A la denominada “Ley Sinde” o “Ley de Economía Sostenible (LES)” en España, que desde el 2009 ha estado tambaleando en el Parlamento, los partidos políticos de ese país le dieron una nueva oportunidad. La propuesta busca, entre otras cosas, dejar en manos de una comisión (fijada por el gobierno español) sin mediación de algún juez, la posibilidad de cerrar en un plazo de 48 horas un sitio web que tenga archivos digitales protegidos por derechos de autor.

La norma consiste además en una serie de cambios que afectan la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (más conocida como LSSI), la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, (que se centra en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico).

En ese sentido, al modificar estas leyes, la intención del gobierno del presidente Rodríguez Zapatero es permitir que un grupo de personas -dependientes del Ministerio de Cultura (una comisión cultural o comisión de propiedad intelectual)- tengan el poder de cerrar sitios web que, de acuerdo con los integrantes de la comisión, vulneren los derechos de propiedad intelectual.

En la votación del lunes pasado fueron aprobados algunos cambios en la propuesta de Ley que, en el caso de cierre de sitios web, incluyen la  presencia de un juez más en el proceso y será él quien identifique la IP del sitio en donde presuntamente se estén vulnerando los derechos de autor. Además, se planteó la reducción a 24 horas el plazo que tendrá la comisión para identificar al presunto infractor. Sin embargo, el acuerdo al que llegaron los partidos establece que el proceso de cierre de un sitio web podría alargarse hasta 17 días.

“Lo mejor hubiera sido empezar de cero. Es una ley muy impopular. Enfrentar a creadores con la Red es el mayor de los errores. Llevo meses intentando conseguir un consenso entre todos y no hemos sido escuchados por los políticos. Esta ley no es la solución“, dijo Alex de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine de España, quien por causa de esta Ley estaría pensando en renunciar a su cargo.

Por su parte, la ministra de cultura española, Ángeles González-Sinde, aseguró en una rueda de prensa: “Es una ley que respeta los derechos de todos. Un modelo distinto al de los países de nuestro entorno. Cuando empiece a funcionar comprobaremos que no supone una amenaza para el uso de Internet. Tiene que quedar claro que no se perseguirá a los individuos“.

El siguiente paso que dará la polémica norma es llegar a la Comisión de Economía del Senado español y luego pasará al Pleno (órgano de trabajo funcional, a través del cual la Cámara ejerce su voluntad) posiblemente en febrero. Finalmente, los cambios junto con el resto de puntos que tiene la LES regresará al Congreso de los Diputados.

La resurrección de la polémica Ley, que fue rechazada en la Asamblea Nacional a finales del año pasado, ha generado el debate de diversos sectores, pero los que más se han hecho sentir han sido los internautas y a través de redes sociales como Twitter han rechazado el acuerdo al que se llegó en la noche del lunes pasado.

Para tener en cuenta de la “Ley Sinde”.

Uno de los aspectos más álgidos en la propuesta de ley es que en la actualidad un sitio web de descargas puede ser considerado legal por un juez que así lo determine. Por esto, los artistas y los sectores del entretenimiento están inconformes porque lo califican como piratería y permite la distribución de material protegido por derechos de autor.

La Comisión de Propiedad Intelectual funcionará así: sus integrantes recibirán denuncias (de ciudadanos particulares, cantantes, bandas, directores, disqueras, entre otros) y ellos tendrán la potestad de determinar si existe una falta o no. En el caso de que determinen que sí la hay, habrá dos caminos a seguir:

1. El responsable de los contenidos que supuestamente vulneran la propiedad intelectual tiene 48 horas para que, voluntariamente, retire el contenido en cuestión. Esto se hace por medio de una petición en la que no intercede ningún organismo jurídico. En caso de no hacerlo, la Comisión dará algún plazo (no mayor a 5 días) y dictará una resolución de culpabilidad.
2. Solicitar a un juez una orden que permita obtener, de parte del proveedor de servicios, los datos de las personas que hayan cometido la infracción. Esto para que se retire el contenido que vulnera los derechos de propiedad intelectual. Los juzgados tienen apenas 24 horas para autorizar o no.