En esta nueva edición del programa, cuenta con una inversión de 5.000 millones de pesos y se seleccionarán hasta 320 emprendimientos del país a partir de noviembre de 2023.

Quienes queden seleccionados el programa ALDEA les brindará asistencia técnica, acceso a capital productivo, paquetes tecnológicos, marketing, laboratorios y conexiones con inversionistas, potenciales clientes y aliados para fortalecer y potenciar los emprendimientos.

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Cómo dijimos anteriormente, la idea de MinComercio como de iNNpulsa es  fortalecer y consolidar los emprendimientos de alto impacto, es decir, aquellos que crecen de manera rentable, rápida, sostenida y que son escalables e innovadores.

Así mismo deben tener  “el potencial de impactar globalmente a su entorno, creando valor no solo para sus clientes sino también para la sociedad mediante la creación de empleos de calidad”, señala el ministerio.

Algunas de las novedades de esta versión es que los emprendedores, independiente de su nivel de madurez, que quieran postularse a ALDEA ahora podrán hacerlo las 24 horas del día, 7 días a la semana durante todo el año, hasta agotarse los recursos asignados para la ejecución de la iniciativa.

Los interesados en hacer parte de esta iniciativa, tanto emprendedores como actores del ecosistema podrán realizar su pre-registro en este enlace, y serán notificados una vez se abran las postulaciones.

Imagen: Archivo de ENTER.CO

Las nuevas disposiciones se encuentran contempladas en el Decreto 1836 de 2021, el cual actualiza las obligaciones que tienen las plataformas digitales de servicios turísticos, los parques de ecoturismo y agroturismo, y los organizadores de bodas destino, establecidas en el artículo 38 de la Ley 2068 de 2020. Una medida que se toma, luego de que el sector turismo cerrara el 2021 con un balance positivo, en el que las ventas de las agencias de viajes reportaron hasta un 60% de reactivación.

La norma, incluye, además del pago de impuestos para la promoción del turismo, “habilitar los campos para informar los servicios ofrecidos y sus términos y condiciones; abstenerse de publicar anuncios o retirarlos cuando el prestador no cuente con inscripción activa en el Registro Nacional de Turismo o cuando lo soliciten las autoridades; y disponer de mecanismos de atención de peticiones, quejas y reclamos”, entre otros.

Para hacer expedir RNT, es necesario realizar el trámite ante las cámaras de comercio del país, las cuales tendrán un plazo máximo de cinco días para efectúen el registro o devuelvan la solicitud.

#ReactivaciónEconómicaSegura | “Esta medida permitirá que con el aporte de parafiscales de las plataformas digitales, el Gobierno Nacional obtenga recursos para invertirlos en infraestructura turística del país”: @PaulaCortesC, Presidente Ejecutiva ANATO. pic.twitter.com/3fKhEOAhXm

— ANATO Nacional (@AnatoNacional) January 17, 2022

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De acuerdo al presidente de Fontur, Irvin Pérez, se espera que con la nueva medida y con la contribución del pago de parafiscales por parte de las plataformas de turismo, el recaudo de la entidad para este 2022 sea de $64.000 millones.

Dicha contribución, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, corresponde al 2,5 por cada mil pesos de los ingresos operacionales derivados de la comisión, remuneración o tarifa de uso que la plataforma de servicios turísticos perciba por su actividad.

Imágenes: Pixabay

Cómo funciona el sistema de Metrofflex

Esta compañía fue creada hace 12 años (en 2006),  por un grupo interdisciplinario de ingenieros y diseñadores colombianos. Su propósito es facilitar el acceso de la tecnología al sector comercio para mejorar su rentabilidad.

Pensando en ello, se creo el sistema Inffinity, que permite medir la afluencia de público en espacios comerciales. A su vez, genera estadísticas del comportamiento de los visitantes con respecto al acceso a dichos espacios.

