Cada vez que un usuario inicia sesión en ChatGPT, la plataforma guarda información relacionada con su cuenta, como el correo electrónico, nombre de usuario y detalles de pago en caso de suscripciones. Pero eso no es todo. También registra la dirección IP desde la que se accede, el tipo de dispositivo utilizado y los patrones de uso, lo que le permite comprender mejor cómo los usuarios interactúan con la IA. Aunque OpenAI asegura que estos datos se emplean únicamente con fines de seguridad y personalización, el problema radica en el tipo de información que los propios usuarios comparten voluntariamente.

El historial de conversaciones es una de las principales fuentes de datos almacenados. Si bien OpenAI permite desactivar esta función, muchas personas desconocen que su actividad en el chatbot queda registrada por defecto. Esto significa que cualquier dato ingresado, desde consultas laborales hasta información financiera o detalles personales, podría quedar almacenado en los servidores de la empresa. Aunque ChatGPT no está diseñado para recordar conversaciones a largo plazo, en varias ocasiones se han filtrado registros de usuarios que comprometen su privacidad.

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El riesgo no es meramente hipotético. En 2023, la firma de ciberseguridad Group-IB reveló que más de 100,000 cuentas de ChatGPT fueron robadas y vendidas en la dark web. El acceso no autorizado a estos perfiles podría exponer información valiosa que los usuarios compartieron inadvertidamente con la IA. Además, existe la posibilidad de que ciberdelincuentes empleen estos datos para ataques de ingeniería social, suplantación de identidad o incluso extorsión.

Desde ESET aconsejan a los usuarios tomar medidas para minimizar estos riesgos. Usar contraseñas seguras y habilitar la autenticación en dos pasos puede reducir significativamente las posibilidades de que una cuenta sea vulnerada. También se recomienda evitar compartir información personal o datos sensibles en las conversaciones con ChatGPT, ya que, una vez almacenada, su control escapa por completo al usuario. Revisar periódicamente las configuraciones de privacidad y cerrar sesión en dispositivos compartidos son prácticas fundamentales para garantizar mayor seguridad.

Si bien la inteligencia artificial representa un avance impresionante en múltiples áreas, es fundamental recordar que sigue siendo una herramienta gestionada por empresas que almacenan datos para distintos propósitos. La seguridad en el mundo digital no depende solo de los desarrolladores, sino también de la precaución con la que los usuarios manejan su información. Antes de confiarle detalles privados a un chatbot, la mejor estrategia es preguntarse si estaríamos cómodos con que esos datos quedaran en manos equivocadas.

Imagen:  Jonathan Kemper

No hay duda de los beneficios para las organizaciones de la computación en la nube. La flexibilidad y los costos son dos de los factores que hacen que existan iniciativas este tipo en el 41% de las empresas en Latinoamérica. Se espera que esa cifra llegue a 80% en 2015. En términos de inversión, según la firma de investigación IDC, el 10% del presupuesto de TI es para servicio de la nube, aunque en algunos sectores llegue a 40%.

No obstante, esos beneficios tienen por detrás dos serios interrogantes. Al migrar la información a un servidor externo, ¿quién queda como dueño de la información y bajo que leyes se rige? Según Andrés Velázquez, presidente y fundador de MaTTica, “Una de los principales controversias sobre el Cloud Computing, y del cual se habla a nivel internacional, es a quién le pertenece la nube desde el punto de vista jurídico (…) ¿Está la información en un servidor que se encuentra dentro de los límites del país, en el caso de que se requiera una investigación?”.

Para la industrias con información confidencial, la computación en la nube posiblemente no sea la solución adecuada para sus necesidades de TI. La información hoy en día es uno de los activos importantes de las organizaciones y posiblemente no sea coherente dejarla en manos de terceros. Se pueden presentar situaciones en las cuales la información sea vista por ojos ajenos.

Por otro lado, la jurisdicción de la información también queda entredicha. Al contratar un servicio de computación en la nube, seguramente los servidores van a estar en otro país. A la hora de una querella jurídica, no hay claridad sobre cuál legislación debe aplicar sobre la información. Por ejemplo, si una organización colombiana tiene un servicio de computación en la nube en Estados Unidos, no se sabe si aplican las leyes colombianas o las estadounidenses.

Entre la debida diligencia de los profesionales de TI está la revisión de los términos y condiciones a la hora de contratar un servicio en la nube. A veces las empresas enredan al cliente con textos complejos, lo que aumenta la necesidad de entender las condiciones a la hora de contratar. Ya existen servicios para ‘desenredar’ los términos y condiciones de algunos servicios de Internet.

Aunque estos riesgos están latentes, no es razón para dejar de confiar en la nube. Los beneficios todavía son mucho mayores que los riesgos. Los costos, la posibilidad de escalar y la forma de contabilizar los servicios de la nube tienen más peso que los posibles problemas del servicio.