Esta semana, el presidente Gustavo Petro anunció que tiene la intención de convertir el incremento del Salario Mínimo Vital en un estatuto. Esto significaría, de manera sencilla, que el ajuste se transformaría en una nueva ley para fijar el salario mínimo año tras año.

¿Qué hay detrás del Estatuto del Salario Mínimo Vital?

De acuerdo con el presidente Petro, la intención es presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República para establecer lo que se ha denominado Estatuto del Salario Mínimo Vital. Como mencionamos antes, esto implicaría que, en adelante, el incremento anual no dependería únicamente de los indicadores de productividad o la inflación, sino que integraría otros elementos de bienestar social.

Esto es relevante porque el argumento legal con el cual el Consejo de Estado suspendió el decreto anterior fue que el aumento no correspondía a los parámetros establecidos. Si se aprobara la reforma al estatuto del trabajo, habría menos recursos legales para demandar los futuros incrementos del salario vital.

“La Constitución de Colombia ordena un Estatuto del Trabajo que debe ser presentado por mi gobierno el 20 de julio en el nuevo congreso elegido en Colombia; será mi gobierno quien lo presente. Será allí norma legal el salario vital, sus formas de calcularse y los derechos del pueblo trabajador”, afirmó Petro a través de su cuenta en X.

El nuevo Congreso y la balanza de poder

La fecha en la cual el presidente presentará la iniciativa no es al azar. La idea es radicar el estatuto cuando el nuevo Congreso de la República tome posesión. Este punto es interesante porque, en cuanto a la balanza de poder, el legislativo entrante no es tan diferente al actual.

Aunque el Pacto Histórico, partido de gobierno, conservó una mayoría de las curules, todavía enfrenta una fuerte oposición. Este panorama es crucial, ya que uno de los principales bloqueos que ha enfrentado Gustavo Petro ha sido la resistencia de estos organismos para aprobar sus propuestas.

Como resultado, el presidente ha optado en sus últimos días de gobierno por una política de enviar muchas de sus propuestas a través de decretos para luego defenderlas en los tribunales. Esto ha ocurrido con decretos derivados de las fallidas reformas laborales y de salud. La lectura de esta decisión es que el mandatario espera que el nuevo Congreso esté más dispuesto a aceptar el incremento del Salario Mínimo Vital, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales y ante candidatos que evitan mostrarse en contra de este aumento.

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A las puertas de conocer la nueva propuesta gubernamental, el magistrado Alberto Montaña Plata resolvió algunas de las dudas más urgentes de los colombianos para aclarar el panorama jurídico y económico.

¿Puede el gobierno presentar una propuesta con el mismo incremento del 23%?

La respuesta es sí. De acuerdo con Montaña Plata, la decisión de suspender el aumento del salario mínimo vital en 2026 no se debió a que el Consejo de Estado concluyera que el incremento fuera excesivo, sino a que la determinación se tomó sin considerar todos los factores objetivos previstos en la ley.

Dicho de otro modo, lo que el Consejo de Estado solicita al Gobierno no es necesariamente un cambio en el monto, sino una mejor justificación basada en los elementos legales exigidos, como la inflación y la productividad. Es vital notar que la ley prohíbe presentar el mismo decreto dos veces; por tanto, el Gobierno tiene la responsabilidad de modificar su propuesta lo suficiente para superar el próximo filtro legal.

¿Qué pasa con el recurso de súplica que presentó el Gobierno?

Este 18 de febrero, el Ejecutivo presentó un recurso de súplica. En términos sencillos, es una solicitud para que se retire la suspensión cautelar del decreto del salario mínimo vital.

Independientemente del documento que el Gobierno radique este viernes, el Consejo de Estado debe resolver estos recursos primero, un proceso que puede tardar hasta un mes y medio. Si no se levanta la suspensión, el alto tribunal procederá a revisar la decisión de fondo del primer decreto de diciembre de 2025 para decidir si lo mantiene o lo anula. En conclusión, la decisión final sobre el salario mínimo no se tomará esta semana, sino que será un tema en desarrollo durante los próximos meses.

¿Qué pasa si se anula? ¿Deben los trabajadores devolver el dinero del aumento del salario mínimo vital en 2026?

No. El Consejo de Estado ha sido enfático en que la decisión tomada no tendrá efecto retroactivo sobre los salarios ya pagados. El impacto se verá reflejado en las nóminas posteriores a la anulación o ratificación del decreto del salario mínimo vital, ajustándose según lo que se determine legalmente.

¿Es posible que se incremente todavía más el salario mínimo vital?

