Entre los puntos aprobados se destaca la modificación del horario en el que inicia la jornada nocturna. A partir de la entrada en vigor de la reforma, este comenzará a las 7:00 p. m., dos horas antes de lo establecido actualmente. Esto implicará el pago de recargos más amplios para quienes laboran en ese horario.

También se definió un aumento progresivo en los recargos dominicales y festivos, que pasarán del 75 % actual al 80 % en 2025, 90 % en 2026 y 100 % en 2027. El Gobierno había propuesto aplicar el 100 % de inmediato, pero el Congreso optó por una implementación gradual. La medida busca equilibrar los derechos laborales con la capacidad de pago de los empleadores.

La reforma establece que el contrato a término indefinido será la regla general en el país. Los contratos a término fijo estarán limitados a una duración máxima de cuatro años, salvo casos específicos. Esta disposición busca fomentar relaciones laborales estables y con mayores garantías para los empleados.

Otro cambio relevante tiene que ver con los trabajadores de plataformas digitales, como conductores o domiciliarios. Si existe subordinación, la empresa deberá formalizar al trabajador bajo contrato laboral. En caso de independencia, deberá asumir el 60 % de los aportes a salud y pensión, y afiliar al trabajador a riesgos laborales.

¿Qué pasará con los contratos por prestación de servicios?

En cuanto a los contratos por prestación de servicios, el proyecto aprobado establece que deberán convertirse en contratos laborales cuando se demuestre una relación subordinada o continua. Con esta medida, se busca evitar que se utilicen figuras civiles o comerciales para encubrir empleos permanentes sin protección social.

El texto aprobado también modifica las condiciones de los aprendices del SENA. Durante la fase lectiva recibirán el 75 % del salario mínimo, y durante la etapa práctica, el 100 %, además de prestaciones sociales. Si al finalizar el proceso la empresa no vincula laboralmente al aprendiz, deberá pagar una sanción equivalente a 1,5 salarios mínimos.

¿Qué diferencias hay con el texto presentado por el Gobierno?

Estas decisiones difieren en varios aspectos del proyecto original presentado por el Gobierno. La jornada nocturna, por ejemplo, no comenzará a las 6:00 p. m. como se había planteado inicialmente. Además, fue descartada la jornada laboral 4×3, una de las propuestas más comentadas de la primera versión del texto.

El contrato por horas, que había sido considerado como una posibilidad para ciertos sectores laborales, también fue excluido del articulado aprobado. Igualmente, se dejó de lado la idea de convocar una consulta popular si el Congreso no aprobaba la reforma. Esa opción fue rechazada por el Senado en la votación final.

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Para los trabajadores, esta reforma representa un fortalecimiento de derechos en varios frentes. Mejores condiciones para el trabajo nocturno, mayor estabilidad contractual y acceso a seguridad social para quienes operan desde la informalidad son algunos de los beneficios esperados. También se plantean retos para los empleadores, especialmente en lo relacionado con costos y cumplimiento normativo.

Ahora, el proyecto deberá ser conciliado con la versión aprobada en la Cámara de Representantes. El Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio para unificar ambos textos en un solo documento. Una vez superada esa etapa, la reforma será enviada al presidente Gustavo Petro para su sanción y entrada en vigencia.

Imagen: Senado

El debate, que se extendió por más de nueve horas, terminó con la derrota de la ponencia alternativa del Pacto Histórico y dio vía libre a un articulado liderado por senadores de La U, el Partido Verde, Cambio Radical y otros partidos aliados.

Entre los puntos más debatidos y finalmente aprobados están el aumento del recargo al 100 % por trabajo en domingos y festivos, así como el adelanto del inicio de la jornada nocturna a las 7:00 p. m., dos horas antes de lo que establece la normativa actual. Estos cambios, que aplican también a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), son el eje de una controversia que trasciende lo político.

Aunque el Gobierno asegura que esta reforma dignifica el trabajo y aumentará el poder adquisitivo de los colombianos, las asociaciones empresariales han mostrado preocupación. La razón es que las Mipymes, que representan más del 90 % del tejido empresarial del país, no fueron eximidas de estos recargos.

