La industria de las apps de entrega a domicilio siempre ha estado pedaleando en un vacío legal, especialmente en lo que a derechos laborales de sus repartidores respecta. Uno de los motivos por los que empresas como Rappi o DiDi han podido crear este negocio con miles de “colaboradores” radica en que estas personas no cuentan con los mismos contratos y beneficios que otros trabajadores.

Sin embargo, esta semana se conoció que el Gobierno Nacional está puliendo los últimos detalles de un decreto clave de la reforma laboral que busca transformar el funcionamiento de las plataformas digitales en el país. A partir de ahora, a las aplicaciones les corresponderá empezar a pagar una parte de los aportes de seguridad social de sus repartidores.

¿Quién paga la seguridad social de los repartidores de Apps?

Lo primero es aclarar que la normativa para trasladar el pago de aportes a las aplicaciones no es nueva; de hecho, la reforma en cuestión tiene casi un año de haber sido expedida. No obstante, es apenas ahora cuando uno de sus puntos más importantes de protección al trabajador comenzará a ser aplicado formalmente.

Bajo el nuevo esquema, se acabó la obligación de que el repartidor cubra el 100% de sus aportes o se quede sin protección por falta de recursos. La nueva norma propone una responsabilidad compartida: las plataformas asumirán el 60% del costo, mientras que el repartidor pagará el 40% restante.

Otro cambio fundamental está en los riesgos laborales: en este punto no hay divisiones, ya que las empresas deberán cubrir el 100% de este aporte de manera obligatoria.

¿Autónomo o subordinado? Las dos caras de la moneda

Para evitar confusiones, el decreto clasifica a los trabajadores en dos categorías, dependiendo de cómo realicen su labor: autónomos y subordinados. Los trabajadores autónomos son el grupo más grande (actualmente el 99,9% según Alianza In, el gremio de las aplicaciones en el país). Ellos mantienen su libertad de horario y flexibilidad, pero ahora contarán con el respaldo del sistema de seguridad social.

Luego están los empleados subordinados: este grupo debe cumplir horarios y recibir órdenes directas. Ellos tendrán un contrato laboral formal, prestaciones completas y, como mínimo, el salario mínimo legal vigente.

¿Subirán los precios de los domicilios?

Aunque el anuncio es una buena noticia para los miles de repartidores en el país, existe una alta expectativa sobre cómo afectará el precio de los domicilios a través de estas apps. Al asumir estos nuevos costos operativos, las plataformas tendrán que decidir si absorben el gasto o lo trasladan al usuario final. Según los gremios, cada empresa definirá si ajusta sus tarifas dependiendo de la competencia en el mercado.

La historia sugiere que, en la mayoría de los casos, este gasto suele trasladarse al consumidor y no a las plataformas. Dicho de otra manera, aunque en el papel son las empresas las que pagan la salud de los repartidores, en la práctica es probable que sean los usuarios quienes cubran este nuevo rubro. ¿Significará esto que menos personas pedirán comida el fin de semana? Solo el tiempo lo dirá.

Lo que es claro es que el Gobierno no piensa detenerse aquí. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que este modelo de plataforma de protección social busca extenderse a otros sectores con alta informalidad laboral, como las trabajadoras domésticas, los agricultores y la economía popular.

Imágenes: Archivo ENTER.CO

Esta semana, el presidente Gustavo Petro anunció que tiene la intención de convertir el incremento del Salario Mínimo Vital en un estatuto. Esto significaría, de manera sencilla, que el ajuste se transformaría en una nueva ley para fijar el salario mínimo año tras año.

¿Qué hay detrás del Estatuto del Salario Mínimo Vital?

De acuerdo con el presidente Petro, la intención es presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República para establecer lo que se ha denominado Estatuto del Salario Mínimo Vital. Como mencionamos antes, esto implicaría que, en adelante, el incremento anual no dependería únicamente de los indicadores de productividad o la inflación, sino que integraría otros elementos de bienestar social.

Esto es relevante porque el argumento legal con el cual el Consejo de Estado suspendió el decreto anterior fue que el aumento no correspondía a los parámetros establecidos. Si se aprobara la reforma al estatuto del trabajo, habría menos recursos legales para demandar los futuros incrementos del salario vital.

“La Constitución de Colombia ordena un Estatuto del Trabajo que debe ser presentado por mi gobierno el 20 de julio en el nuevo congreso elegido en Colombia; será mi gobierno quien lo presente. Será allí norma legal el salario vital, sus formas de calcularse y los derechos del pueblo trabajador”, afirmó Petro a través de su cuenta en X.

El nuevo Congreso y la balanza de poder

La fecha en la cual el presidente presentará la iniciativa no es al azar. La idea es radicar el estatuto cuando el nuevo Congreso de la República tome posesión. Este punto es interesante porque, en cuanto a la balanza de poder, el legislativo entrante no es tan diferente al actual.

Aunque el Pacto Histórico, partido de gobierno, conservó una mayoría de las curules, todavía enfrenta una fuerte oposición. Este panorama es crucial, ya que uno de los principales bloqueos que ha enfrentado Gustavo Petro ha sido la resistencia de estos organismos para aprobar sus propuestas.

Como resultado, el presidente ha optado en sus últimos días de gobierno por una política de enviar muchas de sus propuestas a través de decretos para luego defenderlas en los tribunales. Esto ha ocurrido con decretos derivados de las fallidas reformas laborales y de salud. La lectura de esta decisión es que el mandatario espera que el nuevo Congreso esté más dispuesto a aceptar el incremento del Salario Mínimo Vital, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales y ante candidatos que evitan mostrarse en contra de este aumento.

Imágenes: Wikicommons