¿Es momento de que los jóvenes dejen de pasar tanto tiempo en redes sociales? Otro país parece estar de acuerdo en que sí. Indonesia se ha sumado a la creciente lista de naciones que buscan poner límites estrictos a la vida digital de los más jóvenes y anunció oficialmente una prohibición de redes sociales para menores de 16 años.

Al igual que otras naciones que han implementado medidas similares, Indonesia justifica esta restricción como una necesidad urgente de proteger a los niños de amenazas como el ciberacoso, la explotación y la adicción digital. Esta medida sigue los pasos de países como Australia, consolidando una tendencia global de intervención estatal sobre las plataformas tecnológicas.

El fin de las cuentas para adolescentes en plataformas de alto riesgo

La normativa, firmada por la ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, establece que los menores de 16 años no podrán tener cuentas en lo que el gobierno clasifica como plataformas de alto riesgo. La implementación de la restricción comenzará el 28 de marzo, afectando directamente a gigantes de la industria como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y X. Una adición relevante es que la norma no se limita a las plataformas tradicionales, sino que también incluye videojuegos con un componente social importante, como Roblox.

El objetivo del gobierno es que las empresas tecnológicas asuman la responsabilidad de la seguridad, evitando que los padres tengan que luchar solos contra los gigantes de los algoritmos. Según datos oficiales, casi la mitad de los niños en Indonesia han estado expuestos a contenidos inapropiados o han vivido experiencias de acoso en línea, lo que ha llevado al país a declarar una emergencia digital.

Esto significa que, al igual que en otros países, la ley exigirá a estas plataformas implementar mecanismos de verificación de edad que impidan el acceso a menores de 16 años. Si las compañías no cumplen con estas medidas para el 28 de marzo, se enfrentarán a multas millonarias o al riesgo de ser bloqueadas temporalmente en todo el país.

¿Estamos a las puertas de una prohibición de redes en gran parte del mundo?

Esta decisión no solo afecta la vida social de millones de jóvenes, sino que también representa un golpe al crecimiento de las plataformas digitales en una de las economías más grandes del sudeste asiático. Con una penetración de internet que roza el 80%, Indonesia es un mercado crítico para empresas como Meta y ByteDance.

La medida ha generado opiniones divididas. Mientras que muchos padres en Yakarta celebran la intervención estatal frente a la libertad excesiva que permiten los dispositivos móviles, expertos de la industria advierten que esto podría desplazar a los usuarios hacia servicios menos regulados. No obstante, el gobierno se mantiene firme en su postura de priorizar el bienestar infantil sobre los intereses comerciales de las grandes tecnológicas.

Con este anuncio, Indonesia se convierte en el primer país no occidental en implementar una restricción tan exhaustiva. Se une así a una corriente internacional, junto a Australia, España, Francia y el Reino Unido, que están evaluando o ejecutando leyes para restringir el acceso a contenidos nocivos. La presión sobre las redes sociales parece haber entrado en una fase de regulación sin precedentes a nivel mundial.

Imágenes: Foto de Helena Lopes

Alrededor de 200.000 conductores usan plataformas como Didi, Uber y Beats en Colombia y, de acuerdo con datos de Alianza In, el gremio de plataformas digitales, estos servicios representan los ingresos de 750.000 colombianos; sin embargo, la Circular 015 de 2020 contra este tipo de plataformas impone multas de hasta 700 SMDLV. Por este motivo, las plataformas de transporte y Alianza In se unieron para demandar a la Supertransporte y el abogado representante asegura que hay persecución del gobierno.

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La demanda busca que la Rama Judicial dirima a favor del conglomerado y cancelé la circular redactada por la Supertransporte. Uno de los principales argumentos de las plataformas de transporte es que no prestan un servicio público, “se trata de un servicio entre particulares, alguien que tiene un caro y alguien que necesita movilizarse”, explica en un comunicado Pablo Felipe Robledo, abogado, exsuperintendente de Industria y Comercio y actual representante legal de la demanda.

Además, agregó que:

“La Circular No. 015 de 2020 hace parte de una serie de actuaciones del Gobierno Nacional, que junto con diferentes decisiones sancionatorias que se han impuesto contra las plataformas tecnológicas de movilidad, buscan proteger el interés particular del gremio de taxistas, desconociendo el derecho de los usuarios pasajeros a elegir libremente cómo movilizarse, el derecho al trabajo de los conductores, la libre competencia, la innovación tecnológica y la inversión nacional y extranjera”.

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El abogado resaltó en una entrevista con El Espectador que muchos de los argumentos que usa el Gobierno en contra de las plataformas están basadas en una serie de normativas y leyes creadas antes del Internet y la economía naranja. Por lo que los argumentos no pueden ser “es que la Constitución dice que…”. En su lugar debería existir una mesa de negociación donde se queden afuera los intereses de los taxistas y de las empresas públicas y, en su lugar, se vean los beneficios que ofrecen este tipo de plataformas y negocios a los usuarios y a la economía.

En un Gobierno que prometió dar importancia a la economía naranja y comprender las dinámicas de la transformación digital de la sociedad, está claro que la tarea de entender el papel de las plataformas le quedó grande.

Imagen: Rawpixel en Freepik. 

Por esto, es necesario acelerar el paso y buscar soluciones efectivas para seguir el ritmo de los avances e innovaciones tecnológicas, que en muchas ocasiones permitieron la democratización de servicios. En la actualidad, más y más personas tienen la oportunidad de acceder desde su celular a alternativas de movilidad hasta productos financieros y otros tantos servicios. El gran desafío está en plantear una agenda que esté acorde con la realidad a la que nos enfrenta la economía digital. 