El único alivio que tendrán, por ahora, es que están excluidas de las nuevas reglas relacionadas con la representación sindical y la creación obligatoria de comités laborales, según se explicó en el debate, pero en términos salariales y de jornada, tendrán que asumir los mismos costos que las grandes empresas.

Esto plantea un reto mayúsculo, ya que para muchos pequeños empresarios, operar en domingos o en horarios nocturnos no es una opción sino una necesidad. Con los nuevos recargos, mantener esas jornadas podría dejar de ser rentable, lo que eventualmente impactaría no solo la sostenibilidad de los negocios sino también la estabilidad laboral que supuestamente la reforma busca proteger.

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Ahora bien, el dilema está en mejorar condiciones laborales es urgente, pero hacerlo sin una transición técnica ni apoyos reales podría disparar la informalidad o la reducción de empleos formales.

La reforma, en su versión actual, también propone que los contratos a término fijo puedan extenderse hasta cinco años, y que, después de ese periodo, se conviertan en contratos indefinidos. La intención es clara: combatir la inestabilidad laboral que ha caracterizado al sector privado por décadas.

No obstante, al mismo tiempo, esto podría limitar la flexibilidad que muchas empresas necesitan para adaptarse a contextos económicos cambiantes, especialmente en sectores como el tecnológico, el agrícola o el del comercio minorista.

Los promotores de la reforma, como los senadores Juan Felipe Lemos y Angélica Lozano, sostienen que el proyecto recoge acuerdos ya discutidos en la Cámara y mejora la redacción de artículos claves. En total, se mantienen 39 artículos del texto anterior, se eliminan 14 y se reformulan otros 28.

Esta cirugía legislativa, sin embargo, aún está lejos de ser definitiva: falta que el articulado completo sea debatido y votado en la plenaria del Senado, donde podrían revivirse tensiones sobre temas aún sin resolver, como el contrato de aprendizaje del Sena o el alcance de los recargos dominicales.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó esta aprobación como un paso crucial para “recuperar derechos arrebatados” y aseguró que mejores ingresos para los trabajadores se traducirán en crecimiento económico.

No obstante, la discusión técnica sobre cómo compensar a las empresas por estos costos adicionales sigue sin resolverse. Aún no se habla de incentivos fiscales, de planes de apoyo a las Mipymes ni de mecanismos que mitiguen el impacto de estas medidas en la productividad.

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La reforma laboral, como está planteada, es ambiciosa. Y aunque busca corregir inequidades históricas, su aplicación sin medidas complementarias puede convertirse en un riesgo para el mercado laboral formal.

Colombia necesita una transformación laboral, sí, pero también requiere una visión estratégica que entienda la fragilidad de miles de pequeñas empresas que sostienen la economía real.

Si no se ajustan los instrumentos de implementación, el país podría terminar enfrentando una paradoja dolorosa: una reforma diseñada para proteger el empleo, que termina, en la práctica, amenazando su existencia.

Imagen: Archivo particular/Angelica Lozano 

La iniciativa se inspira en el enfoque de la Unión Europea, pero con una mirada ajustada a las necesidades nacionales. Su objetivo central es garantizar que la IA se desarrolle de forma segura, confiable y centrada en el ser humano.

El proyecto define un marco ético, técnico y jurídico que busca prevenir riesgos y fomentar un entorno favorable para la innovación. Para ello, clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y propone diferentes exigencias regulatorias dependiendo del impacto potencial.

Uno de los aspectos clave es la creación del Sistema Nacional de Inteligencia Artificial (SIA), una instancia interinstitucional de coordinación. Este sistema estará acompañado por la Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial, que ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control.

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El proyecto reconoce derechos fundamentales en el contexto de la IA, como la protección de datos, la transparencia algorítmica y el derecho a la explicación de decisiones automatizadas. También promueve principios como la equidad, la inclusión y la no discriminación.

