La autoridad de protección al consumidor revisó el periodo entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, lapso en el que se habrían realizado cerca de 23.700 pedidos a través del portal oficial de Tesla. En ese proceso encontró situaciones que, según el análisis preliminar, podrían afectar la claridad con la que los usuarios toman decisiones de compra.

Retrasos en entregas y reclamos de usuarios

Uno de los puntos más sensibles está relacionado con los tiempos de entrega prometidos. La SIC señaló que más de 1.800 vehículos que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 seguían pendientes al cierre de abril.

Ese desfase abrió preguntas sobre la información publicada en la plataforma de venta, donde los compradores toman decisiones basadas en fechas estimadas y condiciones logísticas que no siempre se habrían cumplido.

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La Superintendencia también revisó peticiones, quejas y reclamos presentados por usuarios durante el mismo periodo. Allí encontró patrones asociados a demoras y falta de claridad en las respuestas entregadas por la compañía, especialmente en procesos de postventa.

Para la entidad, este tipo de situaciones puede afectar la confianza en el comercio electrónico de vehículos, un segmento que en Colombia todavía se encuentra en expansión y depende en gran parte de la transparencia de la información publicada en línea.

¿Qué tendrá que cambiar Tesla en Colombia?

Con la orden administrativa, Tesla Motors Colombia S.A.S. deberá ajustar varios frentes de su operación. El primero tiene que ver con la información sobre reservas, pagos y entrega de vehículos, que deberá ser más clara, verificable y coherente con la realidad logística del país.

También tendrá que fortalecer sus canales de atención al consumidor para la gestión de peticiones, quejas y reclamos, un punto que la SIC considera crítico frente al volumen de solicitudes reportadas.

Otro ajuste importante está relacionado con las garantías de los vehículos. La Superintendencia advirtió posibles inconsistencias en la forma en que se comunican estas condiciones a los compradores, lo que obliga a la empresa a detallar de manera precisa coberturas, tiempos y limitaciones.

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Además, la autoridad pidió revisar la información sobre la infraestructura de carga en Colombia. Según el organismo, los datos difundidos no pueden inducir a error ni generar expectativas que no correspondan con la disponibilidad real de la red en el país.

Si Tesla no cumple con estas órdenes, la SIC advirtió que podría enfrentar sanciones administrativas contempladas en el Estatuto del Consumidor, lo que abre un nuevo capítulo de vigilancia sobre la operación de la marca en el mercado colombiano.

Por ahora, la decisión deja a Tesla ante un reto inmediato: ajustar su comunicación comercial y operativa en un mercado donde la compra de vehículos eléctricos depende, cada vez más, de la confianza en la información que reciben los usuarios antes de pagar.

El impulsor de esta norma fue Mauricio Toro, excongresista y uno de los principales defensores del emprendimiento en el país. Toro recuerda que antes de la ley “una empresa grande podía decirte: te pago en 90, 120 o 180 días, y si no aceptabas, perdías el contrato”. Con la ley aprobada en 2020, ese tipo de prácticas son ilegales.

¿Qué dice la Ley de Pago a Plazos Justos?

La norma establece que ninguna empresa puede tardar más de 45 días calendario en pagarle a otra empresa una vez haya recibido el producto o el servicio contratado. El objetivo es claro: evitar que los grandes jugadores del mercado ahoguen financieramente a los pequeños proveedores que dependen de esos pagos para sostener sus operaciones.

El plazo de 45 días aplica desde la fecha en que el proveedor entrega el producto o termina el servicio, no desde que el área de tesorería o contabilidad “apruebe” la factura. En otras palabras, las empresas ya no pueden retrasar los pagos con excusas administrativas.

Si un comprador incumple este plazo, la ley permite que el proveedor exija una indemnización por los costos generados por el retraso, como intereses o gastos operativos derivados de la falta de liquidez. Y, aunque algunas compañías aún incluyen cláusulas que hablan de pagos a 90 o 120 días, esas condiciones son nulas de pleno derecho.

¿Por qué muchos aún no la aplican?

A pesar de que la ley fue aprobada en 2020 y reglamentada en 2021, todavía hay desconocimiento generalizado. En muchos casos, los proveedores no saben que pueden exigir el cumplimiento de los plazos o no se atreven a reclamar por miedo a perder el contrato. En otros, las empresas más grandes simplemente siguen aplicando sus propias reglas, aprovechando la falta de control o sanciones efectivas.

Mauricio Toro ha insistido en que el problema no es solo de legalidad, sino de dignidad económica. “Detrás de cada factura hay una persona que cumple, que produce y que merece respeto. Esta ley se trata de reconocer el valor del trabajo y de evitar que el flujo de caja de los pequeños empresarios se convierta en la caja de ahorro de las grandes corporaciones”, explicó en una de sus intervenciones recientes.

Más que una norma, una herramienta de equidad empresarial

La Ley de Pago a Plazos Justos nació para equilibrar la relación comercial entre grandes y pequeños actores del mercado. Para muchos emprendedores, 45 días pueden marcar la diferencia entre seguir operando o cerrar. Sin embargo, su efectividad depende de que los proveedores conozcan la norma, exijan su cumplimiento y denuncien los casos de incumplimiento.

El Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio son las entidades llamadas a vigilar que se cumpla la ley, aunque el proceso de fiscalización sigue siendo limitado. Por eso, el llamado de Toro y de otros defensores del emprendimiento es claro: difundir la información y empoderar a los empresarios para que hagan valer sus derechos.

“Mientras más personas conozcan la ley, menos empresas podrán seguir abusando del silencio de sus proveedores”, ha reiterado el excongresista.

Cuatro años después de su aprobación, la Ley de Pago a Plazos Justos sigue siendo un recordatorio de que el desarrollo económico también pasa por respetar los tiempos y el esfuerzo de quienes sostienen la economía productiva del país. Y que pagar a tiempo no es un favor, es una obligación legal y ética.

Más que una sanción, se trata de una medida administrativa preventiva, orientada a proteger la vida y seguridad de consumidores y empleados. Sin embargo, el impacto va más allá del cierre temporal: abre una discusión sobre los estándares de seguridad en la industria del entretenimiento y la gastronomía en Colombia.

¿Qué detectó la Superintendencia?

Las inspecciones realizadas el 10 y 11 de septiembre en ambos locales identificaron deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas. Entre ellas, se encontraron conductores expuestos a daños físicos, tableros de distribución con fallas, ausencia de protecciones contra sobrecargas y falta de ventilación adecuada en zonas con gas. También se reportaron uniones sin protección anticorrosiva y la ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos nacionales.

Según la SIC, estas condiciones representaban un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación, poniendo en peligro no solo a los visitantes, sino también a los trabajadores y proveedores que diariamente operan en los locales. Por eso, la entidad decidió suspender todas las actividades económicas: restaurante, bar, eventos artísticos, venta de alimentos y espectáculos.

El peso de los reglamentos técnicos

La medida se sustenta en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, normas que buscan garantizar la seguridad de las personas frente al uso de energía y gas. En palabras de la Superintendencia, el cumplimiento de estos estándares “es fundamental para prevenir accidentes derivados de la manipulación inadecuada de la energía eléctrica o el gas combustible”.

