Como lo anunció el lunes el director de Uber en Colombia, Mike Shoemaker, este miércoles se radicó el proyecto de Ley (PDF) que busca regular la operación de servicios como el que presta la aplicación en Colombia. El senador ponente fue Juan Carlos Restrepo Escobar.

El proyecto de Ley hace dos cosas: crea una nueva categoría de transporte llamada “servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas”, y delinea un nuevo tipo de compañía llamada “empresa de red de transporte”, que ofrece la plataforma tecnológica y regula a los conductores que prestan el servicio.

La iniciativa busca que los carros que presten este servicio deban tramitar una licencia de operación ante el Ministerio de Transporte, en la que deben hacer constar que tienen los seguros exigidos por la ‘Ley Uber’, que están afiliadas a una empresa de red de transporte y que sus vehículos pasaron las pruebas técnico-mecánicas respectivas.

Por su parte, la empresas son las que “operan y/o administran una plataforma tecnológica” para el control, geolocalización o operación del servicio privado de transporte. Además, son las que operan como intermediarias para el pago del servicio entre los pasajeros y los conductores.

El proyecto plantea que deban registrarse ante el Ministerio de Transporte, y que aporten el 0,5% del valor de los viajes que realicen a un Fondo de Infraestructura y Movilidad, que deberá “financiar proyectos prioritarios de infraesctructura y movilidad, así como iniciativas enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de los conductores” de taxis amarillos.

Las empresas podrán afiliar todos los vehículos que quieran

Las empresas no tendrán ningún límite en la cantidad de carros con los que puedan operar, y no podrán cobrar por inscribir ningún vehículo. Dentro de ellas, dice el proyecto, podrán operar “carros de gama media y alta”, carros blancos de servicio especial y los nuevos carros negros de transporte público de lujo, creados por el Gobierno en el decreto mostrado el lunes.

Sus obligaciones serán verificar los antecedentes de los conductores, y vigilar que los vehículos sean idóneos y que cumplan con las regulaciones exigidas por el Ministerio de Transporte. También deben garantizar que cada uno de los carros tenga sus respectivos seguros en regla.

Las tarifas, según la ‘ley Uber’, serán libres, y las empresas estarán obligadas a comunicárselas oportunamente a los usuarios y a decirle a la Superintendencia de Puertos y Transporte cómo son calculadas.

Para convertirse en Ley, la iniciativa debe superar cuatro debates en el Congreso: en las Comisiones Sextas de Senado y Cámara, y en las plenarias de cada una de esas corporaciones. Todo este trámite debe surtirse en máximo dos años, y cada uno de esos debates debe realizarse en un semestre, mínimo. Luego, deberá ser firmado por el Presidente de la República.

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