Para ello, Metrofflex diseñó el software y hardware de Inffinity. Esta plataforma utiliza inteligencia artificial para la transmisión de los datos que recolecta. De esta forma identifica el número de personas que pasan por algún lugar. Además puede diferenciar si se trata de una persona con su mascota. Así, el centro comercial puede determinar los horarios, puertas de acceso y lugares con mayor tráfico. También el número de personas que ingresa a las tiendas.

Con esta tecnología, “las marcas sabrán cuál es su tienda más efectiva”, asegura Paula Puentes, directora ejecutiva de Metroflex. Por su parte, el centro comercial sabrá cuál es el local más atractivo para los visitantes. Sin embargo, no es suficiente determinar el número de personas, por eso el sistema identifica el número de compradores.

Contrario a lo que se puede pensar, estos dispositivos no necesitan un cableado o red diferente al que tiene el centro comercial. “Esto se debe a que se conectan por medio de red celular, así evitan que el establecimiento realice una inversión”, dijo Puentes.

Gracias a esta iniciativa la compañía recibió dos reconocimientos por parte de Innova, entregados por el presidente, Juan Manuel Santos. El primero corresponde al primer puesto en la categoría Innovación en Producto. El segundo es un Reconocimiento especial en Mentalidad y Cultura.

Para el fundador de Metrofflex, Gumercindo Murillo, “ser los ganadores de una categoría tan disputada como la de Innovación en Producto es un reconocimiento muy grande a la cultura innovadora que por años se ha mantenido en la compañía”.

Imagen: CC0 License (vía Pixabay) 

La última semana de noviembre Fedesoft, en el marco de los premios Ingenio 2016, destacó las iniciativas tecnológicas colombianas que tenían potencial para generar un cambio positivo en el país. Una de las aplicaciones que recibió este galardón fue el Mapa Regional de Oportunidades (Maro), una herramienta de información que identifica el potencial de los diferentes mercados en los departamentos en el país.

Maro es una iniciativa del Ministerio de Comercio e Industria (Mincomercio) y el Programa de Transformación Productiva (PTP), abierta a empresarios, gremios, entidades del estado, estudiantes y en general a la población de Colombia, para que tengan acceso a los datos  e información sobre los diferentes sectores con mercados potenciales en el país.

Desde el 2015 se ha puesto en marcha y el PTP espera que su alcance no se limite solo en estudiar los potenciales mercados dentro del país, sino en la posibilidad de encontrar sectores no explotados que puedan ampliar la oferta de bienes y servicios a exportar.

La aplicación fue desarrollada por la empresa colombiana Domoti, quien ya está trabajando en una segunda versión de la misma. “La construcción de Maro tomó aproximadamente ocho meses, en los que se trabajó el concepto de la mano del PTP”, afirma Daniel Jimenez, fundador y ejecutivo de Domoti.

Maro muestra al usuario los principales  bienes y servicios de cada departamento y las oportunidades de desarrollo que tiene. Además, permite comparar las estadísticas de los diversos mercados en cada zona. Esta información se obtuvo de entidades del Estado como el PTP, MinComercio, Innpulsa, y ProColombia, así como de planes de desarrollo y productividad de los departamentos.

“Las empresas colombianas tienen muy buen posicionamiento internacional como proveedoras de servicios. Creemos en el talento nacional y por esto también lo promovemos y apoyamos para elevar su nivel de competitividad y que así puedan llegar a más mercados”, comenta Claudia Bedoya, gerente del PTP.

Para Bedoya, Maro tendrá un papel importante en la Política de Desarrollo Productivo, en la apuesta por definir y ordenar las apuestas productivas del país: “para el sector comercio es fundamental que las empresas y entidades de las regiones conozcan cómo se comporta su oferta exportable en los mercados internacionales y en dónde tienen oportunidades de crecimiento”.

