El encuentro, realizado el 8 de abril de 2026, permitió alinear a distintas instituciones en torno a una meta común: migrar progresivamente hacia herramientas digitales europeas o bajo control estatal. La decisión responde a la necesidad de tener mayor control sobre los datos, la infraestructura tecnológica y las condiciones de uso de los servicios digitales.

Entre las medidas ya anunciadas se encuentra el cambio en los sistemas operativos de las estaciones de trabajo del sector público. DINUM confirmó que dejará de utilizar Windows para adoptar sistemas basados en Linux. La decisión apunta a disminuir la dependencia de proveedores extranjeros en uno de los entornos más extendidos dentro de la administración pública.

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También se avanza en la adopción de plataformas digitales propias. El Fondo Nacional de Seguro de Salud inició la migración de cerca de 80.000 funcionarios a herramientas como Tchap, Visio y FranceTransfert, que permiten comunicación interna, videollamadas y envío de archivos dentro de un entorno controlado por el Estado.

Otro de los cambios se concentra en la gestión de datos sensibles. El Gobierno anunció que la plataforma de datos sanitarios será trasladada a una solución considerada confiable antes de finalizar 2026. La medida busca garantizar mayor control sobre la información y reducir la exposición a infraestructuras externas.

Planes por ministerio y nuevas alianzas

El seminario también presentó un método de trabajo basado en la colaboración entre entidades públicas y empresas privadas. La propuesta contempla la creación de alianzas para desarrollar soluciones tecnológicas conjuntas, apoyadas en estándares abiertos que permitan la interoperabilidad entre sistemas.

DINUM será la encargada de coordinar un plan interministerial en el que cada entidad deberá definir su propia hoja de ruta antes del otoño. Estos planes incluirán áreas como herramientas colaborativas, inteligencia artificial, software de seguridad, bases de datos, virtualización y redes.

Como parte del proceso, el Estado elaborará un diagnóstico detallado de sus dependencias tecnológicas actuales. Este análisis permitirá identificar los puntos más sensibles y orientar las decisiones de contratación pública hacia proveedores que operen dentro del entorno europeo.

En junio de 2026 se realizarán las primeras “reuniones digitales industriales”, en las que se prevé consolidar acuerdos entre el sector público y privado. Entre los objetivos está la creación de una alianza centrada en la soberanía digital europea, con participación de distintos actores del ecosistema tecnológico.

Las autoridades francesas sostienen que el control sobre las herramientas digitales se ha convertido en un factor determinante para la gestión pública. La estrategia en marcha busca que las decisiones tecnológicas, así como la evolución de los sistemas y sus costos, no dependan de actores externos.

Durante el evento, el mandatario mostró la nueva libreta y explicó algunos de sus elementos de verificación. El documento incluye hologramas multicolor con mariposas amarillas, microtextos, tintas metálicas y una fotografía fantasma. También integra un microchip de última generación con información encriptada y lectura mecánica y electrónica.

Según el Gobierno, la actualización permitirá controles migratorios más ágiles y seguros en aeropuertos y puestos fronterizos del mundo. El pasaporte cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que garantiza interoperabilidad global y reconocimiento técnico en sistemas migratorios internacionales.

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La canciller Yolanda Villavicencio Mapy explicó que el nuevo modelo también busca reforzar la soberanía digital, al asegurar que la administración y protección de los datos personales quede bajo control directo del Estado colombiano.

En la primera fase, la personalización del documento se realizará en Colombia, mientras que la fabricación de las libretas estará a cargo de la Casa da Moeda de Portugal, entidad especializada en impresos de alta seguridad. Más adelante, todo el proceso se trasladará completamente al país.

El rediseño incorpora además elementos gráficos inspirados en figuras precolombinas, la biodiversidad nacional y referencias literarias. Incluso incluye el himno nacional, que podrá reproducirse mediante dispositivos de lectura autorizados.

¿Quiénes deben cambiar su pasaporte?

Uno de los puntos que más inquietud ha generado es si los ciudadanos deberán reemplazar de inmediato su documento actual. La respuesta oficial es no. Los pasaportes vigentes seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento impresa en cada libreta.

Esto significa que solo deberán tramitar el nuevo modelo quienes soliciten el pasaporte por primera vez, quienes tengan el documento próximo a vencer o quienes necesiten renovarlo por pérdida, deterioro o agotamiento de páginas.

La Cancillería también aclaró que el costo del nuevo pasaporte no tendrá incrementos extraordinarios. El valor se ajustará únicamente conforme al índice de precios al consumidor (IPC), como ocurre cada año, sin cargos adicionales por la implementación tecnológica.

