El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, calificó el hecho como “una acción terrorista” contra uniformados que adelantaban tareas de erradicación de cultivos ilícitos. El helicóptero, adscrito a la dirección antinarcóticos, había sido enviado para evacuar a policías emboscados en tierra. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, primero atribuyó el ataque al Clan del Golfo, pero luego señaló a una facción disidente del EMC liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

¿Qué tipo de drones se usan en la guerra irregular?

Aunque las autoridades no han revelado el modelo específico empleado en Amalfi, expertos consultados por medios internacionales coinciden en que no se trata de equipos militares sofisticados, sino de drones comerciales modificados para portar cargas explosivas.

Según The Wall Street Journal, Evan Ellis, investigador de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, explicó que “estas son tecnologías que simplemente no se pueden contener… la tecnología de drones es barata y fácilmente adaptable de uso comercial a militar”. Ellis ha estudiado cómo grupos como el ELN y las disidencias del EMC han implementado drones en su accionar, siguiendo tendencias vistas en Siria o Ucrania.

De acuerdo con El Colombiano, fuentes de inteligencia señalaron que el ataque en Amalfi ocurrió en dos fases: primero, un hostigamiento con tatucos contra los policías en tierra, y luego, un dron impactó el rotor de la cola del helicóptero, provocando la caída de la aeronave. Se atribuye la acción al frente 36 de las disidencias de las FARC.

El aumento de ataques con drones en Colombia

Los hechos de Amalfi no son un caso aislado. Según cifras citadas por el medio estadunidenses , desde el primer ataque con drones en Colombia en abril de 2024, el Ejército ha registrado 301 ataques con drones hasta la fecha. Más de dos tercios ocurrieron en los departamentos de Cauca y Norte de Santander, regiones cubiertas de coca y disputadas por múltiples grupos armados. Estos ataques han dejado al menos 22 policías y militares muertos.

Ellis, citado en ese medio, advirtió: “Se está convirtiendo en un problema cada vez más grave”, en referencia a la expansión de esta modalidad de ataque. Y añadió que “se puede intentar limitar el acceso a estas tecnologías, pero es realmente difícil impedir que grupos armados adapten drones de uso civil a fines militares”.

El País también ha documentado esta tendencia: entre 2018 y 2025, los drones pasaron de ser equipos de vigilancia a armas ofensivas. Hoy se utilizan en ataques de precisión, como drones kamikaze o de carga explosiva, con capacidad para transportar desde granadas hasta más de 50 kilos de material bélico en modelos modificados.

Un riesgo creciente para las operaciones en Colombia

La capacidad de los drones de atacar desde el aire cambia las reglas de la confrontación. En Afganistán, Siria y más recientemente en Ucrania, estos equipos han demostrado ser letales y difíciles de detectar. En Colombia, representan una vulnerabilidad para operaciones contra el narcotráfico, donde los helicópteros Black Hawk son pieza clave en la movilidad de tropas y la erradicación de cultivos ilícitos.

El atentado en Amalfi coincide con una región que, según Naciones Unidas, tenía más de 110 hectáreas de coca sembradas a finales de 2022. Allí confluyen intereses del Clan del Golfo y disidencias de las FARC, lo que convierte a la zona en un escenario de alta disputa armada.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó a las disidencias y criticó la política de paz total del gobierno Petro. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la lógica de la guerra contra las drogas: “Los muertos en la fallida guerra contra las drogas los pone Colombia”, dijo, subrayando que el costo humano recae únicamente en el país mientras las redes internacionales de narcotráfico permanecen intocables.

El hospital temporal había sido instalado por el gobierno de Gustavo Petro en conjunto con Médicos Sin Fronteras (MSF) para atender a la población del Micay, una zona de difícil acceso y altamente afectada por el conflicto armado y el narcotráfico. En total, el centro médico contaba con nueve carpas con capacidad para atender a 40 pacientes, constituyendo la única infraestructura sanitaria accesible para aproximadamente 32.000 habitantes de la región.

Según el presidente Petro, el ataque representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y fue llevado a cabo con la intención de impedir el acceso a servicios de salud para la población civil. En su declaración en la red social X, calificó a los atacantes como “traquetos” (narcotraficantes), subrayando su relación con el negocio del narcotráfico que impera en la zona.