Además, la entidad recordó que incumplir los reglamentos o desobedecer las órdenes puede generar multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de $2.600 millones de pesos según la tasa actual.

¿Qué pasará con los restaurantes?

El cierre aplica hasta que la empresa demuestre que ha corregido todas las fallas y cumpla con los requisitos de seguridad establecidos. Solo después de presentar pruebas técnicas y certificaciones de cumplimiento podrá solicitar el levantamiento de la medida preventiva.

Mientras tanto, los locales no podrán operar ni realizar eventos, lo que supone pérdidas millonarias por cada día de cierre, además de afectar a decenas de empleados y contratistas. Para una marca que ha sido símbolo de la cultura gastronómica y festiva del país, el impacto reputacional también es significativo.

La respuesta de la empresa

En un comunicado, la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los establecimientos, aseguró que ya cumplió con todas las instrucciones impartidas por la SIC tras las visitas de septiembre y que este martes radicará los soportes técnicos que demuestran la corrección de las deficiencias. Según la compañía, los sistemas eléctricos y de gas fueron actualizados conforme a las exigencias reglamentarias.

No obstante, será la Superintendencia quien determine si las mejoras son suficientes para levantar las medidas. Hasta entonces, ambos locales permanecerán cerrados.

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Ahora bien, el caso de Andrés Carne de Res no es aislado. En los últimos años, la SIC ha intensificado las inspecciones a establecimientos que manejan altos volúmenes de público y utilizan equipos eléctricos o de gas. Estas medidas buscan prevenir tragedias, no reaccionar a ellas.

El cierre del restaurante más emblemático del país es, por tanto, un recordatorio contundente para el sector empresarial: la seguridad técnica no es un trámite, sino un pilar de la confianza del consumidor.

Entre las principales infracciones identificadas por la SIC, se destacan la vulneración del derecho de información, el incumplimiento de promociones ofrecidas, cobros por servicios no autorizados, la falta de continuidad y calidad en los servicios, así como la facturación de más de un período en una sola factura. Además, se detectaron problemas con el servicio pospago de Netflix, como la falta de información clara sobre sus características y condiciones, la activación del servicio sin la autorización del titular y la facturación por valores superiores a los pactados durante el proceso de fidelización.

La investigación evidenció que Claro no cumplió con diversas normativas legales y regulatorias, afectando a usuarios que confiaron en sus servicios. La empresa justificó algunas de sus acciones, como la desactivación de líneas móviles, argumentando que se trataba de medidas para prevenir fraudes, aunque la SIC consideró que tales prácticas violaban los derechos de los consumidores.

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Esta multa refuerza el compromiso de la SIC por proteger los derechos de los usuarios y garantizar que los servicios de telecomunicaciones se brinden con transparencia y calidad. Claro tiene la opción de interponer un recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y otro de apelación ante la Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor.

Este no es el primer problema que enfrenta Claro con la SIC. En 2023, la empresa fue sancionada con una multa de $730.800.000 por publicidad engañosa relacionada con una promoción de tarjeta SIM prepago. Claro defendió su actuación, asegurando que toda la información estaba claramente disponible en los términos y condiciones de los servicios ofrecidos.

Además, la SIC ha abierto investigaciones similares contra Claro y otras operadoras, como Movistar, por presuntas prácticas irregulares en el proceso de portabilidad numérica, como el uso de productos como el “Bono de fidelización” y “Datos plus”, que habrían dificultado a los usuarios el cambio de proveedor. Estas acciones subrayan el compromiso de las autoridades por asegurar que las empresas de telecomunicaciones cumplan con la normativa vigente y garanticen un mercado competitivo y justo.

Imagen: archivo ENTER

La plataforma de Reclama se compromete a proporcionar un acompañamiento experto respaldado por un equipo legal altamente especializado. Como parte de su lanzamiento, la startup ha anunciado un precio de asesoramiento inicial de $59.000 pesos colombianos. Esto permitirá a los usuarios acceder a orientación legal y apoyo durante el proceso de reclamación.

Según los datos más recientes de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el año 2022 se presentaron 300.934 quejas de los colombianos, quienes alegan la violación de sus derechos como consumidores. Las quejas se distribuyeron en varias categorías, con un 34% relacionado con temas de salud, un 20% asociado a servicios públicos y un 16% vinculado a garantías incumplidas en la adquisición de productos o servicios.

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No obstante, existe una cierta reticencia por parte de algunas personas a la hora de presentar reclamaciones, a pesar de tener razones legítimas para hacerlo. A menudo, el proceso puede parecer abrumador, y factores como la falta de conocimiento, la limitación de tiempo y los costos pueden disuadir a las personas de perseguir sus reclamaciones.

Julián Páez, CEO de Reclama, comentó: “Hemos observado un aumento constante en el número de reclamaciones durante los últimos tres años. Esta es la razón detrás de la creación de Reclama, una plataforma diseñada para orientar y asistir a millas de colombianos en asuntos relacionados con el consumo, vuelos y banca”.

Las personas interesadas en presentar reclamaciones relacionadas con vuelos, consumo o servicios bancarios pueden hacerlo a través de la plataforma. Páez concluyó afirmando: “Estamos seguros de que nos convertiremos en el mejor aliado para todos los consumidores y contribuiremos a mejorar el sistema de gestión de quejas en el país”.

Imagen: Unsplash

Publicidad engañosa, falta de respuesta ante las garantías y suplantación de identidad son algunos de los conflictos que más se presentan entre las empresas y los usuarios. Hasta el momento, los afectados se dirigían a la SIC para interponer derechos de petición, denuncias, tutelas, etc., para llegar a un acuerdo con la compañía denunciada. Eso ahora está cambiando con ‘SIC Facilita’, la nueva herramienta virtual de la entidad.

Vale la pena aclarar que, aunque SIC Facilita llegó con el fin de acelerar los procesos con ayuda de las alternativas tecnológicas, los ciudadanos pueden seguir haciendo uso de los procesos jurídicos si así lo desean. Eso sí, deben tener en cuenta que la resolución a este tipo de procesos puede tardar más días que la solución por medio de SIC Facilita.

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¿Cómo usar ´SIC Facilita’?

Los usuarios pueden dirigirse al sitio web de la entidad pública, donde encontrarán la sección ‘SIC Facilita’. Allí deberás registrarte como consumidor o como proveedor, llenando un formulario con tus datos personales o empresariales correspondientes. Luego de realizar el registro, deberás realizar una descripción con el debido reclamo que estás haciendo.

En este punto es necesario que verifiques la lista de proveedores que están inscritos en la SIC. Vale la pena recordar que, en teoría, todos los establecimientos que ofrecen productos y servicios en Colombia deberían estar allí inscritos. Al confirmar que la empresa a la que harás el reclamo está inscrita en la SIC, debes realizar el reclamo, en el que adjuntarás toda la información posible del caso.

