Durante la apertura de la Conferencia Internacional sobre Gobernanza en Internet o ‘NETMundial’, la mandataria suscribió el decreto presidencial que sanciona la ley poco antes de pronunciar el discurso de apertura.

Apodada la ‘Constitución de internet’ de Brasil, ha sido aplaudida como un ejemplo de legislación que equilibra los derechos y obligaciones de usuarios, gobiernos y empresas, al tiempo que garantiza que la red continúe siendo abierta y descentralizada.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado, donde se refrendó el texto votado por la Cámara de los Diputados el mes pasado. Antes de la votación, el movimiento activista global Avaaz llevó al Senado 350.000 firmas de ciudadanos a favor de la aprobación de la ley. Los activistan realizarón una intensa campaña que inició en el 2009 y cuyo trámite se aceleró cuando Snowden destapó el escandalo de la vigilancia por parte de Estados Unidos a Brasil.

Entre los puntos a destacar, la ley obliga a las compañías a que informen de forma clara a los usuarios sobre el uso y el almacenamiento de sus datos privados, cuya venta o cesión a terceros fue expresamente prohibida. Las operadoras de internet tendrán que mantener los registros de conexión en secreto por el plazo mínimo de un año y solo los colocarán a disposición de las autoridades previa orden judicial.

Así mismo, la nueva ley dice que compañías como Google y Facebook estarán sujetas a decisiones de las cortes brasileñas en casos que involucren la información de usuarios brasileños, aunque la información esté almacenada fuera del país.

Sin embargo, el Gobierno se negó a eliminar una cláusula de neutralidad que encontró fuerte resistencia entre las empresas de telecomunicaciones, pues les impide cobrar más por acceder a contenido que consume más ancho de banda, como la transmisión de video o servicios de voz como Skype.