Ahora bien, el ataque ocurrió en el poblado de El Plateado, uno de los principales bastiones del EMC. Según informes del Ejército, miembros del Frente Carlos Patiño desplegaron drones armados cargados con explosivos contra la infraestructura médica, generando una serie de detonaciones que causaron pánico y afectaron a los trabajadores sanitarios. Estos dispositivos no solo transportaban explosivos, sino que también fueron utilizados para dirigir ataques de forma remota, lo que demuestra un avance en la capacidad operativa de los grupos insurgentes.

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Aunque no hubo víctimas fatales, una trabajadora de MSF sufrió heridas leves, mientras que otros integrantes de la misión médica quedaron aturdidos por las explosiones. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que no hubo heridos graves ni muertes, pero alertó sobre el riesgo que representa este tipo de ataques para las organizaciones humanitarias que trabajan en la región.

Cabe mencionar que, las disidencias, que en el pasado estuvo en negociaciones de paz con el gobierno, se fracturó en 2024. La facción liderada por alias Iván Mordisco rompió los diálogos y ha incrementado su accionar violento contra las fuerzas estatales y la población civil. En respuesta a esta escalada, el gobierno de Petro ordenó una incursión militar en la zona en octubre pasado, buscando restablecer la presencia estatal.

El uso de drones armados en este ataque representa una escalada preocupante en las tácticas de los grupos armados ilegales. Esta tecnología permite realizar ataques con mayor precisión y menor riesgo para los combatientes, facilitando el hostigamiento contra objetivos estratégicos sin exponer directamente a sus fuerzas. Esta estrategia también ha sido utilizada por otras organizaciones criminales y guerrilleras, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantiene presencia activa en otras regiones del país.

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El aumento de la violencia en Colombia pone en riesgo la apuesta del gobierno por el desarme de los grupos insurgentes y la consolidación de la paz total. La falta de acuerdos sólidos con facciones como la de Iván Mordisco, sumada a la persistencia del narcotráfico como motor del conflicto, hace que el panorama de seguridad sea cada vez más incierto. Mientras tanto, la población civil sigue atrapada en medio del fuego cruzado, con cada vez menos garantías para su bienestar y protección.

Imagen: Generada con IA

El uso de drones por parte de grupos armados no es un fenómeno nuevo, pero su frecuencia y sofisticación han crecido de manera alarmante. Estos dispositivos no tripulados han sido empleados para realizar ataques, recolectar información estratégica e incluso transportar sustancias ilegales. Las autoridades colombianas identificaron que estas acciones representan un riesgo significativo no solo para la seguridad nacional, sino también para la población civil y la infraestructura crítica del país.

La implementación de tecnología antidrones tiene como objetivo mitigar estos riesgos. Este sistema incluye equipos capaces de detectar, rastrear y neutralizar drones no autorizados en tiempo real. Con esta tecnología, las fuerzas de seguridad podrían desactivar drones mediante interferencia de señales o capturarlos en pleno vuelo.

El Gobierno ha invertido 20.000 millones de pesos en los nuevos sistemas, “una inversión significativa que refuerza su compromiso con la seguridad de los colombianos”, comentó el Ministerio en el comunicado oficial. 

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“El sistema antidrones es una muestra del compromiso del Gobierno Nacional con la innovación tecnológica y la defensa de la soberanía. Esta inversión no sólo refuerza nuestra seguridad nacional, sino que posiciona a Colombia como referente regional en la lucha contra amenazas emergentes”, aseguró el ministro de Defensa, Iván Velásquez, citado en un comunicado.

Implicaciones para la seguridad y el futuro

La adopción de tecnología anti drones representa un paso adelante en la modernización de las fuerzas de seguridad colombianas. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre los límites de su uso y la necesidad de garantizar que estas herramientas no se utilicen de manera indebida.

Por otro lado, esta iniciativa también podría tener un efecto disuasivo. Al saber que las fuerzas de seguridad cuentan con la capacidad de neutralizar drones, los grupos armados podrían reconsiderar su uso, lo que ayudaría a reducir el número de incidentes.

imagen: Karl Greif