El Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (CLT 2017), evento que por estos días se lleva a cabo en Cartagena (Colombia), ha servido como escenario para que los reguladores del sector discutan cuál es la hoja de ruta para una industria que enfrenta desafíos constantes.

Uno de los temas que se abordó durante la primera sesión del Congreso fue la revolución digital y cómo desde los gobiernos se puede incentivar la llegada de inversiones a América Latina. Precisamente, uno de los estudios al respecto fue presentado por Sonia Agnese, de la consultora internacional Ovum TMT Intelligence.

Recomendaciones para la economía digital en América Latina

El estudio destaca siete recomendaciones de política pública orientadas a que la era digital se convierta en un motor de inversión para la región. La primera recomendación es diseñar un marco legal que sea apropiado. Esto incluye acciones como la eliminación de los límites a la inversión extranjera en el mercado de servicios audiovisuales y de telecomunicaciones, al tiempo que se armonizan los marcos regulatorios en toda la región.

Un segundo consejo tiene que ver con la creación de entidades regulatorias estables y confiables. Allí se aborda un tema que viene siendo estudiado en Colombia: la convergencia entre los múltiples reguladores del sector de telecomunicaciones. Además, el estudio señala que es necesario que dichos entes estatales puedan hacer cumplir la regulación, sin que sean afectados por los cambios políticos.

La eliminación de las barreras para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones también aparece como una de las recomendaciones que hace la consultora Ovum TMT Intelligence. En este punto se incluyen temas como el uso compartido de infraestructura, la reducción de licencias y permisos municipales para el despliegue de la misma, y el aumento en las facilidades para el acceso al espectro radioeléctrico.

Además, el informe enfatiza en la importancia de “mantener en el tiempo de las políticas de promoción de la competencia y la prevención de prácticas anticompetitivas; la necesidad de garantizar el cumplimiento de las leyes para proteger las inversiones”, algo que se puede traducir como: no cambiar las reglas de juego de manera abrupta en un mercado que demanda millonarias inversiones y planes de largo plazo.

El problema de la piratería en la TV

Durante la presentación del documento, Agnese también hizo referencia a uno de los principales problemas de la industria de la televisión por suscripción: la piratería. Al respecto, el estudio señala que “el robo de señal y los proveedores no autorizados de televisión paga representan el 30% de las conexiones totales, existen altos índices de piratería en línea y los operadores legítimos incurren en grandes cargas fiscales”.

A esto se suman problemas relacionados con la falta de transparencia en el cobro de las tarifas por presentaciones públicas o música y películas protegidas por derechos de autor. “La implementación excesiva y no transparente de este tipo de tarifas ha aumentado el costo de la prestación de servicios de televisión por suscripción, punto que debe ser atendido con urgencia por las autoridades regulatorias, para evitar pagos excesivos o que se encuentran carentes de cualquier soporte técnico”, destaca Ovum.

Imágenes: Pixabay

Con el proyecto, resultado del trabajo conjunto entre este ministerio y otras entidades como el Ministerio TIC, de una comisión intersectorial de Propiedad Intelectual, según el ministro Vargas Lleras “por primera vez en Colombia se toman medidas serias contra la piratería en todo el uso de la Red”. El ministro agregó que “las autoridades judiciales y la propia Fiscalía señalaban que nos les era posible hacer uso del derecho penal a quienes venían y vienen utilizando internet con propósitos de piratería; esta ley establece penas severas”, agregó.

A primera vista, esta Ley, que es la respuesta a una exigencia incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, sería muy benéfica para los autores en campos como la música, las producciones audiovisuales, los libros, el software, la televisión, la radio, la fotografía y otras artes. Y, por supuesto, el proyecto debe ser muy bien recibido por las industrias relacionadas; el ministerio, al menos, asegura que “contribuye a su crecimiento, competitividad y productividad”.

Pero desde las mismas declaraciones del ministro surgen preguntas como qué es exactamente la piratería y en qué se diferencia de compartir contenidos, y si esta Ley busca beneficiar solo la industria a costa de los usuarios de Internet.

Si este proyecto de Ley supera todo el proceso legislativo, no solo representaría riesgo de cárcel para quien distribuya ilegalmente y con fines comerciales contenidos protegidos por derechos de autor, sino que también significaría que cualquier sitio web que publique estos contenidos corre el riesgo de ser bloqueado o de que se retiren contenidos, algo que con la legislación actual solo es posible con los sitios que promueven la pornografía infantil y la pedofilia. El proyecto de Ley también presenta los mecanismos para que los proveedores de acceso a Internet colaboren con los autores y titulares de derechos de autor y conexos para impedir la piratería de sus obras.

A simple vista, el proyecto de Ley tiene una buena intención y responde a una necesidad real del país de ponerse a tono con los desafíos y oportunidades que brinda Internet para los autores. Sin embargo, preocupa que en su comunicado de prensa, el Ministerio del Interior destaque, como un gran logro, que esta iniciativa ubica a Colombia al nivel de Estados Unidos, España, Francia, Irlanda, Corea, Nueva Zelanda y Chile.

¿Es esto algo bueno? El solo equiparar este proyecto de Ley con la famosa y criticada Ley Sinde de España no deja un buen sabor a los observadores, pues esta ley ha puesto en pie de lucha a los usuarios de Internet en España, que sienten amenazada la libertad de expresión. (Una muy buena explicación de la Ley Sinde la publica el sitio Alt1040 en esta nota). Lo mismo ocurre con la cuestionada –y al parecer poco efectiva– Ley Hadopi, de Francia.