Luego de recibir el reclamo, la SIC se pondrá en contacto con el proveedor y hará el respectivo seguimiento a la petición para que el ciudadano reciba una respuesta rápida y correcta. Si el proveedor no brinda una respuesta o la solución que brinda no es la mejor para el usuario, la SIC agendará una cita virtual. En ese espacio, la entidad opera como mediadora entre el proveedor y el usuario hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Por último, tanto la empresa como el usuario recibirán un documento oficial donde queda constancia del acuerdo pactado. Con este documento, ambas partes podrán exigir que se cumpla el acuerdo a cabalidad.

Imagen: Sora Shimazaki vía Pixabay

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó a través de su portal web acerca de la multa interpuesta a Claro. La compañía fue multada luego de que la entidad regulatoria comprobara que estaban enviando publicidad engañosa a sus clientes. En concreto, Claro estaría ofreciendo servicios ‘ilimitados’ que tenían algunas limitaciones.

La SIC argumenta que Claro entregó información confusa a través de piezas publicitarias en las que ofrecía una promoción de datos de navegación. Aunque no se aclara dónde aparecieron las piezas, la SIC adjuntó el mensaje que estas contenían “SIM Card prepago 3×3 beneficios”, “Disfruta durante 3 meses 21 GB; 7 GB cada mes + WhatsApp y Facebook ilimitados + minutos y SMS ilimitados”.

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Esta publicidad llevó a que los usuarios “cometieran errores” según la entidad regulatoria. La SIC determinó que la confusión se había presentado por la falta de claridad en la información entregada mediante la publicidad. Se encontró que el servicio de WhatsApp que se ofreció de manera ilimitada, solo funcionaba para algunas situaciones “de baja calidad”. Esto hace referencia a conversaciones, incluso el uso de la función ‘estados’ para compartir contenido y visualizar el de los demás.

Sin embargo, el funcionamiento de algunos servicios como las videollamadas podrían generar cargos o cobros adicionales a los usuarios, en algunos casos esta opción no estaba disponible.  Eso sí, la compañía de telecomunicaciones niega haber divulgado publicidad engañosa.

Desde Claro emitieron un comunicado de prensa que sostiene que la compañía no ha sido notificada con la decisión por parte de la SIC. Argumentan que procederán legalmente conforme a la ley, por lo que se espera una apelación por parte de la compañía. Para ello, Claro asegura que su publicidad no es engañosa, puesto que “toda la información se encuentra disponible en los términos y condiciones de cada uno de los servicios ofertados por la compañía y que actúa de manera transparente con sus clientes”, se lee en el comunicado.

Imagen:  Claro

Se trata del derecho de retracto, es decir, la devolución del artículo que haya comprado el usuario. La Ley 1480 de 2011 del estatuto del consumidor establece que todos los clientes tienen el derecho de retracto. Este derecho sí cobija la insatisfacción del usuario, pero no se puede ejercer en todos los casos.

Concretamente, en Cyberlunes, sí aplica el derecho ante el panorama de un producto que no cumplió las expectativas del usuario. Esto porque no hay un contacto directo entre el consumidor y el artículo. Para ejercer el derecho hay que contactarse directamente con la empresa con la que adquiriste el producto.

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Pero, si le quité la etiqueta al producto, ¿aún puedo acceder al derecho de retracto? Sí. No importa si el producto tenía bastante o poco descuento, si es nuevo o usado, en todos los casos tienes derecho a un producto que se ajuste a ti, a tus gustos y, por supuesto, que sea de buena calidad.

Eso sí, deberás hacer la solicitud de cambio en los siguientes 5 días, máximo 6; entonces, la empresa estará obligada a hacer el cambio del producto. En cuanto a la devolución de dinero, solo aplica en el comercio electrónico; en ese caso, las empresas tienen hasta 30 días para hacer la devolución. El costo de domicilio también debe correr por parte de las empresas.

En caso de que la empresa no responda ante la solicitud de retracto, podrás acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. La entidad es la encargada de regular este tipo de jornadas, allí podrás exponer tu situación y hacer todo el proceso de manera online o presencial.

Imagen: Cup of couple vía Pexels

La SIC emitió los lineamientos que deben seguir los usuarios afectados para poder guiarlos a la solución más óptima. En un primer momento, los usuarios podrán interponer una demanda ante la entidad por “presunta vulneración de sus derechos como consumidor”.

“En caso de haber comprado tiquetes de vuelos a la aerolínea Viva y haberse visto afectado por la suspensión de la operación aérea, puede acudir a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, para resolver su caso mediante la interposición de una demanda por una presunta vulneración de sus derechos como consumidor”, comentaron desde la SIC.

La Superintendencia aclaró que los usuarios que pongan la demanda deben tener en cuenta qué tipo de vuelo había adquirido. Aquellos que adquirieron vuelos nacionales, deberán interponer la demanda contra la sociedad Fast Colombia S.A.S. Por otro lado, si el vuelo es internacional, la demanda debe ir en contra de Viva Airlines Perú SAC.

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En cualquiera de los dos casos, la denuncia debe hacerse a través del aplicativo “Demande aquí” de la SIC, puedes acceder a través de este link o directamente en la página web de la entidad. Posteriormente, debe radicarse en el correo electrónico contactenos@sic.gov.co o si el usuario lo desea, puede radicarla de manera presencial en las oficinas de la Superintendencia en la carrera 7 # 31 A- 36, piso 3, en Bogotá.

Para que el proceso sea más ágil, la SIC recomienda que el afectado pida a la Superintendencia que: ”en su calidad de juez, decrete medidas cautelares encaminadas a obtener de manera anticipada, ágil y expedita una solución a su caso de manera previa a proferir la sentencia”. Esta petición se debe presentar junto con la demanda y por escrito.

Eso, según la entidad, puede culminar en una devolución del dinero o la reubicación del vuelo en otra aerolínea. Adicional a esto, la SIC explica que, mientras se solucione el problema, también cabe la posibilidad de que se cubran los gastos de alojamiento, transporte y alimentación.

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En concreto, la Superintendencia sostiene que Movistar emitió promoción de planes de internet, telefonía fija y televisión que incluían Netflix y Amazon Prime. El servicio que contaba con una cuenta para acceder a los servicios de la plataforma de Netflix tenía un costo de $75.990. Por otro lado, el paquete que incluía el servicio de Amazon Prime, tenía un costo de $99.990 pesos colombianos.

Sin embargo, la entidad sostuvo que Movistar desconoció el derecho de los usuarios a acceder, de manera oportuna, clara y precisa a la información de los servicios que estaban adquiriendo. Cabe aclarar que, además de ser un derecho de los usuarios, es un deber de las empresas informar los servicios que ofrecen.

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Dentro de la información que Movistar no aclaró a sus usuarios algunas exigencias adicionales para activar los servicios. Dentro de la publicidad que presentó la compañía, solo se veía el precio del plan y los servicios a los que podían acceder. Por ejemplo, los usuarios debían tener una cuenta de correo electrónico para poder ingresar a las plataformas. Así mismo, los paquetes ofertados incluían tres meses gratis de acceso a las plataformas, pero la compañía no cumplió con el no cobro de dichos meses a cientos de clientes.

Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que Movistar, en algunos casos específicos, cobró las plataformas de streaming sin una aceptación previa por parte de los usuarios. Esto, por supuesto, supuso un incremento en los planes ya contratados por los clientes. Ahora, la entidad sostiene que, además de pagar la multa, Movistar deberá reponer el dinero a los usuarios que no habían aceptado los servicios de plataformas, y a los que se les cobró los meses que no debieron ser cobrados.

Por su parte, Movistar no se ha pronunciado al respecto, pero cabe aclarar que en el proceso legal no cabe una apelación a la decisión de la Superintendencia.

Imagen: Wiki Commons

De acuerdo con la SIC, Movistar emitió publicidad engañosa y vulneró el derecho de los usuarios a la terminación de sus contratos. Específicamente, la campaña por la que fue multada Movistar es ‘IlimiDatos’ que incluía el servicio “Pasa Gigas pide y comparte tus datos con quien quieras”. Dicha campaña ofertaba planes por $63.868, $75.990 y $99.990 pesos colombianos, cada uno de ellos incluyó información que hizo creer a los usuarios que podrían compartir datos con líneas receptoras de cualquier modalidad, no importaría si eran prepago o pospago.

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Pero, desde la SIC se pudo establecer que las piezas publicitarias de esta campaña indujeron al error de comprensión por parte de los consumidores. Realmente, el servicio solo se podía compartir con otros usuarios pospago, de lo contrario no se podría compartir datos mediante el servicio. Por otro lado, la compañía vulneró y desconoció el derecho de los usuarios a terminar sus contratos cuando lo desearan. Así mismo, se determinó que Movistar obstaculizó el derecho de los mismos a presentar las respectivas preguntas, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).

“Se determinó que Movistar omitió información relevante dentro de las piezas publicitarias y sus términos y condiciones, situación que generó confusión en los usuarios (…) Asimismo, luego del análisis de estas piezas publicitarias se observó que Movistar no dio el trámite adecuado a las solicitudes de terminación del contrato de los usuarios que se sintieron engañados con esta oferta, y que para otros casos exigía documentos y requisitos no previstos dentro de la regulación para atender este tipo de reclamos”, dijo la SIC.  Por su parte, Movistar no se ha pronunciado al respecto.

Imagen: Wiki Commons 

Al parecer la empresa de telecomunicaciones no habría sido del todo clara en su campaña para los estratos 1 y 2. Como consecuencia de esta multa, la compañía tendrá que pagar la suma de 2.463 millones de pesos, según lo ordenado por la SIC. Luego de la investigación del ente de control, se determinó que Claro incurrió en publicidad engañosa al provocar un error, engaño o confusión de los usuarios. Por esta razón, acusó a la empresa de no divulgar la información exacta de la oferta. En la comunicación de la SIC se destacan tres omisiones que habría cometido Claro:

• Que estaba dirigida a los ciudadanos de los estratos 1 y 2, y a beneficiarios de la Ley 1699 de 2013. (Esto aplica para pensionados de la Fuerza Pública, con discapacidad y sobrevivientes de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional)
• Que solamente está dirigida a usuarios nuevos, es decir, que los titulares o miembros de la familia no hubieran contado un con servicio de internet fijo en los 6 meses anteriores.
• Que las tarifas de servicio de internet fijo corresponden a $8.613 (Estrato 1) y $19.074 (Estrato 2).

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La empresa responde

Por supuesto, la empresa reaccionó a través de un comunicado en el que asegura que va a adelantar todos los recursos legales necesarios para este caso. En la misma comunicación se asegura que Claro dio total cumplimiento a lo pautado en el acuerdo con MinTIC. Como resultado, afirma que más de 249 mil hogares ahora cuentan con internet fijo gracias a esta campaña. Claro desestimó la actuación de la SIC en este caso y aseguró que demostrará que no hay méritos para esta acción. Consideró que no es una acción que esté en firme por no haber sido notificado aún, por lo cual ejercerá su derecho a la defensa.

Imagen: Wikimedia.org

Esta iniciativa ha valorado 436 invenciones, 277 personas se han capacitado en temas de transferencia tecnológica y ha acompañado 55 propuestas en alistamiento. Con esta edición se espera seleccionar los proyectos más atractivos. Durante un año se hará acompañamiento para cerrar el proceso con un acuerdo de transferencia. Aunque el costo del acompañamiento a las iniciativas de innovación es de 40 millones de pesos, y el programa financia del 90 al 98 % de este valor, dependiendo del tipo de beneficiario.

Este programa cuenta con la cooperación de JOINN Red colombiana de OTRI. Por ello, su misión es ayudar a los colombianos que cuenten con una patente vigente o un trámite de patente para sus ideas de invención o modelo de utilidad. Quienes resulten seleccionados con este programa pasarán por una serie de cuatro etapas para acelerar el proceso de comercialización de su invención. Las etapas incluyen la primera selección de 75 invenciones que cumplan con los criterios establecidos. Adicionalmente, se aportará formación y preparación a través de un taller teórico/práctico, asesoría enfocado en facilitar la compresión de los procesos que ayuden a la explotación y comercialización de tecnologías.

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Superada la fase de preparación se hará una selección de beneficiarios que serán los 25 proyectos que serán acompañados en el proceso de alistamiento y gestión comercial. Finalmente, en la fase de Alistamiento tecnológico y gestión comercial identificará y validará los atributos estratégicos, comerciales y financieros de cada una de las invenciones. Así, las invenciones podrán ser promocionadas y negociadas con interesados.

Imagen: de DilokaStudio en Freepik.es

La notificación se dio a conocer a través del sitio web de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se asegura que aunque el ente regulador tuvo conocimiento de un par de denuncias interpuestas, nunca obtuvo evidencia que permitiera inferir que estas habían sido resueltas.

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Según el comunicado, “el operador sancionado incurrió en la omisión al deber de atender y contestar, en la oportunidad legal y de forma integral, las inconformidades presentadas por los usuarios”: una actitud administrativa que atenta contra los derechos de los consumidores que contemplan que sus peticiones sean atendidos y resueltas dentro de la oportunidad y legal, que sean contestadas de manera integral cada una de las pretensiones expuestas en las PQR y que las respuestas emitidas sean puestas en conocimiento de los usuarios.

El silencio administrativo se configura cuando el operador de servicios no contesta la PQR en un periodo de 15 días hábiles, o cuando responde, pero no pone la decisión adoptada en conocimiento del usuario, o cuando su respuesta es incompleta.

🚨Atención🚨 La #SIC impone multa de $245 millones a @ETB, por vulnerar el derecho que tienen los usuarios de acceder a las peticiones, quejas y reclamos – PQRs. Los detalles de la sanción aquí ➡️ https://t.co/l3MrrDxV1X pic.twitter.com/d09RNAw6m9

— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) April 18, 2022

Esta no es la primera vez que ETB es multada por no responder razón. En enero del 2021, la empresa debió pagar aproximadamente $104 millones de pesos por el mismo motivo.