En cuanto a los usuarios, la ley busca asegurar que cuenten con mecanismos de información clara y comprensible sobre los sistemas que interactúan con ellos. Además, se plantea la posibilidad de solicitar revisión humana de decisiones automatizadas que tengan efectos jurídicos o significativos.

Para las empresas, la normativa establece obligaciones diferenciadas. Los desarrolladores y proveedores de IA deberán garantizar el cumplimiento de requisitos de seguridad, trazabilidad, gobernanza de datos y supervisión humana, según el nivel de riesgo de su tecnología.

A nivel práctico, los sistemas de “alto riesgo” —como los usados en salud, transporte o selección laboral— estarán sujetos a evaluaciones técnicas previas y auditorías. En cambio, los sistemas de “riesgo limitado” deberán cumplir con principios de transparencia sin mayores cargas administrativas.

Esta diferenciación busca no frenar la innovación en sectores emergentes, al tiempo que protege a la ciudadanía en ámbitos críticos. Para ello, se incluyen medidas de fomento como entornos de prueba regulatoria (sandboxes), incentivos fiscales y apoyo a PYMES y startups.

El impacto social de esta ley puede ser significativo. Al garantizar derechos y reducir riesgos, se fortalece la confianza pública en la tecnología. Esto es esencial para su adopción en campos como la educación, la justicia, la salud o el transporte inteligente.

Además, el proyecto propone una Estrategia Nacional de Capacidades en IA. Esta incluirá programas de formación técnica, ética y jurídica para servidores públicos, empresas, universidades y ciudadanía en general. Se busca cerrar brechas digitales y evitar un sesgo tecnocrático en el desarrollo del ecosistema.

Para los desarrolladores, el proyecto representa tanto una oportunidad como un reto. Por un lado, tendrán un marco claro que les permitirá crear soluciones alineadas con estándares internacionales. Por otro, deberán adaptarse a nuevas exigencias que requieren documentación, supervisión y evaluación continua.

Uno de los temas más novedosos es la propuesta de crear un Registro Nacional de Sistemas de IA. Este será obligatorio para tecnologías de alto riesgo y permitirá a las autoridades hacer seguimiento y control sobre su uso en el país.

También se incluye un capítulo sobre cooperación internacional. Colombia busca integrarse a iniciativas globales sobre gobernanza de IA y fomentar estándares compartidos. Esto es crucial en un contexto donde las tecnologías no conocen fronteras.

El proyecto, que iniciará su trámite legislativo en comisiones del Senado, cuenta con respaldo técnico de diversas entidades nacionales e internacionales. Entre ellas están la Comisión de la OCDE, la Unión Europea y centros de investigación como el CENIA.

Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Expertos advierten que la implementación dependerá de la capacidad institucional y presupuestal del Estado. También será clave lograr una articulación efectiva entre entes públicos, privados y académicos.

El debate público sobre la regulación de la IA apenas comienza en Colombia. Esta ley puede convertirse en una herramienta para aprovechar el potencial transformador de la tecnología, sin perder de vista los riesgos que implica su mal uso o adopción irresponsable.

Imagen: MinCiencias

El proyecto de ley, liderado por la senadora Andrea Padilla Vargas y el representante Daniel Carvalho, apunta a reducir la contaminación auditiva que afecta a los ciudadanos. Este proyecto establece una normativa unificada y herramientas claras para combatir el ruido excesivo, que se ha convertido en un problema de salud pública y ambiental.

La ley propone armonizar las 17 normativas existentes sobre ruido, definiendo responsabilidades claras para las autoridades y estableciendo una ruta de atención al ciudadano. También contempla la creación de una Política Nacional de Calidad Acústica, que incluirá indicadores para medir la contaminación auditiva, mapas estratégicos de ruido y la delimitación de zonas saturadas acústicamente.

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El Ministerio de Ambiente tendrá 18 meses para actualizar los niveles máximos de ruido, establecidos en 2006, y proponer nuevas regulaciones. Asimismo, las alcaldías de municipios con más de 100.000 habitantes deberán diseñar planes locales de acción en un plazo de 18 meses para gestionar el ruido en sus territorios.

