El reporte identifica cambios concretos en Atlántico, Cesar, Quindío, Risaralda y Sucre. En estos territorios, la suma de las participaciones de Tigo y Movistar supera la cuota de Claro en banda ancha fija, lo que modifica el mapa competitivo por departamento. No se trata de una proyección futura sino de un ejercicio aritmético sobre la base de participaciones actuales.

El documento, coordinado por Joaquín Guerrero, director de Nae, analiza cómo quedaría estructurado el mercado tras la fusión en móvil y fijo. En internet fijo, la empresa combinada alcanzaría alrededor del 35 % de los accesos a nivel nacional, cifra muy cercana a la de Claro. Sin embargo, al desagregar por territorio es donde aparecen los movimientos más visibles.

En Atlántico y Cesar, por ejemplo, la suma de las bases consolida una posición que desplaza al competidor que encabezaba el mercado. En Quindío, Risaralda y Sucre ocurre una dinámica similar. La integración une huellas geográficas que hasta ahora operaban de forma separada y que, en conjunto, logran mayor densidad de clientes.

Cinco departamentos cambian de líder

El informe también muestra que la presencia territorial de Tigo y Movistar ha sido históricamente distinta. Mientras uno tenía mayor concentración en ciertos departamentos, el otro fortalecía su red en zonas diferentes. Al fusionarse, esas coberturas se complementan y generan un operador con alcance comparable al de Claro en varias regiones.

Este cambio regional es relevante porque la competencia en telecomunicaciones no se define solo por cifras nacionales. En muchos casos, las decisiones comerciales, las promociones y el despliegue de infraestructura responden a realidades locales. Un nuevo líder en un departamento puede influir en precios, inversiones en fibra óptica y estrategias de retención.

En banda ancha fija, el reporte destaca además la importancia de la migración hacia redes FTTH. Movistar aporta una base significativa de fibra, apoyada en acuerdos mayoristas como el de On Net, mientras Tigo cuenta con una estructura tecnológica diferente. La integración abre la posibilidad de acelerar la expansión de fibra en las zonas donde ahora suman liderazgo.

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Desde una mirada crítica, el avance en cinco departamentos no implica dominio absoluto del mercado nacional. Claro mantiene una posición fuerte en varias regiones y conserva el liderazgo agregado en segmentos móviles. No obstante, la redistribución territorial reduce la distancia en fijo y fortalece la capacidad competitiva del nuevo operador.

Para los usuarios en esos departamentos, el efecto dependerá de cómo se gestione la transición. Si la nueva compañía aprovecha la escala para mejorar cobertura y calidad, podría consolidar su posición. Si la integración genera ajustes operativos complejos, los clientes podrían evaluar alternativas.

El informe no anticipa consecuencias regulatorias adicionales ni emite juicios sobre la conveniencia de la operación. Lo que sí deja claro es que, con la fusión en marcha, el liderazgo regional ya no será el mismo en al menos cinco departamentos del país.

La solicitud presentada ante la SIC busca que la autoridad de competencia analice el alcance de la alianza, sus eventuales efectos en el mercado y las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse. Según lo informado por ETB, se trata de un esquema de colaboración comercial que, por ahora, no contempla modificaciones en la estructura societaria de ninguna de las dos compañías.

En términos prácticos, la alianza apuntaría a fortalecer la oferta de televisión de ETB mediante la integración de contenidos y capacidades de DirecTV, una empresa con amplia experiencia en distribución audiovisual y plataformas de televisión satelital y digital. Para ETB, este movimiento se alinea con su proceso de transformación hacia un modelo Techco, con el que busca diversificar su portafolio más allá de la conectividad tradicional.

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Desde la perspectiva de los usuarios, el acuerdo podría traducirse en una oferta más integrada de servicios, con paquetes que combinen internet, televisión y eventualmente otros productos digitales. También abre la puerta a una mayor disponibilidad de contenidos bajo demanda y a esquemas de contratación más flexibles, en respuesta a los cambios en los hábitos de consumo audiovisual.

No obstante, estos posibles beneficios están sujetos a la evaluación de la SIC. Durante el análisis, la entidad puede solicitar información adicional, imponer condiciones o incluso objetar la operación si considera que afecta la libre competencia. El regulador deberá determinar si la alianza genera concentraciones indebidas o barreras de entrada para otros actores del mercado.

¿Cómo encajaría esta alianza frente a Tigo y Movistar?

La notificación llega en un momento de alta reconfiguración del sector. Tigo y Movistar han avanzado en procesos de consolidación y fortalecimiento de sus ofertas convergentes, integrando televisión, internet fijo y móvil bajo una misma marca y estrategia comercial. Frente a ese escenario, una alianza entre ETB y DirecTV podría convertirse en una respuesta para competir en igualdad de condiciones, especialmente en el segmento de televisión y entretenimiento.

A diferencia de sus competidores, ETB no cuenta con una operación nacional de televisión robusta. La posible alianza le permitiría ampliar cobertura y enriquecer su catálogo sin asumir, al menos en esta fase, una inversión directa en infraestructura audiovisual. Para DirecTV, el acuerdo representa una vía para reforzar su presencia en mercados donde ETB mantiene una base sólida de clientes de conectividad.

Si la SIC da luz verde, el reto estará en cómo se materializa la alianza en precios, calidad de servicio y experiencia de usuario. En un entorno marcado por la competencia con plataformas de streaming y operadores integrados, la sostenibilidad del acuerdo dependerá de su capacidad para ofrecer valor real al consumidor y no solo una suma de marcas.

Por ahora, el proceso está en manos del regulador. El desenlace definirá si esta alianza se convierte en un nuevo actor relevante del mercado o queda como un intento estratégico condicionado por las reglas de competencia.

A partir de esa fecha, Movistar deja de operar como una empresa autónoma, aunque mantiene su marca, su portafolio comercial y su relación directa con los clientes. Tigo asume la dirección de las decisiones técnicas, financieras y operativas, marcando el comienzo de una transición que, por ahora, ocurre puertas adentro y no en la experiencia del usuario final.

Por ahora,  para los usuarios  de Movistar no hay cambios inmediatos; los contratos, planes, precios, condiciones de permanencia, facturación y canales de atención continúan exactamente igual. Tampoco hay migraciones automáticas, cambios de red ni modificaciones unilaterales en los servicios móviles, de internet fijo o de televisión.

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El proceso que se activa desde febrero está concentrado en la reorganización interna. La nueva estructura contempla la unificación de áreas administrativas y técnicas, la integración gradual de plataformas operativas y redes, la reorganización de sedes en distintas ciudades y la eliminación de duplicidades en cargos y procesos. El objetivo es reducir costos, ganar eficiencia y liberar capacidad de inversión en infraestructura y cobertura.

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar y cómo se reorganiza el mercado?

Cualquier ajuste que pueda impactar a los usuarios deberá darse más adelante, de forma progresiva, con comunicación previa y bajo las reglas del regulador. En ese sentido, el corto plazo se caracteriza por estabilidad para los clientes y ajustes silenciosos en la operación.

El último paso pendiente para cerrar el capítulo societario es la venta de la participación del Gobierno Nacional en la compañía. Según el decreto expedido el 30 de diciembre de 2025, el Estado fijó el precio de las acciones en 772 pesos por título. De concretarse la operación, el Gobierno recibiría al menos 855.000 millones de pesos, sin que esto afecte la prestación del servicio, pero sí complete la salida del Estado del nuevo esquema empresarial.

Desde la perspectiva del mercado, el impacto es más profundo. Hoy, tres operadores concentran cerca del 90 % del sector. Claro mantiene el liderazgo con una participación superior al 52 %, seguido por Movistar y Tigo de forma separada. Sin embargo, una vez se materialice la integración, el bloque Tigo-Movistar alcanzaría cerca del 38 % del mercado, consolidándose como el segundo jugador y reduciendo la distancia frente al operador dominante.

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En un país con 92 millones de líneas móviles activas, donde la cobertura de telecomunicaciones llega al 92 % del territorio, el nuevo escenario plantea un reacomodo competitivo relevante. Claro seguiría siendo el líder, pero enfrentaría a un competidor con mayor escala, músculo financiero y capacidad de inversión, mientras que operadores más pequeños deberán adaptarse a un entorno más concentrado.

Más que un cambio inmediato para los usuarios, lo que comienza el 4 de febrero es una reconfiguración estructural del mercado, cuyos efectos reales se medirán en los próximos meses en términos de competencia, inversión y calidad del servicio.

Entre enero de 2024 y junio de 2025, la oferta creció, especialmente en pospago. Ese segmento pasó de un promedio de 44 planes a 56, impulsado por la expansión de las modalidades “todo incluido sin datos ilimitados”. Allí están el 64,9% de las ofertas del país, y es, en la práctica, donde se mide la competitividad real.

Un mercado donde el dato pesa más que el precio

Los precios subieron poco, pero subieron. El plan más económico entre los grandes operadores pasó de $40.936 a $44.136 en seis meses, mientras que la capacidad de datos apenas se movió. ETB sigue teniendo el plan base más barato, aunque su aumento de $6.000 también fue el más alto. Claro, Movistar y Tigo parecen haber marcado un estándar tácito: 60 GB como referencia para la entrada al pospago.

Pero no solo se trata del volumen. Lo más determinante hoy es cómo cada operador arma su “canasta”: minutos y SMS ilimitados, sí, pero acompañados de datos que van de 35 GB a 200 GB, o los populares planes ilimitados, que crecieron de 9 a 12 en un año.

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Las cifras muestran un mercado donde los datos aumentan menos y el precio se ajusta más. La capacidad promedio llegó a 103,5 GB en 2025, pero con un crecimiento más lento que en 2023. Es decir, el usuario paga más por un salto menor.

¿Entonces, qué operador ofrece la mejor oferta?

No hay una respuesta única, pero sí tendencias claras:

Claro
Sigue siendo el operador con mayor variedad y agresividad comercial. Sus múltiples planes con OTT —Netflix, MAX, Prime Video, Claro Gaming— lo convierten en el rey del “valor agregado”. Es el que más mueve su portafolio y quien lidera con mayor presencia en las canastas grandes (entre 75 y 120 GB). Para quienes consumen plataformas y juegos, es el más completo.

Movistar
Apuesta por su línea “sin fin”, donde los datos continúan a velocidad reducida después del límite. Es un modelo atractivo para quienes temen quedarse sin internet a mitad de mes. También mantiene alianzas estables como la promoción de Prime Video. Sus planes intermedios suelen ser más equilibrados en precio/capacidad.

Tigo
Recortó su portafolio para dejar solo tres planes. Dos de ellos son ilimitados, con beneficios sólidos en tethering y roaming. Es una oferta clara: menos opciones, pero con foco en usuarios intensivos de conexión y viajeros. Sin embargo, sus aumentos fueron más drásticos.

WOM
Mantiene algunos de los precios más bajos en canastas específicas, especialmente en los rangos de 55–75 GB y 120–200 GB. Aunque ha ajustado precios de forma abrupta, sigue siendo competitivo para quienes buscan capacidad alta sin pagar por extras.

ETB
Mejoró capacidades, redujo su oferta y mantuvo tarifas más bajas que sus rivales en planes comparables. Es el mejor para quienes quieren gigas a buen precio sin servicios añadidos.

¿Y el prepago?

El panorama es estable: vigencias de 7 y 30 días dominan, y más del 60% de las ofertas están entre 1 GB y 32 GB. La competencia se concentra en promociones recurrentes —como el triple de datos de Movistar— y en paquetes económicos que rondan los $17.000. Aquí no hay un operador dominante: todos pelean por volumen y recurrencia.

Ahora bien,  si el usuario busca el mejor plan por cantidad de datos, WOM y ETB suelen ofrecer las tarifas más bajas. Si busca el plan más completo, con servicios añadidos, Claro es el más robusto. Si quiere continuidad sin cortes, Movistar destaca con su velocidad reducida. Si necesita roaming real y tethering amplio, Tigo ofrece la mejor ecuación.

El mercado no está definido por quién es “el más barato”, sino por quién entiende mejor las necesidades de cada perfil. Y ahí es donde la competencia sigue viva.