Esta aplicación no es el primer logro que ha conseguido Domoti. Desde su fundación en el 2010 se ha caracterizado por llevar sus productos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) al exterior, teniendo relaciones comerciales con países como España, Canadá, Chile y México.  Entre sus clientes se destacan grandes marcas como Moviecity Play, Renault, Samsung, BlackBerry y Nokia.

“El potencial del mercado colombiano está. No es complicado exportar, porque cuando tienes un muy buen producto lo puedes mostrar en los diferentes eventos, convenciones y foros que se celebran en otros países. Lo que hay que buscar son los escenarios”, cree Jimenez.

Imágen: Istock

Como ya les habíamos contado, el Ministerio de Comercio decidió abrir la discusión de la ley de derechos de autor a la ciudadanía. El pasado viernes se llevó a cabo la primera de cinco sesiones, en las que funcionarios de esa cartera recibirán comentarios sobre la redacción del Proyecto de Ley 306 de 2013, que fue radicado por el ministro Sergio Díaz-Granados hace un par de meses en el Congreso.

Los sectores convocados son los periodistas, representantes de la academia, titulares de derechos de autor, desarrolladores y hackers y representantes de las bibliotecas públicas y de las personas en discapacidad. En la página web del colectivo RedPaTodos –con el que el Ministerio concertó estas sesiones– están los lugares y las fechas de cada una de ellas.

El punto de debate más fuerte en la reunión fue el de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Algunos preguntamos por qué no se había aprovechado la oportunidad para legislar sobre ellas y ponerlas a tono con las nuevas leyes, y los representantes del Gobierno respondieron dos cosas. Primero, que el Proyecto de Ley 3o6 sí contempla la posibilidad de incluir nuevas excepciones y limitaciones; y segundo que cada una de ellas requiere un debate amplio que no se ha dado hasta ahora.

En la reunión del viernes, los representantes del Ministerio expresaron que todas las propuestas serán escuchadas y respondidas. Quienes no puedan acudir, pueden enviar sus propuestas por escrito al correo cpantoja@mincit.gov.co. Los funcionarios insistieron, sin embargo, que cada una de ellas debe plantearse teniendo como base lo que ya se acordó con Estados Unidos.

Ese día, aprovechamos para hacerles algunas preguntas a los funcionarios del Ministerio y de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) que estaban presentes. Aquí las respuestas.

¿Por qué se decidió presentar este proyecto por separado del que regulaba la responsabilidad de las ISP?

Según explicó Carlos Corredor, de la DNDA, la decisión se tomó porque, a juicio del gobierno, lo que propone el Proyecto de Ley 306 no es nada nuevo, sino una actualización de los mismos derechos “al entorno digital“ y un ejercicio para hacer que concuerden tanto con el TLC como con la Decisión Andina de Derechos de Autor.

En cambio, como dice Corredor, “las ISP son un tema nuevo” que no estaba contemplado en nuestra legislación. Por eso, el Gobierno los tramitó por separado. Como se recordará, la primera ‘ley Lleras’ buscaba regular la responsabilidad de los prestadores de internet, mientras que los intentos posteriores de legislación pretendían actualizar la regulación de los derechos de autor sin tocar específicamente el tema de las ISP.

¿Qué tan atrasada está Colombia de su compromiso inicial con Estados Unidos en este tema?

Según informó Nicolás Torres, jefe de la oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio, Colombia estaba comprometida a poner a tono su legislación de derechos de autor con el TLC cuando este entrara en vigencia, y a regular la responsabilidad de las ISP un año después.

Teniendo en cuenta que el TLC es efectivo desde el 15 de mayo de 2012, el país ya lleva 14 meses de atraso en el primer compromiso y dos meses en el segundo.

¿A qué sanciones está expuesta Colombia por ese retraso?

Torres indicó que Estados Unidos podría convocar a un mecanismo contemplado por el tratado y llamado ‘Mesa de solución de controversias’, en el que ese país podría llegar a “suspender algunos beneficios comerciales” que Colombia obtuvo con el TLC. El funcionario añadió que Washington “ha manifestado preocupaciones serias” por el incumplimiento de Bogotá en este y otros temas.

