La orden indica que Google debe suprimir de su motor de búsqueda la información privada de los usuarios que esté alojada en su servidor con el propósito de cuidar su privacidad.

El jueves, la empresa sostuvo que ya se encuentra disponible el formulario a través del cual los usuarios pueden enviar sus solicitudes, pero no ha dicho qué tan rápido removerá los enlaces que se ajusten al criterio de privacidad.

La decisión del TJUE pone a Google en una posición complicada, ya que la empresa tendría que interpretar el criterio propuesto por el Tribunal y definir qué es inadecuado, irrelevante o que ya no es relevante, para aplicarlo a la información.

En medio de la decisión hay una polémica. Quienes apoyan la libertad de información creen que no es aceptable que las personas públicas o los criminales puedan borrar la información sobre ellos que pueda ser considerada de interés público. En este sentido, la TJUE le permitió a Google aplicar un test basado en ese criterio que permita decidir qué información remover y qué información no remover. Por otra parte, los activistas del derecho a la privacidad consideran inaceptable que el derecho al olvido no beneficie a las personas de este perfil, y están en contra de que el buscador pueda tomar esas decisiones.