Según explica la empresa, con la unión de Tigo y Movistar se consolida en Colombia un esquema que se parece más a un duopolio que a un mercado competitivo. En la práctica, Claro y la nueva compañía resultante concentrarán más de 70 por ciento de los accesos a Internet fijo. Ese nivel de poder, señala la startup, puede convertirse en un obstáculo para que nuevos actores crezcan, innoven y sigan compitiendo en precios y calidad.

Una de las preocupaciones de Somos gira en torno a la capacidad que tienen los operadores gigantes para sostener promociones prolongadas sin comprometer su estabilidad financiera. Para empresas pequeñas, absorber descuentos agresivos durante semanas o meses puede ser inviable y esto, en opinión de la compañía, podría usarse como una forma de presionar al mercado y desplazar a quienes están en etapa de expansión.

Otro punto crítico está en la negociación de insumos esenciales. Entre más concentrado esté el sector, mayor es el poder de negociación que obtienen los jugadores grandes con proveedores de infraestructura, contenidos, energía o equipos. Esto se traduce en menores costos por unidad y mejores condiciones para empaquetar y vender servicios combinados.

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Somos considera que este panorama deja a los actores pequeños en desventaja, especialmente cuando se trata de competir contra combos que integran fijo, móvil y televisión. A esto se suma la preocupación por el uso del costo de instalación como argumento para imponer cláusulas de permanencia, una práctica que la compañía considera injusta y que afecta la libertad de elección del usuario.

Alejandro Delgado, vicepresidente de Relaciones Estratégicas, también advierte que las zonas rurales y los barrios más vulnerables podrían ser los grandes perdedores de este nuevo escenario. Aunque Somos no planea llegar a áreas rurales en el corto plazo, sí se ha convertido en una alternativa real para cerrar brechas en sectores populares de Medellín y Bogotá gracias a precios desde cincuenta mil pesos, fibra óptica simétrica y la ausencia de cláusulas que frenan la adopción en hogares de ingresos limitados. Para Delgado, una menor presión competitiva reduciría los incentivos de los grandes operadores para invertir en estos territorios.

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Hoy Somos representa cerca de 0,64 por ciento del mercado, pero su crecimiento reciente es uno de los más altos del país. En dos años su base de usuarios ha aumentado 114 por ciento y la meta es pasar de 60.000 a 680.000 en un plazo de cinco años, lo que ubicaría su participación cercana a siete por ciento. Solo en 2026 esperan duplicar su tamaño.

Con el respaldo de inversionistas internacionales y su inclusión en el programa Medellín Next de Ruta N, la compañía planea seguir fortaleciendo su infraestructura y expandiendo su red de fibra activa, una tecnología poco común en hogares pero que les ha permitido desplegar la red a costos más bajos y ofrecer conexiones más rápidas. Su apuesta es clara: un internet más rápido, más justo y con mejor servicio al cliente en un mercado que, según advierte, podría perder dinamismo justo cuando más necesita competencia.

La empresa sostiene que, si la operación avanza en los términos conocidos, el país quedaría con un mercado dominado por dos gigantes, Claro y un eventual bloque Tigo–Movistar. Según sus cálculos, juntos superarían el 90% de la participación, dejando a los operadores más pequeños en una situación frágil. WOM asegura que esto no es una alarma infundada, sino un riesgo real que afectaría la competencia y, por extensión, a los usuarios.

El centro de su preocupación es la posibilidad de que un duopolio reduzca los incentivos para mantener precios competitivos, ampliar la cobertura o invertir en zonas apartadas. La carta enumera cuatro consecuencias que, desde su perspectiva, serían inevitables: tarifas más altas, menor despliegue de infraestructura, aumento de la brecha de conectividad y una mayor desigualdad territorial. Para un país que todavía lucha por cerrar las brechas digitales, ese panorama suena especialmente delicado.

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WOM recuerda que la decisión final aún está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que también fue mencionada por Petro cuando afirmó que su instrucción es atacar cualquier formación monopólica. Allí se juega el pulso.

La SIC tendrá que evaluar si la integración de Tigo y Movistar realmente fortalece la competencia o, como advierte WOM, la debilita. El operador insiste en que el Gobierno no debe aprobar la operación sin imponer condiciones estrictas que garanticen que los actores pequeños no queden arrinconados.

La carta también deja ver una preocupación estratégica, y la necesidad de que exista un ecosistema con más de dos opciones sólidas. WOM, todavía en proceso de consolidación en el país, depende de que el mercado no se concentre para poder crecer. Y aunque su reclamo tiene un evidente componente de supervivencia empresarial, abre una discusión válida sobre el tipo de competencia que Colombia quiere promover.

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Lo cierto es que la consolidación del sector es una tendencia global, pero en un mercado tan concentrado como el colombiano, cada decisión regulatoria tiene efectos profundos. La carta de WOM busca evitar que una integración que podría mejorar la salud financiera de los operadores termine reduciendo la diversidad de oferta para los usuarios. La última palabra la tendrá la SIC, pero el debate ya está instalado.

Comunicado Carta

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Según la entidad, estas fallas habrían permitido casos de SIM Swapping, una práctica que facilita fraudes financieros. Las multas podrían alcanzar hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por operador.

Ahora bien para entender  de qué trata, cabe mencionar que el SIM Swapping es una técnica usada por delincuentes para tomar control del número telefónico de una víctima, engañando al operador móvil para que transfiera la línea a una nueva tarjeta SIM bajo su poder. Con el número en sus manos, los estafadores pueden acceder a servicios bancarios, redes sociales o cualquier plataforma que dependa de la autenticación por SMS.

La SIC cita un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que advierte sobre el aumento de este tipo de fraudes a nivel internacional. Según el documento, “la víctima, cuya identidad es objeto de abuso, puede ver comprometidos sus fondos o verse involucrada en operaciones fraudulentas con recursos robados”.

Este tipo de suplantaciones no solo afecta a las personas, sino que también pone en entredicho la capacidad de los operadores para proteger la información y los servicios de sus usuarios.

Fallas en los controles de los operadores

La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la SIC identificó que las compañías habrían incurrido en tres tipos de fallas.

Primero, no contar con mecanismos tecnológicos confiables para verificar la identidad de los titulares al momento de entregar una nueva SIM. Segundo, no realizar controles internos regulares que garanticen la efectividad de los protocolos de seguridad, pese a conocer los riesgos de suplantación. Y tercero, no brindar respuestas claras o suficientes a los usuarios que reportaron reposiciones no autorizadas.

Estas deficiencias, advierte la Superintendencia, habrían permitido que delincuentes se hicieran pasar por los titulares legítimos, accediendo a sus números y, con ello, a sus cuentas bancarias o redes personales.

Un llamado a reforzar la seguridad

El proceso administrativo se da en el marco de las funciones de vigilancia y control de la SIC, entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores en el sector de las telecomunicaciones. Las empresas investigadas disponen de quince días hábiles desde la notificación para ejercer su derecho de defensa y presentar sus descargos.

Más allá de las sanciones, el caso revela un problema de fondo: la insuficiencia de los mecanismos de verificación de identidad que todavía dependen de documentos físicos o de preguntas de seguridad fácilmente vulnerables. Expertos en ciberseguridad recomiendan que las operadoras adopten autenticaciones biométricas, validaciones por video o cruces de datos en tiempo real con entidades financieras, medidas que, aunque implican inversión, pueden prevenir fraudes complejos como el SIM Swapping.

La Superintendencia reiteró que su actuación busca garantizar que los operadores fortalezcan sus protocolos de seguridad y atención al cliente. En palabras de la entidad, las decisiones adoptadas “reafirman el compromiso de la autoridad para identificar y detectar prácticas comerciales que afectan los intereses de los usuarios”.

El inicio de esta investigación contra los cuatro operadores móviles más importantes del país marca un precedente en materia de protección digital. En una época donde el número de teléfono se ha convertido en una llave de acceso a la identidad virtual, la seguridad en la reposición de una SIM no puede depender solo de la confianza: debe basarse en tecnología, verificación robusta y responsabilidad corporativa.

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Desde que la portabilidad numérica se implementó en 2011, se han registrado más de 60,4 millones de operaciones en el país. Lo que comenzó como un derecho para conservar el número al cambiar de empresa, se ha convertido en un termómetro del mercado móvil, una forma de medir quién está cumpliendo con la promesa de calidad, cobertura y servicio al cliente.

En el más reciente trimestre analizado (abril-junio de 2025), Movistar emergió como el operador con el mejor balance, logrando resultados netos positivos frente a todos sus competidores. Según los datos de la CRC, ganó 63,4 mil usuarios provenientes de Claro, 40,4 mil de Tigo y 67,6 mil de WOM. En otras palabras, el operador español fue el que más logró atraer usuarios insatisfechos de otras redes. Su desempeño refleja la estabilidad que ha mantenido en cobertura y atención al usuario, justo cuando el mercado vive una etapa de consolidación y menos volatilidad.

Por su parte, Claro sigue siendo el destino preferido de quienes se cambian de operador, especialmente entre los clientes que dejan Tigo (60,1 %), Movistar (51,2 %) y ETB (36,3 %). Sin embargo, al comparar directamente los flujos de portaciones entre ambos gigantes, Movistar fue quien salió mejor librado, arrebatándole más líneas de las que cedió. Claro mantiene liderazgo en volumen, pero pierde terreno en el balance neto.

WOM y Tigo enfrentan el mayor éxodo de usuarios

Las cifras también dejan claro quiénes fueron los más golpeados. Tigo y WOM registraron pérdidas netas de usuarios, con caídas aproximadas de 176 mil y 110 mil líneas respectivamente durante el trimestre. En el caso de WOM, la situación se agrava por su alta tasa de rotación: tres de cada diez usuarios que abandonaron el servicio se llevaron su número a otro operador, la proporción más alta del mercado. La empresa, que llegó con una estrategia agresiva en precios, parece enfrentar ahora el costo de mantener esa promesa en un entorno financiero más exigente.

Tigo, por su parte, mantiene una base sólida, pero con dificultades para retener clientes ante la competencia directa de Claro y Movistar. La compañía registró pérdidas frente a ambos operadores, aunque logró un pequeño saldo positivo con WOM. La CRC destaca que, pese a la reducción general del número de cambios, la competencia entre marcas se mantiene intensa, y el usuario colombiano cada vez se muestra más exigente al decidir con quién quedarse.

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El informe también señala la caída de los operadores móviles virtuales (OMV), que en conjunto recibieron apenas 40,9 mil portaciones durante el segundo trimestre, un 25,4 % menos que en 2024. Empresas como Virgin, ETB y Éxito registraron resultados negativos, mientras que Flash Mobile anunció su salida definitiva del mercado a mediados del año. Los usuarios, ante esa inestabilidad, parecen preferir compañías con red propia y trayectoria comprobada.

La CRC concluye que la portabilidad se ha consolidado como un indicador clave del nivel de competencia y una herramienta de empoderamiento del usuario. “Los colombianos continúan ejerciendo su derecho a elegir con libertad, optando por los operadores que ofrecen mejores condiciones de servicio”, afirmó Claudia Ximena Bustamante, comisionada y directora ejecutiva de la entidad.

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Con este aval, la multinacional de origen luxemburgués asume la responsabilidad de atender a más de 5 millones de usuarios que, hasta abril pasado, estaban suscritos a servicios de Movistar y Tuenti. El paquete incluye telefonía móvil, internet y datos, con un peso equivalente al 28 % de todas las líneas activas del país. En términos de mercado, se trata de heredar la segunda mayor base de clientes en Ecuador, lo que coloca a Tigo en un punto estratégico para disputar terreno frente a Claro, líder indiscutible en la región.

La SCE defendió su decisión afirmando que la concentración no altera la competencia. Según la entidad, no se observa una distorsión significativa ni un obstáculo que limite el ingreso o desempeño de otros jugadores en telecomunicaciones. La narrativa oficial habla de transparencia, libre competencia y continuidad del servicio. Sin embargo, el interrogante de fondo es otro: ¿se beneficiarán los usuarios de esta transición o simplemente cambiará el logo en sus facturas?

