega ubicación a la información existente, desbloqueando así la riqueza del conocimiento existente sobre la tierra y el agua, su situación legal y económica, sus recursos, acceso y uso potencial y peligros. Las sociedades y sus gobiernos necesitan hacerse espacialmente habilitados para tener las herramientas y la información adecuadas para tomar las decisiones correctas. Una Sociedad Espacialmente Habilitada -incluyendo su gobierno- es aquella que utiliza y se beneficia de una amplia gama de datos espaciales, información y servicios como medio para organizar sus actividades relacionadas con la tierra y el agua”.

¿Ahora sí entendemos la importancia de los datos abiertos?.

Imágenes: Pexels.

Los análisis de datos como estrategias de productividad

En primer lugar, López afirmó que la efectividad del MSP (Marketing and Sales Productivity) se basa en responder de mejor manera las preguntas del negocio a través de modelos estadísticos.

Los sectores que manejan información profunda de sus clientes son los más propicios para implementar este tipo de estrategias. Así, es común que empresas como aseguradoras y del sector financiero sean los mayores ejemplos en este aspecto. Las estrategias de MSP y Big Data les permiten a estas entender el comportamiento de sus clientes y generar análisis para acercarse de mejor forma a ellos.

De acuerdo con López, la consultora Mckinsey lleva varios años hablando de cómo el Big Data puede impactar en la productividad de las compañías. En su más reciente reporte hace énfasis en la integración de datos para competir en el actual mercado. Para las empresas es necesario entender a sus clientes desde cada vez más aristas y por lo tanto es importante generar estas discusiones en diferentes entornos.

Los sectores que deberían implementar más estrategias de Big Data

A nuestra pregunta de cuáles son los sectores que necesitan mayor implementación de estrategias de datos, López afirma que el sector salud, el público y el de consumo masivo tienen grandes oportunidades.

En primer lugar, el sector salud tiene una gran riqueza de información y con estrategias de Big Data podría mejorar su rentabilidad.

Además, el sector público también tiene mucha información de los ciudadanos y debería usarla para unificar los servicios y lograr eficiencia en las políticas públicas. De hecho, el Gobierno ha expresado sus planes en este aspecto desde hace algunos meses.

Por último, López afirma que las empresas de consumo masivo también deberían implementar estrategias de Big Data, pues contrario a lo que se podría pensar, cada consumidor tiene comportamientos únicos frente a los productos que comercializan este tipo de compañías.

Cómo una empresa puede emprender en el mundo del Big Data

En primer lugar, no se necesita implementar una gran estrategia ni contratar a una consultora con una fórmula mágica, como afirma López. Una empresa debería primero usar lo que ya tiene, pero de una manera efectiva.

Muchas compañías están accediendo más fácil a este tipo de información, pero tienen problemas a la hora de organizarla. Así que lo que deben hacer es buscar que la información trabaje para ellas y no al revés. Es decir, “usar los repositorios de información de manera distinta, para equilibrar elementos como la oferta y la demanda, siendo prospectivos hacia el futuro”, como afirma López.

Es decir, una empresa comercializadora debe poder usar la información que se tiene para saber cuánto pedir a los proveedores y que no quede en la bodega mercancía que no se va a vender.

En este aspecto López piensa que las empresas deben definir sus preguntas de negocio y entender cómo la ‘data’ que tienen les sirve para responder estas preguntas. Por ejemplo, si la pregunta es ¿cómo ser más rentable?, se debería saber qué tipos de descuento se dan y cuál es el comportamiento de los canales cuando se utilizan o no estos descuentos.

Después de esto, es necesario definir cuál es la capacidad de accionar de manera diferente a esa información que la empresa recibe. Esta puede estar segmentada o no, pero al final debe servir para entender a los grupos de interés.

Por último, López hace énfasis en que el Big Data o la implementación del análisis de datos no debería verse como una moda, sino como una forma de actuar de las compañías.

Imagen: Jirsak (vía iStock). 