La ley también incluye medidas específicas para proteger a poblaciones vulnerables, como personas dentro del espectro autista, quienes son particularmente sensibles al ruido, y a la flora y fauna, especialmente aves que habitan en las zonas urbanas.

Una vez sancionada, la ley contra el ruido entrará en vigor de inmediato. Las multas por alterar la tranquilidad de un barrio se duplicará, pasando de 8 a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, las sanciones ya no dependen exclusivamente de mediciones realizadas con sonómetros, sino que podrán basarse en otras pruebas que respalden las denuncias.

La ley está a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro para entrar en vigencia. Se estima que el proceso de implementación de la normativa tomará entre uno y dos años, dependiendo de la complejidad de los ajustes requeridos.

Imagen: Generada por Gemini IA

Cabe recordar que esta entidad de carácter técnico, especializado, tendría la misión de planificar, articular y gestionar los riesgos de seguridad digital en Colombia, con el objetivo de prevenir amenazas internas o externas contra el ecosistema.

El senador David Luna, autor y coordinador ponente, aseguró que el proyecto “es una necesidad para el país. Creo que si en algo hay que ponerse de acuerdo entre los distintos actores de la política colombiana, este puede ser un muy buen laboratorio”. 

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De acuerdo con el Senado, tener una entidad como la definida en el proyecto de ley le permitirá a Colombia tener interdependencia de las tecnologías, optimizar recursos administrativos, técnicos y jurídicos en el plan de Gobierno, y facilitará la coordinación de acciones entorno a la ciberseguridad y los asuntos espaciales.

Por su parte, el senador del partido de la U, Alfredo Deluque, dijo que “la coordinación de la defensa de la ciberseguridad en el país debe estar en manos de una entidad como ésta, como la que queremos aprobar. Este proyecto lo único que quiere es servirle al país”.

Tener una entidad como la definida en el proyecto de ley le permitirá a Colombia tener interdependencia de las tecnologías, optimizar recursos administrativos, técnicos y jurídicos en el plan de Gobierno, y facilitará la coordinación de acciones entorno a la ciberseguridad y los asuntos espaciales, así como potenciar la generación de procesos que, de manera eficiente y eficaz, respondan a las necesidades del país en esta materia.

La agencia contará con los principios de coordinación, confidencialidad, cooperación, integridad, neutralidad tecnológica y tendrá un enfoque basado en riesgos.

Imagen: Senado 

El Código deberá ser conciliado antes del 20 de junio, cuando termina la legislatura, además de pasar por la Corte Constitucional y recibir la firma del presidente de la República. En caso de ser aprobado, será el mayor cambio en la historia electoral del país desde 1986.

Dentro de los acuerdos que supone este nuevo Código se encuentra la creación del voto electrónico mixto. Este tipo de votación supone una parte digital y una manual. Específicamente, los colombianos podrán marcar el tarjetón desde una máquina, posteriormente imprimir el tarjetón y depositarlo en las clásicas urnas.

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Aunque no se ha aclarado el presupuesto exacto que requiere esta iniciativa, se habla de una billonada para poder ponerla en marcha. Por su parte, la senadora Paloma Valencia habla de que las elecciones pasarían a costar 9 billones de pesos. Esto cobra sentido al comprender que se requiere la implementación de un software especializado, maquinaria, capacitación de personal, accesibilidad en zonas alejadas, etc.

Por otro lado, la incertidumbre de los colombianos radica en la transparencia de las elecciones y la privacidad. El Gobierno Colombiano tiene pensado utilizar un nuevo sistema de seguridad que trabaja con inteligencia artificial. De acuerdo con El País,dicho sistema está en periodo de prueba y será ensayado en las elecciones regionales del 29 de octubre. Adicional, de acuerdo con las declaraciones de los ponentes del nuevo Código, el proceso electoral tendrá auditoría en todas sus etapas.

