Ahora, esa compañía está en el centro de una operación que involucra a Azteca Comunicaciones Colombia y parte de la infraestructura del Proyecto Nacional de Fibra Óptica. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un concepto técnico sobre la integración propuesta.

¿Qué quiere adquirir Comcel?

La operación contempla la adquisición de activos, derechos e infraestructura asociados con Azteca Comunicaciones Colombia y con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. El interés del Gobierno está especialmente relacionado con lo que podría ocurrir con esa red si pasa al control de Comcel, que compite en algunos mercados con operadores que actualmente utilizan esa infraestructura.

El punto que analiza el MinTIC no es únicamente quién será dueño de la red. También está la posibilidad de que otros operadores necesiten seguir utilizando esa infraestructura para prestar sus servicios.

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Por eso, el Ministerio identificó aspectos que deberán ser revisados, entre ellos las condiciones de acceso, la disponibilidad de capacidad, la calidad y continuidad de los servicios y el manejo de información comercialmente sensible. La preocupación adquiere mayor relevancia en municipios y rutas donde existen pocas alternativas de infraestructura.

El concepto también reconoce que ya existen mecanismos regulatorios y contractuales relacionados con el acceso y la no discriminación. Sin embargo, será la SIC la encargada de determinar cómo se aplican esas reglas frente a la operación y qué condiciones deberían establecerse si finalmente la autoriza.

Comcel y Claro: ¿son lo mismo?

Para el usuario, la respuesta práctica es sí: Comcel es la razón social y Claro es la marca. La propia compañía utiliza documentos legales en los que identifica a “Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A.” como “Claro”.

Por eso, aunque el comunicado del MinTIC habla de Comcel, la empresa involucrada es la misma compañía que los consumidores conocen como Claro Colombia.

Todavía falta una decisión. El concepto entregado por el MinTIC no aprueba ni rechaza la integración. La evaluación corresponde a la SIC. Además, incluso si la Superintendencia autoriza la operación, eso no significaría automáticamente que se pueda ceder el Contrato de Aporte No. 437 de 2011: esa parte deberá ser analizada por separado por el MinTIC y el Fondo Único TIC.

El caso, por tanto, pone sobre la mesa una pregunta que va más allá de la adquisición de activos: qué condiciones tendría que cumplir Claro, a través de Comcel, para garantizar que otros operadores continúen teniendo acceso a una infraestructura de fibra que resulta relevante para sus servicios.

Los municipios afectados incluyen a Quibdó, Istmina, Río Sucio y Tadó, entre otros, sumando un total de 13 localidades impactadas. La interrupción del servicio no solo afectó a los usuarios directos de Azteca, sino también a otros operadores que dependen de su infraestructura para prestar servicios de telecomunicaciones.

La Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio formuló un pliego de cargos a la empresa por, presuntamente, no cumplir con los parámetros mínimos de calidad exigidos a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST). También se investiga la posible omisión en la atención oportuna de los incidentes.

Este proceso administrativo se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley 1341 de 2009, que regula el marco de vigilancia del sector TIC en Colombia. Aunque la decisión de formular cargos no admite recursos, Azteca dispone de un plazo de 15 días para presentar pruebas, responder a las acusaciones o ejercer su derecho a la defensa.

Lo sucedido en Chocó pone en evidencia una problemática estructural; la fragilidad de la conectividad en las regiones más apartadas del país. Mientras el discurso oficial resalta la expansión de la cobertura digital, en la práctica, muchas comunidades siguen enfrentando desconexiones prolongadas sin una respuesta efectiva.

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Azteca Comunicaciones, responsable de un ambicioso contrato estatal para llevar fibra óptica a zonas rurales, ha estado en el centro de críticas desde hace varios años. En repetidas ocasiones, líderes locales han denunciado caídas del servicio, demoras en el mantenimiento y falta de comunicación con las comunidades afectadas.

El caso también resalta una tensión entre la inversión privada y la responsabilidad pública en los servicios esenciales. En territorios como Chocó, donde las brechas digitales se traducen en exclusión social y educativa, los cortes en el servicio de internet no son simples fallas técnicas: son interrupciones que afectan derechos fundamentales.

En este contexto, la actuación del Ministerio TIC adquiere una relevancia crítica. Más allá de la investigación puntual, se requiere una evaluación de fondo sobre los criterios con los que se adjudican y supervisan los contratos de conectividad, especialmente en regiones históricamente marginadas.

La respuesta de Azteca será clave para esclarecer si se trató de un hecho fortuito o de una falla sistemática en la operación. Pero también abre un debate urgente sobre la necesidad de garantizar redes robustas, sostenibles y verdaderamente incluyentes para todos los colombianos.

En un país que aspira a cerrar brechas digitales, no basta con instalar cables: se necesita vigilancia, compromiso y una visión equitativa de la tecnología como derecho, no como privilegio.

Imagen: Mintic