Aunque la entidad sostiene que la fusión permitirá competir mejor contra Claro y mejorar la calidad del servicio, también reconoció riesgos que podrían afectar los precios y la competencia. Para mitigarlos, impuso medidas obligatorias que acompañarán el nacimiento de este nuevo gigante de telecomunicaciones.

Las reglas que la SIC impuso para autorizar la integración

El primer foco de atención está en el Roaming Automático Nacional (RAN), servicio del cual depende WOM para operar en zonas donde aún no tiene red propia. La SIC encontró que la empresa integrada podría aumentar estas tarifas, afectando los costos operativos de competidores más pequeños.

Para evitar esto, ordenó descuentos obligatorios entre el 12,5% y el 24,3% sobre la tarifa que hoy paga WOM. Esta reducción debe aplicarse desde el momento en que Tigo y Movistar comiencen a operar como un solo grupo, con el objetivo de proteger al usuario final de aumentos indirectos.

Los operadores móviles virtuales (OMV) también quedaron bajo supervisión. Como dependen por completo de redes ajenas, son especialmente vulnerables. La SIC impuso descuentos entre el 11% y el 46% en sus contratos de acceso y eliminó cláusulas que puedan restringir la competencia.

En los servicios móviles minoristas, la superintendencia expresó su preocupación por un mercado que quedará dominado por dos grandes actores: Claro y la empresa fusionada. Existe el riesgo de que se produzcan coordinaciones implícitas que afecten a operadores pequeños. Para reducir ese riesgo, la SIC prohibió campañas dirigidas específicamente a arrebatarles clientes y obligó a que los paquetes fijo–móvil detallen el precio individual de cada servicio.

En los servicios fijos, la SIC detectó 82 municipios donde la competencia podría reducirse. La empresa fusionada deberá mantener en esos territorios los precios de referencia usados en ciudades con competencia efectiva, como Bogotá, Popayán, Pasto y Soacha. También deberá conservar la calidad actual del servicio para evitar degradaciones.

Otro punto clave es OnNet, la red mayorista de fibra óptica donde Movistar tiene participación y poder de veto. La SIC temía que esto pudiera usarse para frenar rivales o acceder a información sensible. Como respuesta, impuso un esquema estricto de manejo de información y la empresa integrada renunció formalmente al derecho de veto en decisiones estratégicas.

Los riesgos que la SIC intenta evitar con sus condicionamientos

La entidad explicó que, aunque la unión de Tigo y Movistar ofrece beneficios como mayor eficiencia y mejor cobertura, también plantea riesgos claros para la libre competencia. El más evidente es la concentración del mercado móvil.

Con Claro por encima del 50% y la empresa integrada cercana al 40%, el país quedaría con dos gigantes capaces de influir en precios, empaquetamientos y estrategias comerciales. Esto, según la SIC, justifica las medidas preventivas aplicadas en segmentos móviles, fijos y mayoristas.

El organismo también busca impedir que la empresa fusionada tenga incentivos para bloquear o dificultar el acceso a infraestructura de fibra óptica. Por esa razón, la renuncia al veto en OnNet se consideró indispensable. La idea es evitar un cuello de botella que limite la expansión de internet fijo para otros operadores.

Además, la SIC quiere mantener la transparencia en ofertas comerciales. Al exigir que se detalle el precio de cada servicio dentro de un paquete, se evita que la empresa integrada use descuentos artificiales para desplazar a competidores más pequeños.

La respuesta de WOM: preocupación, advertencias y acciones legales

WOM fue el operador que reaccionó con mayor fuerza a la decisión. Stan Chudnovsky, uno de sus inversionistas, aseguró que la tarifa de RAN definida por la integración —entre 0,6% y 1,5%— “es la que más golpea al usuario”. Para la compañía, la SIC debió imponer tarifas más bajas que permitieran trasladar reducciones al consumidor final.

La empresa advirtió que la integración crea un mercado altamente concentrado, con dos empresas que superarían el 90% de participación combinada. WOM afirma que esto se traduce en un duopolio con la capacidad de elevar precios, disminuir oferta y afectar especialmente a los estratos 1 y 2.

Según la compañía, la decisión “crea un segundo monstruo” que aleja a Colombia de las mejores prácticas de la OCDE. Insiste en que esta estructura le da demasiado poder a dos actores y reduce la capacidad de operadores emergentes para competir en igualdad de condiciones.

WOM también recordó que ha invertido más de USD 40 millones para entrar al país, expandir cobertura y ofrecer más competencia. Por eso anunció que evalúa acciones regulatorias y legales para proteger tanto la libre competencia como el bolsillo de los usuarios colombianos.