En el marco del evento AbreLatam + ConDatos, que se está llevando a cabo por estos días en Bogotá, David Luna -Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- dio a conocer la renovada plataforma de datos abiertos del gobierno colombiano, a través de la cual se pretende brindar información útil a emprendedores, empresas e instituciones que deseen participar en convocatorias o acceder a datos de decenas de entidades del Estado.

De acuerdo con Luna, esta plataforma hace más transparente la labor del Estado ante la ciudadanía, generando nuevas oportunidades para el emprendimiento digital y aportando a la inclusión social. “Los datos abiertos del Gobierno son un tesoro por explotar y se configuran como base de la Economía Digital”, agregó el Ministro.

Recientemente, el Ministro se ha referido en varias ocasiones al tema de la economía digital, por ejemplo, durante la rueda de prensa en la que esta cartera dio a conocer su estudio más actual sobre la relación de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas con las TIC, y de paso lanzó la nueva estrategia del programa MiPyme Vive Digital, que busca insertar a estas empresas en la era de la economía digital.

La plataforma alberga más de 3.000 conjuntos de datos provenientes de las 900 entidades que alimentan el sistema, y allí se han priorizado temáticas de interés nacional como movilidad, salud pública, calidad y cobertura educativa, cadena productiva del agro, ordenamiento territorial y seguridad ciudadana. Por su parte -en el home del sitio- el usuario encontrará tres categorías (Descubre, Publica y Conoce) que le permitirán observar gráficas, documentos e historias para investigar sobre situaciones concretas del país, desarrollar aplicaciones, entre otros.

Dentro de las herramientas de visualización con las que cuenta se encuentran tortas, barras, gráficos de dispersión y mapas de calor. Adicionalmente, el sitio permite compartir estas visualizaciones en redes sociales o tomar su código fuente y embeberlo en blogs y páginas web.

Imagen: Ministerio TIC Colombia (Vía Flickr) 

A los viceministros se les tiene reconocer el importante trabajo que hacen. En el caso del Ministerio de TIC, María Isabel Mejía y María Carolina Hoyos realizaron un excelente trabajo durante el tiempo que permanecieron en sus cargos.

María Isabel Mejía dejó en marcha un proyecto muy importante por su alto impacto en la transparencia que se le puede dar al Gobierno y sus entidades: el proyecto de Datos Abiertos. Según la Ley 1712 del 2014, Transparencia y del Derecho a la Información Pública, “datos abiertos son aquellos datos primarios o sin procesar que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y su reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear derivados de los mismos”.

Que todos podamos tener acceso a estos datos podría hacer que la rampante corrupción que tiene sofocado a este país se pueda detectar y reducir, y así garantizar que el erario público se pueda usar para mejorar la vida de los colombianos y no para enriquecer los bolsillos de los delincuentes.

Actualmente, Colombia es líder en datos abiertos en América y ocupa el cuarto lugar en el mundo según Open Data Index 2015. De acuerdo con el Open Data Barometer, nuestro país ocupa el puesto 28 en el mundo y en el cuarto en Latinoamérica.

El portal de datos abiertos en Colombia lleva más de cuatro años en operación y tiene 2.300 conjuntos de datos disponibles publicados por 600 entidades públicas de orden nacional y territorial.

Esta gran cantidad de datos se pueden usar para tapar sifones por los que se está filtrando ilegalmente la plata del Estado. Ya hay aplicaciones que acceden estos datos para ofrecerle beneficios a los colombianos y se han realizado estudios basados en periodismo de datos, como el que hizo El Tiempo para detectar y publicar los sitios en los que se toma la mejor y peor agua del país, lo que llevó a que los alcaldes, en especial el de Tamalameque, municipio que lideraba la lista de la peor agua, se pusieran al frente de este problema y comprometerse a solucionarlo.

Programadores, a desarrollar aplicaciones que permitan detectar la corrupción y detenerla y otras que nos ofrezcan buenos servicios, usando los datos abiertos publicados. Estos desarrollos le darían transparencia a lo que hacen las entidades del Estado así como permitirnos usar esos datos en beneficio nuestro.

guillermo.santos@enter.co

Imagen: TCmakephoto (vía Shutterstock).