Hasta marzo del 2021, ETB contaba con 904 mil clientes conectados a sus servicios fijos y con 322 mil que utilizan su propuesta de opciones prepago y pospago en telefonía móvil.

Imágenes: etb.com

El comportamiento de los colombianos también mejoró a comparación del año pasado, pues los reportes del Ministerio de Comercio indican que, pese a que en algunas ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y Manizales se han presentado filas para ingresar a los comercios, la mayoría de ellas han sido cortas y sin aglomeraciones. ¿La razón? Muchos compradores han preferido participar de la jornada desde sus casas. Según cifras que la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) entregó a Portafolio, hasta las 14:00 se habían registrado ventas virtuales por 342.568 millones de pesos.

📍 Bogotá | Almacén @Alkosto avenida 68

Reporte del #DíaSinIVA en las regiones del país 🇨🇴 pic.twitter.com/6M1ad3vNdT

— MinComercio Colombia (@MincomercioCo) October 28, 2021

Según un comunicado de la misma entidad, las filas virtuales en los e-commerce de los establecimientos han disminuido conforme han pasado las horas, alcanzando un promedio de espera de siete minutos. Lo anterior ha contribuido a mantener la estabilidad de las plataformas y ha logrado que los consumidores tengan una mejor experiencia de usuario a comparación del primer día sin IVA del año anterior.

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Respecto a las superficies físicas, el reporte más reciente de la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio emitido a las 12:50 de la tarde, dejó ver que, dentro de los principales problemas que registró la entidad en sus rondas inspección, se cuentan la falta de cumplimiento en los protocolos de bioseguridad en algunos establecimientos, y el aumento del valor de los productos antes de que iniciara la jornada.

El delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, @JCDuranTellez y su equipo de trabajo, verifican el Reglamento Técnico de Confecciones en establecimientos del el Centro Comercial Plaza de las Américas.#DíaSinIVA pic.twitter.com/hTbqokjdqx

— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) October 28, 2021

La CCCE también reveló que los productos más vendidos durante este primer día han sido los dispositivos electrónicos. Los preferidos han sido los celulares, computadores y televisores.

Las críticas hacia algunas superficies de comercio tienen que ver con que, antes de las jornadas y dependiendo del medio de pago, algunos ítems contaban con precios reducidos y cuando llega el día sin IVA, estos aumentan, pese a contar con la exención del 19 %. Esta situación ha generado en ciertas personas la sensación de gastar más de lo normal en un día pensado para dinamizar el comercio.

En @Alkosto el precio de la impresora Epson L3110 está más elevado en el famoso día sin iva. pic.twitter.com/RWrkGJh3KU

— Albert (@Albertserranoa) October 28, 2021

Cómo siempre las garzas ….miren la belleza de Homecenter guadañAdora eléctrica hace3 días 279.900 cualquier tarjeta y hoy 299.000 para pág día sin IVa pic.twitter.com/0One1GrXxw

— klaudiarb (@klaudiarb1) October 27, 2021

¿En dónde puede hacer sus reclamos si encuentra precios injustos?

La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada de hacer seguimiento a las quejas y los reclamos de los consumidores. Por eso, ha dispuesto algunas medidas para salvaguardar los derechos de los compradores en la jornada de hoy.

Una de ellas es la inspección que funcionarios de esta institución estarán realizando a distintos comercios en varias ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Neiva, Cartagena, Barranquilla, Popayán, Pereira y Bucaramanga.

Además de la anterior estrategia, la entidad también estará monitoreando las páginas web y redes sociales de establecimientos para detectar quejas de usuarios e incumplimientos en la comercialización de los productos que estarán libres del impuesto por 24 horas.

Tenga en cuenta que si desea hacer un reclamo por precios injustos o alterados, puede hacerlo a través del correo contactenos@sic.gov.co o mediante la app SIC a la mano.

El superintendente @andresbarretog invita a comerciantes y compradores de bienes y servicios a acoger las instrucciones y recomendaciones emitidas por la #SIC para un buen desarrollo de la jornada del #DíaSinIVA🇨🇴 pic.twitter.com/sNCq0ZX3Hv

— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) October 28, 2021

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Para corroborar el precio que debería pagar por un producto durante este 03 de diciembre, lo único que tiene que hacer es tomar el valor real del ítem y dividirlo entre 1.19; el resultado reflejará el precio final que debería pagar. Si por el contrario usted lo que quiere saber es el valor que se le está descontando con el beneficio, deberá tomar el precio real y restarle el valor que obtuvo de la anterior división.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que la compañía de telecomunicaciones Claro fue multada con $950 millones por hacer uso indebido de la portabilidad numérica para realizar campañas de marketing no autorizadas.

“Entre 2020 y 2021, la multinacional utilizó “la base de datos (…) donde se encuentran registrados la totalidad de los números de telefonía celular en el país para realizar campañas masivas de marketing”, señaló la Superintendencia en un comunicado.

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Según la SIC, unos 7,4 millones de usuarios de otros operadores recibieron “llamadas no autorizadas” con ofertas de Claro, que obtuvo ganancias de 3,5 millones de dólares por el uso indebido de la base de datos.

De acuerdo con la entidad, en Colombia existe una base de datos de portabilidad numérica creada por la Ley 1245 de 2008. Su finalidad específica es lograr la consecución de la portabilidad de acuerdo con el plan nacional de portabilidad bajo criterios técnicos estandarizados.

En ese sentido, la compañía ordenó a Claro dejar de utilizar los números telefónicos contenidos en la base de portabilidad numérica para realizar campañas de marketing para la captación masiva de clientes de otros operadores de telefonía celular. La empresa de telefonía cuenta con un plazo de 90 días siguientes a la ejecutoria de la resolución.

Esta es la más reciente sanción de una larga lista de penalidades ordenadas por la SIC contra Claro. El año pasado, ente el regulador le impuso una multa similar por omitir las solicitudes de cancelación de contrato de miles de usuarios. Además en enero, sancionó a este y otros operadores por desatender las quejas de sus suscriptores, entre otras.

Imagen: Archivo ENTER.CO

El anuncio lo hizo la SIC después de que los datos de 533 millones de cuentas de Facebook fueran publicados en Internet con información como el número telefónico, Facebook ID, nombre y algunos con correos electrónicos. Estos fueron obtenidos por cibercriminales debido una vulnerabilidad de la plataforma en agosto de 2019 y ya fue corregida de acuerdo con información de la empresa.

En Colombia hay 30 millones de usuarios de esta red social y según cifras de expertos de los 533 millones, 17 millones serían colombianas.

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La SIC como Autoridad de Protección de Datos Personales, ha iniciado investigación oficiosa a @Facebook ante las presuntas fallas de seguridad y filtraciones de datos que pueden involucrar a nacionales colombianos.
Conoce más en el siguiente link: https://t.co/VGKKFV9D4T pic.twitter.com/z52DzdARlg

— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) April 7, 2021

Aunque la red social insiste que esta filtración de datos es vieja y ya fue corregida; es importante resaltar que los usuarios afectados no fueron avisados y, por tanto, no conocen que sus datos pueden ser usados por los cibercriminales. Esta no es la primera vez que la lista sale al aire, un bot en Telegram estaba vendiendolos a cambio de tokens digitales.

