Ya habíamos hablado de los elementos que hay que tener en cuenta con el proyecto de ley 212. Tanto las circunstancias en las que se está discutiendo, como sus alcances e implicaciones, son objeto de críticas y comentarios de parte de abogados, políticos, activistas y periodistas de tecnología. ENTER.CO conversó con varios de ellos para entender sus preocupaciones y objeciones a esta ley para hacer una nota contándolas y explicándolas. Sin embargo, son tantas las objeciones que nos tocó partir esa nota en varias entregas, y esta es la primera.

Está mal redactada y mal discutida.

“Algunos de los artículos de este proyecto son ambiguos y confusos”. Esa no es la impresión de un transeúnte cualquiera; ni siquiera la de un periodista despistado. Es lo que dice Germán Realpe, un abogado informático y columnista de la revista impresa ENTER.CO . “El problema de que esta clase de leyes sean ambiguas -dice Realpe- es que la tecnología va mucho más rápido que el derecho, por lo que la ley tiene que ser clara a la hora de regular y conocer la situación actual del Internet”. Este es el caso, por ejemplo, de lo señalado en el artículo 13 de está ley, que genera algunas dudas sobre la retransmisión de señales de TV por Internet, pues exige la autorización del titular.

Una ley que no sea clara -creemos- puede, o bien no impedir nada de lo que supone que debe impedir, o bien darle al Estado un poder excesivo que termine censurando libertades y usos legítimos de la tecnología.

Además, el afán con el que se ha tramitado la iniciativa también es problemático para las personas consultadas. Guillermo Santos, director de ENTER.CO, criticó en su columna semanal en El Tiempo la premura con la que se quiere aprobar esta iniciativa. “El ‘pupitrazo’ que se va a dar equivale a pisar de cierta forma el futuro de Internet en el país”, escribió.

Realpe, por su parte, dice que “no se hizo una discusión profunda sobre los límites y las expectativas de la ley”, lo que no solo hace que muchos de los textos no sean claros, sino también que tengan consecuencias nocivas que podrían pasar inadvertidas hasta cuando ya sea demasiado tarde.

En otros países que también han negociado TLC con Estados Unidos, ha sido posible aplazar la aprobación de esta clase de leyes hasta que se haga una mejor discusión sobre ellas. Carolina Botero, miembro de la Fundación Karisma, no cree que la proximidad de la firma del tratado no es una excusa para el afán. “¿Qué pasa si nos demoramos? Casi todos los países lo hacen. De hecho Costa Rica pidió plazo y se lo dieron“, afirma.

La protección a las restricciones anticopia es demasiado agresiva.

El proyecto castiga las vulneraciones a los ‘candados digitales’ con hasta 8 años de cárcel. Además, también decreta que quien lo haga podrá ser obligado a pagarles multas a los dueños de los derechos de autor de los contenidos vulnerados. Esta es una de las condiciones que debía cumplir la legislación colombiana para acomodarse al TLC con Estados Unidos.

Tal como está planteada, esta ley prohíbe romper una protección anticopia para uso privado. Si un usuario rompe un DRM para poder llevar en un reproductor digital la música de un CD original que él mismo adquirió, o si ‘crackea’ un juego original de su propiedad para poder correrlo con un CD copiado, estaría violando la ley. Según Botero, se trata de “usos permitidos” que “legalmente son posibles, pues la persona compró el libro y puede hacer la copia privada para uso sin ánimo de lucro”, por lo que prohibirlos “viola la ley nacional, ya que las excepciones del proyecto de ley no exoneran la infracción”.

De hecho, el texto no especifica explícitamente lo que un usuario privado pueda hacer con un contenido que haya adquirido legalmente. Lo que sí especifica son las excepciones en las cuales romper un ‘candado digital’  no es delito: cuando se lleva a cabo para hacer que un software pueda operar en conjunto con otros, cuando se hace de buena fe para evaluar fallas de seguridad en un software o un sistema, cuando se utiliza para desactivar herramientas que puedan vulnerar la privacidad del usuario y cuando la hacen los organismos del Estado en labores de “investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia”.

Sin embargo, otro aspecto de estas excepciones es bienvenido por algunos.  Realpe, por ejemplo, celebra que esta nueva ley “permite técnicas de ingeniería inversa que son útiles para el ‘hacking ético’ y para la seguridad de la información”, con las que se busca mejorar la seguridad de los sistemas y evitar que estos dañen al usuario.