Lo cierto es que este nuevo método de votación que supone la implementación de tecnología, genera incertidumbre en la ciudadanía. Bien es sabido que en la historia electoral siempre se ha hablado de fraude, algo que podría significar un verdadero problema para la votación electrónica mixta.
En cuanto al conteo, los ponentes aseguran que se realizará un conteo manual y uno digital. En caso de que haya inconsistencias al compararlos, prevalecerá el conteo manual.

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Así mismo, Alexander Vega, actual registrador nacional y ponente de la propuesta, no ha aclarado algunos puntos como la empresa detrás del software, el dinero requerido,etc. Lo cierto es que, de ser aprobado este proyecto, no se implementará para las votaciones de octubre.

Imagen: Unsplash

No obstante, aunque la reforma sea presentada por el gobierno de Petro, los proyectos de ley no son presentados por el presidente y su gabinete.  Aun así, cada proyecto que sea aprobado, sí afecta directamente a todos los colombianos o a un gremio o grupo social en específico. Dicho así, a todos nos compete estar enterados de los proyectos de ley que se adelantan en el país.

¿Dónde puedo ver los proyectos de ley que se adelantan en el país?

Para los proyectos de ley, desde hace unos años se implementó una página web  pública por parte del Senado, donde cualquier colombiano puede consultar cada uno de los proyectos. Allí podrás ver los proyectos demarcados por año. Ingresando al que es de tu interés podrás ver datos como: el nombre del proyecto, el estado, el autor, fecha de radicación, resumen, etc.

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¿Quién presenta y quién aprueba los proyectos de ley?

Los proyectos de ley son presentados por uno o más congresistas, en este caso, los  que fueron elegidos el pasado 13 de marzo serán los encargados de los proyectos que se presenten en 2022-2026. Una vez se presente el proyecto debe pasar por cuatro debates: uno en comisión, otro en plenaria de la corporación donde se radique el proyecto (el Senado o Cámara). Después pasará un tercer filtro en la otra corporación (Senado o Cámara) y finalmente es aprobado por el presidente de turno, en este caso, Gustavo Petro.

Imagen: Wiki Commons

Con el acuerdo, MinTIC se comprometió a otorgar capacitación en seguridad digital y seguridad de la información, almacenamiento en la nube y herramientas para llevar a cabo el plan de transformación digital, anunció el ministerio. Para lograr esta apuesta, ambas entidades trabajarán articuladamente en la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI). El objetivo es poder acompañar al Senado en la formulación de un diagnóstico sobre el uso de las tecnologías y así identificar cuáles son esas áreas que necesitan de un fortalecimiento; apoyarlos para que puedan ofrecer servicios tecnológicos más seguros; y asesorarlos en la construcción de un Plan de Transformación Digital. Este plan busca facilitar la implementación de la interoperabilidad entre entidades del Estado.

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“Desde el Ministerio estamos comprometidos con la transformación digital del Estado. Por eso hemos venido trabajando con 34 instituciones del sector público, para poner en marcha el servicio de interoperabilidad, con el que buscamos facilitar el intercambio de información entre entidades y hacer más productivos los procesos”, informó la funcionaria. Abudinen destacó también que, con la creación de la ‘Carpeta Ciudadana’, los colombianos podrán tener en el portal único del Estado (www.gov.co) toda la información que tramiten con las entidades del sector público. “Aquí las personas tendrán acceso a trámites como la hoja de vida de contratistas del gobierno, el histórico de licencia de conducción, entre otros servicios. La meta es lograr que tres millones y medio de colombianos estén vinculados a ‘Carpeta Ciudadana’ antes de finalizar el 2022”, aseguró la ministra.

Finalmente, Abudinen invitó a todas las entidades públicas a que sigan trabajando para generar programas, alianzas y planes como este convenio para aprovechar las tecnologías de la información y comunicaciones para lograr una mejor gestión y brindar un mejor servicio a los colombianos.

Esperamos entonces este acuerdo logre sus propósitos, fortalezca la interoperabilidad de las entidades del gobierno y ofrezca un mejor servicio al ciudadano. En especial ahora, donde la digitalización es clave para cualquier organización, incluido el Estado, y la transparencia es vital en la creación de confianza con el ciudadano.

Imagen: Senado de la República.