Gabriel Santos, presidente ejecutivo del gremio, también planteó cambios en el acceso al crédito, open finance y tributación. Según el dirigente, existe una mayor disposición del actual Gobierno para discutir medidas que favorezcan la competencia y la innovación financiera.

El 4×1.000 se retiraría por etapas y no de golpe

Un “desmonte gradual y progresivo” es la fórmula propuesta por Santos para el gravamen, que cobra cuatro pesos por cada mil sujetos al impuesto en movimientos financieros. La petición forma parte del capítulo de pagos e impuestos presentado durante el encuentro, junto con los cambios previstos para Bre-B.

En una entrevista con El Colombiano, Santos aseguró que ha mantenido “conversaciones fructíferas” con el Gobierno y calificó el impuesto de “barbaridad”. También señaló que en el Congreso existen iniciativas para desmontarlo y que el Ejecutivo busca simplificar el sistema tributario.

Aún no hay una hoja de ruta. Las declaraciones conocidas no establecen cuánto bajaría el impuesto en cada etapa, cuándo comenzaría la reducción ni cuánto tardaría en desaparecer. Tampoco explican cómo se compensaría el recaudo que dejaría de recibir el Estado, una cuestión relevante ante la situación fiscal del país.

Más competencia y crecimiento para aumentar el recaudo

Frente al reto fiscal, Santos plantea combinar la reducción del gasto con condiciones que impulsen la actividad económica. Su argumento es que una mayor competencia en el sector financiero podría ampliar el recaudo a través del crecimiento, sin imponer nuevas cargas a las empresas existentes.

Como ejemplo mencionó a Revolut. La Superintendencia Financiera autorizó el 31 de agosto de 2026 el funcionamiento de Revolut Bank Colombia como establecimiento de crédito. Santos atribuye al actual Gobierno haber acelerado ese proceso, una valoración que corresponde al presidente de Colombia Fintech.

La llegada de nuevas entidades ampliaría las alternativas disponibles en el mercado. El gremio considera que una mayor competencia puede beneficiar a quienes utilizan servicios financieros, aunque sus efectos sobre tarifas, productos y condiciones de crédito dependerán de la oferta que desarrollen estas compañías.

Bre-B tendría topes más altos y sumaría pagos del Estado

Santos considera que Bre-B ya cumplió una primera etapa de estabilización de los pagos entre personas y comercios. El siguiente paso sería ampliar su escala, levantar los topes y evitar que las entidades establezcan límites artificialmente bajos.

El sistema permite actualmente transferencias de hasta $12.110.000, equivalentes a 1.000 Unidades de Valor Básico (UVB) en 2026. Cada entidad puede fijar un monto inferior, limitar el número de operaciones o aplicar otros criterios por razones de seguridad, según el Banco de la República.

Otro cambio sería utilizar esta infraestructura para pagos del Estado, incluidos subsidios y nóminas públicas. Incorporar esas operaciones aumentaría el volumen de recursos que circula mediante pagos inmediatos y extendería el sistema más allá de las transferencias entre personas y comercios.

Para los pequeños negocios, Santos propone aprovechar el historial de pagos recibidos como información para solicitar financiación. El registro digital de esos movimientos podría aportar datos sobre la actividad de comercios que tienen dificultades para demostrar sus ingresos por otras vías.

También plantea simplificar los cobros para que el comprador no tenga que escribir manualmente el valor en una app y después mostrar la operación al comerciante. Santos mencionó experiencias desarrolladas en Brasil, aunque las fuentes conocidas no establecen fechas para implementar mecanismos similares en Colombia.

El efectivo y el crédito informal explican la presión por los cambios

El 79 % de los pagos en Colombia todavía se realiza en efectivo y la proporción alcanza el 82 % entre las mipymes, de acuerdo con las cifras presentadas por Colombia Fintech. A esto se suman las dificultades que enfrenta parte de la población para obtener crédito formal.

Las estimaciones sobre esa exclusión no son directamente comparables. Portafolio reportó que el 63,4 % de los adultos no tiene crédito con entidades formales, mientras El Colombiano recoge una cifra de 3 millones de colombianos por fuera de ese mercado. Las fuentes no detallan metodologías equivalentes que permitan relacionar ambos datos.

Parte de esa demanda termina en mecanismos informales como el llamado “gota a gota”. Durante el encuentro se mencionaron tasas de hasta 382 % para personas y 666 % para empresas. Santos sostiene que algunas reglas financieras dejan por fuera a perfiles considerados de mayor riesgo.

Entre los cambios solicitados está la metodología para calcular la tasa de interés bancario corriente. La propuesta consiste en segmentarla por producto y perfil de riesgo, en lugar de mantener un promedio único que agrupe distintas modalidades de financiación.

La tasa de usura también entró en la discusión. Santos argumenta que un límite más bajo reduce el costo para quienes consiguen financiación, pero puede disminuir la cantidad de créditos aprobados cuando el riesgo es elevado. Según su planteamiento, esto afecta especialmente a personas con ingresos informales o sin bienes que respalden una solicitud.