Nuevamente, según la justificación del Consejo de Estado, la única instrucción es que el Gobierno considere los factores objetivos de ley. Aunque la lectura lógica de esta orden sugiere una reducción, la orden no excluye explícitamente un incremento, aunque esto sería difícil de justificar al revisar variables como la inflación o la productividad nacional.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro reiteró el llamado a la ciudadanía para marchar este jueves 19 de febrero en defensa del mínimo vital, con puntos de encuentro ya concertados en las principales ciudades del país.

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“Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, afirmó el mandatario, marcando una postura firme frente al proceso judicial. Petro sostiene que el decreto está respaldado por el mandato constitucional que obliga a proteger el poder adquisitivo del salario y evitar su deterioro.

Según explicó, la medida incluye criterios técnicos y estudios económicos recientes que reflejan un impacto marginal en el aumento de precios de algunos productos alimenticios. También pidió analizar el efecto de las tasas de interés sobre el empleo, el déficit y la inflación en el país.

Defensa constitucional y debate jurídico

El jefe de Estado argumentó que suspender el decreto pondría en riesgo principios fundamentales, como la garantía de un salario digno. A su juicio, reducir la demanda de alimentos esenciales en las actuales circunstancias podría desacelerar la economía y aumentar el hambre y la desnutrición infantil.

En ese contexto, aseguró que el Gobierno cumplirá cualquier decisión judicial, pero insistió en que su actuación estará alineada con la Constitución. Además, recordó que la administración tiene un mandato democrático derivado del voto popular.

Llamado a concertación y pacto social

Como gesto frente al magistrado que pidió la medida provisional, Petro anunció que el ministro de Trabajo convocará una reunión inmediata de concertación. Allí se revisarán las últimas mediciones económicas y se evaluará la posibilidad de expedir un nuevo decreto si es necesario.

El presidente también solicitó una reunión con movimientos sociales para estudiar la situación y reiteró su llamado a construir un “pacto social de la vida y la paz”. Invitó al pueblo trabajador a pronunciarse sobre el tema y advirtió que el debate trasciende lo jurídico para instalarse en el plano social y político.

La decisión final quedará en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar si el decreto se ajusta al marco legal vigente.

El concepto de salario vital, vigente en la Constitución de 1991 pero que no se había implementado en 34 años, busca garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias, reconociendo que la remuneración mínima no solo debe cubrir necesidades individuales, sino también las del núcleo familiar. Petro explicó que esta medida contempla los principios de igualdad de oportunidades, estabilidad laboral, irrenunciabilidad de beneficios y seguridad social, todos previstos en el artículo 53 de la Carta Magna.

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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un salario vital debe incluir componentes esenciales como alimentación suficiente y nutritiva, vivienda digna y servicios públicos, acceso a salud y educación, transporte y otros gastos cotidianos. En este marco, el salario deja de ser únicamente una variable económica y se convierte en una herramienta de justicia social, destinada a mejorar las condiciones de vida de los hogares trabajadores y a garantizar acceso efectivo a bienes y servicios fundamentales.

El presidente Petro enfatizó que el nuevo salario vital no afectará negativamente a las empresas ni al empleo, como algunos críticos han advertido. “Estas medidas buscan reducir la pobreza, aumentar el empleo y dinamizar la economía.

Si la población tiene mayor poder adquisitivo, la demanda se incrementa, las empresas venden más y necesitan más trabajadores”, señaló. Según el mandatario, el aumento real de 18,7 % supera lo logrado en los últimos tres años de gobierno y es un esfuerzo por democratizar la riqueza, alejándose de la concentración en grupos privilegiados.

El impacto sobre los trabajadores será significativo. Para quienes reciben el salario mínimo, el incremento garantiza un mejor acceso a bienes y servicios básicos, mayor estabilidad económica y capacidad de planificación familiar. Además, al integrar el auxilio de transporte dentro del salario vital, se busca reducir la presión financiera de los desplazamientos diarios, especialmente en áreas urbanas.

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Para las empresas, el gobierno ha indicado que no se trasladará el aumento salarial al consumidor a través de mayores precios. En cambio, se espera que los negocios se beneficien del aumento de la productividad y del consumo interno, generando un círculo virtuoso que fortalezca la economía y el empleo formal.

Petro concluyó que los dos millones de pesos representan “vida y dignidad” para los trabajadores y enfatizó que el salario vital es una medida histórica, que consolida un enfoque de justicia social y bienestar familiar en Colombia.

Con esta decisión, el país da un paso hacia una política laboral más equitativa, en la que el ingreso mínimo ya no solo cubre subsistencia individual, sino que busca garantizar condiciones de vida dignas para toda la familia, fortaleciendo tanto la economía como la cohesión social.