La empresa asegura que no busca frenar los avances del sector, sino evitar que la competencia se debilite al punto de dejar el mercado móvil en manos de dos grandes compañías. De momento, estudian escenarios y mecanismos legales para responder a la aprobación de la SIC.

La integración Tigo–Movistar avanza, pero su impacto real se medirá en los próximos años. Entre condicionamientos, advertencias y vigilancia, el mercado colombiano entra a una nueva etapa donde los usuarios serán los primeros en sentir si estas medidas funcionaron o no.

Aunque la SIC impone condicionamientos para controlar los impactos, el análisis detallado del expediente muestra que la medida más crítica —el roaming— termina beneficiando a los grandes mientras asfixia a los actores regionales. El resultado, según expertos consultados y cálculos del propio documento, se parece más a una sentencia anticipada que a una garantía de competencia.

El punto más sensible es el del Roaming Automático Nacional (RAN). Allí se fija que los operadores pequeños deben pagar capacidad basada en 4 megabits, a pesar de que producir ese mismo megabit le cuesta prácticamente cero a la red compartida de Tigo y Movistar. Es un precio alto impuesto sobre un costo marginal casi nulo, una ecuación que solo favorece a quienes controlan la infraestructura.

Este desbalance convierte la operación minorista de los operadores pequeños en un escenario de pérdida asegurada. No pueden trasladar el costo al usuario sin volver sus planes prohibitivos y tampoco pueden negociar tarifas más bajas porque la resolución fija las condiciones del mercado mayorista. Así, la sostenibilidad de los regionales queda comprometida desde el diseño.

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Aunque la SIC afirma que sus condicionamientos buscan evitar abusos y proteger a los operadores pequeños, el documento muestra que buena parte de esas obligaciones coinciden con las propuestas iniciales de Tigo y Movistar. Esto indica que el gobierno adoptó, casi por completo, el modelo planteado por los dos operadores que se fusionan, sin introducir correctivos de fondo que permitieran equilibrar el terreno.

El resultado práctico es que los operadores pequeños dependen de un servicio mayorista cuyo precio supera su capacidad económica. La SIC prohíbe aumentos injustificados, pero no interviene en la estructura tarifaria que ya era lo suficientemente onerosa para limitar la competencia. Es una protección que llega tarde y que no corrige los incentivos del mercado.

Si un operador grande como WOM atraviesa dificultades financieras incluso con millones de usuarios y espectro propio, la situación para un regional con 20 o 30 mil líneas se vuelve prácticamente inviable. La resolución no solo aprueba la fusión, sino que normaliza un modelo donde los actores pequeños sobreviven únicamente como consumidores de una red que no pueden costear.

La lógica del mercado, tal como queda configurado, apunta hacia una reducción del ecosistema de operadores. Con precios mayoristas altos, limitaciones de espectro y altos costos fijos, los pequeños tendrán que decidir entre operar a pérdida, vender sus operaciones o desaparecer. Lo que se presenta como integración para ganar eficiencia termina convirtiéndose en una barrera de entrada y permanencia.

La resolución también reconoce riesgos para los OMV y PRST menores, pero confía en que los reportes y auditorías serán suficientes para evitar prácticas anticompetitivas. Sin embargo, estos mecanismos actúan después del daño y no corrigen la estructura de precios. El sector queda con vigilancia formal, pero sin herramientas reales para proteger a quienes ya están debilitados.

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Para los usuarios, especialmente en zonas rurales y apartadas, la pérdida de operadores regionales significará menos opciones, menos presión competitiva y, en algunos casos, menos cobertura efectiva. Para el país, implicará un retroceso en pluralidad y en el objetivo de ampliar la conectividad bajo múltiples modelos de operación.

La SIC autorizó la fusión, sí, pero lo hizo manteniendo un esquema de roaming que reproduce desigualdades y fortalece a quienes ya dominan el mercado. Para los pequeños operadores, esta no es una simple integración empresarial: es la crónica de una muerte anunciada. La competencia seguirá existiendo, pero solo para quienes pueden pagar el costo de permanecer.

En teoría, la unión busca fortalecer a dos compañías que enfrentan deudas, caída de ingresos y dificultades para sostener su infraestructura. Ambas argumentan que solo trabajando juntas podrán competir en un mercado dominado por Claro, que concentra más de la mitad de los usuarios y casi el 60 % de los ingresos del sector.

Pero el dilema no se reduce a una ecuación financiera; de la decisión de la SIC depende si el país avanza hacia una mayor competencia o si se consolida un duopolio que terminaría concentrando más del 90 % del mercado.

