Por Carlos Cortés Castillo*

Detrás de la campaña ‘Libre y abierto’ que lanzó Google la semana pasada hay algo mucho más complejo que el ideal de luchar por un Internet abierto. Se trata de un pulso económico y político entre dos visiones distintas para el desarrollo de Internet y el sector de las telecomunicaciones. En este caso, el problema es quién manda en Internet, y cómo lo hace.

En una esquina está la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), una agencia de Naciones Unidas con sede en Ginebra que funciona con un esquema de participación público-privada de 193 países y más de 700 entidades (entre empresas y organizaciones). La UIT representa una visión tradicional y asentada del modelo de las telecomunicaciones previo a Internet, donde los dueños de las redes manejan el contenido según sea más conveniente para su negocio.

En la otra esquina hay varios actores. Uno de los protagonistas es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Dominios (Icann), que administra los Sistemas de Nombre de Dominio en Internet (DNS). Éste permite conectar las direcciones IP de todos los computadores con nombres específicos. En la práctica, gracias a ellos su computador sabe dónde ir cuando usted digita, por ejemplo, enter.co.

Icann es una organización sin ánimo de lucro basada en California, y funciona mediante procesos consensuales impulsados por la sociedad civil. Este modelo de gobernanza, donde la prioridad es el acceso y uso de la red, fue vital en la creación y fortalecimiento de Internet.

El round de Dubái.

En la reunión de la próxima semana en Dubái, la UIT quiere revisar el tratado sobre telecomunicaciones internacionales. Entre otros, se dice que discutirán temas como roaming en comunicaciones móviles, acceso a tecnología para personas con discapacidad e inversión en banda ancha, entre otros. La labor de este organismo en desarrollo de estándares para el sector ha sido fundamental.

Según sus detractores, la agenda real tiene dos objetivos: por un lado, que las empresas de telecomunicaciones –los ‘telcos’– recuperen el poder de antaño. Por el otro, que países con una hoja de vida negra en libertad de expresión y derechos humanos –como Rusia o China– tengan mayor control global sobre Internet. Una manera de hacerlo sería que la UIT asumiera las funciones de Icann.

Devolverle el poder a los ‘telcos’ se lograría si, por ejemplo, se formaliza un mecanismo para que estos les cobren a los proveedores de contenidos de Internet por llevar los datos al usuario (cosa que vienen tratando de hacer en algunos países). Es decir, que –por ejemplo– Google o Facebook les tengan que pagar a un operador, como Telmex o EPM, para que nosotros podamos acceder a este servicio desde nuestra casa.

Por supuesto, la mayoría de sitios de Internet –blogs, medios digitales, portales de grupos musicales– no tendrían músculo para sobrevivir y terminarían por desaparecer. Sería el fin de lo que conocemos como ‘neutralidad de la red’ y un estrechamiento radical de la libertad de expresión en línea.

Que la UIT haga parte de Naciones Unidas implica que está contaminada por la cultura del cabildeo privado, la negociación a puerta cerrada y la politización de sus decisiones. Pero también implica, y esto es importante en términos políticos, que tiene la bandera de legitimidad –así sea teórica y formal– de casi 200 países.

Icann puede mostrar la efectividad y transparencia de su gestión (al contrario de UIT, los documentos técnicos están abiertos para discusión y consulta). Sin embargo, en términos políticos su debilidad es la falta de legitimidad internacional de carácter formal. Por bien que funcione este sistema (y funciona bien), está inexorablemente ligado, para muchos, al poder imperial de Estados Unidos.

La UIT enfrenta un ambiente muy adverso de cara a la reunión de la próxima semana, por lo que es posible que no haya ningún un ‘golpe de Estado’. Y aún si hubiera una reforma radical del tratado, Internet no va a cambiar de la noche a la mañana. El cambio está en marcha, y ese punto suele pasarse por alto en campañas como la de Google.

En los últimos años la red enfrenta problemas en el sistema que se vende como perfecto: control de contenidos desproporcionado de parte de gobiernos democráticos, vigilancia y monitoreo poco transparente de la actividad de los usuarios (con fines comerciales o políticos), y una expansión de la brecha digital en muchos zonas. La pelea, tal vez, incluye ponernos de acuerdo sobre qué es lo que defendemos cuando decimos que defendemos el Internet abierto.

* Carlos Cortés Castillo es abogado y periodista, investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo (Argentina) y estudiante de maestría en Gobernanza de Medios de Comunicación en el London School of Economics. Fue director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia. Tuvo hasta hace poco un blog en La Silla Vacía y en Twitter lo encuentran como @CCortesC.

(El artículo estuvo varias horas sin la firma de su autor. Le pedimos disculpas por nuestro descuido)