Carolina Botero, abogada, bloguera, colíder de Creative Commons en Colombia y una de las mayores conocedoras de los temas de derechos en Internet, considera que este proyecto de Ley representa un paso hacia adelante en la protección de derechos de autor en el país. “Este tipo de normas es una de las mejores herramientas que se vienen desarrollando dentro de la tendencia internacional de reforzar la  protección del derecho de autor, especialmente en Internet. Pero es precisamente esa la razón de su gran crítica: el hecho de que ignore el ecosistema creativo al favorecer solo un punto y olvidar el resto”.

Según Carolina Botero, quien estuvo al tanto del desarrollo del proyecto de Ley, se suponía que el grupo de trabajo había acordado que el texto pasaría a discusión pública, para que contara con el aporte de organizaciones, expertos y los colombianos en general. Sin embargo, ella cree que “parece que las premuras de la agenda legislativa terminaron con las buenas intenciones, y el proyecto pasó derecho al Congreso”.

“Se debe tener presente que el gran tema dentro de la construcción de estas leyes en el tiempo que vivimos (y teniendo en cuenta a Francia, España, Chile e incluso Brasil) es la participación de la sociedad civil, del público. Durante las últimas décadas estas leyes han sido construidas por los autores y titulares desde su óptica, y poca o nula atención se ha puesto a las necesidades como el acceso y  la información, las del público, que es el otro extremo de esta ecuación. Creo que es un error haber ignorado a la gente en este sentido, las leyes que lo han hecho han generado una reacción de impopularidad muy fuerte (Sinde o Hadopi)”.

A diferencia de los casos de España y Francia, Botero señala que en Chile el proceso no fue fácil pero se consiguieron acuerdos y el Estado cumplió su papel de garante de la sociedad. “Hoy por hoy ignorar al público como parte de la ecuación de cualquier ley sobre derecho de autor es un error que el Estado colombiano está cometiendo, no lo hizo antes pero tampoco lo hace ahora”, agrega.

Ministerio del Interior, apresurado.

ENTER.CO pudo establecer extraoficialmente que, como lo supone Carolina Botero, el Ministerio del Interior se adelantó a la presentación del proyecto de Ley, probablemente por las urgencias de la agenda del Congreso, y no consultó esto con las otras entidades que participaron en el desarrollo del proyecto, ni socializó el texto entre los usuarios de Internet –los directamente afectados por la futura Ley– ni con otras instancias.

En el último tiempo, el Ministerio TIC ha acostumbrado a los colombianos a socializar sus proyectos, con lo cual estos terminan siendo el resultado de debates, propuestas de diferentes ámbitos y consensos. Por ello, que el Ministerio de Interior, por ser el responsable directo de los derechos de autor en el país a través de una dirección a su cargo, maneje un tema tan sensible para los usuarios de Internet –alrededor de 23 millones en el país– a sus espaldas, molesta y genera desconfianza. (ENTER.CO intentó comunicarse con Juan Carlos Monroy, director de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, pero hasta ahora no ha sido posible obtener sus declaraciones y esperamos tenerlas en un siguiente informe).

Sin embargo, hay un parte de tranquilidad para quienes temen que en Colombia haya una ley arbitraria que solo beneficie a la industria a costa de  amordazar a los usuarios de Internet: una fuente del Ministerio TIC reveló que este proyecto de Ley no es definitivo y que se intentará que haya un proceso de socialización, ya no con los tiempos y mecanismos que usa ahora el MinTIC, pero al menos sí se permitirán los aportes de los ciudadanos.

Por lo pronto, y antes de que se saquen conclusiones como ‘Colombia ya tiene Ley Sinde’ o, al contrario, ‘por fin se acabará la piratería en el país’, conviene leer con atención el proyecto de Ley y participar en las discusiones en línea que se generarán alrededor de él.

Algunas preguntas incómodas.

Para iniciar la discusión, planteamos algunas preguntas a nuestros usuarios (cuyas respuestas, según nuestra fuente en el Ministerio TIC, serán tenidas en cuenta para las mejoras al proyecto de Ley):

• ¿Encuentran similitudes concretas entre este proyecto de Ley y las leyes Sinde y Hadopi? ¿Cuáles?
• ¿Qué debería tener esta ley para dejar contentos no solo a las industrias, sino también a los usuarios de Internet?
• ¿Un proyecto que amordazara la libertad de expresión y de acceso a la información en línea frenaría los avances que ha tenido Internet en el país?
• ¿Sería conveniente que el ministro Germán Vargas Lleras fuera igual de enérgico con la verdadera industria de la piratería en el país, que no necesita estar anónima detrás de un computador, sino que se encuentra en grandes centros de comercio en las principales ciudades, y que venden sus productos con total libertad frente a las autoridades?

Temas relacionados:

• Ley Hadopi: Francia subsidiará la música para frenar piratería.
• Colombia no está entre los países más ‘piratas’ del mundo.
• Agencia antipiratería Hadopi recibe 25.000 denuncias diarias.
• Firman acuerdo contra la piratería en Colombia.
• Empresas en E.U. calientan el debate por piratería y censura en Internet.
• Reviven la Ley Sinde en España.