El antecedente de Tigo en otros países de la región muestra luces y sombras. Si bien la compañía ha invertido en infraestructura y expansión de servicios, también ha enfrentado críticas por incrementos de tarifas, políticas de servicio poco claras y dificultades en la atención al cliente. En Ecuador, la expectativa es que Tigo no repita los errores de Telefónica, que tras años de presencia redujo su apuesta en el país hasta dejar la puerta abierta para esta venta.

El precio del acuerdo, 380 millones de dólares, plantea otro debate. Para algunos analistas, se trata de una cifra baja frente al tamaño de la operación: se entrega a Tigo una de las carteras más grandes del país en un sector estratégico. Para otros, es el reflejo del desgaste de Telefónica en América Latina, una compañía que ha venido desinvirtiendo en varios mercados de la región para concentrar recursos en Europa.

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Más allá de la cifra, el verdadero reto está en la renovación del título habilitante de Otecel, requisito indispensable para que Tigo pueda operar sin tropiezos legales. Aunque la compra ya cuenta con autorización, la operadora deberá negociar con el Estado ecuatoriano los términos de esa renovación, lo que podría demorar la integración plena.

El panorama regional también pone presión sobre Colombia. Mientras Ecuador cierra este capítulo con la autorización del regulador, en Bogotá los ojos están puestos sobre la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí se estudia si dar luz verde a la fusión entre Tigo y Movistar Colombia, una movida que redefiniría el mapa de las telecomunicaciones en el país y que podría dejar el mercado en manos de dos gigantes: Claro y la eventual alianza Tigo-Movistar.

La experiencia ecuatoriana sugiere que la autorización regulatoria no basta para garantizar competencia ni beneficios reales para los usuarios. En Colombia, la discusión deberá ir más allá de números y promesas corporativas: se trata de definir si la concentración servirá para ampliar cobertura y mejorar servicios, o si terminará siendo un simple reacomodo empresarial que deja al consumidor con menos opciones y más incertidumbre.

Ese reacomodo abriría la puerta a un escenario de duopolio en el que dos compañías controlarían más del 90 por ciento del mercado. La competencia se reduciría a mínimos históricos y la innovación podría estancarse. Para entender este panorama, hablamos con Germán Bacca Medina, excomisionado de la CRC, y con Mauricio Toro, excongresista y expresidente del Icetex.

Ambos coinciden en que la concentración no es casualidad. La falta de decisiones regulatorias, el exceso de diagnósticos y el silencio del Gobierno han dejado que el sector llegue a este punto. El riesgo, advierten, es que los usuarios terminen pagando el precio con tarifas más altas y menor calidad de servicio.

Un mercado atrapado en diagnósticos

Germán Bacca recuerda que Colombia está entre los países más concentrados de América Latina en telecomunicaciones. “Claro tiene más del 50 por ciento en tráfico y casi el 60 por ciento en ingresos. Eso debería haber motivado medidas hace años, pero la CRC se ha demorado demasiado en tomar decisiones”, afirma.

El excomisionado explica que el regulador ha caído en un exceso de estudios que no se traducen en medidas concretas. “Hay un sobre-diagnóstico permanente. Los documentos son técnicos y muy completos, pero mientras tanto el mercado se mueve rápido y los operadores pequeños se debilitan”.

La situación se complica con la posible integración de Tigo y Movistar. De concretarse, el nuevo jugador se quedaría con un 38 por ciento del mercado, convirtiéndose en un competidor de peso frente a Claro, pero también cerrando la puerta a la competencia. WOM, con un 8 por ciento, quedaría relegado a un papel marginal.

Bacca advierte que el argumento de que en muchos países solo operan tres compañías no puede usarse como justificación. “Una cosa es tener tres operadores equilibrados, como en Perú donde Claro, Movistar y Entel tienen participaciones de 30, 28 y 25 por ciento. Otra es que dos manejen más del 90 por ciento, como pasaría aquí”.

Una CRC sin confianza y un Gobierno en silencio

Mauricio Toro fue protagonista de este debate en el Congreso. Recuerda que logró que la CRC declarara la dominancia de Claro, pero esa decisión nunca se tradujo en correctivos. “Después de años de pelear, se reconoció lo evidente, que Claro tenía más del 55 por ciento del mercado. Sin embargo, no se impusieron condiciones ni restricciones. Eso hizo que la confianza en la CRC se perdiera”.

Toro cree que la puerta giratoria afecta la independencia de los comisionados. Muchos terminan trabajando para Telcos o consultoras relacionadas, lo que alimenta sospechas de complacencia. “Si un comisionado está pensando en dónde trabajará al salir, no va a enfrentarse con firmeza a las compañías que debería regular”.

El excongresista también cuestiona el papel del Gobierno. “Petro se ha pronunciado con fuerza contra monopolios en la salud, en los pasaportes y en las aerolíneas. Pero en telecomunicaciones ha guardado silencio, cuando aquí hablamos de un sector donde están en juego los derechos digitales de 90 millones de líneas en el país”.

Toro recuerda que el Ministerio TIC ha estado en manos del Partido de La U durante este Gobierno y que ese manejo ha limitado la discusión pública. A su juicio, si Petro no se ha pronunciado es quizá porque no le han dicho la verdad completa o porque no alcanza a dimensionar la magnitud del problema.

Bacca coincide en que la discusión pública ha sido insuficiente. Señala que el Ministerio TIC sí presentó observaciones en el proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero esas posturas no trascendieron al debate nacional. “Cuando la SIC tome su decisión ya no habrá margen para discutir. Lo que se resuelva marcará el rumbo del sector durante décadas”.

Los usuarios, los grandes perdedores

La falta de competencia ya afecta a los ciudadanos. Colombia está entre los países con peor calidad de servicio en la región. Aunque se habla de 800 municipios con conectividad, en muchas zonas rurales la señal apenas llega en 2G o 3G.

Toro advierte que la situación puede empeorar. “Un duopolio significará tarifas más altas y peor calidad. Dos operadores podrían ponerse de acuerdo para no bajar precios ni invertir en regiones apartadas. Así dejarán que las redes envejezcan mientras los usuarios no tienen a dónde más acudir”.

La innovación también sufriría. En mercados competidos los operadores lanzan planes familiares, promociones o nuevas tecnologías para atraer clientes. En Colombia, en cambio, las tarifas han subido, los planes se han vuelto menos atractivos y la cobertura sigue siendo desigual.

Bacca considera que la fusión de Tigo y Movistar es una de las operaciones más riesgosas en veinte años. “Nunca había visto un nivel de concentración tan alto. Si la SIC aprueba sin condiciones estrictas, quedaremos atrapados en un mercado cerrado y poco atractivo para inversionistas. Eso encarecerá los servicios y frenará la innovación”.

La Superintendencia tiene tres opciones: objetar la fusión, aprobarla sin condiciones o con unos muy débiles; o hacerlo con unas medidas sólidas que fomenten una verdadera competencia para que el usuario tenga varias alternativas. Para los entrevistados, la segunda opción sería un error grave. “Lo mínimo es imponer condicionamientos firmes que eviten abusos. La SIC no puede delegar esta tarea en la CRC, porque esa entidad ya demostró que no actúa con contundencia”, insiste Toro.

En las próximas semanas se definirá el futuro de los operadores móviles en Colombia. Si se consolida el duopolio sin restricciones, dos compañías controlarán más del 90 por ciento del mercado y podrán imponer sus condiciones.

Si la SIC actúa con firmeza, todavía habrá margen para proteger la competencia, estimular la inversión y garantizar que la conectividad llegue con calidad a todas las regiones. Mientras tanto, el reloj corre y el silencio del Gobierno aumenta la incertidumbre.

El diagnóstico del sector es contundente: falta competencia, faltan decisiones y falta voluntad política. Lo que está en juego no es solo el precio de un plan de datos, sino el derecho de millones de colombianos a un servicio accesible, de calidad y verdaderamente libre.

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Las velocidades medianas de descarga mostraron a Movistar con 350.90 Mbps, Tigo con 274.80 Mbps y Claro con 188.73 Mbps. En subida, los valores fueron de 33.86 Mbps para Movistar, 29.54 Mbps para Tigo y 29.15 Mbps para Claro. Estas cifras marcan una diferencia en la experiencia de navegación, aunque deben leerse a la luz de otro factor, y es, la cantidad de pruebas realizadas.

El mismo informe señala que Claro acumuló 95,330 pruebas en la medición, frente a 20,224 de Tigo y 16,403 de Movistar. El contraste sugiere que la base de usuarios de Claro, significativamente más grande, distribuye la carga de su red de manera distinta. En este sentido, la compañía argumenta que no se trata de una desventaja técnica, sino del volumen de conexiones simultáneas que maneja, lo cual afecta los promedios de velocidad reportados.

Claro asegura que cuenta con 1,800 antenas 5G instaladas en el país, una cifra que supera ampliamente las más de 400 estaciones desplegadas en conjunto por Movistar y Tigo; además, explica que su cobertura 5G alcanza 30 ciudades, con presencia mínima en un 25 por ciento de cada una. Esta manera de medir contrasta con el despliegue puntual de sus competidores, que destacan por el número de sitios activos, pero no necesariamente por la proporción de cobertura en el área urbana.

Por el lado de la adopción, Movistar reportó que ha homologado 155 modelos de equipos 5G y que el 70 por ciento de sus ventas recientes corresponde a dispositivos compatibles. El nivel de penetración de terminales 5G en el país alcanza el 22 por ciento, lo que significa que la mayoría de usuarios aún permanece en redes 4G, mientras la migración avanza de forma progresiva.

Ookla explicó que su Speed Score pondera velocidad de descarga en un 70 por ciento, velocidad de subida en un 20 por ciento y latencia en un 10 por ciento. Además, se utilizan percentiles que permiten medir no solo los valores promedio, sino también el desempeño en diferentes condiciones de uso. Con esta metodología, Movistar y Tigo obtuvieron mejores puntajes en los escenarios más exigentes.

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Ahora bien, cabe mencionar,  que en el sector de telecomunicaciones existe desde hace años una discusión sobre la concentración del mercado, por ejemplo, Claro ha sido señalado por algunos operadores pequeños de mantener una posición dominante que dificulta el crecimiento de nuevos competidores. Aunque no se ha declarado oficialmente un monopolio ni un esquema de concentración formal, la percepción persiste en la industria y reaparece cada vez que surgen reportes de desempeño y cobertura.

Por su parte, la aparición de WOM en el mercado, hace más de cinco años, buscó ampliar las opciones para los consumidores, pero la compañía todavía enfrenta limitaciones financieras y técnicas. Esto genera que las comparaciones principales se sigan dando entre los tres operadores de mayor tamaño, mientras los demás actores mantienen una participación reducida.

El informe de Ookla confirma que las diferencias en velocidad favorecen a Movistar y Tigo en este momento, mientras Claro sostiene que la escala de su operación lo pone en una situación distinta a la de sus rivales. Para los usuarios, la información disponible ofrece una visión complementaria; velocidad de navegación, cobertura geográfica y número de conexiones activas son variables que no siempre se reflejan en un único ranking.

La competencia en 5G en Colombia se encuentra en una fase de expansión. El comportamiento del mercado mostrará si los operadores logran mantener sus ventajas actuales y si la adopción de terminales crece lo suficiente para que la mayoría de los usuarios experimente esta tecnología.

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La entrada no es menor, ya que Colombia ha sido históricamente un mercado concentrado en el “triángulo” de Claro, Movistar y Tigo, con WOM como último disruptor. Sin embargo, la competencia ha demostrado ser desigual: mientras Claro mantiene la mayor cuota, los demás luchan con dificultades de inversión y despliegue de infraestructura. La pregunta es si Directv llega a romper este equilibrio o solo a ampliar la lista de operadores virtuales.

Directv Móvil aterriza bajo el modelo de Operador Móvil Virtual (MVNO), apoyándose en la red de Tigo para ofrecer servicios 4G y 5G. Esto significa que no invierte directamente en antenas o espectro, sino que alquila capacidad de red. Una estrategia que abarata costos y acelera la entrada al mercado, pero que también limita la independencia tecnológica de la marca.