Puedes leer el anuncia de la SIC en este enlace.

Imagen: Geralt (Vía Pixabay). 

La modelo y a DJ aseguró está semana en Instagram que la sustancia era “el remedio que te salva de vacunarte”. La SIC además le ordenó entregar la información del laboratorio que produce el dióxido de cloro que promociona en sus redes sociales y confirme su registro sanitario.

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La #SICSuper ordena a @NataliaParis_ cesar en todas sus redes sociales la promoción del dióxido de cloro para prevenir el contagio del COVID-19. Para más detalles acá te dejamos el comunicado de prensa👇👇👇 pic.twitter.com/PRp4hBfrPA

— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) January 27, 2021

Finalmente, París debe enviar “todas las publicaciones utilizadas para recomendar o promocionar el producto”, aclarando los medios y fechas de difusión y los soportes documentales (técnicos y/o científicos) que sustentan los beneficios atribuidos al dióxido de cloro, especialmente las relacionadas con la prevención y curación del COVID-19.

Imagen: Facebook Natalia París.

De este modo, Comcel (los servicios de Claro se ofrecen bajo esta firma) deberá pagar el equivalente a 190 SMLMV; es decir, más de $170 millones de pesos; mientras que ETB responderá con 120 SMLMV, $109 millones de pesos.

En ambos casos la investigación se hizo a partir de quejas presentadas por los mismos usuarios ante la SIC, “en donde se logró comprobar que los proveedores no respondieron las PQR presentadas en los términos establecidos por la ley, por lo que las sancionadas deberán atender de manera favorable las pretensiones de los usuarios al haberse configurado el Silencio Administrativo Positivo”, explica la entidad en su comunicado.

Es importante mencionar que el Silencio Administrativo Positivo es una consecuencia prevista en favor de los usuarios para aquellos eventos en los que el operador:

1. No contesta la PQR en un periodo de 15 días hábiles.
2. Responde a la PQR superando el tiempo legalmente establecido.
3. El operador responde, pero no pone la decisión adoptada en conocimiento del usuario.
4. La respuesta del operador es incompleta. Cuando esto se configura, el operador debe atender en forma favorable las pretensiones formuladas por el usuario en la PQR y se puede ver sujeto a sanciones por parte de esta Autoridad, como en el presente asunto.

Por su parte, Claro le dijo a ENTER.CO que además del comunicado no ha recibido una notificación oficial de la SIC y que “analizará cuidadosamente los motivos esgrimidos por la SIC e interpondrá los correspondientes recursos de ley en defensa de los intereses de la compañía”.

Además, destacó que durante 2020, la Compañía realizó importantes mejoras para atender las PQR como la Implementación de herramienta de suministro de información no presencial vía WhatsApp, el fortalecimiento App “Mi Claro”, del Chat Bot, mejoras en el Call Center “Hogar”, incremento de capacidad de Atención telefónica y simplificación de mensaje de IVR, entre otros. 

Tanto Comcel como ETB tiene el derecho de pedir los recursos de reposición y apelación.

Imagen: Pressfoto (Vía Freepik).

La entidad aseguró que, aunque Zoom ha tomado medidas para mejorar la protección de los datos de los usuarios, aún no es suficiente. Por este motivo, tendrá un plazo de cuatro meses para mejorarla y presentar un documento certificando dicho proceso.

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Zoom es una de las principales herramientas del teletrabajo hoy en día. Recientemente, la plataforma activo el cifrado punto a punto para todos los usuarios. Esto después de meses de estar en el ojo del huracán por no ofrecer mejor protección.  Inicialmente, el cifrado sería solo para llamadas organizadas o iniciadas por clientes que pagan por los servicios.

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La SIC asegura que tan solo en abril en Colombia se llevaron a cabo 17 millones de reuniones a través de esta herramienta por lo que considera que la orden preventiva  para proteger los datos de los usuarios, teniendo en cuenta que la plataforma sigue siendo una de las más importantes para la nueva realidad.

Imagen: jagritparajuli99 (Vía Pixabay). 

Claro deberá pagar $983.139.360 pesos colombianos, o lo equivalente a 1.120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La SIC especificó en su comunicado que la sanción se hacía después de estudiar 33 quejas hechas por usuarios de la compañía e información dada por la empresa. “Se comprobó que Claro no realizó la terminación del servicio en 3.416 casos dentro del ciclo de facturación correspondiente. Adicionalmente, omitió tramitar solicitudes de terminación recibidas a través de la línea de atención telefónica”, específica la entidad en su comunicado.

Para leer otras noticias sobre Claro, visita este enlace.

Las quejas además de no permitir terminar el contrato por servicios también aseguraban que la empresa no permitía hacer cambios de modalidad de pospago a prepago, en caso de las líneas telefónicas. Además, la SIC asegura que Claro les exigía a sus clientes un horario de atención diferente al establecido en la ley y, en otros casos, exigieron requisitos adicionales para el trámite de la solicitud de terminación del contrato. Así mismo, se generó el cobro de facturas posteriores a la solicitud de terminación del contrato por parte de los clientes.

Un vocero de Claro, por su parte, le dijo a ENTER.CO que no ha sido notificado formalmente de la resolución emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio y no tiene más información sobre los argumentos que llevaron a la SIC a imponer la sanción más que la dada por medio del comunicado de prensa de la autoridad. “En cuanto conozcamos la Resolución que impone la sanción, analizaremos cuidadosamente los motivos esgrimidos por la SIC e interpondremos los correspondientes recursos de ley en defensa de los intereses de la compañía”, concluye.

Imagen: Claro Colombia. 

La primera sanción es por un monto de $1.755.606.000, equivalente a dos mil salarios mlv, por violación a las normas de protección al consumidor que regulan la calidad en la prestación del servicio, la información mínima, la información pública de precios, la publicidad engañosa, la disponibilidad de vueltas correctas, las cláusulas abusivas, las obligaciones legales que surgen con ocasión del desarrollo de ventas a distancia y el comercio electrónico.

Para leer otras noticias sobre Rappi, visita este enlace.

La segunda sanción fue impuesta por no cumplir con cinco de siete órdenes dadas por la entidad el pasado mes de agosto de 2019. Entre ellas que se informara la procedencia del derecho de retracto y de reversión de pago, se dispusiera de mecanismos de recepción de PQRS que permitieran el seguimiento a las mismas, se ajustaran las disposiciones contractuales de los términos y condiciones, se informara el precio total de los productos incluyendo todos los costos adicionales sin que fuera posible su modificación y se estableciera en los acuerdos con los aliados la intervención de cada uno frente a la efectividad de la garantía.

ENTER.CO contactó a Rappi para comentarios, pero hasta el momento la plataforma no ha dado respuesta.

Noticia en desarrollo.

Imagen: Rappi.