Open finance también entra en la agenda

Otro frente es open finance. Colombia Fintech pide un cronograma viable y un diseño técnico que permita avanzar en este modelo, basado en el intercambio autorizado de información financiera entre distintas entidades y servicios.

Santos considera que su desarrollo podría servir como paso previo hacia open data, donde el intercambio de información se extendería a otros sectores. En materia de crédito, contar con más datos puede aportar nuevas variables para evaluar solicitudes, aunque su alcance dependerá de las reglas, estándares técnicos y mecanismos de protección establecidos.

El ICA de Bogotá abre otro frente para las fintech

La discusión tributaria también llegó a Bogotá. Santos cuestionó el incremento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) propuesto para determinadas actividades financieras y lo calificó como un “impuesto anti emprendimiento”. A su juicio, una mayor carga puede afectar a compañías que todavía están creciendo.

Colombia Fintech advierte además que una tarifa más alta podría reducir los incentivos para invertir en empresas financieras instaladas en la ciudad. Se trata de la posición del gremio y no de un efecto demostrado de la modificación tributaria.

El Distrito sostiene algo diferente. La propuesta que avanza en el Concejo contempla para las principales actividades financieras una tarifa de 20 por mil en 2027, 19 por mil en 2028 y 18 por mil desde 2029. Actualmente parte de una tarifa de 14 por mil.

La Alcaldía señala que el ICA del sector financiero se calcula sobre una base especial y no sobre la totalidad de sus ingresos operacionales. Para el Distrito, el ajuste responde a la capacidad contributiva del sector; Colombia Fintech, en cambio, advierte sobre sus posibles efectos para la inversión.

La agenda presentada en Barranquilla deja varias propuestas sobre la mesa, pero ninguna decisión sobre el desmonte del 4×1.000. Para que avance todavía falta definir cuándo comenzaría, cuánto se reduciría en cada etapa y, especialmente, cómo se reemplazaría el dinero que dejaría de recaudar el Estado.

Imagen: Latam Fintech Market / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

El cambio más destacado es que, con el nuevo modelo, los colombianos podrán realizar movimientos financieros en varias cuentas sin que se les aplique el 4×1.000, siempre y cuando la suma total de sus transacciones no supere el tope mensual de $16,4 millones. En otras palabras, ya no será necesario marcar una cuenta como exenta, sino que se tendrá en cuenta el consolidado de todas las cuentas que posea el usuario en diferentes bancos o cooperativas.

Por ejemplo, si una persona realiza movimientos por $10 millones en una cuenta y $5 millones en otra durante el mismo mes, no tendrá que pagar el gravamen, ya que el total ($15 millones) está por debajo del límite. Sin embargo, si sus transacciones suman $20 millones, deberá pagar el 4×1.000 por el excedente de $3,6 millones.

Sin embargo, aunque esta iniciativa, definida en el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022, busca simplificar y unificar el recaudo del gravamen, enfrenta obstáculos importantes que podrían retrasar su entrada en vigor.

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Según valora Analitik, la falta de acuerdo entre los proveedores tecnológicos, es uno de los puntos algidos. El sistema requiere consolidar información de millones de transacciones a nivel nacional. Esto depende de dos actores principales: TransUnion, que maneja el 95% de las transacciones financieras del país, y Passport, que representa al sector cooperativo. La falta de consenso entre ambas empresas sobre tarifas y acceso a datos ha generado retrasos.

Incertidumbre en la infraestructura tecnológica: La interoperabilidad entre bancos y cooperativas aún no está garantizada. Esto significa que el sistema podría fallar al consolidar datos de manera confiable y eficiente.

Ausencia de liderazgo estatal: Hasta ahora, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), encargada de supervisar el proceso, no ha intervenido para resolver el conflicto, lo que aumenta la incertidumbre tanto para el sector financiero como para los usuarios.

¿Cómo me impactará?

De no implementarse el sistema a tiempo, los usuarios deberán seguir operando bajo el modelo actual, lo que significa mantener solo una cuenta exenta del 4×1.000. Esto afecta principalmente a quienes manejan múltiples cuentas para optimizar sus finanzas.

Por otro lado, la falta de un sistema unificado podría traducirse en menores ingresos para la DIAN, dificultando la financiación de programas sociales, y generar costos adicionales para los bancos y cooperativas.

Aunque la fecha oficial de implementación es el 13 de diciembre, expertos financieros consideran poco probable que el nuevo sistema esté listo para entonces. Una posible salida sería postergar la medida a través de un decreto o ley transitoria, lo que daría tiempo para solucionar los problemas técnicos y llegar a acuerdos entre los proveedores.

En cualquier caso, los usuarios deberán estar atentos a los anuncios oficiales y revisar cuidadosamente sus transacciones financieras para evitar sorpresas con este cambio.

Imagen: Andrzej Rostek