Desde hace un par de semanas, una corte de la Florida lleva un caso contra Hotfile, un ‘cyberlocker’ demandado por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, por su sigla en inglés). Según CNET, la MPAA –que agremia a seis de las más grandes productoras de ese país– afirma que el sitio no tiene derecho a existir, pues su popularidad “es un resultado directo del masivo robo digital que promueve”. En la demanda, el gremio dice que el servicio web “les paga a usuarios para que suban contenido ilegal” y “fomenta activamente la infracción masiva de derechos de autor que impulsa a su negocio”.

Google decidió enviarle a la corte un documento en el que expresa su opinión legal sobre el caso. En él, la empresa defiende activamente a Hotfile y afirma que está protegido por el Digital Millenium Copyright Act (DMCA), una ley aprobada por el Congreso estadounidense que regula las empresas y los contenidos de Internet. Esa ley establece que los servicios en línea no son responsables si los contenidos alojados en ellos por sus usuarios violan los derechos de autor. Esta doctrina es conocida como ‘puerto seguro’.

El DMCA establece que son los dueños de los derechos, y no los sitios, quienes deben encargarse de detectar y reportar los archivos ilegales. La única obligación de los servicios web es retirar los contenidos si los propietarios del ‘copyright’ lo piden.

Según los demandantes, Hotfile no tiene derecho a ser amparado por la doctrina del ‘puerto seguro’, pues “induce” a las infracciones de ‘copyright’. Google es enfático en asegurar que eso no es cierto y que Hotfile sí está protegido por esa ley. “La Corte no debe dejarse engañar. Debe resistir cualquier intento de (…) imponerle a Hotfile obligaciones de vigilancia de las que la DMCA lo exime específicamente”, dice en el documento.

El buscador afirma que la MPAA basa sus acusaciones en el hecho de que, al parecer, Hotfile solamente bloqueaba el acceso a los contenidos que eran denunciados por la industria pero no tomaba acción contra otros archivos, que no eran mencionados en la solicitud aunque tuvieran el mismo contenido infractor. En ese sentido, dice Google, no se puede acusar al servicio “de que supiera de (la existencia de) materiales supuestamente infractores, los cuales no eran específicamente identificados por esas notificaciones”.

El interés de Google por defender la DMCA consiste en que es una reglamentación vital para su negocio. “Los ‘puertos seguros’ han ayudado a facilitar el desarrollo de Internet como una plataforma robusta y revolucionaria para la libre expresión, la creatividad y la oportunidad económica”, dice en el texto. “Puntos de referencia del Internet moderno, como Facebook, Twitter y Wikipedia, también confían en los ‘puertos seguros’ del DMCA para sus operaciones cotidianas”, añade.

Según TorrentFreak, “muchos de los argumentos hechos por Google también son relevantes en la acusación contra Megaupload“. De hecho, en su primera entrevista tras su salida de prisión, el propio Kim Dotcom dijo algo similar a lo que escribió ‘la gran G’. “No podíamos ser responsabilizados por las acciones de terceros mientras diéramos de baja cosas que nos reportaran, lo que hemos hecho todos estos años, de acuerdo con la ley”, dijo en su momento.

El  27 de noviembre de 2009 el gobierno español, en ese entonces a la cabeza de Jose Luis Rodríguez Zapatero, presentó un proyecto que busca, entre otras cosas, dejar en manos de una comisión fijada por el gobierno, la posibilidad de cerrar en un plazo de 48 horas un sitio web que tenga archivos digitales protegidos por derechos de autor.

Pero el nacimiento de Sinde no vino solo. Miles de usuarios de Internet alzaron sus voces de protesta en contra del proyecto del gobierno español desde el mismo año en que fue presentado al congreso. En medio del debate sobre el control de la piratería en Internet, en marzo de 2010 llegó al Ministerio de Cultura de España una lista de casi 1.200 sitios web que incluían pequeños buscadores de ‘torrents’.

La iniciativa fue implementada por la Coalición de Creadores e Industrias Culturales y la idea principal era desbordar las pretensiones del gobierno de cerrar los sitios web que estén a favor de las descargas no autorizadas. Dentro del listado, los activistas incluyeron blogs, sitios de partidos políticos, de medios de información, de autores y de creadores.

La denominada ‘Lista de Sinde’ nació para demostrar al gobierno español que el cierre de sitios web que incluyen contenidos que fomentan las descargas no sirve para nada. 