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En la presentación participó además Viviana León Herrera, directora de la Imprenta Nacional de Colombia, quien señaló que este proyecto forma parte de una estrategia estatal proyectada a diez años. La entidad se encuentra en proceso de modernización para asumir progresivamente la producción de documentos de alta seguridad.

La funcionaria explicó que la implementación se desarrollará en cuatro fases y que la meta es fortalecer la capacidad técnica instalada en el país. La apuesta no se limita al pasaporte, sino que busca consolidar a la Imprenta Nacional como centro de referencia en impresos oficiales.

Con esta transición, Colombia se suma a la tendencia internacional de documentos de viaje con mayores capas de autenticación y protección de datos. Para los ciudadanos, el cambio será gradual y solo obligatorio cuando corresponda una renovación natural del documento.

Imagen: Presidencia 

Gaitana se presenta en redes sociales como “una congresista que no necesitará sueldo ni privilegios y que trabajará 24 horas para ti”. Su figura, representada como una mujer de piel azul con vestimenta tradicional y tocado de plumas, busca conectar con símbolos culturales indígenas y con causas como la protección del medioambiente y los derechos de los animales.

El proyecto fue impulsado por Carlos Redondo, ingeniero mecatrónico y también aspirante al Congreso. Según ha explicado, la iniciativa nació del trabajo conjunto de jóvenes interesados en inteligencia artificial pertenecientes a distintas etnias del país. La idea, dicen sus creadores, es utilizar la tecnología como herramienta para ampliar la participación de los pueblos originarios en las decisiones legislativas.

¿Cómo funcionará la candidatura digital?

Aunque en la boleta figurará identificada como “IA”, la Registraduría aclaró que jurídicamente el inscrito es un ciudadano que hace campaña apoyado en una plataforma tecnológica. Gaitana opera como una interfaz digital que interactúa con los votantes, recoge propuestas y comunica posturas políticas.

Su funcionamiento se basa en un sistema que recibe inquietudes ciudadanas a través de plataformas en línea, procesa la información y la organiza para convertirla en iniciativas legislativas. La propuesta se apoya en lo que denominan “democracia digital participativa”: un modelo en el que las comunidades pueden enviar ideas, debatirlas virtualmente y priorizarlas antes de que sean llevadas al Congreso.

Entre las principales iniciativas que promueve está el fortalecimiento de la soberanía digital comunitaria. Esto incluye el desarrollo de tecnología propia para sectores como la banca, el emprendimiento y la innovación, con herramientas que reflejen la diversidad cultural y lingüística del país. También plantea que las propuestas legislativas estén respaldadas por análisis de datos y consultas comunitarias.

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La candidatura sostiene que, en caso de resultar elegida, las decisiones no dependerían de una sola persona, sino de la información recolectada y validada con las comunidades indígenas. La inteligencia artificial actuaría como un canal permanente de comunicación, disponible sin restricciones de horario, capaz de procesar grandes volúmenes de información.

El surgimiento de Gaitana introduce un elemento inédito en la política colombiana. Si bien el respaldo legal recae en un candidato humano, el protagonismo de una plataforma de inteligencia artificial abre preguntas sobre la representación, la responsabilidad y los límites tecnológicos en los procesos democráticos. Para sus promotores, se trata de una herramienta para ampliar la voz colectiva; para otros, el debate apenas comienza.

 

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El proceso se encuentra en una fase avanzada. Entre el 6 de enero y el 3 de febrero de 2026, la Comisión abrió un llamado a pruebas y comentarios que recibió 1.658 aportes de ciudadanos, desarrolladores, empresas, universidades y organizaciones sociales. El período de retroalimentación ya cerró y la adopción formal del documento está prevista para el primer trimestre de 2026.

La estrategia será presentada como una Comunicación oficial al Parlamento Europeo y al Consejo. Aunque no tiene carácter normativo inmediato, servirá como guía para futuras decisiones regulatorias, programas de financiación y políticas tecnológicas dentro de la Unión Europea.

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El diagnóstico que sustenta la iniciativa parte de una preocupación recurrente en Bruselas. Gran parte de la infraestructura digital europea funciona sobre software propietario extranjero, lo que limita la autonomía tecnológica, reduce la competencia y genera riesgos en la gestión de datos y servicios críticos.

De acuerdo con la Comisión, entre el 70 % y el 90 % del código que utilizan hoy las aplicaciones digitales tiene origen abierto. Sin embargo, su aprovechamiento institucional sigue siendo desigual y carece de una estrategia común que potencie su desarrollo y reutilización dentro del sector público.