Para Paulina Fagoaga, Country Manager de Fluvip, compañía tecnológica que desarrolló la plataforma líder de Influencer Marketing en Latinoamérica, “un influenciador es alguien que tiene la capacidad de modificar el comportamiento de otras personas”. Lo que antes era el boca a boca entre las personas, ahora se ha trasladado a las diferentes plataformas sociales. Hoy existe una industria muy sólida en torno a este tema, que conecta a los clientes con los influenciadores y desarrolla estrategias que permitan conseguir grandes réditos, explica la experta.

Además, agrega que la recomendación que un familiar, persona cercana o persona que admires puede influir en un muy alto porcentaje en las decisiones que tomamos frente a un producto o servicio. El principio del Influencer Marketing es el poder de la recomendación y la cercanía que genera con su conversación. Esencialmente, esto lo hace a través de publicaciones, consejos y testimonios. Mientras tanto, el éxito de esto se mide con una mezcla de: cantidad de followers, alcance y engagement, costo por engagement, número de impresiones, datos de tráfico, entre otros; pero también existen una serie de criterios cualitativos que ayudan de determinar su real capacidad de influenciar como son la personalidad y la actitud, el detalle del perfil, la línea de comunicación y expertise frente a diferentes temas.

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Esta empresa tiene cuatro tipos de influenciadores identificados:

• Celebridades: personalidades que adquirieron su fama o reconocimiento con el público y nacieron en un lugar diferentes a las redes sociales. (actores, actrices, deportistas, etc).
• Influencers o Profesionales: nativos digitales que han crecido generando contenido en plataformas digitales sociales. Personas que se destacan por experticia en una determinada área, categoría, oficio o profesión y que por su valor resultan atractivos al momento de compartir su conocimiento.
• Profesionales o Microinfluencers: Son las cuentas que tienen más de 10.000 seguidores en una de sus redes sociales, ya que después de este número se puede redirigir o poner enlaces (swipe up) a los visitantes hacia otras páginas en el formato de historias de Instagram y Facebook. Los podemos catalogar como “perfiles en potencia”.
• Nanoinfluencers: Son las personas que al menos tienen un seguidor, pero que además generan contenido con alguna periodicidad y con valor para su audiencia.

Más allá de las categorías, los influenciadores son personas que usan las diferentes plataformas que existen para conectarse y contar historias, responder preguntas y crear una relación con sus seguidores.

La manera como influyen en las decisiones u opiniones de las personas es importante tenerla en cuenta y la transparencia que hay detrás de los productos que promocionan, recomiendan y usan y la diferencia entre estas debe ser clara.

Imagen: Mathew Henry (Vía Burst). 

Aunque la guía son recomendaciones para los influenciadores, creadores de contenido en redes sociales y anunciantes publicitarios, el superintendente Andrés Barreto aseguró en una entrevista radial con la W que deben estar pendientes y asegurarse que el producto que estén mostrando sea verdadero y cumplir con los requisitos o si no podrán ser sancionado con hasta 2.000 salarios mínimos u otro tipo de castigos legales.

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Entre las recomendaciones, se menciona que los creadores de contenido no deben hacer pasar anuncios comerciales como contenido orgánico y la agencia que los contrata deben dar especificaciones de cómo se hará la aclaración. Las publicaciones deben tener en alguna parte del mensaje la especificación de que es un contenido pago y este se debe acoger a la Ley 1480 de 201.

Recomendaciones para los influenciadores:

• Identificar cuándo hay una relación comercial con un anunciante.
• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata sus servicios que le indique cuáles son los lineamientos para identificar plenamente el mensaje como publicidad. Abstenerse de realizar publicidad cuando el anunciante le sugiera ocultar la naturaleza comercial del mensaje.
• Abstenerse de hacer pasar un mensaje publicitario como uno natural y espontáneo que surge de su experiencia.

Recomendaciones para los anunciantes:

• Identificar y conocer las normas generales y especiales que apliquen a los productos que comercializa y darlas a conocer a quienes le presten servicios publicitarios.
• Cerciorarse de que los mensajes comerciales emitidos en su nombre sean identificados claramente como publicidad.
• Exigir que se informe al consumidor de manera clara sobre su vínculo comercial con el influenciador.
• Implementar una política de transparencia en el marco de sus actividades publicitarias a través de influenciadores.
• Participar activamente en la creación, elaboración, emisión y difusión de los mensajes por parte de los influenciadores.
• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la publicidad a través de Influenciadores y darlas a conocer a quienes contrata para la creación, elaboración, emisión y difusión de mensajes publicitarios.
• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas de los consumidores que constituyen la audiencia del influenciador.

Imagen: Bantersnaps (Vía Unsplash).

“La Superintendencia de Industria y Comercio pudo establecer que esta empresa utiliza ‘cookies’ para recolectar o tratar Datos personales en territorio nacional, por lo que la Ley 1581 de 2012 es aplicable a GOOGLE LLC, pues esta compañía acopia o captura datos personales a través de una herramienta que se instalan en dispositivos móviles y computadores ubicados en Colombia”, explicó la entidad en su comunicado.

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Así mismo, la Superintendencia le exige a Google que debe implementar un mecanismo en el que informe a las personas sobre los datos que recolecta; al igual que procedimiento apropiado para solicitar autorización en línea con el artículo 13 del Decreto 1377 de 2013 sobre el manejo de dichos datos. Este permiso debe contener:

• El tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo.
• El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.
• Los derechos que le asisten como titular de su información.
• La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del tratamiento.

Google tendrá que conservar prueba del cumplimiento de lo anterior y cuando se le solicite entregar copia. Además, deberá registrar sus bases de datos en el registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente, la Superintendencia le recuerda a Google que el incumplimiento de estas órdenes podría acarrear investigaciones administrativas sancionatorias y multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes.

Imagen: Morning Brew (Vía Unsplash). 

La Superintendencia tomó la medida preventiva luego de revisar las piezas publicitarias de la campaña “toda vez que estas informan que una vez alcanzado un límite en gigabytes predeterminado por la empresa (15 gigabytes y 30 gigabytes [según el plan que escoja el usuario]) la velocidad de navegación se reducirá a 256 kilobytes por segundo”.

Esta condición –explica la SIC– resulta engañosa al establecer restricciones para un servicio que se anuncia como ilimitado, “situación que podría generar confusión y falsas expectativas para los consumidores que adquieran dichos planes”.

En respuesta a la información difundida por la Superintendencia, TigoUne respondió lo siguiente: “Frente al comunicado de prensa emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), TigoUne se permite informar: Hasta el momento TigoUne no ha sido notificada de decisión alguna por la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez se tenga conocimiento formal de la decisión se tomarán las medidas a que haya lugar. En todo caso, es importante aclarar que, en todas las comunicaciones de cara a los consumidores las condiciones del producto son claras y el usuario las conoce ampliamente, tanto en la publicidad como al momento de tomar la decisión de compra”.

No puede haber limitaciones para lo ilimitado

La SIC también argumenta que las limitaciones establecidas por Tigo son contrarias a la regulación vigente de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que establece que para planes de Internet que se comercializan como “ilimitados” solo pueden establecerse condiciones asociadas a la tecnología de la red sobre la que se presta el servicio (2G, 3G o 4G) o a la velocidad efectiva ofrecida para el plan.

