Estados Unidos en contra de la monopolización

La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), demandó a Meta por aplastar y/o comprar a sus rivales (Instagram y WhatsApp) por lo que piden al gobierno, obligue a la compañía a vender tanto la aplicación para compartir fotos, como el servicio de mensajería instantánea. La demanda se interpuso en el gobierno de Trump (2017-2021), pero el tribunal la había rechazado.

En agosto del año pasado, la FTC presentó una demanda enmendada, en la que agregó más detalles sobre su acusación contra el imperio de Zuckerberg. Finalmente, el pasado 11 de enero, un juzgado del Distrito de Columbia admitió la demanda. Debido a esto, el organismo estatal norteamericano denuncia que efectivamente Meta tiene un monopolio ilegal en cuanto a los servicios de redes sociales, por adquirir las aplicaciones ya mencionadas e integrarlas cada vez más entre ellas.

Ahora, Mark Zuckerberg y su equipo legal se enfrentan a la que quizás será su batalla más difícil en territorio norteamericano. Si el gobierno determina que efectivamente la empresa tiene deseos de monopolizar el territorio digital, podrían obligar a Meta a deshacerse de sus dos negocios más rentables.

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¿Violación a la privacidad?

El día de hoy nos levantamos con la noticia de que la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido presentó una demanda colectiva contra Meta, así lo informó Reuters. Los demandantes acusan a la empresa de abusar de su dominio de mercado en las Islas Británicas al explotar la información de al menos 44 millones de usuarios.

La demanda interpuesta por más de 3.200 millones de dólares, argumenta que Facebook al ser la red social dominante en la isla, se aprovechó de ello para imponer términos y condiciones injustos a sus usuarios. En ellos, exigía el suministro de datos personales muy valiosos para poder acceder a la red social. De esta manera, la empresa pudo explotar la información personal a su antojo.

Por otro lado, el pasado miércoles una jueza peruana admitió a trámite una demanda interpuesta por Juan Mejía, un abogado de Perú contra Mark Zuckerberg. Según Mejía, su cuenta de Facebook fue suspendida durante 30 días por difundir información polémica y dudosa sobre el origen del COVID-19. En la demanda se argumenta que la red social violó su derecho a la libre expresión. Ahora, Mejía pide que se le indemnice con 300.000 dólares.

Dados estos problemas legales, la reputación de la empresa de Zuckerberg sigue cayendo, lo que puede generar consecuencias económicas nefastas, además de poner en peligro el nuevo negocio al que se quiere someter la empresa con el Metaverso.

Imagen: Archivo ENTER.CO

Dorsey, actualmente es CEO de Block, la empresa con la que pretende crear un ecosistema del Metaverso dedicado al comercio digital. Siguiendo los lineamentos de la compañía y (para curarse en salud) ha pensado en un fondo de defensa legal para desarrolladores de Bitcoin.

El fondo lleva el nombre de ‘Bitcoin Legal Defense Fund’ con el que se defenderá a los desarrolladores que enfrenten problemas legales relaciones con las actividades en el ecosistema Bitcoin. El fondo se encargaría del apoyo con asesoría legal, además de pagar los gastos de la defensa (si así lo desea el involucrado). Todo esto sin que los desarrolladores deban pagar costo alguno.

Dorsey anunció el lanzamiento del fondo a través de un correo electrónico enviado a una lista selecta de desarrolladores de Bitcoin de la fundación Linux. “El Bitcoin Legal Defense Fund es una organización sin fines de lucro que apunta a minimizar los dolores de cabeza legales que desincentivan a los desarrolladores de software de desarrollar Bitcoin y proyectos relacionados como la red Lightning, protocolos de privacidad y similares”, comenta el empresario.

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Además, en el correo, el fundador de Twitter, expresa su preocupación por la renuncia de varios desarrolladores, debido a la falta de apoyo legal en demandas y litigios en su contra.  “Los desarrolladores de código abierto, que son con frecuencia independientes, son especialmente susceptibles a la presión legal. Debido a esto, proponemos una respuesta coordinada y formal para defenderlos”, argumenta Dorsey en el mail.

Así mismo, se conoció que el fondo iniciará coordinando la defensa de la demanda que interpuso Wright Tulip Trading contra varios desarrolladores debido al “incumplimiento del deber fiduciario” del robo de cripto en el hackeo de Mt. Gox.

Imagen: Pexels

Este lunes, en un comunicado publicado en su página web, la Superindustria notificó que Uber Colombia S.A.S. había sido sancionado con una multa de 2.128 millones y medio de pesos, luego de comprobar que su conducta incumplió las órdenes e instrucciones que le habían sido dadas por esa Superintendencia.

Además, el texto señala que la sanción se debe a que Uber también obstruyó una visita administrativa que adelantaba Superindustria el 13 de octubre de 2017, cuatro años después de su llegada al país, en la sede administrativa de la empresa a cargo de la plataforma de servicio de transporte, ubicada en Bogotá.

Les aplicaron la tarifa dinámica

El texto señala que, luego de realizar un proceso administrativo en contra de Uber Colombia, descubrieron que la empresa instruye a sus funcionarios para que no den información sobre el negocio y la empresa ni otorguen acceso a computadores o equipos de la compañía cuando una autoridad administrativa, como la Superindustria, realice una visita.

El informe agrega que “la empresa presentó una actitud displicente y obstructiva frente a diferentes requerimientos de información por parte de los funcionarios de la Delegatura de Protección de la Competencia” e “hizo caso omiso a múltiples requerimientos para poner en marcha los procedimientos internos de inspección de documentos y archivos electrónicos sobre los cuales se presentaron bloqueos”.

Luego, el texto agrega que Uber Colombia “obstruyó la entrega de diferentes documentos corporativos (estatutos, actas de asambleas, balances, etc) requeridos por los funcionarios de la Delegatura por tener relación directa con el objeto de la visita”.

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Por otro lado, el boletín indica que también hay una sanción en contra de tres personas naturales, quienes colaboraron y llevaron a cabo la obstrucción a la visita administrativa y el incumplimiento de las órdenes e instrucciones sobre las que se hizo mención anteriormente. Adicionalmente, comprobaron que esas personas presentaron declaraciones evasivas e incompletas sobre sus cargos, funciones y conocimientos sobre la estructura corporativa en Uber.

Las personas naturales multadas, según el comunicado, son: Natalia Patricia Caroprese Castro y Felipe Alberto Sandoval Villamil, quienes eran asesores legales de Uber Colombia al momento de los hechos, que deberán pagar 14.906.000 de pesos y 24.483.000 de pesos, respectivamente. Además, también fue multado Andrés Felipe Bedoya Sánchez, gerente de las oficinas de Uber Colombia en aquel momento, que deberá pagar 4.968.000 de pesos.

Imágenes: Muhamad Kaddoura y Bulat Silvia (vía: iStock).