En América Latina existen ya regulaciones para aplicaciones de movilidad como Beat y, actualmente, se evidencia una curva regulatoria donde países como Colombia ya se inició la conversación en esta materia. Y, aunque el camino ha tenido sus dificultades, lo cierto es que la regulación ha beneficiado a las diferentes comunidades y a las economías nacionales. 

Ciudad de México, por ejemplo, fue una de las primeras ciudades en crear un acuerdo para la operación de los servicios, que incluye un pago del 1.5% al gobierno por cada viaje realizado por la aplicación, lo que permite crear un fondo para invertir estos tributos en desarrollo urbano. Adicionalmente, hay mercados regulados como Brasil o Bolivia que establecen reglas de juego claras para todos los actores. 

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En Colombia a pesar de que los servicios son altamente aceptados por los usuarios, la conversación regulatoria ha tardado en llegar; sin embargo, hoy se presenta con un panorama prometedor. En este año se radicaron 6 Proyectos de Ley en el Congreso que presentan iniciativas para dar crear un marco regulatorio en el que se incluyan las aplicaciones, a pesar de que existen diversas propuestas, todos estos proyectos coinciden en una cosa: la necesidad de la regulación y la importancia que esta beneficie a los ciudadanos. 

La tecnología es una herramienta aliada para mejorar la vida de las personas y, sin duda alguna, va a velocidades inimaginables si se compara con los procesos regulatorios. Ahora, tanto Colombia como sus países vecinos, se encuentran en un momento de transformación digital; cada vez son más los que se suman a estos debates políticos acerca de la forma ideal para regular las nuevas tecnologías y adaptarse a la evolución que se vive ahora.

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Mientras se define el nuevo rumbo en el país, lo cierto es que las cifras respaldan el impacto de estas aplicaciones. Según un estudio de Fedesarrollo, las plataformas aportan al PIB colombiano un 0.2%, y, para finales de 2019, brindaron oportunidades a más de 366 mil personas ocupadas en los subsectores de transporte y mensajería en las 13 principales áreas metropolitanas del país. Todo esto, sin contar los efectos en dimensiones como medio ambiente y seguridad, en los cuales también se han evidenciado consecuencias positivas. 

Entonces, ¿Cuál es el futuro de la regulación de las aplicaciones digitales en el país? Como lo mencioné anteriormente, la tecnología va mucho más rápido y, por tanto, el primer paso es lograr una regulación que parta de la realidad del mercado y que priorice el beneficio del usuario, su posibilidad de elegir y que permita nuevas opciones de ingresos. 

Hoy, más que nunca, es momento de aprovechar los beneficios de la tecnología para potencializar la reactivación económica y subsanar los estragos económicos que atraviesan los colombianos a causa del COVID-19. Estamos en un momento histórico y crucial, crear una regulación inclusiva que permita tener estabilidad y tranquilidad a los ciudadanos que usan estas plataformas es el reto al que nos enfrentamos. 

Imagen: Beat.

Mark Warner, senador demócrata, es quien está trabajando en esta propuesta. Pero Columbia Journalism Review resalta que algunos puntos son imposibles de llevar a cabo políticamente y que despierta tantas preguntas como las que trata de resolver.

“La velocidad con la que estos productos (refiriéndose a las plataformas y redes sociales) han crecido y dominan, hoy, casi todos los aspectos de nuestras vidas sociales, políticas y económicas ha hecho que la idea con la que fueron creados se oscurezca y hayan llegado a tener efectos negativos. El gobierno, por su parte, ha fallado en adaptarse y por lo tanto ha sido incapaz de opinar al respecto de manera adecuada. Especialmente en lo referente a privacidad, competencia y discurso público”, dice el documento filtrado.

6 puntos que tendría en cuenta la regulación

De acuerdo con el portal Axios, son 6 las formas en que, de ser aprobado como ley, el documento podría afectar a las grandes empresa de tecnología. Para esto, el texto se divide en tres grandes temáticas: combatir la desinformación, proteger la privacidad del usuario y promover la competencia en el espacio tecnológico.

1. Nuevos recursos y roles desde el Gobierno:

El documento propone la creación de un programa que les ayude a los usuarios a entender y organizar la información online. Además, insiste que tanto la milicia como las instituciones de inteligencia no se han adaptado para actuar frente a información extranjera. Por esto, el documento también incluiría posibles formas de responder ante estas situaciones.

2. Nuevas reglas para las plataformas digitales:

El documento propone que las plataformas identifiquen y etiqueten a las cuentas o información generada por bots o que se haga más por identificar cuentas de personas reales.

3. Llevar a cabo acciones frente al abuso de privacidad:

Una de las ideas del documento propone que desde las diferentes plataformas se puedan tomar acciones legales y sean responsables por situaciones como difamación, invasión de la privacidad y comunicación pública de datos o información privada. Y que el contenido sea dado de baja si un juez o fuerza legal lo considera necesario.

4. Los productos de ciertas plataformas deben ser catalogados de ‘instalación esencial’:

Aplicaciones que son usadas de manera amplia o por una gran cantidad de personas, como por ejemplo Google Maps, tendrán que ofrecer términos de acceso justo, razonable y no discriminatorio.

5. Más poder para los consumidores:

El documento ofrece una idea muy similar a la ley de protección de datos (GDPR) europea para que se aplique en los Estados Unidos.

6. Competencia por los datos de los usuarios:

Por último, el portal resalta que el documento sugiere que, para incrementar la visibilidad en términos de competitividad, las plataformas podrían ponerle un valor monetario a los datos individuales de los usuarios.

Imagen: Montaje ENTER.CO.