La entidad señala que la empresa de comunicaciones debe acatar la medida dentro de las 24 horas hábiles siguientes a que tenga conocimiento de la decisión.

Este es el tuit en el que la SIC anuncia la medida, que incluye el comunicado de la entidad:

#Comunicado Por constituir publicidad engañosa, Superindustria ordena a TIGO suspender la difusión de la campaña publicitaria de telefonía móvil “LA PRIMERA RED ILIMITADA DE COLOMBIA” pic.twitter.com/IwqbhkcyEp

— Superintendencia SIC (@sicsuper) 22 de septiembre de 2018

Imágenes: Foundry (vía Pixabay)

Durante la investigación que llevó a las sanciones se realizaron pruebas técnicas en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Pereira, durante los años 2015 y 2016.

Como resultado de dichas pruebas se encontró que los usuarios solo recibían, en algunos casos, de la mitad de la velocidad de navegación ofrecida si se conectaban a través de la red Wi-Fi. Esto quiere decir que si un usuario tenía contratado un plan de 20 megabytes por segundo, en realidad podría solo recibir 10 megabytes por segundo cuando se conectaba de forma inalámbrica. Si se conectaba a través de cable sí recibía la velocidad plena.

Servicio ‘incompleto’ sin informar a los usuarios

La Superintendencia también informó que los operadores “incurrían en irregularidades derivadas del hecho de no entregar la información completa a los consumidores para que disfrutaran de manera correcta la navegación ofrecida en los paquetes y promociones de dicho servicio”.

La empresas no informaban a los usuarios antes, durante ni después de la instalación sobre las diferencias entre el plan contratado y el servicio recibido, ni les indicaba cómo mejorar la velocidad. Por ejemplo, los lugares adecuados para la instalación del módem, los materiales de construcción u obstáculos en la vivienda que pueden afectar la señal o el número de equipos que pueden conectarse simultáneamente a la misma red, entre otros aspectos que influirían a que el servicio no se prestara de forma adecuada.

Las pruebas técnicas en las que se basó la investigación fueron realizadas por la firma española de consultoría NAE, que también han realizado estudios similares para el MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Imágenes: 3dman_eu y 3844328 (vía Pixabay)

El pasado viernes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció que aumentó los topes de espectro para comunicaciones móviles. La decisión, orientada a que más empresas puedan participar de la subasta de espectro de espectro en las bandas de 700 MHz y la banda de 1900 MHz, se tomó luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) entregara un concepto favorable respecto al tema. 

¿Qué implica que se suban los topes de espectro? Primero, para entender qué es el espectro y cómo funcionan las diferentes bandas, te recomendamos leer esta nota que hicimos hace unos meses. Por cuenta de la nueva normatividad del MinTIC, “los topes máximos de espectro radioeléctrico para uso en comunicaciones móviles aumentaron en 5MHz para bandas altas, alcanzando un total de 90 MHz, mientras que para bandas bajas el incremento fue de 15MHz, alcanzando de esta forma un total de 45 MHz”.

Así, los operadores que estén cerca de dichos topes podrán participar de la subasta que el Gobierno no alcanzó a llevar a cabo el año pasado, especialmente para el espectro de bandas bajas (en la que se incluye el denominado ‘dividendo digital’.

Actualmente, las empresas de telecomunicaciones Claro y Movistar tienen espectro por 25 MHz en las bandas bajas, lo que los ponía cerca del antiguo tope de 30 MHZ. En definitiva, la decisión del Gobierno asegura que las dos multinacionales puedan hacer parte del billonario negocio.

En este enlace puedes consultar el Decreto 2194 del Ministerio TIC que oficializó la medida.

El ‘dividendo digital’ y su importancia

En el segmento de las bandas bajas que subastará el Gobierno se ubica la banda de 700 MHz, también conocida como el ‘dividendo digital’. ¿Qué hace tan especial esta banda? De acuerdo con cálculos de la Asociación GSM (que reúne más de 300 operadores de telecomunicaciones del mundo), los costos de la instalación de infraestructura para dar cobertura de banda ancha móvil se reducen a una tercera parte cuando se usa la banda de 700 MHz.

La banda de 700 MHz tiene otra característica que la hace sobresaliente frente a otros segmentos de espectro, y es su mayor penetración al interior de edificios y entornos cerrados.

Debido a las bondades de la banda de 700 MHz para la conectividad móvil, en años recientes muchos países de América Latina han iniciado planes para ‘limpiar’ este segmento del espectro, que en muchos casos se estaba usando para la transmisión de señales de televisión análoga, la cual está siendo apagada para dar paso a la tecnología digital.

Imágenes: ENTER.CO

Para la SIC, la seguridad en los productos de consumo es un tema que trasciende la lógica de la satisfacción de necesidades, pues incide directamente en aspectos fundamentales de los consumidores como su salud, su integridad y su vida. Así, el objetivo de esta campaña, a través del nuevo portal, es propiciar desde una perspectiva de ética empresarial este tema, de manera que se concilie e integre el valor de una marca con el bienestar del consumidor.

Allí, los usuarios del portal podrán consultar los productos que han sido reportados en una campaña y qué deben hacer cuando los han adquirido.

Además, el gremio reiteró que un ‘Recall’ es una situación que, si bien puede parecer anómala, es factible que le suceda a cualquier empresario, siendo lo más importante que este actúe con prontitud y eficacia para evitar que se produzcan accidentes por la utilización de un producto defectuoso en el comercio.

Otros objetivos de la campaña

De cara al consumidor, la SIC se ha propuesto emprender planes de acción que contemplan, entre otras, estrategias de comunicación para informar adecuadamente esta situación al consumidor. Con estas herramientas, el consumidor podrá solicitar el reemplazo del producto o la devolución del dinero.

De esta forma, será posible aclarar -por ejemplo- que un ‘Recall’ es diferente a la efectividad de la garantía. La primera surge a partir del reporte del producto defectuoso por parte del empresario, y la omisión de reportar e implementar el respectivo plan de acción para llegar al consumidor, puede generarle sanciones administrativas a las empresas de hasta los dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLV), es decir, mil quinientos millones de pesos (1.500.000.000).

Productos

Además, la Superintendencia de Industria y Comercio reveló el ‘top’ de los sectores en los que se encuentran los productos más inseguros del mercado. Estos son:

– Automotores

– Electrodomésticos

– Dispositivos electrónicos

– Teléfonos móviles

– Cosméticos

– Productos de aseo

– Productos de higiene personal

– Artículos para bebés (coches, sillas de carro, etc)

– Alimentos

– Artículos de ferretería

– Bicicletas (EUA)

Disponible en móviles

Así mismo, con el propósito de facilitar la consulta de los productos defectuosos, se creó también una aplicación móvil llamada ‘Recall SIC’ que puede ser descargada gratuitamente por cualquier persona que cuente con un smartphone o una tableta con sistema operativo Android.

Imágenes: Pexels, SIC