El atractivo inicial son los planes. La compañía ofrece paquetes de 55 GB por $39.900, 110 GB por $59.900 y 150 GB por $99.900, todos con minutos y SMS ilimitados, además de redes sociales sin consumo. Frente a la competencia, estas cifras resultan más competitivas que las de Claro y Movistar, que suelen restringir el consumo de datos, aunque WOM aún conserva la bandera de la agresividad en tarifas.

El énfasis en “cuentas controladas”, modalidad prepago con beneficios de pospago, apunta a un segmento creciente; usuarios que no quieren atarse a contratos largos, pero buscan gigas suficientes para cubrir trabajo, entretenimiento y redes sociales. Este modelo refleja una tendencia de consumo flexible que se ha consolidado en el país.

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Ahora bien, la gran duda es la capacidad de sostener la promesa de calidad. Los MVNO suelen enfrentar críticas por depender de la cobertura y saturación de la red que arriendan. Aunque Tigo ofrece buena velocidad en ciudades principales, su infraestructura no siempre compite con la capilaridad de Claro, lo que puede impactar en regiones apartadas. Si Directv no logra resolver esa percepción, corre el riesgo de quedar en la categoría de “operador barato pero limitado”.

Otro punto estratégico es la integración con el ecosistema Directv. El operador ya ofrece televisión paga, streaming, seguros, servicios financieros e incluso una agencia de viajes corporativos. La telefonía móvil puede convertirse en una pieza de fidelización: paquetes que combinen entretenimiento con conectividad podrían atraer a usuarios que hoy deben contratar cada servicio por separado. El reto está en que esa propuesta no se diluya en simples descuentos, sino que ofrezca valor real y diferenciado.

En el fondo, la llegada de Directv Móvil refleja la paradoja del mercado telco colombiano; aunque el país registra más líneas que habitantes, la competencia efectiva sigue reducida. Claro conserva la infraestructura más robusta y con ella la mayor tajada del negocio, mientras Movistar y Tigo sobreviven entre alianzas y deudas. WOM agitó el tablero en 2021, pero su sostenibilidad financiera aún está en entredicho.

En ese contexto, un nuevo MVNO no necesariamente cambia el panorama estructural. Puede, eso sí, presionar en precios y obligar a los gigantes a ajustar sus planes de datos. Pero la verdadera batalla sigue siendo de inversión en redes, despliegue de 5G real y mejora en la experiencia de servicio al cliente, donde la mayoría de operadores siguen acumulando quejas.

La promesa de Directv Móvil es ambiciosa; ser más que un proveedor de entretenimiento, convertirse en un aliado cotidiano de conectividad. Su éxito dependerá menos de la publicidad y más de demostrar que puede garantizar estabilidad, cobertura y servicio al nivel de los grandes. En un sector dominado por un virtual bipolio, cada nuevo jugador alimenta la ilusión de competencia, pero la historia demuestra que pocos logran realmente mover la aguja.

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Colombia es un terreno complejo. Según cifras recientes, Claro mantiene el liderazgo con 40,9 millones de usuarios y una participación de 44,4 por ciento. Movistar le sigue con 20,8 millones de líneas y el 22,9 por ciento del mercado, mientras que Tigo alcanza 16,7 millones de clientes, equivalentes al 18,1 por ciento. WOM se ha consolidado como el cuarto operador con 7,9 millones de usuarios y el 8,5 por ciento de participación. Estos números revelan la magnitud de la competencia que enfrentan los nuevos planes baratos.

Es así como, Swift Móvil sorprendió al anunciar descuentos del 50 por ciento en dos de sus planes más importantes. El Plan Libre de 60 GB, que costaba 29.900 pesos, quedó en 14.950. El Plan VIP de 90 GB, que estaba en 44.900, bajó a 22.450. La activación se realiza de manera digital mediante un cupón especial, lo que refuerza la estrategia de la compañía por llegar a usuarios jóvenes y digitales.

Por su parte, WOM optó por un modelo radicalmente simple, pues  eliminó todos sus planes pospago y ahora ofrece solo uno: 29.900 pesos por datos, llamadas y mensajes ilimitados. La compañía insiste en que no se trata de una promoción temporal, sino de un esquema permanente que busca responder a la inconformidad de los usuarios con las ofertas confusas y llenas de condiciones ocultas.

La estrategia de ambos operadores rompe con la lógica de los grandes jugadores, que suelen mantener una amplia gama de planes, con precios más altos y servicios adicionales. El objetivo de Swift Móvil y WOM es ampliar la base de usuarios con tarifas más bajas y transparentes, apelando a un consumidor cansado de cláusulas de permanencia y cobros poco claros.

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Este tipo de propuestas tienen un impacto directo en la dinámica de mercado; aunque Claro, Movistar y Tigo conservan la mayoría de usuarios, su modelo depende en buena parte de los planes pospago que garantizan ingresos estables. WOM y Swift Móvil, en cambio, buscan volumen en segmentos donde la portabilidad y el cambio de operador son frecuentes. Si logran consolidar su estrategia, podrían forzar una reducción de precios en toda la industria.

La experiencia de WOM en Colombia demuestra que existe apetito por planes más accesibles. Desde su llegada en 2021 ha conquistado a millones de usuarios con un discurso de rebeldía frente a los operadores tradicionales. Swift Móvil, con un perfil más enfocado en lo digital, pretende aprovechar esa misma ola. El reto está en sostener la calidad del servicio con tarifas más bajas, un punto donde la infraestructura y la cobertura se vuelven determinantes.

El consumidor colombiano se beneficia de esta competencia. Más opciones implican planes con mayor cantidad de gigas, mejores condiciones de navegación y precios ajustados al bolsillo. Sin embargo, la sostenibilidad de estas ofertas dependerá de la capacidad de inversión en redes y de mantener la calidad en un país donde la cobertura sigue siendo desigual.

El mercado no solo depende de precios. Hoy la conectividad está ligada a productividad, educación y entretenimiento. Un estudiante que necesita internet para sus clases, un trabajador independiente que gestiona clientes desde el celular o un conductor de aplicaciones que requiere datos constantes, todos necesitan un servicio confiable y económico. WOM y Swift Móvil podrían marcar la diferencia si logran ofrecer planes baratos sin sacrificar estabilidad.

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En tres años pasó de operar en un garaje de Medellín a conectar a más de 50.000 usuarios entre hogares y oficinas. Tras duplicar su base de clientes en 2024 y triplicar sus ingresos, el respaldo de dos fondos internacionales consolida su plan de crecimiento en Colombia y su ambición de expandirse hacia nuevas áreas de negocio.

El ingreso de USV, con sede en Nueva York, aporta mucho más que inversión. Es un fondo con experiencia en compañías como Twitter, Etsy y Duolingo, y su interés por una empresa colombiana muestra que la conectividad también puede escalar desde mercados emergentes.

En paralelo, Ribbit Capital, dirigido por el inversionista venezolano Micky Malka, suma su red global y su conocimiento en escalar servicios digitales. Malka, con presencia en el Midas List de Forbes, ha apostado por empresas como Robinhood y Nubank. Para Somos, su llegada representa acceso a estrategias de expansión probadas en escenarios competitivos.

Con este capital, la compañía reforzará su infraestructura de fibra óptica en Bogotá, ampliando la cobertura hacia zonas como Suba y Fontibón. También destinará recursos a mejorar su Router Orb© y a fortalecer el desarrollo de software propio para hacer más eficiente la operación de red.

La meta para finales de 2025 es cerrar con 65.000 usuarios activos y alcanzar un ARR de US$11.5 millones. Para sostener el ritmo, Somos invertirá en ampliar sus equipos de atención al cliente y en garantizar la estabilidad de un servicio que ya tiene un índice de satisfacción (NPS) del 85%.

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Forrest Heath, fundador y CEO, sostiene que la entrada de estos fondos abre una etapa distinta para la compañía. “Estamos apenas comenzando. Contar con aliados estratégicos de este nivel nos permite acelerar el crecimiento y seguir diseñando desde Colombia un modelo de conectividad confiable y accesible para la región”, afirmó.

Ross Garlick, CFO de la empresa, enfatiza que el nuevo respaldo no se limita a más fibra en las ciudades. “Ribbit nos impulsa a pensar más allá del internet residencial. Estamos explorando nuevas líneas de negocio que integren infraestructura digital con servicios que puedan escalar a mayor velocidad en Colombia y Latinoamérica”, explicó.

Más allá de los planes financieros, Somos quiere instalar un debate sobre el hard-tech en la región. El próximo 27 de agosto, en el marco de Colombia Tech Week, realizará Lightfinders, un evento que reunirá a inversionistas, empresarios y líderes de política pública para conversar sobre infraestructura física, hardware local y oportunidades industriales para América Latina.

Entre los invitados estará Packy McCormick, autor del blog NotBoring en Silicon Valley. La jornada busca demostrar que la innovación también depende de capas físicas —redes ópticas, dispositivos, centros de datos— y que la región puede construirlas en lugar de depender exclusivamente de importaciones.

“Hoy competimos con operadores históricos que nos mencionan en sus planes de riesgo, pero no vinimos solo a disputar mercado. Queremos elevar el estándar de infraestructura en Colombia y demostrar que se puede fabricar hardware local y exportar conocimiento”, señaló Heath.

La compañía quiere que cada nuevo emprendimiento vea en la fibra y la energía un espacio de creación, no un obstáculo. Su visión conecta la conectividad con la construcción de empleo calificado y con una industria nacional capaz de producir tecnología.

La apuesta es ambiciosa: combinar rentabilidad, crecimiento sostenido y manufactura local. Con el respaldo de USV y Ribbit, Somos Internet busca no solo llegar a más usuarios, sino consolidar un modelo que ponga a Colombia en el mapa del hard-tech regional.

Claro propone una vía robusta para estrenar equipo sin comprometer la liquidez del comprador. Gracias a alianzas con entidades financieras, permite financiar en 6, 12, 18 o incluso 24 meses sin intereses, aplicable tanto en compras en línea como en tiendas físicas. Además, cuenta con programas como “iPhone for Life”, que permiten pagar una cuota menor y renovar el dispositivo cada dos años si se entrega en buen estado.

En el caso de Movistar, la estrategia combina ventas en línea con atención presencial. Su tienda digital ofrece equipos libres o con plan, financiación hasta en 24 cuotas sin intereses, envío gratuito y garantía oficial. La compañía también mantiene Centros de Experiencia, donde asesores especializados facilitan la compra y explican opciones como portabilidad, renovación o compra de celulares reacondicionados. Su catálogo incluye desde modelos de gama alta hasta opciones económicas de marcas como Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, Huawei y OPPO.

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Tigo, por su parte, cuenta con una fuerte trayectoria en Colombia y respaldo en cobertura gracias a su infraestructura consolidada y procesos de fusión con UNE. Sin embargo, no presenta de forma abierta programas de financiación propios o esquemas específicos para adquisición de celulares. Esto obliga a los usuarios interesados a acudir a portales comparativos o contactar directamente con sus canales de atención para conocer precios y promociones vigentes.

WOM, el operador más joven de los cuatro, ha ganado relevancia con su apuesta por tarifas móviles competitivas y una rápida expansión de cobertura nacional. No obstante, su modelo de negocio se ha centrado más en planes y servicios que en la financiación directa de dispositivos. Actualmente no dispone de programas ampliamente publicitados para compra de celulares con cuotas o beneficios especiales, lo que limita sus opciones frente a competidores que sí ofrecen facilidades de pago.

Ahora bien, no existe una única respuesta válida para todos los consumidores. Si la prioridad es pagar en cuotas sin afectar el flujo de dinero y con la posibilidad de renovar periódicamente, Claro ofrece el esquema más conveniente. Si lo importante es contar con un abanico amplio de modelos, respaldo de garantía y atención en puntos físicos, Movistar resulta la opción más equilibrada.