En concreto, ¿a qué se comprometió Colombia con Estados Unidos en este tema cuando firmó el TLC?

La ‘letra menuda’ del compromiso entre Colombia y Estados Unidos está en el Capítulo 16 del texto del tratado (PDF). En él, se describen al detalle tanto las obligaciones relacionadas con la responsabilidad de las ISP como las que tienen que ver con el tema más amplio de los derechos de autor y de la propiedad intelectual.

Muchas de esas cosas ya estaban incluidas en las leyes colombianas, pero otras no. Entre estas últimas está la ampliación del plazo de derechos de autor de 50 a 70 años cuando el titular es una persona jurídica, la reglamentación de cuándo es posible romper una protección anticopia y la prohibición las retransmisiones de contenidos televisivos a través de internet sin permiso del dueño de los derechos.

Lo que aun no está claro es hasta qué punto el TLC también impone la manera en la que se deben satisfacer esas obligaciones. Algunos activistas sostienen que el Tratado no obliga a Colombia a imitar los procedimientos estadounidenses –como ocurría en la ‘ley Lleras’ original–, y el Ministerio aun no ha sido claro al respecto. En la sesión, los funcionarios prometieron que elaborarían un documento que aclararía ese punto.

Tras las discusiones, ¿qué va a pasar con el Proyecto de Ley? ¿Será cambiado?

El Ministerio insiste en que “hará una evaluación de todas las propuestas“, por lo que algunas de ellas podrían verse reflejadas en un nuevo proyecto de ley que sería presentado al Congreso. Sin embargo, también existe la posibilidad de que ninguna observación sea tenida en cuenta y el proyecto de ley se quede como está.

Habrá debate: la Ley de Derechos de Autor no estará cerrada a discusiones de parte del Gobierno. Al menos, eso es lo que prometió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace pocos días. Primero lo hizo en una comunicación al colectivo RedPaTodos, y luego en una declaración del ministro Sergio Díaz-Granados a ENTER.CO. El ministro fue quien presentó al Congreso el Proyecto de Ley 306 de 2012, que reedita la ‘Ley Lleras 2’.

“El Gobierno ha estado y sigue abierto a recibir y analizar los comentarios y propuestas de la sociedad civil“, nos dijo Díaz-Granados a través de correo electrónico, y añadió que “todos los comentarios que se reciban serán evaluados“. El Ministerio, por su parte, aseguró que “acordamos abrir un espacio de diálogo en mesas de trabajo para recibir y analizar las propuestas, comentarios y observaciones” de la ciudadanía en el proceso.

Las reacciones comenzaron luego de una reunión que sostuvo RedPaTodos con funcionarios del Ministerio. Un detalle curioso: mientras que el colectivo asegura que la invitación vino directamente del Ministro a través de Twitter, él nos dijo que la iniciativa se originó en RedPaTodos. Además, a pesar de que el grupo da por sentado que habrá diálogo, el Ministro dice que “se considerará la convocatoria” a la sociedad civil, lo que indica que aun no es un hecho.

Pero eso no es lo importante; lo fundamental es que hay –o está cerca de haber– un compromiso para dialogar e intentar construir una mejor ley que busca, por cuarta vez, la aprobación del Congreso. ¿De qué tratará el debate? ¿Cuáles son los temas que se tocarán en él? ¿En qué cosas puede mejorar la Ley?

La agenda del debate

El nuevo proyecto de ley de Derechos de Autor en internet tiene algunas sutiles diferencias con respecto a la Ley 1520 de 2012, que se cayó por vicios de forma a comienzos de este año.