“La gente quiere compartir cultura y conocimiento (…) Tenemos la suerte de que en España la copia privada es legal, a diferencia de otros países, y hay un interés en compartir; los cambios legislativos no van a servir de nada porque el sentimiento que existe por compartir es muy fuerte”, comentó uno de los responsables del movimiento contra Sinde.

La iniciativa ha logrado mantenerse en pie hasta la actualidad pues incluso en el momento en que entró en vigor la ley Sinde, organizada por activistas de Internet, desde el sitio Hacktivistas.net, para ‘desbordar’ las pretensiones del Gobierno de clausurar aquellos sitios que favorezcan las descargas no autorizadas.

La idea, bautizada como ‘La lista de Sinde’, es animar a los autores de páginas web y blogs a incluir ‘widgets’ –pequeñas aplicaciones que se superponen en la pantalla– diseñados para buscar archivos de descarga en la Red. La finalidad es demostrar que el cierre de determinados sitios web por fomentar las descargas “no servirá de nada”.

El músico español  Eme Navarro fue el encargado de hacer la primera denuncia una vez puesta en marcha la ley antidescargas española. Navarro presentó una notificación contra más de 200 sitios web que facilitan un enlace a una canción suya con derechos de autor, para mostrar de forma práctica la ineficacia de la ley. Utilizando los ideales de ‘La lista de Sinde’, el músico pretende demostrar que el cierre de determinados sitios web por fomentar las descargas no funcionará.

Según informaron algunos medios españoles, Navarro compuso una canción con todos los derechos reservados, el grupo Hacktivistas la puso a disposición del público en el sitio web Wertdeenlaces y después invitó a cualquier sitio web a enlazar y usar esa obra protegida sin permiso explícito del autor. El listado que presentó Eme Navarro incluyó los más de 200 sitios que enlazaron la canción sin permiso del autor. 

La iniciativa continúa trabajando en contra de Sinde-Wert, una ley que pese a sufrir innumerables altibajos, entró en vigor el pasado primero de marzo.

Mientras los usuarios y las grandes empresas de Internet se movilizaban generando fuertes protestas en contra de la ley SOPA, lo que incluso provocó que el mismo Lamar Smith retirara el proyecto del Congreso hasta que haya un acuerdo más amplio sobre el tema, un acuerdo comercial que trata de poner límites a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual e industrial en todo el mundo estaba tomando ventaja en diferentes países.

Según han reportado varios medios, el ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement, o Acuerdo comercial anti falsificación), podría resultar incluso peor que SOPA o PIPA, por lo que su aprobación por la Comisión Europea, que se llevó a cabo el pasado 26 de enero, ha generado una gran ola de protestas en la Red que se han materializado en varias ciudades alrededor del mundo.

A diferencia de SOPA que nació como un proyecto de ley de Estados Unidos, el ACTA es un tratado internacional por lo cual recae sobre cualquier contenido que se publique en Internet en cualquier país del mundo, por lo que es importante estar enterados de qué se trata ACTA y cuáles son los principales puntos que se deben tener en cuenta.

A continuación presentamos 5 pautas que deben saber sobre el tratado internacional que ha sido considerado como una amenaza para la libertad de expresión en internet.

¿Qué pretende ACTA?

Aunque las protestas de los usuarios de la Red lograron derrotar a SOPA, el tema de las leyes que pretenden proteger los derechos de autor no ha terminado. Según el texto del Acuerdo comercial anti falsificación su  principal objetivo enfrentar el problema de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, incluidos los que se lleven a cabo en el entorno digital para combatir los altos niveles de piratería a nivel mundial.

Además, con la firma de este tratado, los países están de acuerdo para trabajar unos con otros sobre temas como la falsificación y el robo de derechos de autor. Sin embargo, pese a que los gobiernos de los países que se unieron al tratado aseguran que ACTA no pretende atacar a personas individuales, su privacidad o la propiedad de los individuos, siempre y cuando no se dediquen a comercializar a gran escala productos falsificados o pirateados, el acuerdo ya cuenta con varios detractores.

Sitios web como accessnow.org, aseguran que ACTA es una norma con una gran indefinición que podría “poner la libertad de expresión en manos de empresas privadas e impedir el uso del patrimonio cultural de la sociedad  por sobreproteger los derechos de propiedad intelectual”.