El presidente Gustavo Petro ha sido claro en que no quiere un país dominado por monopolios. Hace unas semanas escribió en X que la Constitución ordena “competencia, comunidades y Estado”, y que su instrucción a la SIC es atacar cualquier forma de cartel o concentración empresarial. Su mensaje dejó entrever que no habrá carta blanca para las grandes compañías, aunque el Gobierno tampoco ha tomado una posición pública definitiva.

El problema es que esta decisión llega en un momento crítico, pues los datos más recientes del ENTIC 2024 del DANE confirman que el 45 % de los colombianos no tiene conexión a internet por los altos costos. Eso significa que casi la mitad del país sigue desconectada, no porque no quiera conectarse, sino porque no puede pagarlo. Y si la competencia se reduce, ese número podría crecer.

Un país dividido entre los conectados y los que esperan señal

Las cifras oficiales dicen que el 70 % de los hogares colombianos tiene algún tipo de conexión, pero esa media nacional esconde una brecha profunda. En las grandes ciudades, el acceso es casi universal, mientras que en el campo apenas tres de cada diez personas logran conectarse. En muchas veredas, la señal llega débil, intermitente o simplemente no llega. Esa desigualdad digital refleja la misma fractura que atraviesa el país: un territorio con islas de modernidad rodeadas de desconexión.

En los barrios populares, las familias dependen de un solo celular con un plan prepago. Los jóvenes estudian con datos limitados, los adultos trabajan desde conexiones inestables y las pequeñas empresas no pueden digitalizarse. Mientras tanto, en los estratos altos hay fibra óptica, teletrabajo y hogares conectados a múltiples dispositivos. El acceso a internet se volvió un marcador de clase.

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La fusión de Tigo y Movistar podría agravar ese panorama si no se imponen reglas claras. Si solo dos compañías controlan el 90 % del mercado, los precios podrían subir y la innovación frenarse. Expertos advierten que en economías concentradas, las empresas pierden incentivos para mejorar su servicio y los usuarios quedan atrapados sin alternativas reales.

Mauricio Toro, excongresista y exdirector del Icetex, coincide. Dice que la CRC ha fallado en su papel regulador y que la confianza institucional está en entredicho. “Cuando el regulador no actúa, el mercado se acomoda solo, y eso suele ser en contra del usuario”, afirma.

Las opciones sobre la mesa y la posición de la Superintendencia

La SIC tiene tres caminos posibles. El primero, aprobar la fusión sin restricciones, lo que consolidaría a un segundo jugador con músculo suficiente para enfrentar a Claro, pero también dejaría a los usuarios a merced de un mercado cerrado. El segundo, aprobar con condiciones, imponiendo límites a la concentración, obligaciones de cobertura rural o topes en tarifas. El tercero, rechazar la operación, obligando a las empresas a buscar salidas distintas y, posiblemente, a enfrentar crisis financieras que pondrían en riesgo la estabilidad del sector.

En su más reciente pronunciamiento, la SIC afirmó que el análisis “se enfoca en los efectos sobre la competencia y el bienestar de los consumidores”. La entidad reconoció que esta no es una fusión cualquiera, porque sus efectos se extenderán a todo el ecosistema digital: desde los empleos indirectos hasta los ingresos fiscales del Estado.

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A esto se sumó la declaración de la superintendente Cielo Rusinque, quien aclaró que la Superintendencia no ha tomado aún ninguna decisión sobre la integración y que el proceso continúa en evaluación técnica. Según explicó, la entidad adelanta el control previo de la operación entre Tigo y Movistar con el objetivo de garantizar que no se generen afectaciones a la competencia. Rusinque precisó que las alternativas son tres: autorizarla si no afecta el mercado, aprobarla con condicionamientos para controlar los riesgos o objetarla si las afectaciones no pueden ser mitigadas.

La superintendente también pidió respeto por el trabajo técnico de la institución y subrayó que la decisión se tomará con base en la información recaudada y la participación de empresas, autoridades y terceros interesados, sin presiones externas ni juicios anticipados.

El desenlace de este proceso marcará la ruta del sector por la próxima década. Si la SIC aprueba la fusión sin controles, los usuarios podrían pagar más por menos servicio. Si impone condiciones firmes, el país podría ganar un equilibrio que garantice cobertura, precios justos y pluralidad.

A un mes del plazo final, el reloj corre y la incertidumbre crece; los operadores esperan una señal. Los usuarios, una garantía. Y el país, una decisión que demuestre si la competencia y la equidad digital son algo más que un discurso.

Imagen: Archivo ENTER.CO