Para que se lleve a cabo este proceso, el usuario deberá enviar una petición al buscador indicando la información que quiere que sea suprimida, y podrá dirigirse a una autoridad competente en el caso de que la compañía no cumpla con el requerimiento.

Este fallo se logra gracias a que el tribunal estimó que cualquier persona tiene derecho a ser olvidada en Internet bajo ciertas condiciones, en particular cuando estos datos se consideren “inadecuados, no pertinentes, o ya no pertinentes desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido“.

Esto permite eliminar las huellas digitales dejadas en la web. La premisa del fallo es que los derechos de la privacidad de los usuarios tienen más valor que el interés general sobre el tema que los atañe. Es decir, por más de que exista el debate alrededor del tema, en el que se propone que la eliminación de dichos datos equivaldría a censura, priman los derechos de los usuarios.