Nadie niega que en Bogotá hay buenas razones para quejarse del servicio de taxis: que muchos tienen carros sucios e inseguros, que algunos cobran más de lo que deben, que manejan de forma imprudente… Pero de ahí a decir que Uber es la solución hay un trecho largo, que tiene implicaciones muy poderosas y que no se puede transitar a ciegas.

Los problemas del transporte en la ciudad, y en otras partes del país, tienen causas que van desde una regulación anquilosada hasta un mercado laboral precario e injusto. También están las jugarretas políticas que tan hábilmente han sabido hacer algunos de los voceros del sector, y en general, un estado de cosas en el que todos los poderosos estaban muy cómodos y la gente, taxistas y pasajeros, se aguantaban como podían.

Pero eso es lo que tienen las industrias tecnológicas: en lugar de jugar el juego y aceptar las reglas, patean la mesa y desacomodan todo. Llegó Uber, sin pensar mucho en la regulación —o sin darle mucha importancia—, y supo convertirse en un tremendo dolor de cabeza para todos, en un problema que nadie quiere solucionar pero que no se puede ignorar.

Si al final se decidiera que esos servicios son ilegales, que lleven años funcionando es un fracaso del Estado. Y si se decide regularlos, toda esta fricción —y la que viene— terminará siendo innecesaria. Pero cuando estamos en el limbo, todo el mundo se siente autorizado a hacer lo que le dé la gana. Y ya vamos en carros quemados; ojalá no nos toque lamentar un muerto.

Mientras tanto, en otras partes la discusión ya no es la ‘legalidad’ de esa clase de servicios, sino las consecuencias que tienen en la economía y la sociedad. De Uber y otras empresas similares se ha criticado cómo sus modelos de negociación hacen que el trabajo de los conductores sea cada vez más precario y peor pago. De Airbnb se dice que ha disparado los precios de la finca raíz y ha alterado la tranquilidad de los residentes de muchas ciudades. Y en general, habría que discutir qué pasa con los datos que obtienen todas estas empresas de sus clientes, que representan un activo muy importante y que nadie sabe bien cómo regular.

Se puede decir lo mismo de los problemas del transporte. En lugar de luchar por mejorar condiciones laborales para los taxistas, sus ‘representantes’ se dedican a hacer política con esa pelea. Si mañana Uber dejara de operar en Colombia, la ‘guerra del centavo’, la precariedad laboral y la escasa cultura de servicio al cliente de muchos taxistas seguirían estando ahí.

Y el Gobierno, con su tibieza, se dejó atropellar por todo este tema. Con eso no solo está perdiendo oportunidades, sino que está permitiendo que otros, a quienes no les interesa el bien común sino su propia billetera, pongan las reglas de juego.

El debate sobre Uber se convirtió en una cortina de humo. Ya es hora de que dejemos de pensar en si es legal o no, de abandonar esa afición tan colombiana de dilatar las decisiones en despachos y enredarlas con triquiñuelas de leguleyo. De lo contrario, los problemas reales que vienen nos van a atropellar.

Tiro al aire es mi columna mensual en la revista ENTER.CO.

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