Según el ente regulador, Claro ha sido multada con más de mil millones de pesos colombianos (1.003.549.640 pesos), mientras que Tigo enfrenta una sanción de aproximadamente trescientos millones de pesos (304.875.840 pesos). Estas multas se derivan de acciones que comprometen la privacidad y el manejo adecuado de la información personal de los consumidores.

La investigación contra Claro se originó a partir de la denuncia de un ciudadano, quien acusó a la empresa de acceder a su historial crediticio sin autorización previa ni necesidad de servicio por parte del usuario. La SIC descubrió que la empresa no respetaba el deber de utilizar la información personal solo para los fines autorizados por los titulares. 

Por otro lado, Tigo fue sancionada tras la queja de otro usuario, quien solicitó reiteradamente la eliminación de sus datos personales de las bases de la empresa entre mayo de 2019 y diciembre de 2020. Además de esto, solicitó el cese de los mensajes de texto con multas comerciales y peticiones. 

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Ambas empresas tienen la opción de presentar un recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales o un recurso de apelación ante el Superintendente delegado para la Protección de Datos Personales. 

De hecho, desde Claro Colombia emitieron un comunicado donde aseguran que procederán legalmente. “Claro Colombia informa que, con respecto al acto administrativo emitido por la SIC, presentará los recursos procedentes frente a la decisión”, se lee en el comunicado. 

“Asimismo, resalta que es una compañía que siempre ha trabajado por el cumplimiento y respeto de la regulación existente en materia de Habeas Data y Protección de Datos Personales en pro de los derechos de los usuarios. Para eso, ha implementado políticas de tratamiento de datos personales que aseguran el correcto tratamiento de los datos de sus clientes.”, concluye Claro en su documento.  

Lo cierto es que estas sanciones se suman a otras acciones recientes de la SIC contra Claro, que también fue multada por irregularidades en la atención al cliente en uno de sus centros de servicio.

Imagen: montaje ENTER

Claro deberá pagar $983.139.360 pesos colombianos, o lo equivalente a 1.120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La SIC especificó en su comunicado que la sanción se hacía después de estudiar 33 quejas hechas por usuarios de la compañía e información dada por la empresa. “Se comprobó que Claro no realizó la terminación del servicio en 3.416 casos dentro del ciclo de facturación correspondiente. Adicionalmente, omitió tramitar solicitudes de terminación recibidas a través de la línea de atención telefónica”, específica la entidad en su comunicado.

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Las quejas además de no permitir terminar el contrato por servicios también aseguraban que la empresa no permitía hacer cambios de modalidad de pospago a prepago, en caso de las líneas telefónicas. Además, la SIC asegura que Claro les exigía a sus clientes un horario de atención diferente al establecido en la ley y, en otros casos, exigieron requisitos adicionales para el trámite de la solicitud de terminación del contrato. Así mismo, se generó el cobro de facturas posteriores a la solicitud de terminación del contrato por parte de los clientes.

Un vocero de Claro, por su parte, le dijo a ENTER.CO que no ha sido notificado formalmente de la resolución emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio y no tiene más información sobre los argumentos que llevaron a la SIC a imponer la sanción más que la dada por medio del comunicado de prensa de la autoridad. “En cuanto conozcamos la Resolución que impone la sanción, analizaremos cuidadosamente los motivos esgrimidos por la SIC e interpondremos los correspondientes recursos de ley en defensa de los intereses de la compañía”, concluye.

Imagen: Claro Colombia.