En primer lugar, el Proyecto de Ley 306 elimina las disposiciones sobre la llamada cuota de pantalla –la proporción mínima de programación nacional que los canales de televisión colombianos debían programar– que estaban incluidas en la Ley 1520. En el, la proporción se reducía del 50% al 30% la cuota nacional necesaria durante los fines de semana. Esa legislación ya fue incluida en una iniciativa anterior que presentó el Gobierno al Congreso: el Proyecto de Ley 226 de 2013.

Otra novedad de este proyecto consiste en que busca reglamentar las indemnizaciones que podría pedir un titular de derechos de autor si se comprueba que alguien pirateó sus contenidos.

Las mayores preocupaciones ya estaban en la derogada Ley 1520. La mayoría de las críticas apuntan a que debilita las excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Estas excepciones y limitaciones son los casos en los que, según la legislación, está permitido usar un contenido sin permiso del autor, como la copia privada o los usos para la educación.

Por lo general, estas actividades permitidas no tienen fines de lucro. El problema –según un documento publicado por el colectivo– es que este Proyecto de Ley define lucro de una manera innecesariamente cerrada, que “podría perjudicar actividades no comerciales y externas al mercado, que reportan un beneficio individual o colectivo”. El proyecto de Ley entiende ‘lucro’ como “ganancia o provecho que se saca de algo“; una definición de diccionario que no discrimina entre ganancias comerciales y no comerciales y, se teme, podría sustentar que no hubieran excepciones.

¿Por qué es importante que existan estas excepciones? El documento señala que  “son fundamentales para conciliar los intereses protegidos por los derechos de autor con los colectivos e individuales” y hacen posibles “la ampliación del acceso del conocimiento y la estimulación de la creación”. Sin excepciones no sería posible emitir documentales en colegios, ni hacer respaldos personales de contenidos protegidos, ni hacer remezclas y parodias. Sin ellas, la libertad de expresión podría estar en serio peligro.

Además, RedPaTodos considera que el proyecto de ley también restringe el alcance de estas excepciones. Según el documento, el Proyecto de Ley no tiene en cuenta ni la introducción de cláusulas de uso justo (que sí tiene EE. UU.), ni evalúa si los usos no permitidos son lucrativos o comerciales, si son de una pequeña parte con respecto al todo de la obra y ni si amenazan el mercado real o potencial de la obra.

Otro tema sensible es la prohibición de retransmitir señales televisivas sin permiso del dueño de los derechos “no obstante las limitaciones y excepciones al derecho de autor“. La crítica apuntaba entonces a que no había claridad sobre si estaban o no prohibidos usos que se reconocen como legítimos, como la educación, la construcción de memoria o la difusión cultural.

En el texto de la demanda del senador Jorge Enrique Robledo a la Ley 1520 (PDF), se afirma que ese artículo vulnera “el derecho fundamental de los colombianos al acceso a la información“, pues encarece el acceso a “los bienes que nos permiten acceder a más información y conocimientos” y “evita que la información llegue a más capas sociales“.

En el documento, RedPaTodos señala que pasar por encima de las excepciones y limitaciones “va en contravía del ordenamiento colombiano”. Además, añade que en Estados Unidos “no hay ese tipo de inmunidades para el derecho de autor, porque precisamente serían consideradas inconstitucionales”.

El ministro TIC, Diego Molano, nos había asegurado en su momento que las excepciones al derecho de autor consagradas en otras leyes seguirían vigentes. La Corte Constitucional no se pronunció de fondo sobre el argumento de Robledo.

No se discutirá pronto

Es posible que el debate de este Proyecto de Ley tome algún tiempo. Según la página web de la Cámara de Representantes, aun no tiene un representante ponente, ni una fecha para su primer debate en la comisión correspondiente. Si este no ocurre antes del 20 de junio, el proyecto quedará automáticamente aplazado para la próxima legislatura.

De ocurrir, el Gobierno y la sociedad civil ganarían tiempo para hacer una ley que, como dice el Ministerio,”responda a las necesidades concretas del país“ y sea más que un texto escrito a las carreras.