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Para quienes valoran estabilidad de red y experiencia de servicio, Tigo puede ser una alternativa sólida, aunque con la necesidad de indagar directamente sobre precios y facilidades. En cambio, WOM se presenta como la opción más joven y dinámica para planes móviles, pero todavía con camino por recorrer en el área de venta de dispositivos con financiamiento.

En última instancia, el consumidor informado deberá comparar precios, plazos y condiciones reales antes de decidir. En un mercado tan competitivo, la mejor elección será aquella que combine un precio justo con un esquema de pago cómodo y beneficios que realmente se adapten a las necesidades del usuario.

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Ambas tecnologías responden a la necesidad de  mejorar la calidad de las llamadas y garantizar que funcionen incluso en lugares con mala señal. Aunque suelen activarse automáticamente, entender sus diferencias puede ayudarte a tener una mejor experiencia de comunicación, especialmente en entornos donde la cobertura móvil es inestable o limitada.

Llamar por red 4G o por WiFi, según la situación

VoLTE, cuyas siglas significan Voice over LTE, permite que las llamadas se realicen directamente sobre la red 4G, sin necesidad de bajar a 3G o 2G como solía ocurrir con los teléfonos antiguos. Esta mejora técnica se traduce en beneficios concretos: el audio es más nítido, las llamadas se conectan más rápido y es posible seguir navegando por internet o usando otras aplicaciones sin interrupciones.

El servicio no necesita una aplicación externa ni configuración compleja, pero sí depende de tres factores: que el teléfono sea compatible, que la SIM esté actualizada para redes 4G, y que el operador haya habilitado la función. En Colombia, operadores como Claro, Movistar, Tigo y WOM ya lo ofrecen, aunque su cobertura aún está concentrada en zonas urbanas.

VoWiFi, por su parte, permite realizar llamadas a través de una red WiFi. A diferencia de los servicios de voz de aplicaciones como WhatsApp o Telegram, esta tecnología utiliza el número de teléfono normal del usuario y funciona desde la aplicación de llamadas del celular. Es especialmente útil en lugares con señal débil, como interiores de edificios, zonas rurales o sótanos, siempre que haya acceso a una red inalámbrica estable.

En este caso, el celular también debe ser compatible, y es necesario que la opción esté habilitada tanto en el equipo como en la red del operador. En muchos modelos, puede activarse desde el menú de ajustes, en la sección de redes móviles o conexiones avanzadas.

Tecnologías complementarias, no excluyentes

La elección entre una u otra no depende de una preferencia personal, sino del contexto en el que te encuentres. Los celulares recientes pueden alternar entre VoLTE y VoWiFi automáticamente, dependiendo de cuál ofrezca mejor cobertura en ese momento. Sin embargo, conviene saber cómo funcionan para poder activarlas o desactivarlas según lo requiera la situación.

En zonas con buena cobertura móvil, VoLTE suele ofrecer una llamada más estable y sin cortes. En lugares cerrados o alejados de centros urbanos, VoWiFi puede ser la única opción para mantener una conversación sin interrupciones. La transición entre ambas puede ocurrir de forma transparente para el usuario, aunque a veces depende de las políticas del operador.

Ninguna de las dos tecnologías implica un costo adicional dentro del país. Las llamadas se descuentan del plan de voz habitual y, en el caso de VoWiFi, el tráfico de datos se hace a través del WiFi disponible, por lo que no afecta el consumo del plan móvil. Es importante, eso sí, tener precaución si se usan en roaming internacional, ya que podrían generar cobros dependiendo del operador y el país.

Estas dos tecnologías han cambiado la forma en que usamos el celular para hablar. Ya no se trata solo de tener señal, también importa cómo se enruta la llamada y qué tipo de red la soporta. Aunque no se vean, VoLTE y VoWiFi están ahí, haciendo su trabajo en segundo plano para que la voz llegue con claridad, sin importar si estamos en la ciudad, en la montaña o en el último rincón del sótano.

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Heath no aterrizó en Colombia con un plan. Llegó sin hablar español, sin conocer la industria de las telecomunicaciones y sin saber que ocho años después lideraría una empresa que reta de frente a los titanes del internet.

“Para mí, si de verdad queremos transformar vidas, tenemos que cambiar la infraestructura básica. Hacerla mejor y más barata. Así se crea abundancia”, dice Heath. Tenía apenas 19 años cuando comenzó a armar este proyecto que hoy cuenta con más de 750 empleados, todos contratados directamente. No es una plataforma. No es una app. Es una empresa de fibra real, tendida calle por calle.

La propuesta de Somos no sigue el libreto de los demás. Mientras los operadores tradicionales comparten redes antiguas y limitadas, Heath decidió diseñar una desde cero. Y no cualquier red, una arquitectura activa, con conexiones casi dedicadas por cliente, como las que usan los centros de datos. “Nuestra red no es un árbol con ramas, es un sistema de anillos. Cada edificio tiene dos rutas de alta capacidad. Eso no lo hace nadie más en el mundo”, afirma.

Es decir, la empresa replica por toda la ciudad el tipo de redes que normalmente existen dentro de un centro de datos; redes diseñadas para alta velocidad, baja latencia y máxima estabilidad. Cada usuario final recibe una conexión que no depende del tráfico de sus vecinos.

La diferencia no está solo en el cable

Desde el diseño del router que instalan en las casas hasta el software que administra el tráfico, todo ha sido desarrollado por su equipo de ingeniería, casi 80 personas, la mayoría colombianos. La integración vertical no es un capricho, es lo que les permite ofrecer planes hasta 40% más baratos, con velocidades que duplican a las del plan más alto de Movistar.

“Nuestro plan básico es más rápido que el más caro de los demás”, dice sin rodeos. Mientras los otros operan con arquitecturas pasivas, diseñadas para televisión por cable, Somos funciona como una red dedicada, sobredimensionada a propósito. “Compartimos capacidad, sí, como todos. Pero con una diferencia; el tubo es gigantesco y lo usan muy pocos. Eso cambia todo”, explica.

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Actualmente están presentes en Medellín, Rionegro, el Valle de San Nicolás y varios puntos de Bogotá, desde Chapinero hasta Fontibón. Aunque comenzaron atendiendo solo edificios altos, hoy están piloteando soluciones para casas individuales. Su expansión es quirúrgica, pero agresiva. “Queremos estar en todos los rincones de Bogotá y Medellín en el próximo año. Después, ir a más ciudades”, aseguran.

Y aunque no llegan a pueblos remotos, sí ayudan a que otros lo hagan. “Damos capacidad a pequeños ISPs que antes no podían competir. Les bajamos los costos para que ellos puedan conectar donde nosotros aún no llegamos”, cuentan.

Contra el modelo del más grande

Para Heath, lo que ocurre hoy en el sector Telco colombiano no es una coincidencia. La integración entre Movistar y Tigo responde, dice, a una intención, la de subir subir precios, reducir inversión y compartir más la red existente. Somos eligió el camino contrario. “Nosotros invertimos. No usamos infraestructura de otros. Y eso incomoda, porque presionamos al mercado a bajar precios”, advierte.

No niega los retos, pues crear empresa en Colombia no ha sido sencillo, pero tampoco lo usa como excusa. “La regulación puede ser un lío, pero llorar no sirve. Si el modelo no se sostiene, el problema no es del país. Es tuyo”, sentencia.

En su visión no hay espacio para quedarse en lo local. Somos no quiere ser solo una opción en Medellín o Bogotá. “Estamos armando una compañía global desde Colombia. Tecnología desarrollada aquí, para exportarla al mundo”, dice. Y lo dice en serio.

En una industria dominada por multinacionales, un joven de Carolina del Norte, que hoy se siente más paisa que gringo, está construyendo desde cero una red diferente. Una que no nació con permiso ni atajos. Una red que, como su nombre lo indica, se piensa en plural.

“A veces los colombianos no se dan cuenta del poder que tienen. Podemos crear empresas increíbles. Somos quiere ser el ejemplo de eso”.

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Lo que promete no es solo velocidad, sino una experiencia de red distinta. Y para lograrlo, decidió no seguir el camino tradicional. Mientras Claro, Movistar y Tigo operan sobre redes pasivas compartidas, Somos construyó desde cero una red de fibra óptica activa (AON), en la que cada usuario cuenta con un canal dedicado.

Este cambio en la arquitectura hace que no se pierda rendimiento cuando más personas están conectadas. La velocidad no se reparte: cada hogar tiene su propia línea directa, sin interferencias de vecinos ni congestión en horas pico. Eso permite mantener promedios estables, incluso bajo alta demanda.

Según cifras citadas por la empresa, sus usuarios alcanzan velocidades reales promedio de 300 Mbps en momentos de mayor tráfico. La diferencia está en que esta velocidad no cae ni se diluye como ocurre con otros operadores cuando la red se satura.

A esto se suma que Somos desarrolló su propio ecosistema técnico. No importa solo la red, sino cómo se controla. Crearon su propio router, el WiFi 6 Orb, y un sistema operativo llamado Artemis, que detecta fallas y las resuelve de forma automática antes de que el usuario lo note.

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Este enfoque le ha permitido mantener indicadores altos de satisfacción. El índice NPS, que mide lealtad del cliente, está en 85, mientras que el promedio nacional en telecomunicaciones ronda el -12,9. El dato no es menor, si se tiene en cuenta la baja reputación general del sector.

En cuanto a precios, la diferencia también es evidente. Mientras un plan de 900 Mbps puede costar hasta $230.000 en operadores tradicionales, Somos ofrece 2 Gbps desde $100.000. Sin cláusulas de permanencia, sin cobros adicionales por puntos cableados y con instalación incluida.

Esta estructura de costos se sostiene por la eficiencia en el despliegue. Al tener control total del software, hardware y operación, la empresa afirma haber logrado montar su infraestructura a un costo diez veces menor que el de los competidores. Ese ahorro se refleja en lo que paga el cliente.

El modelo recuerda más a una startup tecnológica que a una empresa de telecomunicaciones clásica. De hecho, Somos fue respaldada por fondos como Y Combinator, Kaszek y K50 Ventures, que han apostado por su expansión en Colombia y América Latina. Ya superan los 30.000 usuarios activos.

Pero más allá de las cifras, el fondo del asunto está en lo que representa: una ruptura con la forma tradicional de ofrecer internet. En lugar de masificar primero, priorizaron calidad, control de red y atención directa. La velocidad dejó de ser un gancho publicitario para volverse un estándar medible.

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Para muchos usuarios, el salto de operador no es fácil. Cambiar implica riesgos, trámites, desconfianza frente a nuevas marcas. Pero lo que plantea Somos es una alternativa que va más allá del precio; una red construida para ser más rápida, más estable y más transparente.

En un país donde el acceso a internet sigue siendo desigual y la calidad del servicio genera constantes quejas, una propuesta como esta obliga a repensar las reglas del sector. No solo por lo que ofrece, sino por lo que exige a quienes llevan años compitiendo sin cambios reales.

Si Somos logra mantener su crecimiento sin perder la calidad que lo distingue, el impacto en el mercado podría sentirse pronto. Y no solo en velocidad, sino en la forma en que los usuarios entienden lo que significa tener buen internet en casa.

El proceso no solo garantiza la continuidad de operaciones y empleos, sino que activa una discusión urgente: ¿cómo mantener un entorno competitivo si se aprueba la fusión entre Telefónica (Movistar) y Millicom (Tigo)? WOM ha advertido que sin condiciones regulatorias claras, el país podría enfrentar una concentración que afecte la libre elección de los consumidores.

La empresa de telecomunicaciones, respaldada por inversionistas como Alexey Reznikovich, Stan Chudnovsky, Vitaliy Podolskiy y Mat Travizano, presentó cuatro condiciones esenciales para evitar prácticas anticompetitivas. Estas medidas no buscan frenar la integración, sino garantizar un equilibrio en el mercado móvil.

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La primera exigencia apunta al acceso regulado al roaming nacional. Actualmente, los operadores sin red propia deben pagar tarifas elevadas para usar las redes de sus competidores. WOM propone que la compañía fusionada esté obligada a ofrecer roaming a precios justos, con suficiente capacidad y cobertura, mientras se completa el despliegue de infraestructura, previsto para los próximos cinco a siete años.

