“Dicho Tribunal determinó que la cláusula de reversión de activos de los contratos de concesión de telefonía móvil celular suscritos en 1994 entre el Estado y dichos operadores está vigente y es de obligatorio cumplimiento, por lo que debían compensar a la Nación”, destacó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en un comunicado.

En esta nota les contamos algunos detalles del extenso pleito que enfrentó a las empresas de telecomunicaciones y al Estado colombiano por cuenta de la reversión de activos.

Según informó el Ministerio TIC, el operador Claro efectuó el pago en divisas y en pesos colombianos por una suma cercana a los 3,1 billones de pesos. Por su parte, Telefónica hizo un pago en dólares por una suma equivalente a 1,1 billones de pesos.

Claro reitera que irá a instancias internacionales

América Móvil, compañía de la que hace parte Claro, comunicó a sus accionistas que “ha dado cumplimiento, bajo protesto y con reserva de sus derechos y los de sus accionistas, a la obligación de pago…”.

Sin embargo, la firma recordó que la decisión del Tribunal de Arbitramento ha sido impugnada por su subsidiaria en Colombia. Además, reiteró que Claro “agotará todas las instancias legales, nacionales e internacionales, a su alcance en contra de dicho laudo”.

Por otra parte, Telefónica comunicó que los recursos para el pago del laudo arbitral fueron aprobados por su Asamblea de Accionistas, como parte de una capitalización que ascendió a 6,45 billones de pesos.

Actualmente, el Gobierno colombiano posee el 32,5 por ciento de las acciones de la compañía. “Con la decisión de los accionistas la empresa fortalece su estructura de capital, deja atrás la causal de disolución que enfrentaba y mejora su posición financiera en beneficio de sus clientes, empleados y sociedad en general”, añadió Telefónica en un comunicado.

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La decisión hace parte de un proceso jurídico relacionado con la cláusula de reversión de activos de los contratos de concesión de telefonía móvil celular suscritos en 1994 entre el Estado y los operadores móviles. En su momento, cuando los operadores firmaron dichos contratos de concesión con el Estado, la ley estipulaba que las redes de infraestructura construidas por estos, al igual que el espectro radioeléctrico, debían regresar a manos del país. 

Sin embargo, más de una década después, una Ley de la República definió nuevas reglas de juego para el negocio entre los operadores y el Estado. Esta Ley definió que en los contratos de concesión de telefonía móvil celular solamente se revertirán al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas.

Décadas de discusión

Ese es uno de los puntos de la discusión. Según el Gobierno, los contratos firmados antes de la expedición de la Ley 422 de 1998 debían ser respetados, por lo que la infraestructura desarrollada por los operadores como parte de dichos contratos tenía que ser entregada al Estado. Así lo aseguró la Contraloría General de la República previo a la renegociación de los contratos de concesión en 2014.

Por su parte, los operadores alegaron que la reversión de activos no estaba vigente, posición que fue respaldada por una sentencia de la Corte Constitucional que estipuló que en contratos de concesión no había reversión de activos.

A pesar de dicha decisión, el Gobierno decidió demandar a los operadores Claro y Movistar. Así, en febrero de 2016, el “Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones radicó ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la solicitud de convocatoria de un Tribunal de Arbitramento para solucionar las controversias jurídicas”, como destaca la entidad en su sitio web.

Como parte de dicho pleito fue que este martes se conoció que los operadores Claro y Movistar serían obligados a pagar cerca de 4,8 billones de pesos (3,2 billones de pesos en el caso de Claro y 1,6 billones de pesos a Movistar).

La posición de los operadores

Los operadores de telecomunicaciones Claro y Movistar emitieron dos breves pronunciamientos en los que dejan ver que llevarán el caso a otras instancias judiciales.

“Claro se permite informar que estudiará el alcance del laudo proferido para tomar las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses, los de sus trabajadores, usuarios y accionistas”, señaló Claro.

Por su parte, Movistar aseguró que “que analizará el contenido de la decisión y adoptará las acciones legales para la defensa de sus intereses, la de sus accionistas y empleados, así como para garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos”.

En definitiva, la decisión del tribunal de la Cámara de Comercio parece abrir la puerta a una nueva batalla de que dará para largo.

Imágenes: Marco Gomes (vía Flickr)