Impacto en ciudadanos y administraciones públicas

La implementación de esta política tendrá efectos directos en la vida cotidiana de millones de personas. Funcionarios públicos deberán migrar progresivamente a nuevas herramientas ofimáticas, sistemas de correo y plataformas de comunicación basadas en software libre. Experiencias previas en Alemania y Francia muestran que el proceso exige capacitación, adaptación y cambios en los flujos de trabajo.

Para los ciudadanos, el cambio puede traducirse en mayor acceso a documentos oficiales sin restricciones de formato, reducción de costos asociados a licencias y servicios digitales más transparentes. También abre oportunidades para empresas locales que desarrollen soluciones, brinden soporte técnico o capaciten a usuarios dentro del nuevo ecosistema.

El debate público dejó ver preocupaciones adicionales. Algunos desarrolladores advirtieron sobre la carga regulatoria que podrían enfrentar proyectos comunitarios y pidieron que las políticas reconozcan el carácter voluntario de muchas contribuciones al software libre.

El lugar de Microsoft Windows en la nueva estrategia

Aunque el documento no menciona empresas concretas, el impacto sobre Microsoft Windows y su ecosistema resulta evidente. Durante años, Windows, Office y Teams han sido la base tecnológica de gran parte de las administraciones públicas europeas. La promoción del código abierto reduce esa dependencia histórica y obliga a replantear ese modelo.

Microsoft no queda excluida del mercado europeo, pero enfrenta un entorno más exigente en términos de interoperabilidad, estándares abiertos y flexibilidad tecnológica. Su presencia futura dependerá de su capacidad para convivir con soluciones abiertas y adaptarse a un marco menos concentrado.

La apuesta europea apunta a algo más profundo que un cambio de herramientas. Busca recuperar control sobre la infraestructura digital, fortalecer capacidades locales y reducir vulnerabilidades asociadas a la dependencia tecnológica. Si la estrategia se implementa según lo previsto, Europa podría marcar un precedente global en la adopción estructural del software libre.

La jugada funcionó. En pocas horas, el desempleo dejó de ser tendencia y fue reemplazado por un debate emocionalmente potente: la protección de los menores. Es un terreno difícil de cuestionar sin pagar costos políticos. Sin embargo, detrás del discurso protector aparece una agenda mucho más amplia que tiene que ver con poder, control y narrativa.

El paquete presentado por el Gobierno no se limita a una restricción etaria. Incluye responsabilizar penalmente a directivos de plataformas, castigar la manipulación algorítmica, crear sistemas de medición del odio y reforzar la capacidad del Estado para intervenir contenidos considerados ilegales. Todo gira alrededor de una palabra que Sánchez repite con insistencia: control.

Del cuidado infantil al control del espacio digital

Prohibir redes sociales a menores no es una medida inocua ni simple. Para que sea efectiva, exige verificar la edad de todos los usuarios. Y verificar la edad de todos implica, en la práctica, acabar con el anonimato digital, centralizar datos sensibles y normalizar sistemas de identificación obligatoria. No solo para adolescentes, sino para toda la ciudadanía.

El choque con Elon Musk ayudó a consolidar el relato. El propietario de X respondió con acusaciones de autoritarismo que escalaron el conflicto a nivel internacional. Lejos de debilitar la estrategia del Gobierno, el enfrentamiento amplificó el mensaje y desplazó aún más otros debates incómodos. La polémica se volvió global, el ruido aumentó y la agenda quedó capturada.

Mientras tanto, las dudas técnicas y sociales quedaron relegadas. Especialistas advierten que la prohibición puede esquivarse fácilmente con herramientas básicas y que no existe consenso científico sólido sobre su impacto positivo en la salud mental de los jóvenes. También señalan que una política basada en vetos puede ser más simbólica que efectiva.

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Más allá de la discusión técnica, emergen motivaciones políticas menos explícitas. Una es la necesidad de recuperar control sobre un espacio donde el poder institucional ha perdido capacidad de marcar límites. Las redes sociales no solo amplifican desinformación, también amplifican críticas, disidencias y narrativas incómodas para los gobiernos.

Otra razón es el manejo de la agenda. Convertir la regulación digital en el eje del debate permite desplazar temas económicos adversos sin confrontarlos directamente. No se niegan los datos, pero se les quita oxígeno mediático.

La discusión de fondo no es si los menores deben o no usar redes sociales. Es quién define qué contenidos son aceptables, quién controla esa definición y qué contrapesos existen. En ese punto, la propuesta deja de ser una política pública y se convierte en una disputa abierta por el poder en el espacio digital.