El segundo punto busca proteger el derecho de los usuarios. Se plantea prohibir la migración automática de clientes de Movistar hacia Tigo una vez se concrete la integración. Todo cambio debe ser autorizado de forma expresa por el usuario, incluso en los casos en que tenga contratados servicios empaquetados de móvil e internet fijo.

Además, se solicita que los usuarios puedan cambiarse a otros operadores, como WOM o virtuales, sin penalizaciones ni trabas contractuales. La libre portabilidad es un pilar para evitar el encierro comercial y proteger al consumidor.

Una tercera condición consiste en suspender temporalmente las ofertas combinadas de servicios fijos y móviles por parte de la empresa fusionada. Esta medida busca evitar que el nuevo actor dominante use su escala comercial para acaparar el mercado fijo aprovechando su ventaja en el segmento móvil. La regulación actual aún no define los límites de este tipo de prácticas.

La cuarta medida propone prohibir cualquier estrategia orientada a excluir a competidores más pequeños. Se trata de evitar comportamientos como precios predatorios, discriminación en el acceso a infraestructura o campañas comerciales dirigidas a desplazar del mercado a la competencia.

Desde su llegada a Colombia en 2021, la operadora ha promovido una mayor pluralidad en el sector. Su reorganización no solo le permitirá seguir operando, sino cumplir con compromisos como el pago de 1,5 billones de pesos al Ministerio TIC por licencias de espectro y avanzar en el despliegue de tecnología 5G.

El plan incluye el pago anticipado a unas 2.000 pequeñas empresas acreedoras en 2026 y la liquidación de la mayoría de sus obligaciones en los próximos diez años. Esto representa una apuesta por la viabilidad financiera, pero también por un mercado donde haya reglas claras para todos los jugadores.

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Los inversionistas internacionales han reiterado su voluntad de seguir respaldando a WOM, siempre que el entorno sea competitivo y predecible. Para que Colombia siga atrayendo capital extranjero, la SIC deberá evaluar si la fusión entre Movistar y Tigo fortalece el sector o restringe la competencia.

Las condiciones presentadas no son exclusivas de una sola empresa. Reflejan preocupaciones compartidas por otros operadores, proveedores y usuarios. El país se enfrenta a la oportunidad de definir si el acceso a servicios móviles seguirá marcado por la diversidad o si dos grandes grupos dominarán el panorama.

La decisión que tome la autoridad de competencia será clave para establecer las reglas del juego en los próximos años. No se trata solo de autorizar una fusión, sino de garantizar que todos los actores tengan espacio para crecer, innovar y competir.

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Claro encabeza el listado con 63.536 puntos nPerf y se mantiene como el operador con mejor rendimiento general. La velocidad de descarga promedio que ofrece —78 Mbps— es más de tres veces superior a la de sus competidores más cercanos. En carga también lidera con 19,2 Mbps. Pero lo más significativo es su salto en eficiencia: mejoró 45,6 % en descarga y 22,8 % en navegación respecto al periodo anterior. Este crecimiento sostenido le garantiza ventaja entre quienes consumen video en alta definición o transfieren archivos pesados desde el celular.

Movistar, que alcanza 53.844 puntos, ofrece una experiencia equilibrada y gana terreno en la categoría de video. Su rendimiento en streaming obtuvo un 71,6 % de calidad, posicionándolo como el segundo mejor en este frente. También mejoró en velocidad de descarga (+31,5 %) y navegación (+19,7 %), lo que lo convierte en una opción confiable para quienes priorizan la estabilidad en diferentes escenarios.

El informe destaca un dato que podría pasar desapercibido, y es que WOM, con 51.735 puntos, es el rey silencioso del 4G. No tiene las velocidades más altas, pero sí la mejor latencia del país, 43,5 milisegundos, el mejor rendimiento en navegación web (60,6 %) y la mayor calidad de streaming de YouTube (75,4 %). Esto se traduce en una experiencia más fluida para juegos en línea, videollamadas o navegación continua. En un entorno donde la inmediatez pesa más que la potencia, WOM juega sus cartas con inteligencia.

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Tigo se ubica en el cuarto lugar con 46.934 puntos; aunque está por debajo en velocidad total, muestra avances consistentes: su descarga promedio llegó a 24,1 Mbps, con un aumento del 17,3 %. Su crecimiento es modesto pero firme, ideal para usuarios que buscan estabilidad sin picos ni caídas abruptas.

El promedio general nacional fue de 53.952 puntos, un indicador saludable que confirma la mejora constante del sector. Según nPerf, todos los operadores registraron avances en múltiples indicadores clave, lo que refleja una competencia activa y beneficiosa para los usuarios.

Más allá de los rankings, el informe concluye, que cada red tiene fortalezas distintas, ya que, Claro es imbatible en velocidad, WOM lidera la experiencia de uso, Movistar se defiende con solidez y Tigo mantiene el paso. Para el usuario colombiano, la decisión final depende más de sus hábitos —si navega, juega, ve videos o trabaja desde el celular— que de un nombre de marca.

El análisis también destaca la importancia de medir bajo condiciones reales. La metodología de nPerf excluye robots y sondas artificiales, y contempla resultados tanto en horas pico como en horarios de menor uso, reflejando la verdadera capacidad de respuesta de las redes en el día a día.

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Con esta actualización, se busca que el restablecimiento de los servicios de telecomunicaciones no se convierta en una excusa para que las empresas impongan cobros exagerados o poco transparentes. El texto aprobado establece que, en principio, los operadores no podrán cobrar por reconectar al usuario, salvo en casos puntuales que definirá la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

La reconexión se ha convertido en un obstáculo silencioso para muchas personas, especialmente en hogares con ingresos limitados. El escenario se repite cada mes: una factura que no se paga a tiempo, el corte del servicio y, cuando finalmente se logra ponerse al día, una sorpresa en el recibo siguiente con un cobro adicional por “restablecimiento” o “reinstalación”.

Esta práctica, que por años fue legal y normalizada, ahora será vigilada; la nueva norma cambia el enfoque, pues no se trata de regalar el servicio, sino de impedir que se impongan sobrecostos sin justificación técnica ni regulatoria. Solo si existen razones comprobadas, como desplazamiento de técnicos o reconfiguración de redes, podrá cobrarse, y ese monto debe ser transparente y razonable.

En la práctica, la ley beneficia a usuarios  o trabajadores independientes que depende del internet para recibir pagos, pero que a veces no logra cubrir la factura a tiempo. En el pasado, debían asumir no solo el pago pendiente, sino también una reconexión de hasta $35.000. Bajo esta nueva regulación, ese cobro dejaría de existir, salvo que la CRC decida lo contrario con argumentos técnicos.

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Este tipo de medidas se alinean con los principios de equidad y acceso universal que inspiran la Ley 1341 desde su origen. En su artículo 2, la norma ya establecía que las TIC deben operar en condiciones no discriminatorias, promoviendo el acceso para todos, en especial en poblaciones vulnerables.

La ley también protege la sostenibilidad del sistema, si hay costos reales para reconectar, estos deberán estar respaldados por estudios y aprobados por la CRC. Así, se evita trasladar al usuario cargos arbitrarios disfrazados de “costos operativos”.

En tanto a la financiación, se aclara que cualquier gasto público derivado de la implementación de esta norma debe enmarcarse dentro del presupuesto fiscal del sector. No habrá improvisaciones ni afectación a otras partidas estatales.

Más allá del lenguaje técnico, esta es una ley que le habla directamente al usuario común. A quienes ven sus servicios cortados por un olvido o por una dificultad financiera temporal, y que luego deben enfrentarse a barreras económicas adicionales para reconectar lo que, por ley, es un servicio esencial.

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Movistar se llevó el primer puesto, sumando 121.717 puntos nPerf entre julio de 2024 y junio de 2025. Claro quedó segundo con 107.955 y Tigo tercero con 99.163. Pero lo interesante no está solo en el ranking, sino en cómo están moviéndose las piezas del juego.

Movistar alcanzó el mejor desempeño en velocidad de descarga con 237,15 Mb/s y también dominó en velocidad de subida con 216,80 Mb/s. Una combinación ideal para hogares con varios dispositivos activos al mismo tiempo, o para quienes viven de estar conectados todo el día.

Claro no ganó en velocidad, pero se quedó con el mejor tiempo de respuesta: una latencia promedio de 25,58 milisegundos. Esta métrica, muchas veces ignorada, es la que marca la diferencia al momento de jugar en línea o sostener una videollamada sin interrupciones.

Tigo, aunque en la tercera posición, es quien más ha crecido en porcentajes. Su velocidad de descarga aumentó un 35,6 % y la de subida un 37,5 %. No lidera en ninguna categoría, pero sus mejoras reflejan una intención clara de escalar posiciones a través de inversión en red.

En navegación web, Movistar logró un rendimiento promedio del 73,6 %. En streaming de video alcanzó un 81,1 %. Estos resultados indican que, más allá de la velocidad, también se trabaja en garantizar fluidez en los usos cotidianos: abrir una página o ver una serie sin interrupciones.

La tecnología también marca diferencias. En conexiones FTTH (fibra hasta el hogar), Movistar volvió a liderar con descargas promedio de 426,19 Mb/s. Tigo quedó lejos, pero su crecimiento en este segmento fue notable. Claro, aunque con buenas cifras, no logró destacarse frente a sus competidores.

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Las conexiones vía WiFi también fueron evaluadas. Movistar lideró con una descarga promedio de 146,96 Mb/s. Claro quedó apenas por debajo (146,28 Mb/s), pero con mejor latencia. Tigo, nuevamente, mostró el desempeño más bajo, aunque con margen para crecer.

El informe no solo compara velocidades. También analiza el comportamiento de las redes durante horas de alta demanda. Allí se ve quién resiste mejor cuando todos están conectados: clases virtuales, reuniones, series en 4K y videollamadas al mismo tiempo.

Cada operador tiene su punto fuerte. Movistar apuesta por la potencia total. Claro destaca en tiempos de respuesta. Tigo avanza rápido desde atrás. Esta dinámica competitiva es la que está transformando el acceso a internet: más velocidad, más estabilidad y mejores experiencias.

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No se trata solo de sumar megas al plan. Lo que hoy marca la diferencia es cómo se comporta la conexión cuando realmente se necesita. En plena jornada laboral, en una sala de juegos o en una sala de estar donde se ven series y se suben videos al mismo tiempo.

El ranking de nPerf no premia promesas, sino resultados medidos en campo. Eso lo convierte en una fotografía confiable de lo que vive el usuario al conectarse. Movistar domina el escenario, pero la competencia se estrecha. Y eso, al final, es lo que empuja al sector a mejorar.

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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó su más reciente análisis sobre el estado de la infraestructura y cobertura móvil, con datos actualizados al cierre de 2024. El informe, respaldado por la plataforma oficial Postdata, ofrece un panorama detallado de cómo evoluciona el despliegue de tecnologías 2G, 3G, 4G y, más recientemente, 5G.

Los números generales parecen positivos. Colombia cuenta hoy con 29.820 sitios de infraestructura móvil, de los cuales el 94,5% soporta tecnología 4G, la más utilizada y con mayor cobertura. La red 4G llega al 97% de las cabeceras municipales y centros poblados, lo que, en apariencia, supone un acceso casi universal.

Sin embargo, la distribución no es homogénea. Departamentos como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran buena parte de esa infraestructura, mientras regiones como Amazonas, Guainía o Vaupés siguen prácticamente fuera del mapa digital. En estos territorios, el número de sitios móviles es simbólico y la conectividad, un lujo.

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La brecha tecnológica se evidencia también en el despliegue de 5G. Aunque su introducción inició oficialmente en febrero de 2024, solo hay 1.433 sitios activos de esta tecnología, lo que representa apenas el 5,2% del total de sitios. Más preocupante aún: el 85% de esos sitios pertenece a un solo operador, Claro, lo que plantea interrogantes sobre la competencia y el acceso equitativo.

