De acuerdo con la jueza, se desestimaron los cargos presentados por las autoridades norteamericanas, al considerar que la solicitud de extradición tenía fines políticos y no judiciales. Con esto, aseguró que Julian Assange no tendría un juicio justo en los Estados Unidos. También afirmó que el estado mental del acusado era clave y que la presión por parte del gobierno norte americano podría poner en riesgo su vida, con una alta posibilidad de suicidio y pocas garantías por parte del país para prevenirlo.

Assange provocó la ira de las autoridades en los Estados Unidos cuando Wikileaks publicó una serie de documentos, entre los que se encontraron pruebas de acciones contra los derechos humanos por parte de las tropas de USA y sus aliados en Medio Oriente. La obtención de estos documentos y su publicación le ganó a Julian Assange un total de 17 cargos, entre los que se encuentra espionaje y hackeo. Delitos que le aseguran una sentencia mínima de 175 años en prisión al australiano de 49 años.

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En 2012 Assange se refugió y solicitó asilo político en la embajada de Ecuador, en Londres. Allí permaneció, hasta el 11 de abril de 2019, cuando se le retiró la protección y nacionalidad otorgada y fue entregado de inmediato a las autoridades en el Reino Unido. Actualmente se encuentra detenido en la prisión de Belmarsh.

En el caso del mundo de la tecnología, los eventos de Wikileaks sentaron un precedente importante. Por un lado, la página compartió material clasificado que evidenció acciones  contra los derechos humanos por parte del ejército (por ejemplo, un ataque de un helicóptero a civiles desarmados, entre los que se encontraba un reportero de Reuters). También ha despertado un debate sobre la libertad de expresión y derechos de los periodistas en el contexto de lo digital, donde las políticas internacionales chocan con los límites físicos de las normas de cada país. También ha impuesto conversaciones sobre hackeo a información clasificada y los peligros para entidades gubernamentales que esto representa.

Imágenes: WikiCommons

La detención de Julian Assange, quien permanece asilado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido desde 2012, es arbitraria según los preceptos del derecho internacional. Esa es la conclusión a la que llegó un panel de la ONU que estudió el caso, cuyo veredicto fue filtrado este jueves por la BBC y confirmado oficialmente este viernes.

Como cuenta The New York Times, los gobiernos de Suecia y el Reino Unido –los países involucrados en el caso de Assange– habían sido informados de la decisión del panel previamente. Una vocera del sistema judicial sueco dijo que el veredicto no haría reversar la petición de extradición contra el hacktivista. La Policía Metropolitana de Londres, por su parte, declaró hace pocos días que, si deja la Embajada, “hará todos los esfuerzos por arrestarlo“.

A pesar de esta declaración, y aun cuando varias versiones señalan que la decisión no es de cumplimiento obligatorio, un abogado de la ONU llamado Cristophe Peschoux señaló que el dictamen “sí es legalmente vinculante“.

Suecia requiere a Assange en extradición para ser interrogado por una supuesta violación. El pedido llegó en momentos en los que el acusado se encontraba en Londres. El hacktivista y sus abogados consideran que, de cumplir con esa petición, correría riesgo de ser capturado y enviado a los Estados Unidos.

Más temprano, Assange dijo en el Twitter de Wikileaks que, si el panel decía que su detención era justificada, saldría de la embajada y se entregaría. “Pero si gano, y se prueba que los estados actuaron de forma ilegal, espero el retorno inmediato de mi pasaporte y la terminación de todos los intentos de capturarme“, añadió.

Assange y sus abogados ya habían llegado a un acuerdo con la justicia sueca para que el interrogatorio fuera en la sede de la Embajada, de modo que cumpliera con la diligencia sin correr riesgo de ser arrestado. Eso no ha ocurrido hasta ahora.

Imagen: Lord Jim (vía Flickr).