Privacy encontró que en Colombia funcionan tres grandes sistemas de vigilancia masiva: Esperanza, Puma y SIGD (Sistema Integrado de Grabación Digital). Esperanza, según el informe, está amparada por la Ley; y la actividad de Puma es considerada como legal por la Policía, pero –según la ONG–, “la interceptación masiva o automatizada de las comunicaciones con fines de recopilación de información de inteligencia no está contemplada ni autorizada expresamente en la legislación colombiana” .

La Policía quería ejercer vigilancia masiva en Colombia al menos desde 2005

El SIGD, desconocido hasta ahora, es un poderoso centro de monitoreo de comunicaciones que recoge y retiene información de varias fuentes, “como monitoreo de Internet, de ubicación, de teléfonos y audio vigilancia”, y las analiza de forma centralizada. Esta autoridad, según Privacy, carece de “autoridad clara ni escrutinio público”.

Este sistema comenzó a ser desarrollado en 2005 por la Dipol (Dirección de Inteligencia Policial), y pretendía realizar una interceptación y almacenamiento masivo de la información que circula por las redes colombianas. “Los analistas de sus 20 estaciones de trabajo eran capaces, al menos en teoría, de grabar conversaciones de un objetivo seleccionado, captar 100 millones de registros de datos de llamadas al día e interceptar 20 millones de SMS diarios”, dice Privacy en su reporte.

Puma podría vigilar todo el tráfico de internet originado en Colombia

A pesar de esto, la Policía no logró hacer que el sistema funcionara del todo bien, y no pudo articularlo con otras redes de inteligencia del Gobierno. En vista de esa limitación, nació el sistema Puma, que actualmente “puede interceptar, almacenar y analizar cantidades masivas de tráfico telefónico, y está previsto que crezca y pueda también interceptar el tráfico de Internet” .

Puma funciona gracias a las ‘puertas traseras’ que la regulación colombiana obliga a las ISP a tener disponibles para las autoridades. De hecho, está diseñado para capturar información de voz y datos de 12 operadores colombianos: Claro, Tigo, Avantel, Movistar, Une, Telefónica, Emcali, Metrotel, ETB, Telmex y EPM; es decir, prácticamente todo el tráfico de internet originado en Colombia.

El sistema, según su proveedor, iba a tener la capacidad de rastrear hasta 20.000 objetivos al día, y tenía la capacidad técnica de llegar a los 100.000 objetivos diarios. Sin embargo, su escalamiento ha estado estancado por diferencias entre la Policía y la Fiscalía: según Privacy, “la Policía niega públicamente tener en la actualidad la capacidad de intervenir el tráfico de internet”, y de hecho, el informe asegura que los equipos que permiten la vigilancia más sofisticada están guardados en cajas de cartón. Mientras la Policía asegura que la Ley le permite desplegar y administrar estas tecnologías de vigilancia, la Fiscalía dice ser la única autoridad que puede administrar y operar estas salas.

Los equipos de Puma están guardados en cajas de cartón 

Este conflicto revela la principal conclusión a la que llega la ONG: en Colombia, el marco regulatorio de las actividades de inteligencia y vigilancia electrónica es deficiente. No es claro cómo ni con qué condiciones y controles deben operar estas herramientas de vigilancia. Y el problema es que ese hueco legal concede, en la práctica, “facultades de vigilancia masiva” a la policía.

Imágenes: Privacy International, ashyarku (vía Shutterstock).