Según el informe, Bogotá lidera el despliegue urbano de 5G con una cobertura que alcanza el 69,2%. Le siguen Medellín y Cali, con 52,9% y 52,6% respectivamente. Otras ciudades como Barranquilla o Cartagena registran avances modestos, con coberturas del 32,9% y 17%. Mientras tanto, en los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, esta tecnología aún es inexistente.

Los datos también revelan una tendencia inevitable: el retiro progresivo de tecnologías como 2G y 3G. En 2024, la infraestructura 2G se redujo en un 7,8%, mientras que la de 3G cayó un 1,8%. Este proceso de modernización es necesario, pero plantea el reto de no dejar sin conectividad a las zonas más apartadas que aún dependen de estas redes.

Para los expertos, el crecimiento de la infraestructura no puede evaluarse solo por el número de antenas o sitios. La calidad del servicio, la velocidad, la estabilidad y, sobre todo, la cobertura efectiva en territorios rurales o de difícil acceso son los verdaderos indicadores del cierre de la brecha digital.

“La infraestructura de redes móviles continúa siendo un pilar para el acceso a la conectividad. Este informe evidencia tanto los logros como los retos pendientes”, destacó Claudia Ximena Bustamante, directora ejecutiva de la CRC.

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Sin embargo, las cifras dejan claro que el país avanza a dos velocidades. Mientras en las principales ciudades se habla de 5G y alta velocidad, en zonas rurales aún se lucha por garantizar una señal básica. Y no se trata solo de un problema técnico: detrás de la falta de cobertura hay factores económicos, sociales y políticos que perpetúan la exclusión digital.

El desafío para el Gobierno y los operadores es evidente. Más allá de los anuncios de modernización, se requiere una política integral que garantice el acceso a conectividad de calidad como un derecho y no como un privilegio. De lo contrario, la brecha digital seguirá ampliándose y con ella, las desigualdades sociales y económicas del país.

Porque, al final, de poco sirve tener 5G en las grandes ciudades si para millones de colombianos, incluso una simple llamada sigue siendo un lujo.

Según el más reciente informe de Ookla (Speedtest) de febrero de 2025, Movistar continúa siendo el operador con mayor velocidad promedio en Colombia. Su puntaje de rendimiento superó los 157.000 puntos, muy por encima de competidores como ETB (113.800), Claro (90.300) y Tigo (75.000). En cifras técnicas, Movistar alcanza 355 Mbps de descarga y 350 Mbps de subida, con una latencia estimada de 11 milisegundos, lo que lo posiciona como el más rápido y simétrico del país.

Por su parte, ETB muestra un desempeño muy competitivo, con velocidades promedio de 332 Mbps de bajada y 347 Mbps de subida, y una latencia mínima de 4 ms, la más baja a nivel nacional. Estos resultados se ven reflejados en el informe de nPerf, que entre julio de 2023 y junio de 2024 ubicó a ETB como el operador con mejor experiencia de navegación, menor latencia y mayor estabilidad. Aunque Movistar lidera en velocidad bruta, ETB es percibido como más consistente para videollamadas, juegos en línea y streaming.

En un nivel intermedio se ubican Claro y Tigo, que ofrecen velocidades menores y conexiones menos simétricas. Claro, por ejemplo, ofrece en promedio 276 Mbps de descarga y 94 Mbps de subida, mientras Tigo alcanza 252/94 Mbps, respectivamente. Ambos operadores presentan latencias superiores a los 12 ms, lo cual puede afectar la calidad en usos sensibles a la conexión.

¿Qué dicen los usuarios?

La percepción ciudadana coincide en muchos casos con las cifras técnicas. En foros como Reddit, usuarios en Bogotá y Medellín destacan la estabilidad y velocidad de Movistar y ETB, especialmente en zonas con fibra óptica instalada. Por el contrario, Claro y Tigo son más criticados por caídas recurrentes y mayores niveles de latencia.

En términos económicos, Claro y Tigo continúan siendo las opciones más asequibles, con planes desde los $75.900 COP mensuales por 200 o 250 Mbps, mientras que los paquetes de Movistar y ETB pueden superar los $90.000. No obstante, estos últimos ofrecen mejor simetría y estabilidad, lo cual puede ser clave para quienes teletrabajan o realizan transmisiones en vivo.

Cabe destacar que ETB, aunque fuerte en experiencia de usuario, enfrenta retos financieros. Según El País, la empresa pública acumula deudas cercanas a los 396 mil millones de pesos y busca nuevos socios estratégicos para sostener su operación en 2025.

¿Cuál es el mejor?

Los datos de 2025 muestran que Movistar es el mejor internet hogar en términos de velocidad y simetría, ideal para usuarios que priorizan desempeño técnico. ETB sobresale en experiencia diaria, gracias a su baja latencia y conexión estable, aunque con desafíos financieros. Claro y Tigo ofrecen precios más bajos, pero a costa de menor desempeño en aspectos clave.

Para elegir el mejor proveedor, es clave considerar no solo la velocidad contratada, sino también la cobertura local, tipo de tecnología (fibra vs. cable), y el soporte técnico. En una red cada vez más exigente, la calidad de conexión importa tanto como el precio.

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Durante años, empresas de telefonía ofrecieron servicios con acceso ilimitado a ciertas plataformas, como redes sociales o mensajería, sin descontar datos del plan. Estas ofertas, populares pero polémicas, fueron amparadas en una norma del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Para la Corte, esa práctica genera discriminación y rompe la equidad en el acceso a la información digital.

El artículo en cuestión autorizaba a los operadores a diseñar planes diferenciados según el “perfil de consumo” del usuario. Aunque en apariencia se trataba de una estrategia comercial, el alto tribunal encontró que en la práctica esto permitía tratos desiguales. Y lo que está en juego, recordó la Corte, no es solo una tarifa: es el derecho a informarse sin filtros ni privilegios.

La Sala Plena concluyó que la neutralidad en la red no es un lujo, sino un deber del Estado. De acuerdo con la sentencia C-206 de 2025, el acceso libre y sin discriminación a contenidos digitales forma parte del núcleo de derechos como el pluralismo informativo y la libertad de expresión. Las reglas del mercado no pueden estar por encima de los principios constitucionales.

Según el fallo, permitir que una empresa decida qué aplicaciones facilitar y cuáles no, equivale a una forma encubierta de censura. Esto afecta no solo la capacidad del usuario de informarse, sino también a quienes producen contenido, ya que limita el alcance de sus mensajes si no hacen parte del “club” de apps promovidas por el operador.

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Aunque tres magistrados salvaron su voto, la decisión fue respaldada por la mayoría del alto tribunal. La ponencia conjunta de Jorge Enrique Ibáñez y Natalia Ángel dejó claro que el entorno digital debe regirse por reglas justas, en las que ningún contenido tenga ventaja sobre otro por razones comerciales.

La Corte también advirtió que los proveedores de Internet no pueden priorizar, bloquear ni ralentizar servicios o aplicaciones según sus intereses. La protección de la neutralidad de la red implica que todo tráfico debe tratarse por igual. Solo así se garantiza el acceso universal a la Sociedad Digital y el respeto por los derechos humanos en el entorno virtual.

Eso sí, la decisión no tendrá efectos inmediatos. El tribunal otorgó un plazo de un año, a partir de la publicación completa del fallo, para que las empresas adapten sus prácticas. Es un compás de espera que busca evitar impactos abruptos, pero que también pone la lupa sobre un sector obligado a transformarse.

Para las compañías de telecomunicaciones, el fallo representa un cambio de juego. Su modelo de negocio, basado en segmentar el acceso y privilegiar ciertas plataformas, deberá reconfigurarse. Y para los usuarios, es un paso hacia una Internet más abierta, donde el contenido no esté condicionado por acuerdos comerciales.

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El documento señala que la integración podría mejorar eficiencias operativas y equilibrar el mercado frente al dominio de Claro. Sin embargo, al fondo de esta alianza se asoma una amenaza seria. Si ambos operadores se fusionan, quedarían solo dos jugadores con el control del mercado móvil.

Ese nuevo orden preocupa ya que podría limita el crecimiento de actores más pequeños como WOM, que ha roto el modelo tradicional con ofertas agresivas en precio y cobertura; su presencia obligó a los grandes a reaccionar, lo que benefició directamente al usuario.

El Ministerio no oculta su inquietud. Señala que cualquier integración debe ir acompañada de medidas claras para que WOM, u otros futuros operadores, puedan competir sin desventajas estructurales.

Uno de los focos del análisis son los llamados efectos coordinados. En estos casos, dos empresas dominantes no necesitan pactar precios ni acuerdos formales. Al tener el control compartido, sus decisiones se sincronizan de forma natural, esto reduce la presión para innovar o mejorar el servicio.

Cuando el mercado se reduce a dos grandes, se vuelve más predecible; esa estabilidad aparente perjudica al usuario, porque desaparece la competencia que empuja a ofrecer mejores tarifas y mayor calidad., es decir, se genera una inercia peligrosa que favorece la comodidad de los gigantes.

El riesgo no está en la ilegalidad, sino en la lógica del negocio, ya que los operadores pequeños enfrentan barreras difíciles de sortear, por ejemplo, menos redes, costos más altos y poco poder para negociar con proveedores. Mientras tanto, los grandes consolidan su ventaja sin necesidad de estrategias agresivas.

El Ministerio no descarta la integración, pero deja claro que no puede avanzar sin salvaguardas; propone revisar opciones regulatorias que preserven la competencia en el tiempo. La mirada debe ir más allá del presente y anticipar un futuro donde el ecosistema digital exigirá más equilibrio.

El debate no se reduce a un sí o un no, se trata de comprender qué está en juego. Unir capacidades puede sonar eficiente, pero si no se contrarresta el poder conjunto, el mercado perderá diversidad. Y con ello, también perderán los usuarios.

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Entre las alternativas está obligar a los grandes a compartir infraestructura con los pequeños. También se plantea limitar su participación en licitaciones de espectro, o crear incentivos que fortalezcan a nuevos actores. Pero estas acciones solo funcionan si hay seguimiento constante y autoridad vigilante.

WOM no es solo un operador más, pues representa una opción diferente en un sistema con pocos oferentes. Su salida o debilitamiento no afectaría solo a sus clientes, sino al equilibrio general del sector. Por eso, proteger su permanencia es vital para mantener viva la competencia.

La discusión va más allá de los intereses empresariales, el eje debe estar en el efecto que tendría esta integración sobre los derechos de los usuarios. De poco sirve una red más potente si termina en manos de solo dos jugadores con poder para decidirlo todo.

Como mencionamos anteriormente, el concepto del Ministerio TIC no bloquea la fusión, pero lanza una advertencia. No se puede permitir que la eficiencia técnica se imponga sobre la equidad del mercado. El futuro de las telecomunicaciones debe construirse con diversidad real, no con alianzas que ahoguen a los más pequeños.

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Una de las claves está en la transformación de las rutas de atención al cliente. El 77,2% de las quejas se siguieron haciendo por canales tradicionales, como las líneas telefónicas y las oficinas físicas, pero el 22,8% ya se gestiona a través de medios digitales. Este giro hacia la virtualidad, si bien no es nuevo, se ha consolidado como una estrategia efectiva para reducir tiempos de respuesta y aumentar la trazabilidad de las solicitudes.

Además, el informe revela que el 78% de las PQRS fueron resueltas a favor de los usuarios en primera instancia, mientras que el 67% recibieron una solución favorable en segunda instancia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estos resultados indican un mayor compromiso de las empresas por atender las inconformidades, y también un sistema regulador más eficaz.

No obstante, la caída general en las quejas no significa que todos los servicios hayan mejorado. De hecho, el Data Flash alerta sobre un aumento del 52% en las quejas relacionadas con el internet móvil, el único servicio que registró un alza. En términos relativos, se presentaron 0,3 quejas por cada 100 accesos, cifra que aunque parece baja, representa una señal de alerta frente a la creciente demanda de conectividad móvil.

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En contraste, los servicios con mayor volumen de inconformidades fueron el internet fijo (3,16 quejas por cada 100 accesos), la telefonía fija (0,75) y la televisión por suscripción (0,57). En todos ellos, las principales causas de molestia fueron la no disponibilidad del servicio, errores de facturación y cobros no autorizados, lo que evidencia que los problemas estructurales persisten, aunque con menor intensidad.

El informe también explora el comportamiento del servicio postal, donde se generaron 645 mil PQRS durante 2024, equivalentes al 0,63% de los 103 millones de envíos realizados. La mensajería expresa fue la más reclamada (95,5% del total), siendo los retrasos en las entregas y la falta de información las principales razones.

Este escenario mixto plantea una doble lectura. Por un lado, el descenso en las quejas puede interpretarse como una mejora en la prestación de servicios y en los mecanismos de atención. Por otro, evidencia que los usuarios están más informados, hacen un uso más estratégico de los canales de comunicación y exigen mayor eficiencia en la resolución de sus reclamos.

“Desde la CRC continuaremos monitoreando el comportamiento de las quejas en el sector de comunicaciones, con el fin de identificar oportunidades de mejora, fortalecer la protección de los derechos de los usuarios y promover una mejor calidad en la prestación de los servicios”, afirmó Claudia Ximena Bustamante, directora ejecutiva del organismo.

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La portabilidad numérica permite a cualquier usuario de telefonía móvil cambiar de operador conservando su número telefónico. Este derecho, vigente en Colombia desde 2011, promueve la libre competencia entre empresas y empodera a los consumidores, quienes pueden optar por un mejor servicio sin perder su número.

Para hacer efectiva esta portabilidad, el usuario debe solicitar a su operador actual un Número de Identificación Personal (NIP). Este es un código único, que se envía al teléfono móvil y sirve para validar que la solicitud fue hecha voluntariamente por el titular de la línea. En otras palabras, es la “clave” que autoriza el cambio de operador y protege al usuario de posibles fraudes.

Portabilidad en cifras

El uso de la portabilidad numérica está más vigente que nunca. Según datos oficiales:

• En el primer trimestre de 2025, más de 1,81 millones de líneas móviles cambiaron de operador en Colombia.
• Solo en marzo de 2025 se registraron 591.000 portaciones, lo que equivale a un promedio diario de 19.000 cambios.
• Desde que se implementó en 2011, se han realizado más de 57 millones de portaciones en el país.

Estas cifras demuestran que millones de colombianos están ejerciendo su derecho a elegir, lo que convierte cualquier intento de obstaculización en un asunto de interés público.

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¿Qué está en juego?

La investigación de la SIC se centra en dos prácticas que, de comprobarse, podrían violar las normas que regulan este proceso:

• Retrasos o bloqueos en la entrega del NIP: Movistar estaría demorando o incluso negando el envío del NIP, pese a que los usuarios cumplen con todos los requisitos. El NIP es un código de validación que confirma que el titular de la línea autoriza el cambio de operador. Sin este código, el proceso no puede avanzar. Por eso, su retención o retraso frena directamente la portabilidad y genera una barrera para que el usuario cambie libremente de operador.

• Ofrecimiento de beneficios durante la portabilidad: También se señala a la compañía por supuestamente ofrecer promociones o incentivos a usuarios que ya habían solicitado el cambio de operador. Esta práctica está prohibida, ya que puede interferir en la decisión del consumidor y distorsionar la competencia.

Medidas y consecuencias

Como parte del proceso, la SIC ordenó a Movistar cumplir estrictamente con los tiempos para el envío del NIP —que no deben superar los 10 minutos desde la solicitud— y abstenerse de enviar mensajes promocionales a usuarios en proceso de portación.

Si se comprueban las faltas, la compañía podría recibir sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ahora, Movistar tiene 15 días para presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa.

No es un caso aislado

Esta no es la primera vez que la SIC actúa contra Movistar. En septiembre de 2024, la compañía fue sancionada con una multa superior a $718 millones por irregularidades similares: activaciones sin tarjeta SIM y procesos de portabilidad no solicitados.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

Si un operador móvil pone trabas al proceso de portabilidad, los usuarios pueden acudir a la SIC para hacer valer sus derechos. El trámite es gratuito y está respaldado por la legislación colombiana.

Para más información, quejas o consultas, se puede ingresar a www.sic.gov.co o revisar el tablero de datos oficiales en www.postdata.gov.co.

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El análisis se enfocó en cinco variables técnicas: velocidad de descarga, velocidad de carga, latencia, jitter y pérdida de paquetes. Estos indicadores son clave para entender qué tan fluida es la experiencia de navegación, especialmente para ver videos, hacer videollamadas o jugar en línea. La medición abarcó el periodo de junio de 2023 a diciembre de 2024.

Los cuatro operadores evaluados fueron Claro, Tigo, Movistar y Wom. Según la CRC, se recopilaron datos en 899 municipios con cobertura 4G y al menos 4.000 líneas activas por operador, lo que permitió un análisis con alta representatividad. Además, por primera vez se incluyeron resultados a nivel de comunas en Medellín y localidades en Bogotá.

Claro lideró en velocidad promedio de descarga 4G a nivel nacional con 15,4 Mbps, seguido por Tigo (13,4 Mbps), Wom (11,8 Mbps) y Movistar (11,1 Mbps). En velocidad de carga, también dominó Claro con 9,1 Mbps, aunque Tigo y Wom mostraron cifras muy cercanas, mientras que Movistar quedó por debajo con 7,8 Mbps.

Wom se destacó en otros aspectos técnicos, pues, logró la mejor latencia (26,6 milisegundos) y el menor jitter (2,1 ms), lo que se traduce en una experiencia más estable en videollamadas y transmisiones en tiempo real. Por su parte, Tigo presentó el menor nivel de pérdida de paquetes con solo 1,0%.

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Uno de los hallazgos más llamativos fue el aumento en la velocidad de descarga de Tigo, con un crecimiento del 25,1% frente a diciembre de 2023. Esto indica una mejora significativa en su infraestructura, aunque sigue por debajo de Claro en promedio nacional. Movistar, pese a tener presencia en más de 150 municipios, no lideró ningún indicador.

El análisis por ciudades capitales también arrojó resultados reveladores. Barranquilla se posicionó como la ciudad con mayor velocidad de descarga, alcanzando 25,14 Mbps con Claro. Le sigue Bucaramanga con 24,21 Mbps, también con el mismo operador. Esta última también lideró en velocidad de carga y presentó la menor latencia nacional, aunque en este caso el mérito fue para Movistar.

En Bogotá, el mejor desempeño se dio en Chapinero, donde se registraron 29,87 Mbps de descarga. Medellín también mostró resultados sobresalientes, con El Poblado como la comuna con mayor velocidad, superando los 28 Mbps. Estos datos ofrecen una mirada más precisa sobre cómo varía la calidad del servicio incluso dentro de una misma ciudad.

Otros datos llamativos incluyen a Armenia y Manizales. En estas capitales, Wom reportó los mejores resultados en jitter y pérdida de paquetes respectivamente. En total, en 24 capitales del país Claro registró las velocidades de descarga más altas frente a sus competidores.

Según Claudia Ximena Bustamante, comisionada de la CRC, este tipo de informes busca empoderar a los usuarios con información verificable sobre la calidad del servicio. El portal www.yomidolacalidad.gov.co permite consultar mapas interactivos y comparaciones por región, operador o comuna.

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El pronunciamiento de la CRC se centra en aportar insumos técnicos y económicos que ayuden a dimensionar los efectos reales de esta concentración, particularmente en los mercados mayoristas y minoristas de telecomunicaciones. Se trata de una evaluación compleja en la que el regulador reconoce tanto oportunidades de eficiencia como riesgos estructurales, según el tipo de mercado y el comportamiento de los actores involucrados.

En los servicios fijos, como internet y televisión, la CRC no identificó impactos significativos para la competencia en la mayoría de los mercados municipales. De hecho, se señala que mejoras tecnológicas podrían favorecer al consumidor, siempre y cuando se mantenga la diversidad de actores y modelos como las redes de fibra neutra. No obstante, la situación es diferente en el caso de los servicios móviles, donde la integración de estos dos operadores sí genera alertas importantes.

¿Dominancia colectiva y aumento de tarifas?

Uno de los puntos más delicados está en el mercado mayorista de acceso y originación móvil, donde actualmente solo Tigo y Movistar prestan servicios efectivos bajo esquemas como Operador Móvil Virtual (OMV) y Roaming Automático Nacional (RAN). La integración, según advierte la CRC, reduciría drásticamente las opciones para terceros actores, lo cual podría afectar el equilibrio competitivo y desincentivar la entrada de nuevos operadores.

En el documento, la Comisión expone que esta unión podría aumentar el riesgo de dominancia colectiva y profundizar la asimetría en el mercado frente a empresas como WOM o los OMV. También se analiza la posibilidad de una cartelización, es decir, un acuerdo tácito o explícito entre empresas dominantes para fijar precios, lo cual suele reducir el bienestar del consumidor y deteriorar la calidad de los servicios ofrecidos.

De hecho, uno de los hallazgos más graves del análisis técnico es que, en un escenario de colusión entre la empresa fusionada y COMCEL —que sigue siendo el operador con mayor cuota de mercado—, los precios de los servicios móviles podrían aumentar hasta un 36,95%, lo que resultaría en una pérdida del bienestar del consumidor de más del 50%.

Este tipo de impacto no solo afectaría a los usuarios en términos de tarifas más altas, sino que comprometería la calidad del servicio al reducir los incentivos para competir en mejores condiciones técnicas y comerciales.

¿Afectaría a mercados más pequeños?

Otro de los riesgos mencionados por la CRC es el llamado “estrechamiento de márgenes”, una práctica anticompetitiva en la que el operador dominante ofrece precios mayoristas tan cercanos al precio final minorista que impide a los competidores sostener su negocio. Este comportamiento, si no se regula adecuadamente, podría expulsar del mercado a actores más pequeños y erosionar la diversidad de la oferta.

También se destaca la posibilidad de creación de barreras artificiales a la entrada de nuevos competidores, como la negativa de acceso a infraestructura esencial o condiciones contractuales abusivas. Este tipo de obstáculos limitan el crecimiento de alternativas innovadoras y dificultan el avance de modelos como los OMV, que son esenciales para ampliar la cobertura y promover la competencia en zonas rurales o apartadas.

Aunque el documento de la CRC es claro al señalar que el mercado de telecomunicaciones suele presentar niveles de concentración mayores a otros sectores, subraya que esto no significa que todos los cambios sean perjudiciales. De hecho, la Comisión argumenta que, en condiciones de competencia efectiva, la integración podría traducirse en eficiencias operativas y menores costos que eventualmente beneficiarían al usuario.

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No obstante, advierte que si se consolida un escenario de coordinación tácita entre los dos principales actores, los beneficios se diluirían y los consumidores terminarían pagando más por servicios similares o incluso inferiores. Esta conclusión refuerza la importancia de que la SIC imponga condiciones específicas si decide aprobar la fusión, como reglas de comportamiento diferenciadas, límites a la fijación de precios o exigencias de compartición de infraestructura.

En suma, el análisis técnico de la CRC plantea una visión matizada: la integración no representa un riesgo sistémico inevitable, pero sí un desafío regulatorio profundo que exige vigilancia continua y decisiones firmes. El papel de la SIC será clave para evitar que esta concentración derive en un escenario de menos competencia, mayores precios y menor innovación.

Para los usuarios finales, el riesgo más inmediato está en la reducción de opciones reales y en el eventual aumento de tarifas, especialmente en el segmento móvil. En tanto a los operadores pequeños, el escenario plantea una amenaza competitiva significativa que podría limitar su sostenibilidad. Por su parte, el  Estado, le implicaría una mayor responsabilidad para garantizar que la concentración no derive en prácticas anticompetitivas que socaven el acceso equitativo y la calidad del servicio.

Mientras se espera la decisión de la SIC, el concepto de la CRC sirve como una alerta técnica fundamentada, que no descarta la operación, pero exige que no se pierda de vista el objetivo central de la regulación: asegurar un mercado dinámico, justo y orientado al bienestar del consumidor.

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